Gobierno de coalición
Así torpedea el PSOE varias leyes de Podemos

El 29 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba el Anteproyecto de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. Ese mismo día, estaba previsto que el Consejo de Ministros diera luz verde también a la Ley de Familias, que acumula ya sucesivos retrasos. Pero no fue así.

Pese a que ha sido la Ley Trans la que ha provocado los conflictos más visibles entre los dos partidos del Gobierno de coalición, son varios los proyectos legislativos que el PSOE ha utilizado para subrayar quién es el socio mayoritario del Gobierno y, en ocasiones, cuestionar el trabajo de Unidas Podemos.

Pedro Sánchez se abrió este martes por primera vez a “hacer ajustes técnicos” en la Ley de libertad sexual, una postura con la que contribuye a poner en duda el trabajo del Ministerio de Igualdad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ahondaba en esta actitud durante el acto de conmemoración de los 44 años de la Constitución, este 6 de diciembre. Y es que, tras defender en la últimas semanas que serán la Fiscalía y el Tribunal Supremo quienes tengan que resolver la polémica de las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales por la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, Sánchez se abrió este martes por primera vez a “hacer ajustes técnicos”, un cambio de actitud con el que contribuye a poner en duda el trabajo del Ministerio de Igualdad, que enfrenta durísimas críticas desde que se conocieron las primeras rebajas de condenas.

A preguntas de los medios, Sánchez también mantuvo que el PSOE mantendrá las enmiendas que ha presentado al texto de la Ley Trans, un total de 37, bajo el argumento de la “seguridad jurídica” que ha utilizado la socialista Carmen Calvo para cargar contra la autodeterminación de género.

Ley de Trata: Justicia humilló a Igualdad ignorando su texto

La aprobación de la Ley de Trata el 29 de noviembre lanzaba un mensaje de normalidad según el cual el trabajo conjunto de los socios de Gobierno cristalizaba en la aprobación en Consejo de Ministros de una ley contenida en el acuerdo por el cual se llegó el gobierno de coalición. 

El acuerdo alcanzado a finales de 2019 y que dio lugar al primer gobierno de coalición se pronunciaba en estos términos: “Se aprobará una Ley Integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, basada en los derechos de las víctimas, que incorpore medidas de prevención y persecución de estas redes criminales, además de medidas de protección y de recuperación integral de estas mujeres y niñas”.

En marzo de 2021, el Ministerio de Igualdad anunciaba que había iniciado los trabajos para la elaboración de una Ley Integral Contra la Trata. Aseguraba entonces que se abordaría “una regulación integral del fenómeno” y que “la trata de personas es un crimen que no es neutral en términos de género”, ya que “afecta a las mujeres de manera desproporcionada, no solo por registrar la mayor parte de las víctimas, sino porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual”. El marco que acompañaba al proyecto era el del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Entre los días 19 de abril y 8 de mayo de 2021, Igualdad mantiene abierto el plazo de consulta pública y, a finales de 2021, PSOE y Unidas Podemos anuncian que presentarán de forma conjunta en enero la nueva Ley contra la Trata. Sin embargo, cuando el Ministerio de Igualdad remite el texto elaborado a Justicia, este ministerio no se pronuncia sobre el texto de Igualdad y, semanas después, responde con otro texto alternativo, que es el que finalmente va al Consejo de Ministros.

Según explica Moncloa, este anteproyecto parte de un encargo de la propia ministra de Justicia a una comisión especial constituida dentro de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia y ha sido coordinado por los ministerios de Igualdad, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Interior y Justicia, con aportaciones de otros nueve departamentos. El anteproyecto se presenta como una forma de abordar de manera integral la explotación, “desde la sexual y la laboral al tráfico de órganos”.

Para Igualdad, la propuesta de Justicia es insuficiente y no responde a lo planteado en origen. Además, explicita que se han quedado fuera varios aspectos que consideraban relevantes, como laposibilidad de acreditar a las víctimas de trata sin necesidad de interponer previamente denuncia o colaborar con un procedimiento judicial.

Ley de Familias: más de un año de espera

El mismo día en el que Pilar Llop presentaba la ley de trata, Ione Belarra publicaba en su cuenta de Twitter un vídeo en el que acusaba al PSOE de retrasar la Ley de Familias, que el Consejo de Ministros tenía previsto ver ese mismo día. 

Según el Ministerio de Derechos Sociales, la ley está redactada y lista para ser elevada al Consejo de Ministros desde hace casi un año. Durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, se acordó que sería aprobada en algún Consejo de Ministros del mes de octubre. Unidas Podemos anunció entre las medidas de esta ley una renta crianza de 100 euros por hijo y la equiparación de las familias monomarentales con dos hijos o más a las familias numerosas y acumulación del permiso del segundo progenitor —con la posibilidad de transferirlo a familiares de hasta segundo grado—, un permiso retribuido por cuidado de siete días y un permiso de ocho semanas hasta que el hijo o hija cumpla 8 años. 

