Memoria histórica
Restos óseos hallados en el cementerio de Gandia son trasladados al Instituto de Medicina Legal

Han pasado varios días desde que una máquina removiera la tierra donde se presumían los cuerpos de al menos 55 personas asesinadas tras el final de la guerra civil española, de las cuales ya se han recuperado once. También desde que los primeros restos salieron a la superficie, y lo que parecía un traumatismo peri mortem en el cráneo del primer individuo hizo temblar el pincel que lo limpiaba. Un proceso rutinario en la recuperación de víctimas del franquismo a cargo de la asociación científica Arqueo Antro que hoy ha dado un giro inesperado cuando el juez instructor de la causa ha ordenado el traslado de los cuerpos al Instituto de Medicina Legal de València. Un escenario que, asegura la directora arqueológica de la intervención, Arantxa Jansen Pamblanco, nunca se había dado. “En todos los años que llevo como arqueóloga forense, es la primera vez que se activa el protocolo y que los restos óseos van al Instituto de Medicina Legal para ser estudiados”.

En cuanto al resto de las intervenciones, la relación entre la aparición de restos óseos con signos de violencia y un contexto bélico o de dictadura, suele ser causa suficiente para dictaminar que los cuerpos fueron arrojados hace más de 20 años. En tal caso, cualquier crimen cometido en torno a las víctimas ha prescrito. En España, también los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad a octubre de 2004. Así lo han querido los cuatro gobiernos en democracia, desde Felipe González hasta Pedro Sánchez, pasando por Rodríguez Zapatero y Rajoy, negándose a ratificar la Convención contra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las Naciones Unidas.

“En todos los años que llevo como arqueóloga forense, es la primera vez que se activa el protocolo y que los restos óseos van al Instituto de Medicina Legal para ser estudiados”

Sin embargo, la abogada penalista Miriam Salmerón Rodríguez recuerda que España introdujo en el año 1971 el delito de genocidio en su Código Penal, dando cumplimiento a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aunque por otro lado también alude a la todavía vigente Ley de Amnistía de 1977. Un panorama jurídico estatal de “choque”. Un marco, ha dicho, “donde los tratados internacionales son ley por encima de la de Amnistía”, si bien se lamenta cuando afirma que “es una cuestión de interpretación”. Por otro lado, en estas cuestiones de memoria, ha apostillado la abogada, “llegamos muy tarde”.

Sin ir más lejos, la ley de Memoria Democrática “no habla de judicializar las fosas a nivel penal en el sentido de investigar los crímenes del franquismo y juzgarlos”, ha denunciado la letrada. En una línea similar a la de la abogada penalista se ha posicionado el presidente del Foro por la Memoria de Guadalajara, Pedro García, quien ha criticado que la Ley estatal reconozca que son crímenes, pero que al mismo tiempo no aplique el Código Penal para investigarlos. ¿Por qué?, se ha preguntado García, a lo que ha contestado: “Porque en la práctica el Estado español no considera que estas personas hayan sido objeto de crímenes”.

Según fuentes cercanas al caso, el juez de instrucción número uno de Gandia tendría intención de investigar los crímenes

Según fuentes cercanas al caso, el juez de instrucción número uno de Gandia tendría intención de investigar los crímenes. En España ya lo intentó en 2008 el entonces juez Baltasar Garzón antes de que el Consejo General del Poder Judicial lo suspendiera por presunta prevaricación, un delito del que más tarde fue absuelto por el Tribunal Supremo. Garzón había incurrido en un “error” al considerar los asesinatos y demás hechos delictivos como crímenes de lesa humanidad, según el Alto Tribunal. Aunque la Organización de las Naciones Unidas reconoce que los asesinatos, desapariciones forzadas, deportaciones, traslados forzosos de población y torturas llevadas a cabo “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil” son crímenes de lesa humanidad, el TS también argumentó que España se adhirió a los convenios internacionales tras el franquismo, por lo que la aplicación de la retroactividad, imprescriptibilidad y prohibición de amnistía de los crímenes era contraria al principio de legalidad.

Al respecto, la Ley de Memoria Democrática señaló la posibilidad de interpretar la Ley de Amnistía del 77 en el marco de los tratados internacionales. No obstante, esta opción ya la contemplaba el Artículo 96 de la Constitución española de 1978. En todo caso, dos leyes después, los crímenes del franquismo siguen dando pie a una amplia interpretación sin contemplar el derecho de las víctimas a la justicia.

El momento de la localización

El equipo técnico de intervención, entre los que se encuentran Arantxa Jansen y Aitor Noguera Struch, conoce muy bien lo que supone localizar una fosa común con víctimas del franquismo. “Levanté la mirada y con la cabeza afirmé que estábamos en fosa”. Inmediatamente después, relata la arqueóloga, “me fundí en un abrazo con mi compañero. Lo habíamos conseguido”. Enseguida las primeras llamadas telefónicas con la noticia dan paso a las visitas de los familiares, quienes se abrazan emocionados. También hay espacio para el dolor y la rabia. Arrodillada frente a la fosa que revela los primeros cuerpos está Nuria Martin, presidenta de la Asociación de Víctimas del Franquismo de Gandia.

