Infancia migrante
Comienza el proceso previo al traslado definitivo de menores con petición de asilo, de Canarias a la Península

El aumento del control migratorio en la parte norte de Marruecos en los últimos cuatro años ha desviado el flujo migratorio hacia Canarias. Esta Comunidad Autónoma tutela actualmente alrededor de 6.000 menores, pero solo tiene capacidad para acoger a 2.000. El Pleno del Congreso del mes de julio de 2024, la oposición del Partido Popular y de Junts hizo fracasar el voto y con ello la proposición de ley que habría obligado las otras comunidades autónomas a asumir la tutela de un porcentaje de los menores llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, no salió adelante.

A partir de entonces, el Gobierno de Pedro Sánchez sorteó otros obstáculos hasta conseguir, ya en marzo del 2025, sacar adelante una nueva propuesta. Con la publicación del Real Decreto-ley 2/2025 de 18 de marzo quedaban aprobadas “las medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias”. Este real decreto, que establece un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de España, permitirá el traslado de unos 4.400 menores migrantes. El reparto, recogido en un nuevo artículo 35 de la Ley de Extranjería, se hará en base a diferentes criterios, como el número total de población, la renta y el desempleo medio, el sistema de plazas, la insularidad o el compromiso de acogida durante los últimos años, entre otros.

Esta misma semana, se publicaba en el BOE otro Real Decreto, el 658/2025, del 22 de julio, por el que “se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada. Con ello, el martes pasado, el Consejo de Ministros aprobaba una declaración de emergencia dotada con un presupuesto de 40 millones y la creación de 1.200 plazas de asilo en la Península para la acogida de estos menores.

Así lo anunciaba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz al tiempo que apuntaba que se estaban produciendo reuniones de trabajo y coordinación con el Gobierno canario. Con esta colaboración entre administraciones se estarían dando las primeras respuestas con respecto al traslado de los menores que actualmente están en Canarias, hacia otras comunidades autónomas del territorio español. El decreto desarrolla lo previsto en el Real Decreto-ley 2/2025, que a su vez modificó la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos de los extranjeros. Una modificación que ha supuesto una larga y tensa negociación entre el Gobierno de Canarias y el Estado en los últimos meses.

La iniciativa del Gobierno responde a las medidas cautelares que le impuso el Tribunal Supremo, el pasado mes marzo, de hacerse cargo de 1.000 menores no acompañados que se encuentran en Canarias y quieren pedir asilo

En una entrevista con Televisión Española la ministra hizo hincapié en que la semana pasada las CCAA gobernadas por el Partido Popular, excepto Ceuta, dieron plantón al Gobierno central lo que impidió la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia –convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia– para abordar la acogida de los menores migrantes no acompañados. Por esta actitud, Saiz acusaba a los populares de utilizar “como chivo expiatorio a los menores, a estos niños y niñas en situación tan vulnerable para intentar erosionar al Gobierno”. La ministra se excusaba alegando que las medidas responden a que estarían cumpliendo con las medidas cautelares que le impuso el Tribunal Supremo, el pasado mes marzo, de hacerse cargo de al menos 1.000 menores no acompañados que se encuentran en Canarias y quieren pedir asilo.

Las medidas cautelares consistían en que el Gobierno central debería garantizar el acceso de estos menores a las condiciones de acogida de su competencia y adoptar medidas eficaces para corregir la masificación en la tramitación de solicitudes. A principios de junio, el TS volvió a dar un toque de atención al Gobierno, después de una visita a Canarias el 29 de mayo. “Ni siquiera se ha elaborado por parte de la Administración del Estado una relación completa, detallada y precisa de los menores que se encuentran en dicha situación, muchos de ellos sin ni siquiera haber podido formalizar aún su solicitud en el transcurso de un año, presupuesto necesario para que éstos puedan acceder a dicho estatuto, así como para el eficaz seguimiento de su aplicación”, revelaba entonces el Supremo.

Ha sido hasta esta semana que, a partir del segundo Real Decreto que han empezado a darse los primeros pasos para el traslado de estos niños a la Península. “Primero son menores antes de ser migrantes y de cara a su traslado hay que ser exquisitos y velar de manera milimétrica por esa protección jurídica y por esas garantías”, subrayaba Saiz esta semana.

Traslado de los primeros 50 menores migrantes desde Canarias

De una reunión del pasado martes entre Gobierno central y la directora general de Menores del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, se produjeron los primeros acuerdos concretos. Este mismo miércoles comenzaron las actuaciones con la derivación de 50 menores migrantes a un módulo del Canarias 50 –un antiguo regimiento de infantería cedido por el Ministerio de Defensa, en Las Palmas de Gran Canaria– un centro que será de “tránsito” hasta que estos niños se les asigne una plaza y sean trasladados a la Península. De esta manera entrarían al Sistema de Protección Internacional del Estado y podrían ser trasladados a la Península en un plazo de entre 15 y 20 días días.

Las actuaciones comenzaron con la derivación de 50 menores migrantes a un módulo del Canarias 50, un centro que será de “tránsito” hasta que estos niños se les asigne una plaza y sean trasladados a la Península

El proceso comenzaría con la Delegación de Gobierno al inscribir al menor en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados y, tras una entrevista personal, la comunidad autónoma de origen debe emitir un informe sobre el menor en tres días. Después se informa al menor y a la comunidad de destino y se abre un plazo de tres días de alegaciones con la intervención de Fiscalía si el menor se no estuviera de acuerdo. Por último, Delegación de Gobierno dictará una resolución notificada en diez días y el traslado posterior, en un máximo de cinco días desde la notificación, o dentro de los quince días desde la inscripción. La comunidad destino asumirá la tutela y la custodia del menor.

Por su parte, las comunidades deberán remitir anualmente datos sobre el máximo de menores atendidos, las plazas de acogida disponibles y los menores actualmente atendidos. El decreto establece también que el seguimiento se hará conforme al Protocolo Marco y los datos estarán desagregados por sexo.

Como indica el propio decreto 658/2025, y que ha entrado en vigor este jueves 24 de julio, los menores serán evaluados individualmente por parte de una entidad colaboradora del Estado, “y de ahí se determinará a qué plazas serán trasladados en Península en base a sus circunstancias personales”, explicaba Rodríguez.

Por su parte, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, aclaraba que de acuerdo a este nuevo reglamento, y a pesar de la oposición del PP, el Ejecutivo prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades, a partir del 28 de agosto, y a lo largo de un año. Riego sostiene que, en el caso de que las comunidades se nieguen a acoger a los menores, intervendrá la Fiscalía de menores junto con las fuerzas de seguridad.