La semana política
Yemen

Ataques y bombardeos sobre Gaza. El new deal es eso que pasa sin que cambie un centímetro la política de apoyo sin fisuras por parte de Occidente a la violencia desatada por Israel. En poco menos de cinco días se superan los cien palestinos muertos, 28 niños. A miles de kilómetros se extiende la sensación de impotencia. La pandemia ha convertido al internacionalismo en un objeto político aún más extraño. La solidaridad con Palestina se activa, inasequible al desaliento. Nunca se ha desactivado. Es uno de esos movimientos que funciona al margen de las modas políticas y la coyuntura del momento. Resistiendo a la impotencia de vivir a demasiada distancia de los bombardeos. Resistiendo al rodillo informativo del Estado israelí.

Si se trata de Yemen, en cambio, se encuentra silencio. Tal vez en esas cinco letras se halla un misterio, o la respuesta a una pregunta que no nos hacemos. Tal vez ese nombre es un signo de todo aquello que está tan lejano de nuestro día a día que no parece ni siquiera de nuestro mundo. La solidaridad con Yemen es un reflejo del antimilitarismo. Hay una dificultad añadida: aunque cualquiera sabe emitir un juicio sobre el conflicto palestino-israelí, la guerra de Yemen es esa pregunta que no nos hacemos y una respuesta que permanece herméticamente sellada. 

Desde el pasado 11 de mayo, el periodista Pol Pareja, en eldiario.es, ha detallado cómo los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez han favorecido los intereses militares saudíes durante el conflicto de Yemen

La muerte, sin embargo, es la última página en ambos casos. Un fin, un número más, tras una serie de calamidades y desgracias: el miedo, el hambre, el desplazamiento, la muerte de familiares y la destrucción de infraestructuras. La destrucción de la sociedad. En Gaza y en la ciudad de Hodeida, el esquema es ese.

Gaza, Yemen señalan directamente ese no poder hacer nada, la imposibilidad de cambiar el mundo desde una modesta esquina periférica de Europa. Con una diferencia: el Gobierno de izquierda ha sido responsable de una cuota de muerte en Yemen.

Desde el pasado 11 de mayo, el periodista Pol Pareja, en eldiario.es, ha detallado cómo los gobiernos de Mariano Rajoy, por acción, y Pedro Sánchez, por omisión, han favorecido los intereses militares saudíes durante el conflicto de Yemen. La trascendencia de la información no ha sido mayúscula. Vivimos a demasiada distancia, hay una coraza emocional demasiado gruesa, como para que la venta de morteros y el entrenamiento militar de soldados saudíes arrastren responsabilidades políticas. El escándalo, sin embargo, debe quedar subrayado, como mínimo, a efecto memorialístico. 

Mientras todos los países occidentales, incluido Estados Unidos, han desautorizado la venta de armas a Riad como consecuencia del conflicto de Yemen, España ha seguido tanto oficialmente como bajo la alfombra vendiendo material que ha sido usado en la guerra, considerada ilegal por Naciones Unidas. Una guerra que ha provocado 233.000 muertes, la mayoría por factores como el hambre o la falta de servicios y material sanitario. Además, el proveedor de armas no se limitó a la venta sino que llevó a cabo varias sesiones de entrenamiento para el uso de las armas en campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza), que es propiedad del Ejército de Tierra.

Cuando Sánchez descubrió lo complejo que era todo

El domingo 16 de mayo se cumple un año de la muerte de Julio Anguita, con sus claroscuros, el referente de la izquierda española en los años 90 y 2000. Entre sus frases, una advertencia: “La izquierda puede ser impotente frente al crimen, pero no puede alabar el crimen”. La izquierda española no puede nada contra la violencia de Israel o Arabia Saudí, pero al menos no debería ser cómplice. Algo así debió de barruntar Pedro Sánchez en los primeros días de su mandato. El 3 de septiembre de 2018, el Ministerio de Defensa desautorizaba la venta de 400 bombas de precisión a la Coalición Saudí. Xiana Méndez, secretaria de Estado de comercio anunciaba en aquellos días “alguna medida” en la línea del resto de países europeos para detener la exportación de bombas a Arabia Saudí.

Aquello, no obstante, se detuvo. El pretexto, una manifestación de los trabajadores de Navantia. Mohammed Bin Salman, señor de la guerra, príncipe heredero, había dado órdenes de interrumpir el contrato para la construcción de cinco corbetas. La plantilla de los viejos astilleros Bazán salió a protestar. 

