Las ONG valoran el “cambio de tendencia” en la venta de armas de España a Arabia Saudí e Israel

Un día después del anuncio de la paralización de la venta de 400 bombas a Arabia Saudí, una representante del Gobierno ha recibido a las asociaciones englobadas en la campaña Armas Bajo Control. Sobre la mesa de la secretaría de Estado de Comercio, la demanda de medidas concretas de control de la venta de armas y la exigencia de la paralización de la exportación a Arabia Saudí e Israel, “por la violación del derecho internacional” de la que son responsables, según Sara del Río de Greenpeace, una de las ONG de la campaña.

El 3 de septiembre, la Cadena Ser avanzaba que el Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles no autorizaba una operación de 9,2 millones de euros acordada por Pedro Morenés y los representantes de Arabia Saudí y ya abonada por el gobierno de Riad. Con ese paso —el primero dado por España desde que comenzó la guerra entre Arabia Saudí y Yemen— las ONG destacan “un cambio de tendencia” con respecto al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que sistemáticamente esquivó las reuniones con la sociedad civil organizada en torno a las demandas de cumplimiento del derecho internacional —y de la Ley de Exportaciones aprobada en 2007— para la prohibición de la venta de armas a países en conflicto con terceros.

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Del Río ha admitido que las ONG se muestran “expectantes”, después de que la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, avanzase que el Consejo de Ministros profundizará el viernes en ese cambio de tendencia mediante “algún tipo de medida en esta línea”, aunque la representante de Greenpeace recalca que no tienen “ningún tipo de información” sobre las deliberaciones que llevará a cabo el Ejecutivo.

Alemania, Noruega, Finlandia, Bélgica o Países Bajos ya han anunciado que dejarán de suministrar material bélico a Arabia Saudí, un Gobierno acusado de crímenes de guerra en Yemen, donde las cifras de muertos en el conflicto oscilan entre las 6.000 y las diez mil.

Junto a la paralización de la venta a Arabia Saudí e Israel, la campaña Armas Bajo Control reclama que el Gobierno ponga fin “al secretismo” que rodea a las decisiones de exportación de material militar y de doble uso. Un secretismo que hurta a la opinión pública las actas y deliberaciones de la junta interministerial encargada de la autorización de las exportaciones, la JIMDDU (Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso).

En este sentido, la plataforma en la que se engloban Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón, piden que el Gobierno revoque la decisión de 1987 de tratar como secreto de Estado las deliberaciones en torno a la exportación. Una medida adoptada por el Gobierno de Felipe González ante las preguntas del antiguo Centro Democrático y Social y de Izquierda Unida respecto a la venta de material militar a Iraq.

Desde la campaña se insiste en la buena noticia de lo que parece ser un cambio de sensibilidad en comercio de armas, aunque se piden medidas específicas que la afiancen, tanto en el Consejo de Ministros del próximo viernes como en la reunión que la JIMDDU debe llevar a cabo el próximo 19 de septiembre.

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