La semana política
Las leyes y los pisos

En el cine: dentro de las historias cruzadas de En los márgenes (Juan Diego Botto, 2022), la que protagoniza el actor Font García hace explícita algunas de las miserias escondidas de la crisis habitacional que existe en España desde, al menos, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En una escena breve, quizá sin la tensión dramática de los momentos más duros de la película, Germán, el personaje que encarna García, llega a su piso compartido después de deslomarse en una obra en la que trabaja sin contrato. En la sala de estar —no llega a la categoría de salón— sus compañeros de piso se divierten con un videojuego.

Puede que en otro momento hayan sido sus amigos. Aparentan ser personas con las que el protagonista se tomaría una copa o dos, con quienes en algún momento incluso podría tener una conversación un poco más profunda que hablar del Clásico, de las fiestas que nos pegábamos o de lo viejos que somos ahora. La realidad en la que transcurre la vida de ese personaje lleva a pensar, sin embargo, en que vivir en esa casa, compartir piso a los cuarenta y muchos es el síntoma de un fracaso que se vive como personal. No se trata de los compañeros, si son más majos o más limpios, se trata solo de estar obligado a tenerlos. Al verlos, el protagonista acumula unos pocos grados de fatiga y se dirige a la nevera, donde busca algo en una balda en la que está etiquetado su nombre. De ahí a una habitación que, como toda la casa, como todas las casas de la película, parece una herramienta que aprieta los engranajes humanos en lugar de liberarlos, aunque sea durante unas horas.

La derrota de Germán es la derrota de los miles de emprendedores que quedaron tirados por el camino: el final de un negocio que sale mal dentro de un negocio mayor, una estafa que sale bien porque él, y muchos como él, participan como víctimas sin saberlo. Quizá curra sin contrato porque cada euro que gana por lo legal estará destinado a pagar una deuda que el banco ya recuperó hace tiempo en una de las rondas de rescate. Probablemente vivirá lo que le queda de vida en pisos en los que no figurará nunca como arrendatario. Sabe que no tendrá una casa en su puta vida. En la vida real las segundas oportunidades no existen si eres pobre. 

La historia de Germán deja de ser una ficción cuando termina la película. Es el cotidiano de una masa de personas anónimas que quizá tienen un cuarto propio —mal ventilado y pequeño, pero una habitación al fin y al cabo— y sin embargo han sido arrollados por la violencia del mercado de la vivienda: desahuciadas, ocupas, pendientes de lanzamiento, subarrendadas, apelotonadas, pasando frío. En bragas.

En la tele: el sábado, en un programa de La Sexta, el economista Gonzalo Bernardos ataca verbalmente a una joven que cuenta cómo, aunque está perfectamente adaptada a lo que el mercado de trabajo pide de ella, le está siendo imposible alquilar una vivienda para vivir sola en Madrid. 

El economista del establishment, que tiene solo unos pocos años más que ese personaje de En los márgenes, no consigue entender por qué las generaciones adversarias —todas las que vienen después de la suya— se resisten a ser meros engranajes, simples peones en el sistema productivo.

A lo largo de la semana no faltará quien defienda a Bernardos en las redes sociales apelando a la ley de la oferta y la demanda, como si no hubiese casas vacías, como si hablar del mercado como una ley explicase algo. Son, sobre todo, hombres de su quinta, que piensan que se trata de un problema generacional: de la pasta con la que estamos hechos unos y otros. Y aunque lo generacional no lo explica todo, sí hay algo que está relacionado con eso: un alquiler que en 1997 representaba el 28% del salario promedio exigía casi siete de cada diez euros en 2020; en este tiempo el acceso a la propiedad también se ha averiado. Pero no se trata de la pasta de la que están hechos unos y otros, sino solo de la pasta que mueve un mercado fuera de control como el inmobiliario.

Seguridad jurídica

En los despachos: se sigue negociando una posible Ley de Vivienda. El día 19, El Confidencial publica una entrevista con la ministra, Raquel Sánchez. Los entrevistadores cuentan cómo, de motu proprio, Sánchez interrumpe una disertación sobre lo que falló en el sistema en 2008 para “con voz firme” lanzar un mensaje lleno de convicción sobre la sensibilidad del Gobierno a los derechos de los propietarios. “Es muy importante solucionar el problema de la vivienda en nuestro país, pero en un marco que dé seguridad jurídica y que también proteja el derecho a la propiedad”, dice la titular de Vivienda más adelante.

El PSOE ha mostrado pocas dudas a lo largo de la legislatura sobre cuáles son sus prioridades. En la mesa de negociación ha puesto sus líneas rojas en la cuestión de la alternativa habitacional en caso de desahucio —el Ministerio quiere seguir dejando en manos de los Tribunales la ejecución del desahucio, aunque eso suponga que las familias se vayan a la calle— y en dos aspectos del mercado del alquiler. Son, primero, la declaración de áreas tensionadas, que el PSOE quiere desactivar con unas condiciones que hagan imposible de facto las limitaciones de precios en los barrios más afectados por el alza de precios, y en segundo lugar la limitación de los topes de precio a los grandes propietarios, que los Sindicatos de Inquilinos quieren extender a todos los arrendadores como forma de cerrar el máximo número de vías a la especulación. Además, el Ministerio quiere dar una carencia de 18 meses a los grandes fondos para la aplicación de los topes de subida, lo que deja un año y medio la puerta abierta a nuevas subidas abusivas de las rentas.

A esta hora del sábado, la ley lleva camino de morir en esos puntos y, si no lo hace, los tribunales amenazarán con rematarla en el nombre de la seguridad jurídica. Como ya pasó este marzo en Catalunya. Los movimientos de vivienda, sin embargo, no desfallecen.

En la calle: acciones. La semana de lucha empieza en Barcelona, en el evento The District, un congreso internacional inmobiliario. Queda mucho por explotar y a esa fiesta está invitado todo el sector: fondos buitres,  de inversión, los bancos reincidentes, los nuevos vehículos de inversión, los emprendedores que emprendieron porque ya tenían la pasta, y los chiringuitos que han formado todos los actores anteriores. Se habla mucho en inglés, el idioma del bussiness.

Los platos principales del banquete de los especuladores no se resignan a serlo. Durante una hora, los Sindicatos de Vivienda de los barrios de Barcelona, el de Llogateres, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, colapsan el congreso. En Plaça Espanya son empujados por los Mossos d’Esquadra. Una mujer que participaba en la acción sufre un ataque epiléptico. El jueves hay otra acción en Barcelona, donde a esta altura del año se han producido ya 600 desahucios más que en 2021.

El movimiento de Madrid toma el relevo el miércoles. Varias decenas de personas se concentran delante del restaurante Fortuny Home Club, en el barrio de Almagro. Impiden la reunión de David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, con los representantes de Blackstone, el fondo que controla más de 20.000 viviendas en España.

Blackstone es la estrella invitada del Congreso de Servicing Inmobiliario, que reúne a los grandes trituradores de arrendatarios que operan en el país. Son ellos los que diseñan el concepto de seguridad jurídica que el PSOE quiere garantizar, quienes ganan de la concepción de la vivienda como un peaje que los jóvenes deben pagar para demostrar de la pasta que están hechos. Los fondos saben que hay una pugna en la que solo pueden triunfar unos y perder otros. Que se trata de que no haya segundas oportunidades para los pobres y de que las primeras oportunidades se rijan exclusivamente por la ley de la oferta y la demanda, una ley tan imaginaria como la ley de la selva.