Madrid
“La pública también desahucia”: las caras de la lucha por la vivienda

Cuando Maira regresó a Madrid tras pasar unos meses en Navarra por motivo laboral, encontró grandes dificultades para encontrar casa para ella y sus dos hijos. “Al decir que tenía hijos no me alquilaban habitación, ni para compartir”, recuerda. La búsqueda se convirtió en un “calvario”: “Para una habitación me pedían nóminas de 1.400 euros y pico, porque éramos tres, y mínimo un año de antigüedad”.

La inestabilidad afectó a sus hijos, que entonces empezaban la ESO. La bajada de sus notas y sus actitudes de aislamiento hicieron que la escuela les facilitara una educadora, quien puso a Maira en contacto con Provivienda, entidad social que ofrece recursos habitacionales temporales. Según su testimonio, el programa le ofreció contratos renovados cada tres meses hasta alcanzar un año, además de establecer objetivos a las familias, como el ahorro: “No puedes ir de viaje, salir, tener gastos que consideren que no son básicos, no puedes irte a comer al burguer”, cuenta.

“La vivienda se ha convertido en un negocio lucrativo en el que todos quieren participar, incluidas las entidades del tercer sector”, denuncia Maira

Aunque encontró un trabajo, la temporalidad del contrato hizo que el calvario de buscar una casa estable continuara, y entró en impagos, “o pagaba préstamos, o comía”, explica. Entrar en el archivo de morosos “fue el punto más profundo de mi vida, ya no solo no daba el perfil sino que no pasaba el filtro crediticio”, recuerda.

Ahora, tras el nacimiento de su bebé, Maira continúa en Provivienda, pero asegura que debe abandonar el recurso en dos meses. Le han ofrecido ayuda para encontrar piso en pueblos fuera de Madrid, algo que ha rechazado para no perder la antigüedad de empadronamiento con la que optaría a una vivienda social, una negativa que supone “puntos negativos para mí, me cierran las vías, que no hay ayudas porque yo rechazo las alternativas”.

“La vivienda se ha convertido en un negocio lucrativo en el que todos quieren participar, incluidas las entidades del tercer sector, como el caso de Provivienda”, dicen desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Vallekas, plataforma con la que Maira lleva varios años organizándose. Según la PAH, Provivienda, financiada con fondos públicos, se ha hecho con bolsas municipales de alquiler social y actúa como intermediaria ofreciendo “recursos temporales que abocan de nuevo a la calle a las familias”.

Señalando a los responsables

Bajo el lema “la pública también desahucia”, la plataforma organizó el 8 de octubre un recorrido en autobús por la sede de esta y otras las entidades públicas o financiadas con dinero público responsables de la gestión de la vivienda social en Madrid. El objetivo era denunciar que las dificultades de acceso y los desahucios no afectan únicamente al mercado privado.

“Son las propias administraciones públicas las primeras en expulsar a los vecinos de sus casas. También empresas y bancos con participación pública e incluso entidades del tercer sector”, dicen los portavoces de la PAH Vallekas. Teme que el llamado ‘decreto Maricarmen’ no aplique a todos los casos: “Nos vamos a encontrar con que se aprueba y vamos a seguir teniendo lanzamientos y parando desahucios”.

La EMVS mantiene viviendas cerradas mientras desahucia a familias de sus casas y expulsa a los vecinos más vulnerables para subir el precio de esas viviendas, sostiene PAH Vallekas

La siguiente parada del recorrido fue la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), que según la PAH mantiene viviendas cerradas mientras desahucia a familias de sus casas: “Su objetivo: expulsar a los vecinos más vulnerables y destinar esas viviendas a alquiler asequible, es decir, subirles el precio”, valoran.

