Análisis
Servicio militar obligatorio, gasto militar y objeción de conciencia

A los Estados no autoritarios, en su configuración actual, se les supone sujetos a la defensa de valores como los derechos humanos, la justicia, la libertad y la dignidad humana. Es bajo estos principios que los estados merecen el respeto de la ciudadanía. Pues los estados, al igual que las personas, están sujetos a principios éticos, a veces, no regulados en la Constitución. Aunque, en ocasiones, para garantizar su supervivencia, los Estados recurren a acciones que en la vida privada de las personas son consideradas inmorales; generalmente cometidas para defender intereses de seguridad o estatus de poder. Además, los defensores a ultranza de los estados defienden “la razón de estado” como paradigma intocable, bajo la advocación de que el Estado tiene que defenderse para garantizar su supervivencia y seguridad, a veces, para defender intereses más espurios o incluso inmorales, porque bajo esa razón de estado se cometen engaños, corrupciones, crímenes, vulneraciones de derechos de minorías, intervenciones militares o guerras.

Así, cuando un gobierno acomete acciones que, aunque aprobadas en su parlamento, se puedan considerar una violación moral, la ciudadanía, aunque solo sea una parte de ella, sabe distinguir entre lo que es justo o injusto. Entonces, puede apelar a la conciencia y puede desobedecer la ordenanza o ley.

Esto viene al caso de lo que ocurre en estos momentos en Europa. En la mayoría de los países de la UE —incluida España— está teniendo lugar un proceso de rearme generalizado con un colosal aumento del gasto militar y, además, en numerosos países se está reimplantando el servicio militar obligatorio (SMO).

En ambos casos, la ciudadanía podría recurrir a la objeción de conciencia, pues, de hecho, se produce una tensión entre el interés del Estado y la moral individual. Pues una parte de la ciudadanía puede considerar que adiestrar a la población joven en el uso de armas y estrategias que sirven para matar y hacer la guerra es inmoral. Como también aumentar el gasto militar hasta proporciones inauditas (doblar el gasto actual hasta alcanzar el 5% del PIB). Ambas cosas en aras de la seguridad y bajo el supuesto de que Europa está insegura y podría sufrir un ataque o invasión por parte de Rusia.

La ciudadanía más consciente podría apelar a transgredir la ley que obligue al SMO y en el supuesto de que este servicio solo fuera voluntario, también se podría llamar a la objeción. Aunque, cierto es, que en España parece difícil que esto pudiera pasar después de la gran lucha llevada a cabo por insumisos y objetores en las décadas de 1980 y 1990, que dejó un enorme poso antimilitarista en la sociedad española.

Por otro lado, considerando que la guerra es de todas las violencias la que más sufrimiento causa a las poblaciones que la padecen y que, además, es un fracaso de la política. Los Estados disponen de otros medios para solucionar los conflictos como es la diplomacia a través de las relaciones internacionales o acudir a Naciones Unidas para que arbitre una mediación en el conflicto. Y, aún llegado el caso de que todos estos medios fracasaran y se produjera un ataque o invasión militar, siguen existiendo otros medios menos cruentos que la guerra para abordar los conflictos entre estados que han sido desarrollados por destacadas pensadoras y políticos como D. H. Thoreau, Mohandas Gandhi, León Tolstói, Luther King, Vandana Shiva, Petra Kelly, Rigoberta Menchú y otras o de académicos como Johan Galtung, Elise Boulding o Gene Sharp. Todas ellas y ellos destacan que la desobediencia y la no cooperación son las mejores armas para oponerse a una fuerza militar atacante, invasora o violadora de los derechos humanos.

El proceso de militarización que subyace en las propuestas de implantar el SMO o de aumentar el gasto militar, como han indicado destacados líderes europeos (Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Boris Pistorius, Mark Rutte y otros), debe ser aceptado pues la seguridad militar es más importante que el bienestar social. Y, por lo tanto, como han declarado algunos de ellos, se deben aceptar recortes en el Estado de bienestar (salud, educación, pensiones y servicios sociales). Ante tales demandas que atacan el sistema de bienestar que, aunque precario, se ha ido construyendo a través de muchas luchas sociales en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, mucha de la ciudadanía puede argumentar que se trata de un atentado contra el bienestar de la población, y ante ello, recurrir a la objeción de conciencia para evitar la implantación del SMO y el aumento del gasto militar.

El actual proceso de militarización y rearme está basado en el militarismo que se debe definir como un sistema de valores que justifican el uso de la fuerza armada para abordar o resolver conflictos por la vía militar mediante la disuasión, la amenaza o, llegado el caso, la eliminación de aquellos que se perciben como enemigos. En este sentido, el militarismo se convierte en una ideología que pretende incidir en todos los ámbitos de la sociedad, con especial atención sobre el régimen político para que los valores militares prevalezcan por encima de los de carácter civil.

En esa situación se encuentra la población europea y española. Y ante ese ataque a los principios morales que rigen muchas conciencias de la ciudadanía se debe apelar a la objeción fiscal al gasto militar y a la insumisión al servicio militar obligatorio. Apelando al argumento que la alternativa a los conflictos entre Estados no es el militarismo sino la distensión que conduzca a la cooperación y a la coexistencia pacífica.