Insumisión
La insumisión en Extremadura

Teníamos apenas 20 años recién cumplidos o todavía por cumplir. El eco de los pasos del movimiento anti-OTAN aún resonaba en las plazas y avenidas donde se hicieron las grandes manifas, en las carreteras de acceso a las bases yanquis que se cortaron durante las marchas, en los murales de las paredes que reivindicaban un mundo en paz, contrario a su división en dos bloques enfrentados y armados nuclearmente hasta los dientes.

Éramos los hermanos menores de quienes exigieron al PSOE cumplir su promesa de convocar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, y aprendimos pronto que todo había sido un engaño, una farsa con preguntas ambiguas que establecían tres condiciones para pertenecer a la mayor maquinaria de guerra jamás inventada: no participación en la estructura militar de la Alianza Atlántica; prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español; reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

33 años después de aquel referéndum amañado de 1986, ganado el SÍ por los pelos, ninguna de esas tres condiciones se ha cumplido, tal y como refleja el informe Treinta preguntas sobre la OTAN. Treinta años después del referéndum, elaborado por el Centre Delás D´Estudis per la Pau, que se puede descargar de Internet. No solo fue un engaño, una felonía del PSOE que ganó las elecciones de 1982 con el lema “OTAN, de entrada no”, sino que además, desde entonces, se ha dado apoyo logístico a bombardeos en nuevas guerras y al secuestro de personas con destino a campos secretos de tortura y aniquilación.

El miércoles 14 de noviembre de 1990 se presentaron voluntariamente en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Cáceres los dos primeros insumisos en Extremadura: José Antonio Martín Jiménez como insumiso al SMO, y José María García Espada a la Prestación Social Sustitutoria

Pero el árbol comenzó a dar sus frutos. El 20 de febrero de 1989 cincuenta y siete objetores de conciencia en búsqueda y captura, prófugos por no haberse incorporado al ejército en su llamada a filas, se presentaron públicamente en el Estado español para expresar su desobediencia al servicio militar obligatorio (SMO). La insumisión había comenzado.

Casi un año y medio después, el miércoles 14 de noviembre de 1990 se presentaron voluntariamente en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Cáceres los dos primeros insumisos en Extremadura: José Antonio Martín Jiménez como insumiso al SMO, y José María García Espada a la Prestación Social Sustitutoria (PSS).

El primero, José Antonio, era de Jaraíz de la Vera, tenía 19 años y debía haberse incorporado a filas el 7 de noviembre de 1989 en el Cuartel de Instrucción de Marinería de San Fernando de Cádiz. El segundo, José María, era de Ciudad Real y le había tocado hacer la PSS (el castigo que se imponía a quien se declaraba objetor de conciencia) en la residencia de ancianos del INSERSO de Jaraíz de la Vera.

El gobierno de Felipe González nos había metido de lleno en la primera guerra del Golfo, una guerra que pudimos seguir por televisión orquestada por el presidente estadounidense Bush (padre), cuyo único interés era el control del petróleo en Oriente Medio. Apenas un mes antes, una veintena de personas nos manifestamos frente al Gobierno Civil de Cáceres en protesta por el envío de buques de guerra españoles, que incluía a 150 soldados de reemplazo que se encontraban en ese momento haciendo la mili en Cádiz. Fue el comienzo del intervencionismo español allende nuestras fronteras. La campaña de presentación pública de estos dos jóvenes insumisos fue llevada a cabo, fundamentalmente, por dos organizaciones extremeñas: el MOC y la FREGA.

Una veintena de personas nos manifestamos frente al Gobierno Civil de Cáceres en protesta por el envío de buques de guerra españoles, que incluía a 150 soldados de reemplazo que se encontraban en ese momento haciendo la mili en Cádiz

El MOC estatal, que vertebraría el movimiento de desobediencia civil y militar, había surgido entre el 8 y el 9 de enero de 1977, cuando como respuesta al decreto sobre Objeción de Conciencia del gobierno Suárez, que regulaba esta última por motivos religiosos, se reúnen en Madrid unas 75 personas procedentes de distintos puntos del Estado español (entre ellos 23 objetores en situación de prófugos) y se crea el Movimiento de Objetores de Conciencia. Dos días después, el 11 de enero, realizaron una acción a modo de presentación en la plaza de España de Madrid. Quien desee conocer todos estos avatares, desde que se creó el MOC hasta que se acabó en España con la mili obligatoria, cuyo caballo de paz (no de batalla) fue la insumisión, puede leer el libro En legítima Desobediencia, tres décadas de objeción, insumisión y antimilitarismo, editado por el MOC y Traficantes de sueños en 2002.

En Extremadura el MOC, ya con el nombre de Movimiento de Objeción de Conciencia, aglutinaba a miembros de diversa procedencia y pertenencia política o adscripción ideológica, sobre todo residentes en Cáceres, con dos objetivos claros: el desarrollo del antimilitarismo como principio de una cultura de paz, y el derecho a la objeción de conciencia mediante diversas estrategias, como llegó a ser la insumisión, después de dar una respuesta clara a los intentos del Estado español de regular dicho derecho mediante subterfugios que lo desvirtuaban de su verdadero significado. Hubo muchos colectivos que compartieron estos objetivos con el MOC (MiliKK, Kakitzat, FIJL y otros) pero hay que reconocer que fue el movimiento que vertebró la lucha por la abolición del servicio militar obligatorio y que logró difundir y asentar el ideario de la no-violencia en buena parte del activismo posterior español. De aquel movimiento surgieron diversas entidades que trabajarían por el cumplimiento universal de los derechos humanos, y es el germen de las movilizaciones que ha habido en España contra las guerras del Golfo, de la antigua Yugoslavia, Palestina, Chechenia, Afganistán, Irak, Libia, Siria y Yemen. En Extremadura daría paso a la fundación de la Escuela Educar para la paz en 1994.

