Opinión
Crueldad institucional en el desalojo de Aranzadi

A las 6:30 de la mañana del lunes 13, con apenas seis grados y bajo la lluvia persistente de abril, más de sesenta personas fueron expulsadas del único refugio que les protegía del frío y de la intemperie. No se trataba de un operativo de emergencia destinado a proteger la seguridad y la salubridad de quienes allí se alojaban, como se ha afirmado. Se trataba de un desalojo sorpresa y fue ejecutado por el Ayuntamiento de Iruñea de la mano de EH Bildu, a través de su concejal de Urbanismo, Joxe Abaurrea. Y con el apoyo de la coalición Contigo-Zurekin, cuyo único concejal, responsable de Acción Social, Txema Mauleón, tampoco puede eludir su responsabilidad directa en lo sucedido.

Lo ocurrido esa madrugada en la vuelta de Aranzadi no es solo otro episodio administrativo. Es una fotografía muy nítida de una política que ha perdido el pulso humano y su propia razón de ser. ¿De qué sirve ostentar el poder si se emplea para ejecutar las mismas políticas que la derecha?

La intervención sin que conste una autorización judicial, va más allá de ser políticamente indecente. Jurídicamente también es muy difícil de justificar

Durante, al menos, los últimos tres años, el antiguo convento de las Agustinas de San Pedro, de titularidad municipal y en estado de abandono prolongado, ha sido el hogar de facto de centenares de personas en situación de sinhogarismo. Allí desarrollaban su vida privada, guardaban sus pertenencias y conservaban la documentación, esencial para poder acceder a un proceso de regularización. Aranzadi era, en términos constitucionales, su morada.

La intervención en un espacio así, sin consentimiento previo y sin que conste autorización judicial, va más allá de ser políticamente indecente. Jurídicamente también es muy difícil de justificar. El pasado lunes este convento fue desmantelado por la fuerza y sin resolución judicial. Según las declaraciones públicas del propio concejal de Urbanismo: “actuaron de oficio”.

Aunque se viniera advirtiendo del mismo, el desalojo del convento de Iruñea se llevó a cabo de una forma sorpresiva. De madrugada, sin previo aviso y, según relatan los afectados, mediante indicaciones confusas que no tuvieron en consideración el desconocimiento del idioma de muchos de ellos. Tanto es así, que algunos se marcharon del lugar creyendo que se trataba de un desalojo provisional de un par de días para realizar labores de adecentamiento. Otros ni siquiera se encontraban allí en el momento de los hechos.

La mayoría de los moradores, a excepción de quienes disponían de maletas, no tuvo la opción de recoger sus pertenencias: documentos identificativos, enseres básicos, tarjetas móviles, etc. Objetos, todos ellos, que no han podido recuperar todavía. A excepción de 18 chavales a los que, mediante previa identificación (y con el riesgo de represalias que esta entraña), se les autorizó la entrada durante el día siguiente.

No hubo ninguna emergencia, hubo una expulsión

Yo misma fui testigo presencial. Vi a los numerosos agentes de la Policía Municipal, blindado el acceso al recinto durante toda la tarde, aquel lunes fatal. Una vez que la calma comenzó a reinar en la zona, vi a numerosos agentes que impidieron a un joven desalojado que deambulaba por la zona recuperar sus mantas. No se me olvidará su petición desesperada y el frío creciente que se apreciaba con la caída del sol.

“Por favor, están ahí mismo”. El muchacho señalaba el bulto de harapos, tan cerca, al otro lado de la valla. Yo miraba aquellas mantas, tiradas en medio de un solar abandonado a la fuerza esa misma mañana. “Déjennos entrar y salir con ustedes, bajo mi responsabilidad”, dije a uno de los uniformados que tenía cerca. “Obedecemos órdenes, llame usted al 092”, fue su única respuesta robótica. 

Todavía me abruma el trato vejatorio que recibí por parte del inspector jefe 293 de la Policía Municipal. Ante la llamada de una ciudadana en busca de una solución, amenazó con ordenar mi detención a sus compañeros allí presentes. Justo antes de colgarme, sin más explicación que un “vuelva usted a llamar mañana”.

La gravedad del macrodesalojo de Aranzadi es, fundamentalmente, de carácter social, ético y humano. Pero también posee un marcado carácter jurídico. Las posibles implicaciones legales que revolotean alrededor de este caso son, al menos, inquietantes.

