Ganadería
Un pueblo de Albacete modifica su plan urbanístico para blindarse contra “la madre nodriza de porcilandia”

Pozuelo, un municipio de Albacete de 469 habitantes, puede respirar tranquilo, al menos por el momento. En 2022 la localidad no verá como su población mamífera, que no humana, aumenta en nada menos que 85.000 cerdos, tal como pretendía hacer la cárnica Cefusa-El Pozo.

El Ayuntamiento ha aprobado, en pleno extraordinario, iniciar los trámites de modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM) con el único fin de paralizar por un año la instalación de granjas intensivas porcinas en el municipio. Se trata de “lo único que podía hacer el Ayuntamiento”, tal como señala a El Salto la portavoz de la plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón, Inma Lozano, una organización que, según señala representante, se muestra “satisfecha de que el el Ayuntamiento se haya decidido a dar este paso”.

Cefusa-El Pozo lleva años intentando implantar en la zona todo un área de ganadería industrial. Si en 2017 las cifras eran 140.000 cerdos, con nueve explotaciones y 57 naves en los términos de Pozuelo y Argamasón, el proyecto que la cárnica quiere llevar a cabo en los mismo términos municipales es ahora de 85.000 cerdos y seis explotaciones. El anterior plan fue archivado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras la presión vecinal y los problemas observados con los estudios de impacto ambiental, con el acceso a agua suficiente y con el plan de vertido de purines.

“Tenemos el agua del grifo con 45 miligramos por metro cúbico de nitratos, cuando con 50 el agua ya no se considera potable”, remarca Inma Lozano

Estos últimos, formados por la mezcla de las defecaciones, aguas de lavado y restos de piensos, son el principal miedo de los vecinos, ya que su filtración y vertidos ha  contaminado innumerables acuíferos y cursos de agua en España. “Tenemos el agua del grifo con 45 miligramos por metro cúbico de nitratos, cuando con 50 el agua ya no se considera potable”, remarca Lozano, una posibilidad cuyas probabilidades aumentarían con la instalación de macrogranjas cárnicas y su consiguiente generación y desecho de purines.

Continuidad de un plan suspendido

Tal como explica Lozano, el proyecto ahora paralizado “es el mismo que el anterior, pero un poquito más pequeño, porque mientras presentaron uno y otro, Castilla-La Mancha cambió la normativa de los dos kilómetros [de las instalaciones pocinas] con respecto a núcleo urbano, con lo que tres de los núcleos se les caían porque estaban cerca de mi casa, entre otras muchas: los teníamos a 1,2 km”. El nuevo plan deja algunas de las naves a 2,013 km, según denuncia la plataforma. “Está todo medidísimo para que les cupieran seis explotaciones: cuatro con madres reproductoras y dos de recría con lechones de seis a 20 kilos”.

Los vecinos temen asimismo que una vez los lechones superasen los 20 kilos, “hasta los 80 o 90 que van a matadero, los engorden también cerca, con lo que esto era la madre nodriza de porcilandia”, denuncia la portavoz.

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Ante la presión vecinal, cuya principal protagonista ha sido la plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón —constituída en 2017 a raíz del plan de Cefusa-El Pozo e integrada en Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha—, el Ayuntamiento ha torcido su brazo y, con el anuncio de modificación de de las normas subsidiarias que modifican los usos del suelo, se produce una moratoria de facto de licencias para instalaciones de ganadería intensiva.

En concreto, el Ayuntamiento reconoce que la normativa actual “no protege los modos de vida tradicionales y puede potenciar la implantación y el auge de las explotaciones ganaderas intensivas de todo tipo, que está experimentando un gran desarrollo en los últimos años”. En el mismo texto, el Consistorio reconoce que “a pesar de promover cierto desarrollo económico”, esta práctica industrial “resulta especialmente invasiva en cuanto a impactos generados sobre el territorio y el medio natural”.

Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha espera que el Gobierno estatal “haga una norma que regularice este sector”

Así, el Ayuntamiento señala en el acta del pleno que, “con el objetivo de preservar el suelo rústico protegido de estas transformaciones ajenas a la naturaleza de estos terrenos, pretende introducir una regulación de estas actividades que permita garantizar no solo la preservación de los valores que originaron la protección de los terrenos [...], sino también asegurar que los usos del suelo son congruentes con su utilidad pública, la función social de la propiedad y son acordes con el medio ambiente y natural, garantizando en todo caso la protección del paisaje tradicional”.

Pelota al Gobierno estatal

A pesar de que los cambios que ha anunciado el Ayuntamiento solo afectarían al período de un año, desde la plataforma esperan que en ese tiempo “se haga un cambio de normativa estatal y que ya no encaje un proyecto de estas características en nuestra comarca, porque está visto que no traen nada nuevo: decían que iba a dinamizar la comarca económicamente y se ha visto que no es así”.

Es un planteamiento similar al que ha tomado la Junta de Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García-Page, anunció una moratoria “por tiempo indefinido” para nuevos expedientes de explotaciones ganaderas industriales hasta que no se clarifique la normativa estatal al respecto.

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Stop Macrogranjas Castilla-La Mancha espera que el Gobierno estatal “haga una norma que regularice este sector”, apunta Lozano, “porque este sector no son granjas, necesita una norma específica porque son grandes industrias” de las que, continúa, “no se mide el impacto acumulativo”.