Medio ambiente
Un activista medioambiental es asesinado cada dos días en el mundo

Al menos 177 activistas climáticos, medioambientales y por la defensa de la tierra fueron asesinados en 2022 en todo el mundo. Es la cifra que ha publicado la organización independiente Global Witness, que eleva las personas asesinadas por estas causas entre 2012 y 2022 a 1.910, según su último informe publicado.

Los datos de 2022 suponen que cada dos días una persona murió tratando de proteger el planeta, principalmente en América Latina. En este continente tuvieron lugar el 88% de los asesinatos de activistas medioambientales, con un foco muy claro: la región amazónica. Uno de cada cinco asesinatos —39 en total, el 22%— se dieron en la mayor selva tropical del planeta, un territorio amenazado por el extractivismo y la colonización de tierras para ganadería, explotación maderera y macrocultivos intensivos.

Especial presión soportan las comunidades indígenas, que enfrentan “un nivel desproporcionado de ataques letales”, denuncian desde Global Witness, sumando un tercio de las víctimas mortales en 2022

Desde Global Witness destacan que entre los homicidios se incluyen “el del periodista británico del Guardian Dom Phillips y el de Bruno Pereira, experto en pueblos indígenas, asesinados el pasado mes de junio mientras recorrían territorio indígena en la región amazónica de Brasil, recordando que desde 2014 se han asesinado a no menos de 296 personas que defendían las tierras amazónicas. Se trata de un área donde “la violencia, la tortura y las amenazas son una realidad compartida por las comunidades de toda la región”, denuncian desde Global Witness.

Un tercio de los homicidios, en Colombia

Por países, donde más homicidios contra activistas medioambientales se han producido es en Colombia, con 60 en total, un tercio de todos los asesinatos y casi el doble de los reportados el año pasado. Todo ello “a pesar de que Colombia ratificó en octubre de 2022 un importante acuerdo regional jurídicamente vinculante que obliga al Gobierno a prevenir e investigar los ataques contra personas defensoras, esta cifra casi duplica el número de asesinatos registrados en 2021”, lamentan desde la organización independiente.

Colombia o la normalización de las masacres

Berta Camprubí Pàmies

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Colombia

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Trece jóvenes asesinados en Bogotá por la Policía Nacional de Colombia mientras protestaban por la muerte de Javier Ordoñez a manos del mismo cuerpo público. 56 masacres alrededor del país en lo que llevamos de 2020. Esta es la Colombia del llamado postconflicto, a cuatro años del fin de las negociaciones de paz de La Habana.

Desde el año 2012 son al menos 382 personas las que han muerto en el país por luchar contra los intereses de todo tipo de grupos, lo que supone que Colombia es la nación del mundo donde hay mayor inseguridad para quienes deciden poner el cuerpo para defender el planeta.

“Se ha relacionado a empresas con sede en el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos con violaciones de derechos humanos cometidas contra estas comunidades”, denuncia la organización

A Colombia le siguen Brasil, con 34 asesinatos en 2022; México, con 31; y Honduras, con 14. Fuera del continente americano, Filipinas es el país donde más asesinatos se han producido el pasado año. Sin embargo, a una década vista, el país insular adelanta a México en número de homicidios. Si Brasil ha registrado 376, y Filipinas 281, México contabilizó al menos 185 y Honduras 131. A estos les siguen, por este orden, Guatemala, India, la República Democrática del Congo, Nicaragua y Perú, todos ellos con entre 50 y 100 asesinatos entre 2012 y 2022.

“Durante demasiado tiempo, los responsables de ataques letales contra defensores se han salido con la suya”, señala Shruti Suresh, codirectora de campañas de Global Witness. “Se necesita una acción unida a nivel regional, nacional e internacional para poner fin a la violencia y la injusticia que enfrentan. Ya se han perdido demasiadas vidas. No podemos darnos el lujo de perder más”.

Criminalización e impunidad

Pero los asesinatos no es la única forma de violencia que sufren quienes apuestan por incluir en su vida la defensa del planeta. “Además de los ataques letales, los defensores también están siendo cada vez más objeto de criminalización como estrategia para silenciar a quienes hablan, y las leyes se utilizan como arma en su contra”, señalan desde la organización, que insta a los gobiernos de todo el mundo a implementar urgentemente protecciones mejoradas para los defensores y para que se reconozca su papel en la lucha contra la emergencia climática. Lo hacen debido a que muy pocos asesinos de estos activistas son llevados ante la justicia ya que, según apuntan desde este colectivo, los gobiernos de todo el mundo no investigan adecuadamente estos crímenes, lo que genera impunidad y alimenta nuevos ataques.

Especial presión soportan las comunidades indígenas, que enfrentan “un nivel desproporcionado de ataques letales”, denuncian, sumando un tercio de las víctimas totales en 2022 (el 34%), cuando solo representan alrededor del 5% de la población mundial. Las amenazas que enfrentan van desde la minería del oro a la explotación forestal.

Entre las relaciones de compañías y multinacionales con estos asesinatos, “se ha relacionado a empresas con sede en el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos con violaciones de derechos humanos cometidas contra estas comunidades”, denuncian, “al haberse descubierto oro extraído ilegalmente de tierras de los kayapós en las cadenas de suministro de la refinería de metales preciosos italiana Chimet y de la empresa minera Serabi Gold”.

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El Gobierno de Lula inicia una investigación sobre Bolsonaro, y varios de sus funcionarios por el delito de “genocidio” de este pueblo originario de la Amazonía.

Laura Furones, asesora principal de la campaña de las defensoras de la tierra y el medioambiente, declaró por su parte que “los estudios han demostrado una y otra vez que los pueblos indígenas son los mejores custodios de los bosques y, por tanto, son imprescindibles en la mitigación de la crisis climática. Sin embargo, en países como Brasil, Perú y Venezuela los están asediando precisamente por llevar a cabo esa labor”.

A pesar de que más de un centenar de países firmaron la Declaración de Glasgow en la COP26, por la que se comprometieron a poner freno a la deforestación para el año 2030, en 2022 se perdió un 10% más de bosques primarios que el año anterior. “Vamos en la dirección equivocada y estamos malgastando un tiempo muy valioso, que se nos acaba”, denuncia Furones. “Hemos de reconocer que, para que no desaparezcan los bosques, es indispensable proteger a quienes los consideran su hogar. Las medidas contra la creciente emergencia climática y la defensa de los derechos humanos deben ir a la par".