Víctor, que llevaba tres décadas viviendo en una casa que fue de sus padres, cuenta que fue trasladado de un edificio en Martínez de la Riva a otro en Pacífico. “Falleció mi padre, pasé unas condiciones jodidas, y dejé unos recibos pendientes de pago, y me han abierto una demanda por impago”, cuenta. Aunque asegura que consiguió depositar en el juzgado toda la deuda, “no aceptaron el pago y me han abierto un desahucio. De momento lo tengo paralizado por vulnerabilidad y no me dan ninguna contestación. Intento reunirme con ellos y como el tema está judicializado, ni me lo permiten”. La PAH reclama que la EMVS se siente con los colectivos de vivienda para buscar soluciones a casos como el suyo.

La U.V.A. de Hortaleza: seis décadas de espera

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS), sucesora del antiguo IVIMA, es otra de las instituciones señaladas por la plataforma. En la Unidad Vecinal de Absorción (U.V.A.) de Hortaleza, los residentes denuncian que llevan seis décadas esperando la regularización de sus viviendas y la entrega de las escrituras. Aseguran que muchas familias terminaron de pagar sus casas en 2014, pero siguen sin disponer de los documentos que deberían acreditar su propiedad. También, que la AVS impone nuevas condiciones para las subrogaciones, pidiendo requisitos que no estaban en los contratos originales y amenazan con desahucios a hijos o herederos legítimos.

“Yo llevo más de 60 años años viviendo aquí”, explica uno de los vecinos de la U.V.A., a cuyos padres reubicaron en el barrio “con la promesa de que a los 50 años iba a ser suyo el piso, y no se ha cumplido. Mis padres han muerto y mi sobrina vivía con un hijo y es a la primera que han echado de la nueva generación. Han puesto condiciones para la renovación, de las subrogaciones de los contratos, por ejemplo que no pases de un dinero mínimo, y la han echado”.

Diego denuncia “un incumplimiento generalizado de cualquier norma del IVIMA. Yo no me tengo que subrogar de una casa que ya es mía. Están esperando que la gente se muera...”

Diego Palencia es otro vecino que sostiene que ha pagado su vivienda pero teme perderla cuando expire su contrato de alquiler este mismo año. “Tenemos una casa que nos pertenece, pero tenemos un contrato de alquiler con una promesa de venta que ya veremos si la cumplen o no”, dice, y denuncia “un incumplimiento generalizado de cualquier norma del IVIMA. Yo no me tengo que subrogar de una casa que ya es mía. Están esperando que la gente se muera, la gente es muy mayor. Yo tengo 60 años, estoy nacido y criado en el barrio de la UVA y yo no tengo seguridad de que pueda seguir viviendo en mi casa”.

La PAH Vallekas advierte de que, paralelamente, la AVS ha gastado casi un millón de euros en abogados para “acelerar el desahucio de 10.000 viviendas” por impagos y ocupación. “En 2026 el ritmo de desahucios ha aumentado y los efectos de esta política ya son visibles en nuestros barrios”, destacan. También cuestiona los realojos en zonas como el Ruedo de Moratalaz y la Cañada Real, donde las vecinas llevan años denunciando que los realojos no garantizan una estabilidad duradera y defendiendo su derecho a quedarse en el barrio.

De la obra social ‘La Caixa’ a los fondos de inversión

Durante el recorrido, también se han señalado a bancos con participación pública como CaixaBank. Su gestora InmoCaixa vendió a fondos de inversión los tres bloques de antigua obra social ‘La Caixa’ en Madrid (Pinto, Vallecas y Vicálvaro), donde cientos de familias están en peligro de perder unas casas a cuyo alquiler social optaron reuniendo todos los requisitos.

Irene entró en 2013 con su hijo en el bloque de Pinto. “Ahí hemos formado nuestro hogar, tienes los médicos, has hecho tu vida en este sitio. Hemos pagado religiosamente siempre, incluso cláusulas que no nos correspondían, como IBI, hemos pagado mantenimiento y hemos tenido mantenimiento cero”, dice.