Durante la crisis diplomática de septiembre-octubre de 2018 se atribuye a Juan Carlos I una llamada telefónica para “mediar” en el conflicto diplomático desatado con Riad

Nunca la protesta de unos trabajadores tuvo efecto tan rápidamente en el Consejo de Ministros. Se restituyó la venta de armas, Sánchez habló del interés nacional y de la complejidad de la política y hoy, casi cuatro años después, Navantia ya ha concluido tres de los cinco barcos —especialmente dotados para un bloqueo naval, es decir, preparados para desabastecer cualquier punto costero del enemigo— y aspira a ganar el contrato de dos buques anfibios.

“Este es un claro ejemplo de la complejidad de la política”, explicó Sánchez el 24 de octubre de 2018. Las informaciones reveladas esta semana añaden complejidad. O tal vez aclaren el significado del interés nacional al que aludía Sánchez.

Abril de 1996. Felipe González tiene una conversación telefónica con Adolfo Suárez. El líder del PSOE ha perdido las elecciones. Nada nuevo en política. El problema es otro. José María Aznar está formando esos días su primer Gobierno. Para Defensa suena Rafael Arias Salgado, quien lleva algunos días comunicando su intención de levantar las alfombras, que en resumen se traduce en entregar a la justicia papeles del CESID, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Papeles considerados aún hoy secretos oficiales. En España no se desclasifica ni el papel higiénico. González involucra a Suárez en la misión de impedir que Arias sea nombrado ministro. Y le sugiere un nombre: Eduardo Serra, “un hombre de mi confianza y de la tuya, y a quien el rey [Juan Carlos I] ve con buenos ojos porque él también le debe algunos favores”, interpreta o transcribe Jesús Cacho en 1999 (El precio de la libertad, ed. Foca).

Conexión Borbón

Serra Rexach, Eduardo. Abogado del Estado, nacido en Madrid en el año 1946. Ministro de Defensa en la primera legislatura de José María Aznar. Antes, secretario de Estado de Defensa durante cuatro años de dos gobiernos del Partido Socialista. Antes, subsecretario de Defensa con la Unión de Centro Democrático. Entre 2001 y 2005, presidente del centro español de estudios y análisis estratégicos, Real Instituto Elcano. Actualmente preside el think tank Fundación Transforma España. También preside Everis, la consultora que negoció en secreto la venta de 250 morteros, la tecnología para usarlos y 175.500 proyectiles explosivos. Por encima de todo eso, ínclito súbdito del rey Juan Carlos I.

Durante la crisis diplomática de septiembre-octubre de 2018 se atribuye a Juan Carlos I —rey “emérito”, hoy en Abu Dabi como consecuencia de sus escándalos de corrupción— una llamada telefónica (El Confidencial Digital dice que al monarca Salman bin Abdulaziz al Saud) para “mediar” en el conflicto diplomático desatado con Riad tras el anuncio de Defensa de desautorización para la venta de 400 bombas tipo MK.

El telón de fondo de la llamada eran las corbetas de Navantia. Pero no solo. También el tren de alta velocidad Medina-Meca, la ballena blanca cazada por el empresariado español tras años de persecución. Un desastre de sobrecostes aún irresuelto para el que es necesaria la benevolencia del régimen saudí. Eso o la ruina de algunas de las empresas metidas en ese desierto. El AVE Medina-Meca símbolo, también, de la corrupción de la casa Borbón, hacia la que apuntan tres comisiones de 280 millones de euros. Una de esas comisiones desmontó el castillo de naipes en torno a la Fundación Lucum y llevó al actual monarca, Felipe VI, a “romper” con su padre y renunciar a su herencia un año después de conocer, presuntamente, su papel como beneficiario del dinero pagado desde Riad a las cuentas de Lucum.

Un mes después de que Sánchez admitiese la complejidad de la política en el Congreso, la agencia Reuters difundió la fotografía de Juan Carlos I departiendo amigablemente con Mohamen bin Salman, el príncipe heredero, durante el premio de Fórmula Uno de Abu Dabi. 

Ese mismo año, la secretaría de Estado de Comercio, bajo dirección socialista, solo reportó una décima parte de lo vendido a Arabia Saudí. Las bombas vendidas por Everis, la compañía de Eduardo Serra, y su filial, la fabricante NTGS Ventura Defense, pasaron aparentemente bajo el radar de la junta encargada de la autorización de venta de armas, JIMDDU.  

La diplomacia desde la Zarzuela había tenido éxito, se dijo entonces. Los negocios estaban a salvo. Esta semana, la pregunta que corresponde no es tanto saber cómo la diplomacia del régimen consiguió salvar los contratos de Navantia sino qué información tiene Arabia Saudí para conseguir que el bipartito español siga alabando sus crímenes. La respuesta a esa pregunta aparece sellada, es un arcano que se remonta muy atrás en el tiempo. Las consecuencias de ese secreto largamente guardado estallan en Yemen, donde ya han muerto 233.000 personas.