No Somos Delito tacha de maquillaje las propuestas para sustituir la Ley Mordaza

Desde el grupo socialista en el Congreso de los Diputados prevén tener listo para noviembre el nuevo texto de Ley de Seguridad Ciudadana que sustituiría a la Ley Mordaza. Es una de las grandes promesas del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.

En vigor desde el 1 de julio de 2015, la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP supuso la imposición de 285.000 sanciones en su primer año y medio. Contando solo las relacionadas con las faltas de respeto a los agentes de policía, el número hasta desde 2016 y hasta el primer trimestre de 2018 fueron 44.500 sanciones.

Frente al texto aprobado por el Partido Popular, en el Congreso siguen en trámite —desde enero de 2017— dos propuestas presentadas por el PSOE y el PNV. Desde el PSOE han afirmado que están dispuestos a trabajar sobre el texto presentado por PNV para agilizar el trámite.

“Las dos, desde el principio, nos parecen un maquillaje de la Ley Mordaza”, afirma a El Salto Mónica Hidalgo, portavoz de la plataforma No Somos Delito. “Ninguna de las dos nos parece que vaya a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales”, añade.

En cuanto al texto sobre la mesa, el de PNV, Hidalgo destaca que mantiene las sanciones por faltas de respeto a la autoridad, “que es donde más abuso de poder, más casos de mala praxis policial y más recaudación se está dando”.

“Hay muchas acciones que se siguen sancionando y no deberían. Ninguna de las dos propuestas profundiza en lo que debe ser una ley de seguridad ciudadana, que debería garantizar el ejercicio de derechos, no reprimirlo”, continúa la portavoz de No Somos Delito. 

#10PuntosSinMordaza

Desde esta plataforma, han convocado una jornada en el Congreso, para el próximo 5 de julio, invitados por Compromís, donde debatir sobre cómo debe ser el texto que sustituya la actual Ley de Seguridad Ciudadana. El objetivo es dar a conocer un documento de mínimos sobre el que empezar a trabajar. 

Bajo el título #10PuntosSinMordaza, el documento recoge como mínimos que la nueva ley garantice la seguridad jurídica —estableciendo criterios claros y determinados, en contraposición, por ejemplo, del artículo que castiga las faltas de respeto a los agentes de autoridad—, haga efectivo el principio de presunción de inocencia —para ello, los atestados y manifestaciones por parte de la Policía deberían tener la consideración de una denuncia—, mantenga transparencia y garantías en su aplicación, respete el principio de igualdad y no discriminación, y también respete la protección de datos, eliminando el registro de infractores. 

Otros de los puntos hacen referencia a la creación de mecanismos independientes de investigación para reponer los derechos de las personas que sufran arbitrariedad por parte de los poderes públicos. También la defensa de los derechos humanos, entre ellos el de manifestación o expresión, y la prohibición de los castigos físicos —cargas policiales con métodos violentos—. Por último: la prohibición de las devoluciones en caliente —en cumplimiento de la legislación internacional— y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

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