Justicia
El informe contra Infancia Libre planea sobre el juicio por sustracción a María Sevilla pese a su archivo

María Sevilla, la madre que se ocultó con su hijo durante dos años —desde marzo de 2017 hasta que el 30 de marzo de 2019 la Policía la detiene en su domicilio— tras denunciar abusos sexuales contra su hijo por parte de su progenitor, responderá en el juicio que arranca hoy en el Juzgado de lo Penal Número 23 de Madrid a las acusaciones de sustracción de menores y abandono.

La Fiscalía pide tres años y medio de prisión y otros cinco de inhabilitación de la patria potestad por un delito de sustracción de menores. Por su parte, la acusación particular añade al delito de sustracción la acusación de abandono familiar y pide cuatro años de prisión por el delito de sustracción y seis meses por abandono familiar, además de la retirada de la patria potestad por un período de seis años. 

La defensa de María Sevilla pedirá la absolución, al considerar que no existe ninguno de estos delitos. “Consideramos que no concurren los elementos ni del delito de sustracción de menores ni del abandono familiar”, explica a El Salto Vicente Tovar, abogado de María Sevilla. 

Sobre el delito de sustracción, el abogado considera que no se da por motivos técnicos —María Sevilla tenía la custodia en el momento en el que se ocultó con su hijo, por lo que no concurren las circunstancias para este delito—. Sobre el abandono, la única prueba es el informe de la Policía, dice Tovar, que recuerda que es la misma unidad de Policía que redactó un informe que trataba de acusar a Infancia Libre de organización criminal, plagado de contradicciones y archivado por la Fiscalía. 

“Buscamos una libre absolución y creemos que tenemos muchas probabilidades de ganarlo”, dice Tovar.

La sombra de Infancia Libre 

María Sevilla tendrá que enfrentarse no solo a la acusación de sustracción y abandono, sino también a las secuelas de una campaña mediática contra varias mujeres de la asociación Infancia Libre a raíz de que una investigación de la Unidad Adscrita de la Policía a los Juzgados de Plaza de Castilla. Esta unidad recabó durante meses información que supuestamente apuntaba a que Sevilla y a otras mujeres utilizaron una asociación, Infancia Libre, para denunciar en falso a sus exparejas, contando para ello con la ayuda de diferentes profesionales.

Tovar espera que los informes sean valorados de manera independiente y recuerda que el informe con el que la acusación particular trata de justificar el abandono fue redactado por la misma unidad cuyo informe no resistió el análisis minucioso de la Fiscalía. El “ánimo sesgado” que había en el informe contra Infancia Libre, mantiene, se da también en el informe con el que la acusación trata de justificar el supuesto abandono, pues lo redacta la misma unidad que protagonizó el dispositivo que cumplió la orden judicial de detener a María Sevilla. “Cuando detienen a María montan un dispositivo como si fuesen a detener terroristas: va mucha Policía, montan un espectáculo y han un informe tendencioso”, recuerda Tovar, que asegura que la familia estaba perfectamente pese a que se transmitió que vivían en condiciones pésimas. “Estaban ocultos pero no encerrados ni mucho menos mal atendidos”.

Un caso que empieza en 2012 

Los antecedentes del caso contra Sevilla se remontan a 2012. Entonces, María Sevilla fue demandada por su expareja y se abrió un juicio de familia. En dicho juicio, y tras el testimonio de María, la Fiscalía pidió que se investigara a su expareja “por si los hechos fueran constitutivos de un delito”, como explicó en su declaración del 29 de noviembre, cuando fue citaba por la Fiscalía, que entonces valoraba si abrir o no causa contra Infancia Libre.

A partir de ahí, se abrió un camino marcado por juicios de familia —hasta nueve— en los que poco a poco se iban ampliando los derechos del padre. De visitas en un punto de encuentro pasó a conseguir finalmente la custodia, algo que ocurre en 2017, después de que María decidiera incumplir la sentencia. Al mismo tiempo, la madre iba recopilando informes médicos para probar los abusos sexuales. De hecho, diversos partes e informes a los que tuvo acceso El Salto acreditan que existían indicadores para sospechar que se habían producido estos abusos.

El 30 de marzo de 2019, un grupo de policías de la Unidad Adscrita al Juzgado de Plaza de Castilla irrumpió en el domicilio de María Sevilla, que vivía junto a su hijo, su pareja actual y otra hija en común. El niño fue entregado al padre y Sevilla quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de su hijo.

Tras esta detención se sucedieron las de Ana María Bajo y Patricia González, en ambos casos con gran repercusión mediática. La versión más extendida presentaba a estas mujeres como unas “secuestraniños” pese a que esta versión contenía graves contradicciones, la primera de ellas el hecho de que la organización Infancia Libre no existía cuando se denunciaron por primera vez los abusos sexuales contra los hijos de estas mujeres.

Tras esta campaña, la Unidad de la Policía Adscrita a los Juzgados entregó un informe a la Fiscalía de Madrid. Según pudo saber El Salto, este informe incurría en varios errores y contradicciones. De hecho, en enero de 2020, la Fiscalía concluyó que no existían datos objetivos para abrir una causa.

Tras este archivo, el caso de María Sevilla ha seguido su cauce como caso particular, del mismo modo que lo hace el de Patricia González, quien también se ocultó durante varios meses junto a su hija y está aún a la espera de señalamiento de una fecha para el juicio.

Sin ver a su hijo  

En mayo de 2018, ambas mujeres denunciaban en este medio que llevaban más de un año separadas de sus hijos. En el caso de Sevilla, esta situación se produce pese a que la Audiencia Provincial de Madrid autorizó las visitas a su hijo en un Punto de Encuentro. La Audiencia concluía que “no hay elementos que permitan atisbar peligro para el hijo de María Sevilla como consecuencia del contacto con su progenitora”, por lo que rechazaba el recurso del padre contra el régimen de visitas.

El abogado de Sevilla llama la atención también sobre este aspecto. “No tiene sentido, porque podía haber justificado su negativa en el miedo a que se lo volviera a llevar, pero en un punto de encuentro donde las visitas son vigiladas eso no puede ocurrir”, concluye el abogado.