“A mí el contrato se me acaba en 2028, me agarraré a la ampliación de dos años que ha ofrecido el nuevo decreto del Gobierno, pero dos años se pasan volando. Queremos una solución habitacional”

Su bloque entero fue adquirido hace un año por el fondo Farley ITG, que no les dio opción de renovar contrato ni les han ofrecido forma de negociar con ellos, y solo les han mandado una “empresa de mediación” que les ofrecen llaves por dinero. “Los precios que están poniendo son cinco veces por encima de lo que han comprado”, cuenta.

En el bloque de Vallecas ya ha habido el primer desahucio: el de David, vecino que fue expulsado de su casa tras 20 años el mismo día que Maricarmen Abascal. “A mí el contrato se me acaba en 2028, me agarraré a la ampliación de dos años que ha ofrecido el nuevo decreto del Gobierno, pero dos años se pasan volando. Queremos una solución habitacional porque somos cientos de familias afectadas: familias con niños pequeños, gente enferma o en situación económica muy vulnerable, no se respeta nada”, denuncia Irene.

Del “banco malo” a Casa47

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) también fue señalada durante el trayecto: el llamado “banco malo”, con un 51 % de capital público, “mientras regala miles de pisos a fondos buitre, ejecuta desahucios”, dicen desde la PAH Vallekas.

A Ruth, Sareb le dio la opción de alquiler social pero a condición de alejarse de su entorno, el barrio donde esta mujer lleva viviendo 22 años. Tras explicar los justos motivos por los que se negaba, Sareb decide que ya no es apta para el alquiler social

Es el caso de Giselli Mateus, que denunció a Sareb por cláusulas abusivas y a la que la justicia acaba de dar la razón. También de Ruth Quevedo, que hace cuatro años entró en un piso de ocupa con su hijo “por necesidades de la vida” en un momento en que su hijo acababa de estar hospitalizado en una clínica psiquiátrica por un intento de suicidio. Después de recibir cinco denuncias de Sareb por usurpación, le dieron la opción de alquiler social pero a condición de alejarse de su entorno, el barrio donde esta mujer lleva viviendo 22 años.

Quevedo explicó a la Sareb que aceptaba ser reubicada dentro del barrio. “Mi hijo tenía aquí su seguimiento psiquiátrico, cada vez que se autolesionaba, su hospital de referencia está aquí. Su siquiatra está aquí y su expediente no está cerrado”, explica. Además, que su hijo sea un chico trans y que haya sido aceptado en su entorno hacía aún más importante no ser separados de esa red vecinal.

Tras explicarle estos motivos para la negativa, “Sareb me manda un burofax diciendo que ya no soy apta para el alquiler social”, argumentando además que su edificio no tiene licencia de primera ocupación. Asegura que no ha recibido más explicaciones y ha sido difícil la comunicación. Aunque llegó a tener una fecha de desahucio, el lanzamiento fue paralizado. “La espera es agónica”, resume.

Esa “agonía” también alcanza a edificios enteros, como el bloque La Moreneta en Barcelona, vinculado a la PAHC Baix Montseny, varios de cuyos miembros hicieron 600 kilómetros para participar en el recorrido. Este edificio, que llevaba 13 años vacío, alberga tras su ocupación a 19 familias y más de 60 personas. “Donde solo había cemento y hormigón ahora hay mucha vida y proyectos sociales”, cuentan sus miembros. “Hay situaciones muy precarias que no entrarían en los alquileres asequibles de Casa47”. Pararon su desahucio en 2024, pero en 2026 les han puesto otro desahucio con fecha abierta.

Tanto PAH Vallekas como PAH Montseny critican la contratación de gestoras privadas para administrar activos de Sareb y reclaman mayor control público sobre las viviendas destinadas a alquiler asequible. También, que los requisitos para alquiler social dejen fuera “a muchas personas que lo necesitan”. Ambos sindicatos de vivienda han concluido el recorrido pidiendo que paralicen todos los desahucios de vivienda pública y entidades del tercer sector, la firma de contratos de alquiler social en todas las viviendas de la Sareb y la recuperación de todas las viviendas de la obra social ‘La Caixa’.