Madrid
Las cocinas fantasmas ponen varias calles de Madrid a punto de ebullición

El 5 de agosto finaliza la “moratoria” de las cocinas fantasma o dark kitchens, una medida tomada por el Ayuntamiento de Madrid en agosto de 2021 por la cual, presuntamente, dejaba de otorgar licencia a esta tipo de negocios enfocados al envío de comida a domicilio que habían tenido su ‘boom’ durante los meses de confinamiento y desescalada de la pandemia. El gobierno municipal de PP y Ciudadanos las ha usado como argumento para presionar a la oposición y a Vox para aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que las regularía, algo que dado los tiempos electoral con la inminencia de las municipales casi resulta irrelevante gane quien gane las elecciones.

Con todo, los vecinos afectados señalan que ese presunto momento de “ley de la selva” en que se podrán pedir licencias ilimitadas no tiene sentido: se han seguido otorgando sin control. Piden una regulación como la de Barcelona, que las ha expulsado de zonas residenciales, y pueden tener un aliado inesperado en que dejen de expandirse: la inflación.

Santiago Navas, de la Plataforma Vecinal de Afectados por las Cocinas Fantasma y vecino de Tetuán, el barrio donde se concentran mayor número de estos locales, señala como “la moratoria no ha servido para nada”, y hasta este mes de marzo se han seguido abriendo nuevas cocinas, en concreto una en la calle Salamanca, en una antigua nave industrial. “El problema es que es muy difícil que los vecinos podamos denunciarlas porque eso cuesta dinero y nuestro barrio tiene una circunstancias económicas. Para combatirlos, si el ayuntamiento sigue dando licencias, dependemos de unos recursos que no tenemos”.

Barcelona paraliza las cocinas fantasma, Madrid se queda en el anuncio

Gessamí Forner

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Economía

Cocinas fantasma Barcelona paraliza las cocinas fantasma, Madrid se queda en el anuncio

Gessamí Forner

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La semana ha cerrado con anuncios en ambas capitales ante las quejas de los vecinos afectados por el último fenómeno de la uberización de la economía.

Si el pasado octubre se pudieron denunciar las 21 cocinas fantasma de la calle José Calvo número 10 fue porque el caso lo asumió la concejal del grupo Mixto Marta Higueras. Actualmente el ayuntamiento se enfrenta a las posibles irregularidades en la concesión debido a la tramitación de la licencia mediante las entidades colaboradoras urbanísticas (ECU), que son firmas privadas supervisadas por la Agencia de Actividades, un organismo autónomo adscrito al Área de Desarrollo Urbano. En el caso de José Calvo, la denuncia se fundamenta en que ningún funcionario participó en la concesión de la licencia ni hubo informes técnicos ni jurídicos en su concesión por parte de los servicios municipales, algo que se repite en muchos otros permisos similares.

“La moratoria siempre fue una trampa porque contemplaba una serie de excepciones, por ejemplo situarlas en naves industriales con licencia anterior si cambian el tipo de actividad. Claro, en Tetuán, por la historia del barrio, hay naves que se han quedado aisladas entre edificios residenciales. Como tienen la normativa ahora, se permite, pero en la ventana de las casas de al lado viven personas que se comen la carga y descarga, el humo, las partículas…” resume Santiago. “Pedimos lo mismo que Barcelona: sacarlas de las zonas donde vive la gente”.

“Actúan de forma oscura, se hace la obra sin poner carteles ni nada, y cuando la encuentras abierta queda poco que hacer”, denuncia Esther, una vecina de Madrid afectada por las cocinas

Sobre otro problema habitual, el de los riders en las inmediaciones, intenta dejar claro que “no estamos en contra de ellos ni de su trabajo, sino de las empresas”. En ese sentido, al menos en la zona de José Calvo, el problema es que “la carga y descarga es en la calle, y los riders están allí esperando que les den encargos. Algunos tienen que hacer sus necesidades, no les dejan dentro… así que lo hacen donde pueden”.

“Actúan de forma oscura, se hace la obra sin poner carteles ni nada, y cuando la encuentras abierta queda poco que hacer, porque el Ayuntamiento ha dejado en manos de los vecinos organizarse para detenerlas”, explica Esther, una de las vecinas del Paseo Imperial que se organizó para denunciar las cocinas en su calle. “En nuestro caso estuvimos ágiles, aunque no es fácil poner de acuerdo a la gente para gastar 30.000 euros en denuncias, y más si los plazos son muy cortos”.

En el caso de las cocinas de Paseo Imperial 6 y 8, el Contencioso-Administrativo planteado al Ayuntamiento de Madrid pide revisar la licencia y realizar un estudio medioambiental. Las cocinas de la calle Alejandro Ferrán, colindantes con el CEIP Unamuno, las familias del centro consiguieron que anulasen los permisos, pero el propio consistorio recurrió la sentencia. “No pedimos que se cierren, sino que se vayan a polígonos industriales, porque son una actividad industrial, en lugar de estar en zonas de viviendas”, añade Esther.

