La Rioja
Logroño podría adjudicar el espacio central de las fiestas a un ultra condenado por asociación ilícita

El pasado 19 de agosto el Ayuntamiento de Logroño publicó la adjudicación de la gestión de la Terraza de San Mateo, un espacio central en las fiestas patronales de la ciudad. El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, mostró su satisfacción ante la única oferta recibida y defendió que la explotación del recinto recaerá en “un profesional del sector” que garantizará un “éxito” en la coordinación con casas regionales, la Federación de Peñas y asociaciones vecinales.
Aunque el Ayuntamiento no ha confirmado aún de manera oficial la identidad de la empresa adjudicataria, tanto el medio local NueveCuatroUno como elDiario.es han señalado a Boal Eventos como la única candidata. Según su organigrama, esta sociedad está administrada por Borja Benito Marín y Alejandro García Laya. El primero cuenta con un amplio historial de condenas por delitos de odio y violencia de extrema derecha, además de haber sido presidente de la asociación neonazi Nueva Época en Logroño.
Un largo historial de palizas y una condena por asociación ilícita
En 2015, Benito Marín fue condenado a dos años de prisión por un delito de lesiones con agravantes racistas y xenófobas, en un procedimiento que documentaba diversas agresiones previas. Entre ellas, el ataque a un menor por portar una camiseta antifascista, insultos y golpes a jóvenes migrantes o la persecución de vecinos de origen extranjero. Años antes, en 2012, ya había acumulado sentencias condenatorias por delitos de lesiones en distintos episodios de violencia.
La Audiencia Provincial de Logroño juzgó en 2018 a ocho de sus integrantes, que reconocieron el delito de asociación ilícita. Entre ellos se encontraba Benito Marín
La trayectoria de Benito Marín se enmarca en la actividad de Nueva Época Logroño, asociación fundada en 2013 y presentada formalmente como entidad cultural y deportiva. Sin embargo, la Fiscalía acreditó que actuaba como tapadera de un grupo neonazi implicado en enfrentamientos violentos contra colectivos migrantes, antifascistas y okupas, y con conexiones con organizaciones de ultraderecha como Blood & Honour o el Movimiento Social Republicano (MSR).
La Audiencia Provincial de Logroño juzgó en 2018 a ocho de sus integrantes, que reconocieron el delito de asociación ilícita. Entre ellos se encontraba Benito Marín, señalado en la memoria fiscal como “el personaje más caracterizado” del grupo, pese a haber abandonado formalmente la presidencia de la asociación. La sentencia impuso penas de dos años de prisión, seis meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 2 euros diarios durante doce meses. Ninguno de los condenados ingresó en prisión, al quedar las penas suspendidas, salvo uno de los acusados que ya cumplía condena por otra causa.
Pese a la gravedad de los hechos, la condena por asociación ilícita no implicó prisión efectiva para Benito Marín, que ha podido continuar su actividad empresarial sin obstáculos legales
Ese acusado era Alejandro Ruiz Vidal, condenado a largas penas de prisión por el apuñalamiento múltiple de cinco personas en Lleida. En aquel ataque, ocurrido en 2013, participó también Borja Benito Marín, según consta en las diligencias previas del juicio por asociación ilícita y diversas informaciones periodísticas. Tal y como se publicó en Diagonal, un grupo de encapuchados abordó a un joven racializado, que se despedía de su pareja en plena calle, al grito de “negro de mierda, te vamos a matar”. La víctima fue agredida con arma blanca en dos ocasiones y tuvo que ser atendida por traumatismos craneal y torácico.
Pese a la gravedad de los hechos, la condena por asociación ilícita no implicó prisión efectiva para Benito Marín, que ha podido continuar su actividad empresarial sin obstáculos legales. El contraste entre el discurso institucional de profesionalidad y solvencia, y el historial de violencia neonazi de uno de los administradores de la empresa señalada como adjudicataria, abre un debate sobre la ausencia de filtros en los procesos de contratación pública.
La designación de Boal Eventos, aún no confirmada oficialmente, se produce en un contexto en el que las fiestas de San Mateo son presentadas como espacio de convivencia ciudadana. La eventual gestión de este recinto festivo por una empresa administrada por un dirigente neonazi condenado pone en cuestión la diligencia institucional y revela hasta qué punto la ultraderecha logra mantener presencia en ámbitos normalizados de la vida pública.
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