Migración
Desinformación y abusos mientras se retrasa la publicación del RD de la Regularización extraordinaria

Las semanas que siguen transcurriendo entre el anuncio del Gobierno y la próxima publicación del texto definitivo del proceso de Regularización Extraordinaria no han podido evitar la rumorología y prever algunos abusos, incluso estafas, de quienes ofrecen realizar trámites que aún no son oficiales. Desde el día uno en que el Consejo de Ministros aprobaba elaborar un Real Decreto (RD), diversos anuncios en redes sociales, locales comerciales y despachos jurídicos comenzaron a publicitar ofertas para realizar este proceso a personas migrantes. A pesar de que el RD no ha sido publicado en el BOE todavía, y que contendrá tanto los requisitos exactos como los plazos y lugares de registro de solicitudes, los servicios particulares de recopilación de documentación y tramitación estaban ya ofertándose. Aunque siempre han existido este tipo de servicios en que despachos tramitan solicitudes de extranjería, en esta ocasión la oferta se disparó de manera evidente.

Desde el minuto uno, decenas de entidades sociales y colectivos que conforman el movimiento antirracista, especialmente quienes participaron en todo el proceso de la ILP Regularización Ya, incluida la recogida de firmas en diversos territorios españoles, y que dejó un importante poso de solidaridad y apoyo mutuo, comenzaron a organizarse. El objetivo era, a partir del acceso al primer borrador del decreto, rescatar los principales requisitos que previsiblemente se pedirán a las personas solicitantes, y los posible escollos con los que se encontrarán, para así poder trazar una estrategia informativa y de apoyo mutuo para ganar tiempo antes de que se publique el texto definitivo e ir tramitando aquella documentación personal imprescindible.

Asimismo se detectó que en el tiempo intermedio entre el anuncio y la publicación del Real Decreto podrían surgir bulos que dieran pie a la desinformación sobre el proceso (por ejemplo, el plazo de entrega de solicitudes, las entidades que lo van a recibir, si puede ser vía telemática o solo presencial, etcétera) y ciertos abusos derivados de mala praxis de profesionales. Así han surgido cientos de ofertas de despachos y particulares que dicen cobrar entre 300 y 500 euros por la tramitación de una solicitud hasta la entrega del NIE. El Salto realizó llamadas a varios de estos despachos para preguntar qué consiste el tipo de servicio que ofrecen.

“Nos tiene que traer toda al documentación necesaria, verificamos todo lo que haya que revisar y nos encargamos de sacarle las citas que son necesarias para presentar telemáticamente la documentación a Extranjería o donde se señale cuando se publique la ley”, respondían en una de las consultas. “Todo despacho tiene un precio”, apuntaban : 300 euros por este servicio, “150 al empezar y 150 hasta que la persona tenga en mano la tarjeta”. En otra llamada, una abogada particular ofrecía más o menos el mismo servicio por 450 euros: “Asesoramiento y tramitación de un expediente de todo el proceso, o sea requisitos, documentos, presentarlos y hasta el final de la cita para que ponga las huellas a la tarjeta de residencia”, describía a este medio. Algunos despachos ofrecen la primera consulta gratis, y otros la cobran a 50-60 euros.

En el caso de la próxima regularización extraordinaria se baraja un coste de cerca de 40 euros por el trámite. Por tanto, pagar entre 300 y 450 euros más significa un gasto importante

Claramente no es ninguna novedad cobrar por unos servicios, pero lo cierto es que todo trámite institucional prácticamente lo puede realizar la misma persona que lo solicita sin más coste que la tasa administrativa. En el caso de la próxima regularización extraordinaria se baraja un coste de cerca de 40 euros por el trámite. Por tanto, pagar entre 300 y 450 euros más significa un gasto importante, teniendo en cuenta que consulados y embajadas también cobran por sus servicios de pasaportes y certificados, en muchos casos con valor añadido a lo que se cobraría en el país de origen.

