Madrid
La jueza archiva la querella colectiva del bloque Tribulete, 7 contra el buitre Élix Rental House

Las vecinas de Tribulete, 7 (Lavapiés) han sufrido un primer varapalo judicial en su lucha histórica contra el fondo buitre Élix Rental Housing, propiedad de la familia Aguirre. La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha determinado esta semana, durante la fase de instrucción de la causa, que las obras de demolición realizadas en el edificio durante años no pueden considerarse constitutivas de delitos de acoso inmobiliario “o contra la integridad moral de las habitantes”.

Así, la magistrada que investigaba el caso ha decidido archivar la causa a falta de pruebas que justifiquen que las obras tenían por finalidad menoscabar el bienestar de la comunidad de vecinas para precipitar su salida. Un sobreseimiento provisional que llega “con independencia de las acciones de orden civil que a las partes les pudieran corresponder”.

“En ningún caso puede entenderse constatado con una mínima solidez los presupuestos que permitirían valorar la existencia del delito por el que se articula la querella”, concluye el escrito de la jueza

El auto judicial, al que ha tenido acceso este medio, refiere que “el llamado delito de acoso inmobiliario requiere que se lleven a cabo de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda”. Algo que se cumple en el caso de las inquilinas denunciantes, según organizaciones como el Sindicato de Inquilinas. Sin embargo, el escrito concluye que en el caso de este bloque, “en ningún caso puede entenderse constatado con una mínima solidez los presupuestos que permitirían valorar la existencia del delito por el que se articula la querella”.

Cabe recordar que las vecinas llevan sufriendo graves perjuicios en el interior de sus viviendas desde noviembre de 2024, ocho meses después de que la socimi adquiriera la totalidad del edificio y anunciara su voluntad de vaciarlo al completo. Entonces el fondo se negó en rotundo a renovar los contratos de las inquilinas. Las obras de demolición han incluido este tiempo desde goteras e inundaciones hasta casquetes rotos, tabiques perforados por taladros y desprendimientos que han puesto en peligro en más de una ocasión la vida de estas inquilinas. Estas maniobras han convertido durante casi tres años la vida de las residentes en un auténtico infierno.

Esta situación, prolongada durante años, ha provocado la salida de muchas vecinas, tanto que hoy tan solo resisten 15 de las 52 familias que había inicialmente debido al desgaste psicológico de las obras. Algunas fueron coaccionadas y amenazadas de forma reiterada para abandonar el edificio a cambio de una cantidad ínfima de dinero.

En este sentido, las víctimas del buitre internacional han puntualizado que ya durante la primera testificación del representante legal de Élix éste reconoció abiertamente la existencia de un plan de negocio para vaciar el edificio en su totalidad. No obstante, alegó que las vecinas habían ido dejando el inmueble “de forma voluntaria”. En esta ocasión, el mismo auto de la sentencia vuelve a dejar claro que la parte compradora del inmueble persigue explotarlo aparentemente “como alojamiento turístico”.

Desde un primer momento las afectadas han defendido que se trata de una estrategia calculada de mobbing inmobiliario —y utilizada por el Élix de forma habitual en otros de sus bloques en Madrid y Barcelona— para especular con las viviendas compradas. Meses atrás el Sindicato de Inquilinas, que ha acompañado en su conflicto al bloque en lucha, alertó de que la supervisión de estos procedimientos había sido delegada a una ECU privada en una muestra más de la privatización del control urbanístico por parte del Ayuntamiento.

El bloque hizo historia el pasado 22 de mayo de 2024 al presentar la primera querella colectiva de España a un fondo por acoso inmobiliario y coacciones. En febrero de 2026 las vecinas sentaron en el banquillo a varios directivos y empleados de Élix, que fueron citados en sede judicial para declarar en un conflicto inquilino que se convertiría en pionero y referente. En aquel entonces hubieron de testificar como imputados Jorge Benjumeda Peñafiel, socio fundador de la empresa; Álvaro Guillén Bedoya, director de Expansión; Juan Luis Aleñá Ayala y María José Jiménez Cortiñas, empleados; y Javier Hernández-Agero, arquitecto responsable de las obras, entre otros.