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Cocinas camufladas

Alfonso es uno de los vecinos que se organizó el pasado febrero para protestar contra las cocinas de la calle Zabaleta, en Prosperidad. Se trata de 38 cocinas “camufladas” en un patio interior de un bloque, ocupando el local de un antiguo supermercado y con una chimenea de 25 metros. El equivalente, según los denunciantes, “a tener 70 restaurantes debajo de tu ventana”, además de las molestias que causa la actividad incesante de los riders en la zona.

“Vivo en la planta baja enfrente de las cocinas. Tengo que soportar personas en la puerta, patinetes y bicicletas anclados a mis rejas, y el alfeizar lo tengo que limpiar todas las semanas porque es negro por el hollín de los tubos de escape. Es un problema de convivencia”. La licencia de Zabaleta está a espera de juicio, también por lo Contencioso-Administrativo y en base, de nuevo, a amparar una actividad industrial con un permiso que no lo es y no haber realizado estudio de impacto medioambiental. La vista estaba anunciada para el 28 de febrero, pero las huelgas de la administración de Justicia la han retrasado a la espera de fecha, supuestamente ya este mes de mayo.

El Grupo Municipal del PSOE cifró en 18 las cocinas fantasma operativas actualmente en Madrid, que suman un total de 169 fogones, aunque el gobierno municipal reduce su número oficial a 14

“No nos fiamos de la regulación que se quiere hacer a través del PGOU porque no es muy precisa. Además, una de las propuestas es limitarlo a ocho cocinas, que puede ser como tener más de una docena de restaurantes bajo tu ventana, ¿quién quiere eso?”, argumenta Alfonso. “Además, esa regulación no tendría retroactividad, deja las que ya existen porque se han colado por un vacío legal. Para los que tenemos que soportarlas ahora mismo no soluciona nada”.

Coincidiendo con las protestas de los vecinos de Zabaleta, el Grupo Municipal del PSOE cifró en 18 las cocinas fantasma operativas actualmente en Madrid, que suman un total de 169 fogones, aunque el gobierno municipal reduce su número oficial a 14. La normativa de Barcelona, aprobada en enero de este año, “exilia” las de la ciudad condal a la Zona Franca, es decir, una zona industrial alejada de la residencial, tal y como pide la Plataforma de Afectados, proponen instituciones como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) o han asumido partidos como Más Madrid o Podemos.

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Han interpuesto un recurso contra el Ayuntamiento de Madrid por la concesión de la licencia que habilita el funcionamiento de doce cocinas en el local contiguo al patio del Colegio. Solicitan “paralizar el otorgamiento de la licencia hasta que haya una regulación en profundidad de la materia, tal como se ha hecho en Barcelona”.

Lo que ocurre es que más allá de las dudas desregulatorias de PP y Ciudadanos o los vacíos legales, las cocinas fantasma, y otros negocios extractivista de la economía de plataformas, pueden tener su mayor enemigo en la inflación. Al menos así apunta un informe del Observatori DESC (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) recientemente presentado en Madrid. Esta institución integrada por diversas ONG, sindicatos e instituciones catalanes ha estudiado el caso barcelonés y centra su actividad en la defensa de los derechos humanos desde el análisis o el asesoramiento legal.

Marta Ribera, una de las analistas del observatorio, apunta a la inflación y su impacto en la economía de plataformas: “que suban los intereses tiene muchas afectaciones para este tipo de negocio, por ejemplo, cuando necesitan materias primas, pero la implicación principal está en cómo se financian. La mayoría surgen en rondas de financiación de capital riesgo, que son muy agresivas y donde intentan abarcar mucho capital rápido para poder crecer”. Glovo o Uber, por poner dos ejemplos, “son empresas que no dan beneficios, pero se financian con la expectativa de dichos beneficios a futuro. Que suban los intereses, consecuencia de la inflación, complica que puedan financiarse como hasta ahora”.

Esto tendrá dos consecuencias inmediatas: “dejan de surgir nuevas start-up, algunas cierran, como Gorillaz en Barcelona, y otras se fusionan, como Delivery Hero con Glovo, hasta que acabes teniendo solo dos o tres actores de economía de plataformas en un sector”. Pero la principal es la precarización: “están intentando sacar beneficios a base de recortar costes laborales, como el famoso informe de Just Eat que pedía no internalizar los servicios de los riders contratándolos porque reduciría beneficios. Van a necesitar perpetuar las mismas las mismas vulneraciones de derechos laborales para poder sobrevivir y van a subir los precios, como ya se ha visto en EEUU en los mismos sectores”.

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