La Ingobernable
El Supremo sentencia que Almeida desalojó ilegalmente La Ingobernable

El Ayuntamiento de Madrid estaba fuera de la legalidad para desalojar el centro social La Ingobernable el 13 de noviembre de 2019 y, aún sabiéndolo, procedió por causas ajenas a sus competencias al desalojo. Eso es lo que señala la sentencia del Tribunal Supremo que avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que dio la razón el pasado junio de 2020 a La Ingobernable, lo que fue recurrido por el gobierno del Partido Popular.

El Tribunal Supremo, confirmando la sentencia del TSJM, establece que una entidad pública como el Ayuntamiento de Madrid no tiene potestad para desalojar a un espacio de su propiedad si este está cedido a una entidad privada (en este caso la fundación Ambasz), siendo la entidad privada quien debe iniciar en todo caso los procedimientos judiciales correspondientes.

La sentencia supone la constatación a nivel judicial de que La Ingobernable tenía razón cuando denunció que el Ayuntamiento de Madrid por motivo del desalojo

En una providencia, resolución firme en la que no cabe recurso, concreta que “inadmite a trámite el recurso de casación preparado por el Ayuntamiento de Madrid por falta de fundamentación suficiente y por carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en los términos en que ha sido articulado por la parte recurrente”. Dicha sentencia supone la constatación a nivel judicial de que La Ingobernable tenía razón cuando denunció que el Ayuntamiento de Madrid por motivo del desalojo.

“El desalojo nunca se debió ejecutar”, afirma con rotundidad Naomi Abad, abogada de La Ingobernable. La resolución del Tribunal Supremo, al inadmitir a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia que estimó el recurso del Centro Social, “confirma sin género de dudas que el desalojo del Centro Social La Ingobernable fue contrario a derecho”, sentencia la abogada.

“Los intereses partidistas están por encima de la legalidad, las garantías del derecho y el bien común”, afirman desde La Ingobernable

Desde el centro social apuntan al papel fundamental que tuvo La Ingobernable en la campaña electoral del Partido Popular. “Almeida desalojó La Ingobernable porque era una de sus promesas de campaña”, explica Alberto Martínez, portavoz del centro social, que especifica que “la administración tenía que esperar una sentencia del TSJM que les iba a impedir desalojar el proyecto, por lo que así vemos cómo los intereses partidistas están por encima de la legalidad, las garantías del derecho y el bien común”.

Esta sentencia implica también la constatación de que sí que se produjeron daños irreparables al desalojar La Ingobernable sin esperar a la sentencia del TSJM, por lo que “ahora tendremos que ver cómo se pueden indemnizar esos daños”, dice Martínez. La sentencia del TSJM contemplaba que los “perjuicios son indemnizables si se llegara a estimar la pretensión deducida por la parte recurrente” dejando la posibilidad a La Ingobernable de investigar cómo se podrían paliar los daños irreparables por la vía, por ejemplo, de una reclamación patrimonial.

“En el momento que se desalojo ocurrían en el interior del edificio doscientas actividades mensuales y habían pasado por él 130.000 personas en dos años de vida”, explican desde el colectivo. Dos años y medio después del desalojo, el edificio que un día albergó centenares de actividades y que fue desalojado sigue vacío.