Justicia
Las Marchas de la Dignidad protestan por la lentitud judicial en materia social en Andalucía

Ya venían acumulando retrasos, y la pandemia los ha incrementado. Así, en Sevilla, se están llegando a programar juicios para la resolución de conflictos laborales en 2025. Luis Ocaña, abogado laboralista de Autonomía Sur, está llevando una demanda “muy normal” de una trabajadora que ejerce como administrativa para Emasesa. El motivo de la demanda es “si el contrato es temporal o indefinido” y fue presentada en octubre de 2020. La fecha de la primera actuación judicial tras presentar la demanda “ha sido señalada para enero de 2025”.

“Esto no es un caso aislado”, como indica Ocaña, y así lo refleja el Consejo General de la Abogacía. En un comunicado publicado en febrero de 2021, advierte: “El parón judicial producido por la pandemia durante el primer estado de alarma ha desembocado en un atasco judicial que ya se preveía, especialmente en los juzgados de lo social, que se encuentran cada vez más desbordados también por causas laborales provocadas por la situación sanitaria”. Una situación “inadmisible” para el Colegio de Abogados de Córdoba, con demandas presentadas en 2020 sin todavía haberse señalado entonces una fecha para la vista o ni siquiera haber sido admitidas a trámite, o “intolerable” para el Colegio de Abogados de Granada —donde se han señalado juicios para 2023— por el hecho de cercenar “el derecho de los ciudadanos a acceder a una tutela judicial efectiva y no sufrir indefensión”.

Miguel Montenegro (CGT-A): “Hay casos por despidos, por concreción horaria por cuidado de hijos e hijas y personas mayores o de vulneración de derechos fundamentales y que se están yendo a dos o tres años”

En un caso hipotético, podría ocurrir que una persona sea despedida, que presente una demanda contra la empresa por ese despido y que, cuando el juicio llegue a celebrarse, la sentencia finalmente lo declare nulo. ¿Qué ocurre mientras? Que esa persona “quedaría despedida en situación de desempleo”, indica Ocaña, con dos años de prestación como máximo. Es un caso hipotético, pero ya se están comenzando a producir algunos similares, afirma Miguel Montenegro. El secretario general de CGT-A, presente en la concentración celebrada en Sevilla, sostiene que “hay casos por despidos, por concreción horaria por cuidado de hijos e hijas y personas mayores o de vulneración de derechos fundamentales y que se están yendo a dos o tres años... está pasando a diario”.

La crisis sanitaria agudiza los problemas de una justicia colapsada

Núria Garrido

Coronavirus

La crisis sanitaria agudiza los problemas de una justicia colapsada

Núria Garrido

Profesionales del ámbito judicial advierten que la crisis del coronavirus ha agudizado los problemas que ya tenían antes y que habrá un colapso en los tribunales con consecuencias para los más vulnerables.

Caro Garrido, trabajadora del 112, lo ilustra en su situación personal “muy problemática” en diciembre de 2019: “Ante la petición a la empresa para que me respetara una concreción horaria, ignoraron esa situación y me vi obligada a presentar un demanda ante el juzgado de lo Social. Ese juicio se señaló para celebrarse en febrero de 2021. El día del juicio, la jueza dijo que dado que había pasado tiempo, era preferible hacer una nueva petición a la empresa para actualizar los datos y que luego se señalaría la fecha para celebrar el juicio. Con tal sorpresa de que, después de presentar ese nuevo escrito, con toda la situación justificada de certificados médicos, de padres, hermanos, hospitalizaciones y una situación bastante grave, nos señala el juicio para febrero de 2023”. La sensación para esta trabajadora es de “una situación de indefensión terrible”.

Luis Ocaña (abogado laboralista): “Vulnera lo que está previsto en la Ley reguladora de la jurisdicción social, que establece unos plazos muy concretos”

Esta deriva judicial que se está produciendo “vulnera lo que está previsto en la Ley reguladora de la jurisdicción social, que establece unos plazos muy concretos que, en teoría, deben de ser de días, semanas o, a más tardar, de meses, pero en ningún supuesto de varios años”. El abogado Luis Ocaña lamenta que “eso hace que la justicia pierda el sentido”.

En ese aspecto coincide Rafael Polo, portavoz de las Marchas de la Dignidad de Sevilla. Para él, “hay una cuestión muy clara: las leyes, si no se cumplen, no funcionan” y se pregunta “para qué tenemos un Estado de derecho si esas leyes no se van a cumplir”. Sin cifras exactas, en cuanto al número de personas afectadas por estos plazos, se remite a lo que le trasladan los sindicatos: “hay muchas casos; dependiendo de la provincia, están citando en 2023, 2024, 2025... eso es tremendo”. Apunta al panorama del fin de los ERTE, y considera que “la justicia en el terreno de lo social no está preparada para dar una respuesta a esta avalancha de despidos”.

“La clase trabajadora estamos indefensos ante la judicialización de las relaciones laborales porque la justicia no está dando esa respuesta inmediata que se requeriría”. Miguel Montenegro, de CGT-A, concluye que “una justicia tardía no es justicia”.