En conversación telefónica con El Salto, Nuria Martin cuenta que la mañana que Arantxa la llamó, un primer pensamiento fue para su padre y, respira profundo, también para su abuela, “después vino el llanto”, recuerda emocionada. Su abuelo, Manuel Martin Collado, había sido miliciano durante la Guerra y al terminar se escondió, hasta que un taxista le delató dando parte a la Guardia Civil sobre su paradero. Le fusilarían el 31 de octubre de 1940 junto a otras 19 personas como castigo por un intento de fuga en el patio de l’Escola Pia de Gandia, un colegio entonces convertido en centro de reclusión.

Martin Collado tenía 33 años, era de Garoca (Zaragoza) y pintor “de brocha gorda” de profesión. Su nieta inició la búsqueda entre los años 2017 y 2018 cuando los procesos de exhumación de Paterna (València) ocupaban las portadas de periódicos y las cabeceras de los principales medios de comunicación. Cuenta Nuria que su abuela siempre fue “muy discreta” y no quería que se supiera nada. También su padre le aconsejó que lo dejara estar cuando inició las investigaciones porque “tenía miedo”, asegura. “Se negaba a buscar a su padre hasta que vio que las autoridades nos apoyaban”. Ahora ella recuerda con nostalgia el interés que acabó mostrando y lo “elegante” que se puso cuando le tomaron la muestra de ADN. Manuel Martín Sanz falleció el año pasado a los 84 años, “casi” los mismos años del final de la Guerra Civil, lamenta su hija.

La tercera campaña de Gandia

“Pensábamos que este sería el último intento antes de un cambio de gobierno”, comenta la presidenta de la asociación. Nuria expresa con cierto malestar que los familiares han tenido que buscar “a ciegas”, haciendo entrevistas a “las pocas personas que quedan vivas”. Y todo esto porque, insiste, “no hay ninguna documentación”. Por ello, la arqueóloga y antropóloga forense, Yaiza Alonso Beltrán, señala la importancia de los testimonios orales en conjunto con las fuentes documentales. Sin embargo, en el libro cementerial, asegura, “no hay registro de los enterramientos”.

La ampliación del cementerio a partir de los años 50 dificultó el reconocimiento del espacio: “Había cambiado tanto que les costaba referenciar un recuerdo”

De hecho, solo se ha podido localizar una referencia al pelotón del 31 de octubre de 1940, en la que apenas un corchete relaciona los nombres de las personas ejecutadas junto a un simple ‘fusilamientos’. Por otro lado, la ampliación del cementerio a partir de los años 50 dificultó el reconocimiento del espacio. “Había cambiado tanto que les costaba referenciar un recuerdo”, asegura Alonso. Aunque por suerte todavía quedaban relatos sin constatar. Una carta escrita por una de las viudas en 1965 alertaba de la construcción de nichos en la calle Empar, afectando directamente a la fosa.

Desde este punto, la arqueóloga explica que las investigaciones junto al archivero municipal, Bernat Martí, y Arantxa Jansen, se centraron en conocer el año real de construcción de las “casitas” que Matilde Gras citaba en su escrito. Para comprobar que de 1945 a 1972 el Archivo Municipal de Gandia albergaba varios planos de construcción de nichos que podrían situar la fosa entre el espacio de la calle San Luis. Una teoría reforzada con una foto aérea del “vuelo americano del 67”, en la cual se aprecia una zona sin construir, con apariencia de “descampado” y cerca de donde, curiosamente, también se situaba la antigua entrada al cementerio civil. Por último, la aparición de una foto propiedad de la familia Albert Gras, propietaria a su vez de la citada carta, determina, explica Alonso, la decisión final de abarcar la zona en la que, de 1965 a 1967, no existen nichos.

“No sabíamos si tener esperanza porque era todo muy complicado”, añade la arqueóloga Karen Boigues, quien estos días trabaja como voluntaria en el cementerio municipal de Gandia. Además de profesional, su implicación también tiene un tinte familiar. Antonio Boigues Andrés era su bisabuelo, y pese al gran vacío documental, la familia tiene constancia de que, acabada la Guerra Civil, le juzgan por “pertenencia al partido comunista, quema de imágenes y pasear a un sacerdote desnudo por la playa”.

Este último testifica en el juicio que esa acusación no es real. Después, apostilla Karen, “no sabemos muy bien lo que pasó”. En el juicio le condenan a cadena perpetua, aunque los testimonios orales sitúan a Boigues fuera de prisión y trabajando. Si bien, advierte Karen, “los relatos no son de primera mano”. Lo cierto es que el 4 de noviembre de 1939 Boigues muere en prisión por “conmoción cerebral”, según el registro cementerial.

La versión del régimen mantuvo que un centinela, motivado por un “bulto sobre el cual disparó”, le produjo a Antonio Boigues su “inmediato fallecimiento”. Y, aunque el bisabuelo de Karen no se encuentre en la fosa, la joven explica que se da por “satisfecha” porque, asegura, “encontrarla ya reconstruye la memoria y da descanso a las familias”. En esa misma línea de reparación se sitúa Nuria Martin cuando agradece a las instituciones que hayan apostado por “cerrar nuestra herida”, haciendo especial mención a la labor del regidor de memoria democrática del ayuntamiento de Gandia, Nahuel González. “Ha sido una persona muy importante en este proceso que nos ha apoyado al cien por cien”, ha concluido.

Ante la pregunta sobre si creen que la causa prosperará, Jansen asegura no tener respuesta. “Tan solo sé que se han activado los protocolos que corresponden ante el hallazgo de unos cuerpos con signos de violencia”. Tampoco se atreve Nuria, quien afirma que “solo habría justicia si se llega hasta el final”.