Tres años de leyes mordaza

Cuando la ley mordaza cumple tres años desde su entrada en vigor, los artistas denuncian la censura y la falta de libertad de pensamiento y expresión crítica.

Pensiones leyes mordaza 17 de marzo 2018 4
Las leyes mordaza también han afectado de lleno a la marea de pensionistas. Ambas reivindicaciones confluyeron el 17M. Sara Sda

publicado
2018-06-30 11:45:00

El 1 de julio se cumple el tercer aniversario de la entrada en vigor de las denominadas “leyes mordaza” —reformas de las leyes de seguridad ciudadana, código penal y pacto antiterrorista—.

Según datos publicados en el diario Público, desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se han interpuesto cerca de 48.000 sanciones únicamente en aplicación del artículo 37.4 —faltas de respeto y debida consideración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado—. Este es el caso de Evaristo, vocalista del grupo Gatillazo y excantante de la icónica La Polla Records, que fue sancionado por la Guardia Civil hace menos de un mes tras un concierto. Esta ha sido también la gota que ha colmado el vaso para los artistas que han convocado cuatro velatorios este día 1 de julio —Madrid, Sevilla, Almería y Logroño—.

Represión
Lo siguen llamando democracia y sigue sin serlo
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Siete años después de que un clamor retumbara en las plazas bajo el grito "lo llaman democracia y no lo es”, todo apunta a que la calidad democrática poco ha cambiado.

Desde la plataforma de Artistas para la Libertad de Expresión de La Rioja afirman que “esta situación nos empuja a defender la libertad de expresión y el resto de derechos fundamentales que se están vulnerando, y por tanto, exigir la derogación de los artículos 525 y 578.2 del Código Penal y también a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana”.

El comunicado, que ya cuenta con las firmas de la poeta Carmen Beltrán Falces, la escritora Sonia San Román Olmos o los actores César Vea y Pepe Viyuela entre otros 85 riojanos del mundo de la cultura, anuncia su adhesión a la campaña “#10PuntosSinMordaza” de la plataforma No Somos Delito porque “es una ocasión clave para unirnos y exigir a los grupos parlamentarios que redacten una nueva legislación que proteja nuestros derechos fundamentales para que no se sigan violando los derechos humanos, ni cercenando nuestras libertades”, y convocaba a los riojanos a manifestarse contra la “bochornosa cascada de denuncias, multas, el enjuiciamiento —con la consiguiente condena por delitos de opinión— y la censura de obras artísticas”.

Una derogación que se hace esperar

En el año 2015, Izquierda Unida, Podemos, PNV, Amaiur, ERC y Compromís firmaban un compromiso para derogar o reformar de forma íntegra la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana cuando la correlación de fuerzas políticas lo permitiera. Pese a no estar presente en esta firma, el PSOE repitió como un mantra en campaña electoral que derogaría de forma completa e inmediata la polémica ley. También en campaña electoral Ciudadanos prometió del mismo modo que esta norma debía ser derogada. No obstante, tras más de tres años en vigor —dos con una correlación de fuerzas políticas que podrían tumbarla—, la ley continúa recaudando una media de tres millones de euros al año y las dos reformas paralizadas por el Partido Popular en el Congreso han sido duramente criticadas por “no cambiar nada”.

Libertades
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Cuando se acerca el tercer aniversario de la aprobación del texto definitivo de la conocida como ley mordaza en el congreso diferentes colectivos y plataformas se dan cita para exigir la derogación de una ley que fue polémica desde sus inicios.

En este marco se encaja la Jornada Parlamentaria de debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana organizada por No Somos Delito el próximo día 5 de julio. Con ella, la plataforma pretende abrir un debate donde recoger las propuestas de colectivos, organizaciones, movimientos y personas de la sociedad civil para la redacción de una legislación que garantice el libre ejercicio “de nuestros derechos y libertades individuales y colectivas”. También tiene como objetivo “denunciar y contextualizar la actual situación de vulneración de derechos en el Estado, donde habrá cabida también para una visión internacional sobre la situación”, afirman desde la plataforma.

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