“Desde el Sindicato de Inquilinas señalamos que el hecho de que un fondo buitre esté sentado como acusado por acoso inmobiliario ya representa de por sí un hecho histórico”: Sindicato de Inquilinas

“Desde el Sindicato de Inquilinas señalamos que el hecho de que un fondo buitre esté sentado como acusado por acoso inmobiliario ya representa de por sí un hecho histórico”, celebraban entonces con independencia de la futura resolución judicial. Por primera vez se ponía contra las cuerdas a uno de los grandes responsables de la gentrificación, acostumbrados a actuar con total impunidad en los centros urbanos.

Las denunciantes recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial

Jaime y Cristina, inquilinos en lucha de este bloque, comparten una misma sensación de desasosiego tras recibir la resolución. Apuntan a que, si bien ambos albergaban esperanzas en que se hiciera justicia, no llegan a sentirse sorprendidos por el resultado. Para Jaime, este caso presentaba una importante carga política en pleno momento de agitación social contra los grandes agentes de la crisis de la vivienda en España.

“Cuando fuimos testificando todos los vecinos, vimos que la jueza no resultaba imparcial ante nuestros testigos y los testimonios de los directivos del fondo de inversión. Desgraciadamente la adjudicatura en este país está mayoritariamente a manos de la derecha. Esto lo que nos demuestra es que la Justicia está virada a favor de los rentistas y que los entramados políticos, judiciales y empresariales están muy entretejidos”, transmite a este medio.

En estos términos se ha expresado igualmente Lucas Vaquero, portavoz del SI que ha realizado el acompañamiento del conflicto de Tribulete estos años: “La jueza ha demostrado estar alineada con los intereses inmobiliarios que están arruinando las vidas de millones de personas en este país”, ha inferido. Las inquilinas insisten en que a día de hoy hay indicios más que suficientes para demostrar de forma fehaciente que ha habido acoso en los términos que recoge el Código Penal, con la intencionalidad de ir minando la paciencia de los vecinos. Por este motivo la defensa recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial en aras de que este tribunal finalmente pueda revalorar los hechos y llevar a cabo una segunda evaluación de lo ocurrido.

Es decir, que pueda demostrarse una intencionalidad por parte de los ejecutores de las obras: “Varios de los trabajadores de Élix tienen sus perfiles en LinkedIn y destacan como habilidad profesional la estrategia de vaciado de edificios. Esto evidencia que lo que ellos están haciendo es un plan para dejar inhabitado el inmueble”, destaca Cristina.

Un llamamiento a que Casa 47 adquiera el inmueble para protegerlo de la especulación

En este sentido, Alejandra Jacinto, letrada de las vecinas, puntualiza que el acoso infligido contra ellas va más allá de las obras de construcción y los múltiples perjuicios que éstas han generado desde que Élix entró en escena: “No eran solo las obras, era toda la presión atmosférica que supone el que de repente un fondo buitre te dice que no te va a renovar, empieza a mandarte mediadores que trabajan para el fondo etc”, comenta la abogada. Para ella, esta causa guardaba una complejidad extraordinaria al tratarse de un caso pionero en nuestro país, donde por primera vez se denunciaba colectivamente la acción lesiva de un fondo de inversión inmobiliario. “No hay tradición ni precedentes de un caso como este en España, por lo que todavía hay muchas cuestiones por explorar judicialmente”, determina Jacinto.

Estos últimos días, tanto las vecinas como el propio SDI han lanzado un mensaje claro al Gobierno central: para acabar con las prácticas abusivas de especuladores como Élix, Casa 47 —la nueva empresa de vivienda pública— debería comprar Tribulete, 7. Una solución que ya se ha hecho efectiva con claros beneficios para el inquilinato en comunidades como Catalunya o Euskadi en zonas altamente tensionadas por el mercado especulativo.

Ello además permitiría ampliar el parque de vivienda del Estado, haciendo que las vecinas puedan permanecer en el barrio a precios asequibles. “Si hay intencionalidad política de parar estos desahucios, pues en su mano está ayudarnos”, afirma Jaime. “Estamos resistiendo para que Tribulete 7 siga siendo un edificio de vecinas y vecinos del barrio de toda la vida y no se convierta en un parque de atracciones para turistas, asi que vamos a seguir presionando como sea”, mantiene el inquilino.

Mientras tanto, Élix continúa su estrategia híbrida de acoso y envío de burofaxes con demandas individuales de desahucio tras fracasar en su propósito de expulsión inmediata. La defensa de las inquilinas planea alegar prejudicialidad penal, en tanto que un procedimiento penal previo como es la demanda colectiva podría suspender los efectos de las demandas individuales posteriores hasta que salga una sentencia definitiva tras el recurso interpuesto.