Garzón acerca posturas con los pequeños productores y Stop Ganadería Industrial redobla esfuerzos con una nueva campaña

La campaña por la entrevista al ministro de Consumo en ‘The Guardian’ parece estar dándose la vuelta tras llegar a primera línea el debate sobre los impactos sociales y medioambientales de las macrogranjas en el mundo rural. Castilla-La Mancha aprueba la moratoria para nuevas instalaciones intensivas o ampliaciones de las existentes hasta 2025.
Macrogranjas Segovia - 3
Álvaro Minguito Mcrogranja de cerdos en la provincia de Segovia.

Coordinador de Clima y Medio Ambiente en El Salto. @pablorcebo.bsky.social, pablo.rivas@elsaltodiario.com

13 ene 2022 16:20
El día en que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la moratoria para nuevas macrogranjas y ampliaciones de instalaciones ganaderas intensivas hasta 2025, tal como anunció el pasado 10 de diciembre su presidente Emiliano García-Page, la campaña lanzada desde las patronales de la ganadería y los partidos conservadores contra el Gobierno y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus palabras contra este tipo de plantas industriales parece estar girando 180 grados y poniéndose en contra de sus promotores.

El ministro se ha reunido hoy con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), una organización que, en defensa de la ganadería familiar, siempre se ha posicionado contra las macrogranjas pero que en la polémica se había alineado con las grandes patronales agrarias y había criticado a Garzón, llegando a pedir su dimisión.

La delegación de la organización agraria ha acudido al ministerio con el fin de “zanjar la polémica de estos días” y conseguir que el ministro “apoye una Ley de la Agricultura y Ganadería Familiar y que promueva un etiquetado transparente que ponga en valor el origen de los productos de agricultura familiar”, según apuntaban desde la misma.

López de Uralde: “El debate se ha dado la vuelta hasta el punto de que los propios promotores del bulo han tenido, de alguna manera, que reconocer la problemática de las macrogranjas”

A pesar del tono al que había llegado el debate en los últimos días, la organización explicaba que, con el encuentro, pretendían “seguir colaborando con todos los ámbitos del Gobierno, como es por otra parte habitual en nuestra organización, aportando serenidad en el debate, ofreciendo información precisa sobre la realidad de los diferentes sectores y destacando el compromiso de los y las profesionales de la agricultura y la ganadería con todos los objetivos de desarrollo sostenible”.

Tras el encuentro, el ministro se ha mostrado en sintonía con el colectivo agrario y ha señalado que comparte con UPA “la necesidad de potenciar el consumo local de productos del sector primario así como proteger a la ganadería tradicional frente a las macrogranjas”.

Stop Ganadería Industrial pide “el establecimiento inmediato de una moratoria a la ganadería industrial de al menos cinco años”

Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, declaraba tras la reunión a las cámaras de La Sexta que su organización está “en contra de que impongan macrogranjas en nuestro país porque creemos que eso va a hacer que al final se ponga el duda el modelo tradicional que tenemos”, señalando que el 87% de las explotaciones ganaderas que existen en España son familiares.

Difusión de la problemática

Remedios Bobillo, presidenta de Pueblos Vivos Cuenca, señala a El Salto que, a pesar del mensaje que han intentado trasladar las grandes patronales agrarias, la polémica está resultando favorable a las organizaciones anti ganadería industrial. “A nosotros nos ha venido bien porque por fin se habla del tema”, explica remarcando que las colectivos contra las macrogranjas han realizado en los últimos cinco años cientos de acciones y campañas de protesta para concienciar a la opinión pública, no siempre con éxito.

Respecto a la posición inicial de los pequeños ganaderos, Bobillo ha indicado: “No se puede entender. Lo que se está diciendo es una realidad a nivel científico, y la mejor prueba es la multa que nos pone Europa por contaminar aguas”, dice en referencia a la decisión de la Comisión Europa de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la deficiente aplicación de la Directiva sobre nitratos provenientes de la agricultura y ganadería intensivas.

En el mismo sentido, el diputado por Unidas Podemos y coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, expone que, “en lo que va de semana, da la impresión que hemos dado la vuelta entre todos a este discurso”, en referencia al marco comunicativo impuesto desde los partidos conservadores y “promovido por la industria cárnica”, según afirma. 

Así, para el diputado y presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Transición Ecológica del Congreso, el discurso que se está imponiendo es que “efectivamente, las macrogranjas existen, son lugares de contaminación y bastante indeseables por muchos motivos y que generan mucha oposición vecinal”.

López de Uralde añadía además que “el debate se ha dado la vuelta hasta el punto de que los propios promotores del bulo han tenido, de alguna manera, que reconocer la problemática de las macrogranjas”.

Carta abierta al Gobierno

La plataforma estatal Stop Ganadería Industrial, que aglutina a más de medio centenar de plataformas vecinales rurales de todo el país, ha lanzado hoy una campaña para recopilar adhesiones a una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno de España y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y a los ministros de Transición Ecológica y Consumo y Sanidad. 

El documento expone que, tras “el avance desmesurado y descontrolado de la ganadería industrial, que está contribuyendo a serios impactos ambientales, económicos, demográficos y de salud pública en la España rural”, las organizaciones firmantes solicitan “el establecimiento inmediato de una moratoria a la ganadería industrial de al menos cinco años”, que no permita ni nuevas explotaciones ni ampliaciones de las existentes, paralizando los expedientes actualmente en curso.

Asimismo, exigen evaluación estratégica del sector ganadero, “teniendo en cuenta el impacto acumulado de los diferentes modelos productivos”, y una reducción gradual de la cabaña ganadera en producción intensiva hasta alcanzar un 50% menos de la actual en 2030.

Además de solicitar una reunión conjunta con los cuatro ministerios a los que se dirige la carta, los colectivos ciudadanos piden “la caracterización técnica y la diferenciación a nivel normativo y comercial de la ganadería extensiva a la industrial, para que haya un etiquetado claro y homogéneo que permita a quienes consumen identificar la procedencia y modelo de ganadería de todos los productos alimentarios de origen animal que adquieran”.

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