Ley de Vivienda
La ley de Vivienda se abre paso a la espera de una última concesión del PSOE

El superaño electoral que acaba de comenzar, se sabe, será menos prolífico en materia legislativa. El armado de listas, los actos proselitistas y la campaña electoral consumirán mucha energía y tiempo de los partidos en el territorio. De ser las generales en noviembre, habrá casi cuatro meses del año, además del receso de verano y de invierno, en los que las Cortes Generales verán minimizada su actividad.

“Es 2023 y el Congreso lo sabe” podría ser el texto de un meme de Whatsapp, y no escaparía a la realidad. Las fuerzas progresistas, en especial Unidas Podemos (quien desde la esfera pública más ha dado voz al reclamo de la Ley de Vivienda), son conscientes de esto y también los colectivos que luchan por viviendas dignas y contra la especulación en los precios. Es hora de apretar el acelerador.

También lo sabe Moncloa y todo el PSOE: el proyecto de ley se encuentra entre los varios hitos —así los llaman en el argot de Bruselas— comprometidos con la Comisión Europea para recibir los últimos tramos de los llamados fondos de reconstrucción tras la pandemia. Otro de los retos, que lo tendrá incluso más difícil en el hemiciclo, es la reforma de las pensiones que sigue intentando sacar adelante el ministro Escrivá.

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Sobre el final del año, con el super ciclo electoral que se abre en febrero, el PSOE y UP tensan la cuerda sobre qué proyectos prometidos en el acuerdo de investidura se aprueban y cómo. Vivienda, Mordaza, Trans y Bienestar Animal, ejes del entuerto. La crisis entre Yolanda Díaz y Podemos, de poca ayuda.

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Quienes están a cargo de las negociaciones de este proyecto insignia por parte del Gobierno son el Ministerio de Transportes (un híbrido que ha quedado tras la reforma del otrora todopoderoso Fomento), a cargo de la exalcaldesa Raquel Sánchez y el de Derechos Sociales, conducido por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Pero la aritmética parlamentaria hace que en esto también haya un ida y vuelta constante con Esquerra Republicana y EH Bildu.

Sin los soberanistas catalanes y vascos, la ley no verá la luz nunca. A favor está que en este caso particular las posiciones con Unidas Podemos son prácticamente las mismas. Resta saber la posición de los seis escaños del PNV: se han manifestado en contra varias veces pero podría especularse con una posible abstención. Los legisladores de Más País, BNG y Compromís (suman cuatro) se decantarían por el voto positivo.

Después de la resignación de 2022 ante algunas leyes prometidas que no pudieron ser aprobadas (otras promesas de investidura sí, como la ley Trans), en los últimos días del año y los primeros de enero los socios del Gobierno de coalición dejaron trascender que había acercamiento de posiciones con respecto a la ley de Vivienda. Un guiño también lo representó el hecho de que se prorrogara por seis meses, con la vicepresidenta Yolanda Díaz exigiéndolo públicamente, el tope de 2% de alquiler ya aprobado el año pasado por la inflación derivada de la invasión a Ucrania.

“Ha habido acercamientos en las últimas semanas, hay que reconocerlo, pero es verdad que todavía falta un elemento muy importante que tiene que ver con la regulación de los precios en aquellas zonas tensionadas”, ha afirmado Pablo Echenique

Cabe recordar que el anteproyecto de Vivienda salió del Consejo de Ministros en segunda vuelta en febrero del año pasado, impulsado por Transportes y con la firma de la ministra Belarra también, y ha recibido nada más ni nada menos que 860 enmiendas por parte de los socios de investidura. Estaba centrado sobre todo en los inmuebles de alquiler, aunque Unidas Podemos planteó en el segundo semestre que se incluya la prohibición de desahuciar a familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional e incorporar pisos ahora en propiedad del “banco malo” al parque público de vivienda. Este hecho provocó molestia en el grupo Socialista, porque se quejaron que un Gobierno no se enmienda a sí mismo cuando algo sale del Consejo de Ministros. “Ellos hicieron lo mismo con la ley Trans”, responden los morados. Culebrones de socios.

Los avances han sido admitidos públicamente. “Ha habido acercamientos en las últimas semanas, hay que reconocerlo, pero es verdad que todavía falta un elemento muy importante que tiene que ver con la regulación de los precios en aquellas zonas tensionadas”, ha explicado en RNE este jueves el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, para evitar las “subidas abusivas”, que son “inasumibles” para los inquilinos.

Dos días antes, aunque más cauta, la ministra Raquel Sánchez dijo en rueda de prensa que las negociaciones estaban en la “recta final con los grupos parlamentarios” para incorporar “mejoras” y enfatizó: “Dijimos que queríamos aprobar una ley que no tuviera grietas jurídicas, que nos diera máxima seguridad para que luego no se viera llena o rodeada de numerosos recursos judiciales que pudieran hacer debilitar esa eficacia que pretendemos de la ley. Pero hay que respetar competencias de las comunidades autónomas, es una línea roja que nos autoimponemos”.

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La ministra de Vivienda vuelve a priorizar la seguridad jurídica de los propietarios en la negociación de la nueva ley. Se celebran en Madrid y Barcelona dos Congresos de los principales especuladores del sector.

Entre las cuestiones más complejas están no sólo el límite a los precios del alquiler (que el PSOE ya asumió que debe hacerse) sino a quiénes y cómo hacerlo. También la ampliación del parque público de vivienda, la posible prohibición de los desahucios de familias vulnerables y la definición de “grandes tenedores” de vivienda. En este último punto es donde habría acercamiento: PSOE proponía definirlo como un propietario de 10 inmuebles y UP que sea de unos cinco. Parece que estará en el medio.