Papel de la Abogacía General del Estado en el proceso de regularización

“Creo que al final esto no escapa de ser una situación excepcional, y a río revuelto, ganancia de pescadores”, sostiene desde Barcelona Esjaba Messaoud, abogada especializada en extranjería. Denuncia que “no puede ser que a las personas, sin todavía salir ni el primer borrador, prácticamente se les esté obligando a reservar con 60 euros por un supuesto cupo de solicitudes”. “Hay que insistir en la necesidad de informarse por vías seguras y, sobre todo, que la gente entienda que es un procedimiento que, de quererse, se puede hacer por parte de las personas a nivel individual”, advierte, ya que “esto no afecta en nada al proceso, ni va más rápido, ni sale antes, ni lo miran con más cariño”.

La abogada señala que es el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), así como los diferentes colegios autonómicos (las y los abogados están obligados a estar colegiados), a quien corresponde vigilar y sancionar las prácticas abusivas. En este momento de la regularización extraordinaria es más probable que aparezca el intrusismo de profesionales o despachos que nunca han llevado a extranjería y lo hagan ahora sin una formación adecuada.

Con esta preocupación, SOS Racismo dirigió una carta a la Subcomisión de extranjería y Protección Internacional del CGAE —suscrita por otros colectivos antirracistas— para informar sobre “la existencia de determinadas prácticas profesionales que estamos observando en el contexto del proceso de regularización extraordinaria”. Explicaban su temor sobre las personas que siendo abogados, o que afirman serlo, ofrecieran servicios sobre un procedimiento aún no operativo, “en muchos casos con honorarios desproporcionados y presentados como si el proceso ya estuviese plenamente en vigor”. Argumentaban que esta situación podría estar provocando “confusión e inseguridad jurídica para personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad, con muchas dificultades para acceder a asesoramiento legal y que dispone de escasos recursos económicos”.

En la misiva solicitaban al Consejo tanto una respuesta institucional en defensa del correcto ejercicio de la abogacía y que “actúen y se pronuncien de manera clara y firme ante esta situación”, de acuerdo con la normativa que regula la profesión (Art. 19 del Estatuto General de la Abogacía Española) donde establece que “la publicidad de los servicios profesionales debe respetar la legislación vigente, las normas sobre competencia desleal y los principios deontológicos de la profesión”.

La respuesta del CGAE fue muy positiva ya que compartían las preocupaciones de los colectivos e inmediatamente solicitaron una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y que se llevó a cabo días después para asegurar el cuidado de este proceso de regularización con profesionales cualificados que defiendan adecuadamente los derechos de las personas migrantes.

Estos servicios debieran ser “especializados, dignos y adecuados, así como que la publicidad debe cumplir las obligaciones éticas, siendo transparente y veraz, sin contener promesas de resultados que no dependen de la actividad profesional”, según CGAE

Asimismo, señalaron que a través de una una campaña de difusión han venido recordando la importancia de prestar los servicios de la abogacía con respeto a las normas deontológicas de la profesión. Añadían que estos servicios debieran ser “especializados, dignos y adecuados, así como que la publicidad realizada debe cumplir las obligaciones éticas, siendo transparente y veraz, sin contener promesas de resultados que no dependen de la actividad profesional”. Igualmente han asegurado que procederán a realizar “un seguimiento de todas las incidencias que se produzcan en este proceso tan importante y que afecta a tantas personas en situación de vulnerabilidad”.

Está claro que ofrecer estos servicios con un coste no es delito. “Tenemos que partir de la libertad en el establecimiento de honorarios. Evidentemente, desde la ética personal”, apunta Messaoud. Las dudas están en ofrecer lo que no se puede cumplir dada la no oficialidad todavía del RD. Igualmente se puede entender que muchas personas migrantes recurran a intermediarios porque una buena parte no podrán ir personalmente, si acaso la entrega de solicitudes es presencial, porque esta trabajando, por tener dificultades de acceso a una vía telemática, por no saber el idioma o por no conseguir un pasaporte o certificado de antecedentes penales en su propia embajada, entre otras razones. Lo cierto es que el abuso puede darse cuando lo que está en juego es conseguir regularizar tu situación administrativa y en la que entran factores como la prisa, la angustia, y los plazos.

