Madrid
El movimiento por la vivienda de Vallecas frena el desahucio de un vecino enfermo

Mariano se queda. La PAH Vallekas y vecinos y vecinas organizadas consiguen salvar a un hombre de 56 años y enfermo que vive en el piso de la calle Malgrat de Mar, 8, en el barrio de Palomeras, propiedad de la familia de aristócratas y grandes tenedores Díez de Rivera Elzaburu. A pesar de que su casera amenazaba con desahuciarle por una deuda de 45 euros, el movimiento vecinal y su propia fuerza acaban de conseguir frenarlo esta misma mañana en su piso que, además, es de renta antigua.

Una familia rentista aristocrática de grandes tenedores se empeña en desahuciar a un vecino enfermo sin recursos

Susana Albarrán Méndez

Desahucios

Madrid Una familia rentista aristocrática de grandes tenedores se empeña en desahuciar a un vecino enfermo sin recursos

Susana Albarrán Méndez

El piso de renta antigua es propiedad de la familia Díez de Rivera Elzaburu, y quien le ha demandado por una deuda de 45 euros. Mariano y sus compañeros de PAH Vallekas afrontan este jueves parar un desahucio más.

La vivienda de tres habitaciones en Vallecas está a nombre de Carmen Elzaburu Márquez, de 94 años, dueña de al menos otras 13 viviendas, de cuatro cotos de caza (en Ciudad Real, Córdoba y Toledo), negocios hoteleros y del exclusivo club Puerta de Hierro. Sus herederos presiden el despacho de abogados Elzaburu, especializado en propiedad intelectual y con oficinas en varios países. La familia Díez de Rivera Elzaburu, fruto del matrimonio de Carmen con Alfonso Díez de Rivera y de Hoces, posee también títulos nobiliarios -por ambos cónyuges-, por tanto, es parte de la clase aristocrática española con prolíficos negocios.

Después de una noche y una media mañana muy tensas, tanto la presión vecinal como la decisión policial de no enfrentarse con la centena de personas que defendían el porta número 8 de la Calle Maret de Mar, en el barrio vallecano de Palomeras, han hecho posible detener la amenaza de desahucio que pendía de Mariano, su inquilino principal. 

“El escudo social somos nosotras, las que estamos aquí en la puerta, ni la ley de vivienda nos sirve. Un real decreto que se pudo haber utilizado como herramienta para suspender este desahucio”

“El escudo social somos nosotras, las que estamos aquí en la puerta”, afirmaba a El Salto Elsa, vecina de Carabanchel e integrante muy conocida del movimiento de vivienda madrileño y que ha acudido a apoyar para parar el desahucio de Vallecas. Alega que hay un abandono total de la administración y que ni la ley de vivienda les sirve. “Un real decreto que se pudo haber utilizado como herramienta para suspender este desahucio”. A él (Mariano) “no lo consideran vulnerable”, lamentaba.

Además de la conocida situación de baja laboral y diversas enfermedades que padece Mariano, en concreto, Elsa se refiere al desmayo que sufrió Mariano esta misma mañana, unos minutos antes de que hiciera su aparición la Comisión Judicial y que fue necesario ser atendido por el SAMUR durante más de 40 minutos. Episodios similares ha sufrido el vecino vallecano de 56 años, en las semanas que lleva esperando la ejecución de su desahucio. Anoche mismo, con los nervios a flor de piel, a Mariano se le subió la presión arterial y tuvo que ir al hospital, mientras una veintena de personas pernoctaban en su piso preparando la estrategia de defensa de este jueves.

#MarianoSeQueda espera, junto con más de un centenar de personas del movimiento de vivienda de Madrid, a que llegue la comisión judicial. Anoche pasó por el hospital por una subida de presión, hoy se encuentra fuerte decidido a defender la casa en la q ha vivido 50 años. pic.twitter.com/WcfLbeTi9M

— El Salto Madrid (@ElSaltoMadrid) December 19, 2024

Esta mañana, además de quienes pernoctaron con él, un centenar de personas se concentraron desde temprano frente al portal. Al grito de combativas consignas el ambiente en la calle era animado mientras Mariano atendía a los medios de comunicación. Se acercaba la hora de la cita de la Comisión Judicial y El Salto pudo conversar con el vecino vallecano de 56 años. “Anoche mi asamblea llamó a mi abogada y le dijo 'que este muchacho está en urgencias y le va a costar la vida de verdad'”, contaba Mariano asegurando que se enviaron al juzgado, a primera hora, los informes sobre su salud, en un intento de paralizar el desalojo, “a ver si se le enciende a esta señora el espíritu navideño y que vea, de verdad, lo que me está pasando”. Aunque se le veía y escuchaba fuerte, unos minutos después, se desmayaba en plena calle, frente al portal.

Al mismo tiempo que Mariano era atendido en la ambulancia, la Comisión Judicial solo hablaba con la Policía y una de las hijas de la propietaria. Pasaron los minutos y no daban su brazo a torcer, ni establecieron diálogo con las personas que representaban al inquilino. Se entendía así, que la policía ejecutaría el desahucio a orden de la familia Elzaburu. Forzando la espera y la incertidumbre, finalmente la policía, una veintena de agentes, decidió no enfrentarse a las personas concentradas. Por tanto, la Comisión Judicial se vio obligada a dar una nueva fecha de desalojo: el próximo 22 de enero.

La moratoria del ‘escudo social’ no ha servido para impedir tres de cada cuatro desahucios

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

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Un redactado poco claro, que deja libertad a los jueces para saltarse la moratoria, limita su alcance. A pocas semanas de su fin, organizaciones de vivienda piden que sea mejorada, ampliada y convertida en permanente.

De nuevo, PAH Vallekas señala y responsabiliza tanto al gobierno de coalición actual como a los gobiernos regional y municipal de Madrid, que ante casos como el de Mariano no tengan respuesta porque el “escudo social“ o no funciona o no llega para todos. Según el informe del Observatori DESCA, presentado el pasado 10 de diciembre, la aplicación de la moratoria del llamado “escudo social” aplicado por el Gobierno de Pedro Sánchez no ha servido para impedir tres de cada cuatro desahucios. El informe subraya que un redactado poco claro, que deja libertad a los jueces para saltarse la moratoria, limita su alcance. A menos de 15 días de su fin, las organizaciones de vivienda piden que sea mejorada, ampliada y convertida en permanente.