Unidas Podemos cedió a rebajar el permiso de cuidados de siete a cinco días y también a la acumulación de permisos de nacimiento para familias monomarentales, pero la Ley de Familias sigue sin entrar en el Consejo de Ministros

El coportavoz de Podemos Javier Sánchez aseguró en rueda de prensa el 24 de octubre que eran dos puntos, el permiso de siete días y la acumulación del permiso del segundo progenitor a familias monomarentales, los que están provocando “resistencias” en Hacienda. Para salvar las resistencias y lograr que la ley llegara al Consejo de Ministros, Unidas Podemos hizo dos renuncias: accedió a rebajar el permiso de cuidado de a cinco días y renunció a la acumulación de permisos para las familias monomarentales pese a los pronunciamientos judiciales que lo avalan. La prioridad es que la norma llegue en primera vuelta al Consejo de Ministros.

Un nuevo retraso en la ley de familias pone en alerta a las familias monomarentales

Patricia Reguero Ríos

Cuidados

Cuidados Un nuevo retraso en la ley de familias pone en alerta a las familias monomarentales

Patricia Reguero Ríos

PSOE y Podemos pactaron enviar la norma a trámite en octubre, pero el último Consejo de Ministros no incluyó este punto. Seis tribunales superiores se han pronunciado ya a favor de sumar los permisos del segundo progenitor, una de las principales demandas de las organizaciones de familias monomarentales.

Pero estas renuncias no han sido suficientes. Ione Belarra acusa el PSOE de provocar ese nuevo retraso con “argumentos que son incomprensibles”. “Somos conscientes de que somos dos fuerzas (...) pero creo que el consenso en torno a la protección de las familias debería ser un signo de unidad de este Gobierno”, decía en Twitter.

Unidas Podemos no entiende el retraso y asegura que siguen a la espera de que Presidencia tenga a bien incluir en el orden del día la aprobación de la Ley de Familias. 

Ley Trans: 37 enmiendas del PSOE  

Hasta el 31 de octubre de este año, los desencuentros en torno a la Ley Trans venían a subrayar más bien el choque entre diferentes sectores socialistas que se hizo explícito en junio de 2020, cuando se conoció un documento interno del partido que ahondaba en el argumentario contra la autodeterminación de género, un principio que vertebra los artículos de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI). El desencuentro alcanzaba otro hito cuando, en febrero de 2021, Carmen Calvo aseguraba que la autodeterminación de género podría poner en riesgo “los criterios de identidad del resto de 47 millones de españoles” —es decir, de toda la población española—.

En junio de 2022, el Consejo de Ministros aprueba remitir a las Cortes Generales el proyecto en un texto que fusiona las leyes Trans y LGTB. Aunque Igualdad presentó inicialmente estas leyes como proyectos separados, los borradores se fusionan finalmente y esto sirve para desbloquear una ley que sí mantiene como principio vertebrador la autodeterminación de género para las personas trans.

Sin embargo, el 31 de octubre el PSOE presenta 37 enmiendas a la misma ley a la que había dado el visto bueno en el Consejo de Ministros. Dos de estas enmiendas contradicen directamente lo planteado por los colectivos de personas trans: la referida a personas menores, ya que se pide que entre los 12 y los 16 años deban contar con un permiso judicial para oficializar el cambio de la mención registral al sexo —el texto inicial indica esto para menores de 12 y 13 años, mientras que a los de 14 y 15 años les bastaría el consentimiento de sus padres o tutores—. La segunda es sobre la reversibilidad del proceso y pretende que, cuando una persona quiera revertir el proceso una vez formalizado, deba presentar igualmente el aval de un juez. 

El PSOE ha presentado 37 enmiendas a la misma ley a la que ha dado el visto bueno en el Consejo de Ministros; de ellas, dos son relativas a la autodeterminación de género

Para sacar adelante esas enmiendas, el PSOE necesitaría recabar el apoyo del PP, algo que se presenta complicado ya que los populares están frontalmente en contra de la ley y, de hecho, presentaron enmienda a la totalidad. El PSOE insiste en que se trata de otorgar solidez jurídica a una ley que previsiblemente se enfrente a recursos de inconstitucionalidad por parte de PP y VOX. 

El 28 de novimebre la ministra de Igualdad, Irene Montero, afeaba al PSOE el “no querer un acuerdo” para la ley trans y recordaba de la posibilidad de que “los votos de PSOE y PP se puedan sumar, como ya pasó con otras tramitaciones legislativas, para que se produzca un recorte de derechos”. Sus declaraciones provocaban la respuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien recordaba a sus socios de Gobierno que la ley se puede tramitar gracias a su partido. “Cualquier otro comentario está fuera de lugar”, advertía.