Alternativas de apoyo mutuo para llegar a más gente

Para ofrecer una alternativa a la de pagar a un despacho para que haga el trámite de la solicitud, desde la Articulación Antirracista de Madrid ha surgido la iniciativa de que sea las redes de apoyo formadas por las organizaciones y colectivos, muchas de ellas actuarán como entidades colaboradoras, las que ofrezcan sin coste, un acompañamiento. Dado que buena parte de las personas migrantes no pueden permitirse gastos onerosos, el objetivo de este apoyo es disminuir al mínimo los gastos de la regularización para miles de personas y familias enteras, que ya de por si van a costearse su documentación personal, así como gastos de movilidad para solicitud, recogida y entrega de papeles. Por ello han pensado también en crear las clásicas cajas de resistencia que permitan sufragar algunos gastos que se suman, como traducciones juradas de documentos oficiales, o la simple movilidad. Asimismo, se contempla que en esta red de entidades sea posible consultar a profesionales de extranjería sobre dudas durante el proceso y especificidades de acuerdo a nacionalidades, marcadas básicamente por legislación propia de los países de origen.

“Hay que animar a las personas a ejercer sus derechos, porque muchas veces, las personas migrantes, por esa situación de irregularidad administrativa, acaban soportando y no enfrentando situaciones de abuso”

Desde hace semanas, se han organizado decenas de asambleas informativas y redes de apoyo también en otras comunidades autónomas. Por ahora, todas ellas se mueven con la información de los requerimientos provisionales plasmada en los sucesivos borradores del decreto a los que han tenido acceso. También han previsto, para cuando salga publicado en el BOE, intensificar estas asambleas y crear más puntos de información para poner al alcance de la mayor parte de personas migrantes que estén en la posibilidad de regularizarse. Esto es todas aquellas que hayan entrado antes del 31 de diciembre de 2026, y tengan al menos cinco meses residiendo en el momento de la solicitud. La abogada Esjaba Messaoud coincide con las organizaciones sociales en que la información que se ofrezca a las personas que entren al proceso de regularización debe ser segura y veraz. “Hay que animar a las personas a ejercer sus derechos, porque muchas veces, las personas migrantes, por esa situación de irregularidad administrativa, acaban soportando y no enfrentando situaciones de abuso”, recalca por su parte, Messaoud. Ella es partidaria de animar a estas personas “a denunciar la situación porque son titulares de derechos, independientemente del documento que tengan en la cartera”.

Meses de espera

La publicación del Decreto parece inminente, aunque la demora se entiende por los distintos pasos previos, entre ellos. el dictamen obligatorio del Consejo de Estado, un trámite esencial, sea cual sea el dictamen, que si se omite, puede anular el procedimiento. El jueves pasado habría pasado por este y lo habitual es que el dictamen se emita ese mismo día. Luego el texto pasaría al Consejo de Ministros y posteriormente publicado en el BOE para su entrada en vigor. Las fechas más probables para que el texto sea finalmente aprobado por el Consejo de Ministros serían el próximo martes 14 de abril, así se publicaría en el BOE el miércoles 15 de abril, o bien, el próximo 21 y se publicaría un día después.

Algunos colectivos antirracistas y de personas de migrantes han puesto el foco en el retraso que lleva la administración en cuanto a la publicación en el BOE del RD y han urgido al Gobierno español para que lo haga cuanto antes el decreto y permita a las personas que puedan acceder a regularizarse, realizar el trámite sin más retrasos y con garantías. Una de las principales preocupaciones es que, si el plazo anunciado era de abril a junio, a estas alturas del mes ya se ha perdido tiempo, por tanto, esperan que las fechas de entrega se aplacen en la misma medida que ya se han postergado. Esta misma semana las organizaciones y colectivos que forman la Articulación Antirracista de Madrid mostraron su preocupación, a través de un comunicado, por las limitaciones que se contemplan en los borradores a los que han tenido acceso.

La espera está siendo larga y para muchas personas migrantes, desesperante. Cuanto más se retrase la publicación del Real Decreto de Regularización Extraordinaria más difícil será combatir la propagación de desinformación, abusos y fraudes, pero sobre todo, más difícil calmar los nervios de las personas que quieren esa oportunidad de regularizar su situación.