Una verdadera gasolina al motor de la aprobación la ponen los sindicatos de inquilinos, que se reunieron en diciembre con la vicepresidenta Díaz y hacen constantes manifestaciones para impulsar el proyecto. En conversación con El Salto, la portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona, Carme Arcarazo, afirma que es cierto que “hay prisa por cerrar esta ley porque saben que a partir de abril no se va a aprobar ninguna” aunque lamenta que todavía se está “lejos de llegar a un acuerdo”.

“La ley de Vivienda tal y como ha ido avanzando, basada en el anteproyecto, es una ley que no es efectiva para bajar los alquileres, está bien que el PSOE haya admitido que hay que regularlos y que hace falta poner límites. Sin embargo, tal y como está redactada es ineficaz. Hay tantos agujeros que si se aprobara esto como está, los precios seguirían subiendo en un año, porque permite subidas de hasta 10%, pensadas para incentivar las reformas pero esos incrementos no están condicionados a una inversión”, explica.

Además, señala que no funcionará contra la especulación si las bajadas “no son obligatorias para todos”, y que por ahora solo lo serían para los grandes tenedores en las zonas tensionadas. “Las bajadas deberían ser en el caso que haya habido subidas abusivas, la idea es pinchar la burbuja y contener los precios. No nos importa que un tenedor de 20 viviendas baje el precio si no ha sido abusivo”, aclara. También recalca un matiz: “En el mundo de la vivienda no hay inspectores, como en el mundo del trabajo, en donde hay quienes ven si las reformas se cumplen. Por tanto hace falta tener leyes claras y si las llenas de excepciones no sirve. No pedimos que se baje el precio según las rentas y salario del barrio, que es como debería ser, sino sólo que baje al precio medio de mercado en zonas tensionadas”.

“La ley de Vivienda tal y como ha ido avanzando, basada en el anteproyecto, es una ley que no es efectiva para bajar los alquileres, está bien que el PSOE haya admitido que hay que regularlos y que hace falta poner límites. Sin embargo, tal y como está redactada es ineficaz”, afirman desde el Sindicat de Llogateres de Barcelona

Cuando se menciona las zonas tensionadas hay vario criterios para definirlas y eso será importante en la aplicación de la ley. Arcarazo explica que un criterio puede ser que los alquileres superen 30 por ciento el salario promedio del distrito, o que se hayan subido 2 puntos por encima de la inflación los precios. Pero alerta: “Hay problemas sobre cómo se va a plantear esto en el texto, hay que ir con cuidado porque llegamos a 10% de inflación y hemos hecho cálculos y según los criterios del anteproyecto, Barcelona podría quedar fuera de la regulación”. También recuerda que desde el Sindicat están exigiendo que se incluya que los honorarios que se paga a la inmobiliaria los asuma el propietario, básicamente porque el inquilino acaba pagando un servicio a alguien que le sirve a otra parte.

Cuando se le pregunta sobre qué cree que ocurrirá con la ley, responde: “Creo que se tiene que aprobar porque lo que se le está pidiendo al PSOE son puntos asumibles, deberían poder ceder. No se pide nada del otro mundo, son enmiendas técnicas, no estamos en el campo ideológico, ellos ya han aceptado que hay que regular los precios”.

Divergencias antes del parto

El PSOE, como todo partido grande, tiene varias almas. En cada tema, en cada disputa. El proyecto de Viviendas no es la excepción. De hecho, aunque ahora se exhiba más distante, la propia ministra Raquel Sánchez cuando era alcaldesa de la ciudad catalana de Gavà aprobó una regulación de alquileres por cinco años más.

Pero entre los socialistas el referente en temas de vivienda, muy escuchado al interior del partido (aunque muy poco en los medios) es el exalcalde de Barcelona, Joan Clos, quien trabaja en el comité de dirección de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (ASVAL). Un hombre fuerte del PSOE, parte de una patronal que hace lobby en contra de esta ley y que está enfrentado a los colectivos sociales. En septiembre pasado el Sindicato de Inquilinos de Madrid irrumpió en un acto en el que hablaría sobre vivienda y le hizo un escrache, de hecho.

Entre los socialistas el referente en temas de vivienda es el exalcalde de Barcelona, Joan Clos, quien trabaja en el comité de dirección de la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (ASVAL)

En tanto, fuentes del soberanismo parlamentario preguntadas por El Salto respondieron que “a día de hoy se sigue negociando, no hay nada cerrado” y recalcan que tanto los catalanes como los vascos están de acuerdo en prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y regular los precios. Recalcan, de todas formas, que los avances son mayores que con respecto a la ley Mordaza, más empantanada.

El Gobierno quiere sacar adelante esta ley en enero. Por eso ha pedido a la presidencia del Congreso que habilite este mes la ponencia de Vivienda, dentro de la comisión de Transporte. Habrá más negociaciones y podría haber buenas noticias, aunque en año electoral, ni los soberanistas ni Podemos quieren mostrarse claudicando en medidas que son, casi, de sentido común.

En el mientras tanto, los fondos buitres y grandes tenedores de inmuebles actúan y operan en las sombras. Resta ver si el PSOE ve en esto una última concesión, de las varias que ha hecho, para congraciarse con el electorado progresista a pesar de los ladrillos que caerán desde los medios conservadores. Pedro Sánchez entra en penalties, veremos hacia dónde lanza la bola.