Desahuciar un espacio que constituye el único lugar de refugio para las personas en riesgo de exclusión que lo habitan y desarrollan su vida más íntima entre sus paredes en ruinas; implica una flagrante vulneración de derechos fundamentales. Por ejemplo, el de la tutela judicial efectiva. También el de la inviolabilidad del domicilio, que, según amplia doctrina del Tribunal Constitucional, no está exclusivamente ligado al derecho de propiedad.

Son vidas, atravesadas por el frío, la exclusión, la incertidumbre y el desarraigo. Personas, lejos de su tierra de origen, que luchan para poder regularizar su situación

Aparentemente, aquí no hubo procedimientos. No hubo juez. Solo una actuación administrativa, ejecutada a través de la fuerza policial, amparada en una decisión arbitraria ordenada por parte de autoridades políticas. La pregunta inevitable es: ¿en qué momento se ha decidido que los más vulnerables pueden quedarse fuera del amparo de la ley?

Cuando la política social se pliega al orden

Sí, señoras y señores, ilustres autoridades de esta ciudad: aunque se haya asumido con absoluta pasividad displicente que, tras el calor que contienen los muros de nuestros hogares, existen personas viviendo en la calle. Todas ellas tienen derechos y una dignidad, que no solo debe ser respetada, sino que ha de ordenar todas y cada una de sus actuaciones y decisiones políticas.

Una persona jamás es ilegal. Estas personas, que han sido desalojadas sin alternativa habitacional, no son un números ni un expediente. Son vidas, atravesadas por el frío, la exclusión, la incertidumbre y el desarraigo. Personas lejos de su tierra de origen, que luchan por empadronarse para poder regularizar su situación.

La odisea de “los papeles”, es la única vía que tienen estas personas para acceder a los derechos más básicos. Sin embargo, se encuentran con una nueva agresión por parte de las autoridades. Por si haber denegado en los últimos años cerca de 500 solicitudes de empadronamiento, según los cálculos de la asociación Apoyo Mutuo, no fuera suficiente; ahora se les arrebata incluso ese precario refugio. Esas cuatro paredes, donde guardaban la documentación imprescindible para iniciar su regularización, que muchos no han recuperado. Justo en el momento en que se abre el plazo para hacerlo.

Públicamente se afirma que todas estas personas han sido realojadas. Lo cierto es que solo a una mínima parte se les ha ofrecido una alternativa habitacional. Durante tres días, ya concluidos. ¿Y el cuarto día qué? ¿Dónde duermen esta noche? ¿Quién asume la responsabilidad de su supervivencia hoy? ¿Y mañana? El silencio institucional ante estas preguntas es tan estruendoso como violento.

Más doloroso, si cabe, el constatar que esta actuación se produce bajo un Ayuntamiento que se reivindica como progresista. Con el objeto de destinar el inmueble, mediante la cesión de 50 años, al Grupo Vitalia para la construcción y gestión de un centro de rehabilitación que ni siquiera cuenta con una licencia de obra. Una vez más, estamos ante un modelo de “gestión público-privada” que prioriza la transferencia de recursos y espacios públicos a manos privadas. Como ya se ha visto en otros territorios y otras puertas giratorias.

La política social no puede reducirse a gestionar la pobreza expulsándola de la vista

Oro parece, política social no es

La política social no puede reducirse a gestionar la pobreza expulsándola de la vista. El interés público exige algo más profundo: reconocer la dignidad de todas las personas y actuar en consecuencia. Eso implica regularizar a todas las personas que son desalojadas. Habilitar de forma urgente recursos de alojamiento, alimentación e higiene para quienes han sido condenados a la calle. Además, es imprescindible intervenir en el mercado de la vivienda, para garantizar que el acceso efectivo a un hogar digno esté por encima de cualquier lógica especulativa capitalista. Y también derogar un marco de extranjería que condena a miles de personas a la irregularidad y les niega, de facto, derechos fundamentales.

La crueldad institucional que enmarca el desalojo de Aranzadi, no puede normalizarse, olvidarse ni quedar impune. Exige responsabilidades políticas claras y depuradas. Exige explicaciones públicas transparentes. Y, sobre todo, exige dar un volantazo y un cambio inmediato de rumbo. 

Este sábado 18 de abril, a las 12:00 hs, os esperamos en la plaza Recoletas de Iruñea. Mientras la burguesía duerme tranquila, parte de la clase obrera apenas puede pegar ojo pero aún sueña. Porque, mientras queden personas que pernoctan en las calle, no hay que dejar dormir a los de arriba.