Laboral
A la calle por 12 días de baja después de 35 años trabajando en Casa/Airbus

Después de más de 35 años trabajando para Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima (CASA), integrada ahora en Airbus, Antonio Barce, de 58 años, fue despedido el viernes de 15 de junio por la dirección de la planta de Puerto Real, en Cádiz. La empresa decidió aplicar el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores, porque Barce había acumulado dos bajas médicas cortas superiores al 20% de su jornada. Son 12 días de baja justificada por dolencias relacionadas con la actividad, explica su compañero Juan Antonio Guerrero, secretario general de la sección sindical de CGT en Airbus.

Barce, justifican sus compañeros, se encontraba en proceso de recuperación de una serie de dolencias osteomusculares que habían conllevado una intervención quirúrgica. Tras varios años con dolencias en un hombro y artritis en la muñeca —relacionadas con actividades como la aplicación de sellantes en los aviones—, la empresa decidió ejecutar un despido sin preaviso.

Por este motivo, sus compañeros iniciaron una movilización para obtener una solución al caso de Barce el mismo día del despido mediante un paro de la planta. Desde el mismo día 15 hasta el 22 se llevaron a cabo paros por parte de toda la plantilla y las subcontratas, y el 5 de julio los sindicatos llevaron a cabo una manifestación en Puerto Real para exigir condiciones dignas para su compañero y el paso a plantilla de otros 14 trabajadores de ETT no renovados por la dirección. Son contratos temporales que no han sido renovados después de 23 meses y 30 días trabajados en la planta, un día antes de que la empresa estuviese obligada a incluirlos como eventuales en caso de mantenerlos en la planta.

Desde el lunes 9 de julio, la plantilla ha instalado una acampada frente a la factoría de Airbus. Un campamento en el que permanecen entre ocho y diez personas durante el día y media docena durante las noches, y al que se unen unos 30 trabajadores durante las paradas técnicas, explica Guerrero. Hasta el momento, el comité interempresa ha acordado que se pague el 95% y el 100% de sus derechos sociales como solución "de carácter social" de tipo excepcional, pero la empresa se niega a pagar los seguros sociales hasta su jubilación, motivo por el que se mantiene la acampada.