La FREGA, Federación Regional Extremeña de Grupos Anarquistas, fue fundada en una reunión en el local de la CNT de Mérida, en el alto del restaurante La Tahona, calle Alvarado, 5, en una sala bajo una magnífica reproducción del cuadro El cuarto estado de Pelliza da Volpedo, el 16 de junio de 1990. Estaba constituida inicialmente por cinco grupos libertarios: el Kolektivo Anarkista Revolucionario de Almendralejo (KARA), el Colectivo Libertario “Aikrana” de Cáceres, el Colectivo Libertario “Okupación” de Don Benito, el Colectivo Libertario de Mérida y el Grupo Anarkista “VALDEA” de Villafranca de los Barros. Un poco más tarde se adhirieron el Kolektivo Autónomo “MOFA” de Montijo, el Colectivo Desobediente Libertario (CDL) de Villanueva de la Serena y el Kolektivo Anarkista Guerrillero de Badajoz (KAGB). Entre los objetivos de trabajo de esta federación (“campo de lucha”, como se definía), que llegó a tener sus propios estatutos, estaban el ecologismo antinuclear (en colaboración con la Coordinadora Antinuclear Extremeña), el antimilitarismo (conjuntamente con el MOC), el feminismo, el NO-92 (protesta contra la celebración del Quinto Centenario de la llegada de Colón a América y en contra de la Exposición Universal que se estaba preparando), el apoyo a presos y otros muchos relacionados con el ámbito libertario. Aunque todo se decidía mediante asambleas mensuales, el grupo coordinador era el de Cáceres, AIKRANA, cuyo nombre, leído al revés, dice ANARKÍA.

En Extremadura el MOC, ya con el nombre de Movimiento de Objeción de Conciencia, aglutinaba a miembros de diversa procedencia y pertenencia política o adscripción ideológica, sobre todo residentes en Cáceres

El artículo 30 de la Constitución española reconocía y reconoce el derecho a la Objeción de Conciencia, si bien establece que la ley puede imponer una prestación social sustitutoria o servicio civil para quien no realice el servicio militar obligatorio. Esto suponía un castigo para quien deseaba ejercer la objeción, dándose el caso de que dicha PSS, establecida por la Ley de Objeción de Conciencia (LOC) de 1984 y de aplicación real a partir de 1989, duraba tres meses más que la mili y ocupaba puestos de trabajo en empresas privadas (colaboracionistas) y administración pública, lo que era considerado como una explotación laboral de mano de obra barata. Tampoco reconocía el Estado la llamada objeción sobrevenida, pues la LOC no permitía que una persona se pudiera declarar objetora una vez iniciado el servicio militar, lo que era considerado como deserción y juzgado en consejo de guerra. Por último, se establecía el CNOC (Consejo Nacional de Objeción de Conciencia), un tribunal encargado de decidir quién podía ser o no ser objetor, juzgando la conciencia de cada cual.

Entre 1958 y 1976 fueron encarcelados en España 285 objetores, en penales militares, la inmensa mayoría de ellos objetores por motivos religiosos, testigos de Jehová. También hubo objetores por motivos éticos, como Pepe Beunza, Rafa Rodríguez y Jordi Argulló. Entre esos presos y por motivos religiosos estuvieron los extremeños Rodolfo Salvador Fuentes, natural de Mérida, y Fernando Cordero Najarro, natural de Badajoz. La pena oscilaba entre seis meses y tres años, con la salvedad de que una vez cumplida eran obligados de nuevo a hacer la mili.

Sin embargo, frente a esos 285 objetores presos en casi 20 años, muchos de los cuales salieron libres con la Ley de Amnistía de 1976, desde este año hasta poco después de diciembre de 2001, fecha en que se da por abolido el Servicio Militar Obligatorio en España, serían muchos más los objetores e insumisos encarcelados en España por motivos éticos y políticos, bajo un régimen que se autodenominaba “de libertades y en democracia”.

El PSOE, entonces en el gobierno, se cebó con aquella represión, con ministros como Antoni Asunción (Interior), Julián García Vargas (Defensa), Juan Alberto Belloch (Justicia), etc. Intentaron relacionar el movimiento insumiso con el terrorismo de ETA, tildándonos de “extravagantes” y antisociales. Quien esto escribe recuerda las declaraciones del entonces Presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien al ser preguntado en una entrevista de Televisión Española sobre qué pensaba acerca de los insumisos, dijo que éramos unos “insolidarios” que no queríamos prestar ningún servicio a la sociedad.

Aún así, el apoyo social era cada vez mayor. En Extremadura, a la presentación de los primeros insumisos en noviembre de 1989, le siguieron muchas otras, que recabaron el apoyo de numerosos sectores. A las revistas que nos llegaban de fuera de contenido pacifista (En pie de paz, Mambrú, Mocador, La PuÇa y el general), sumanos las que hacíamos nosotros mismos, a base de máquina de escribir, dibujos a mano y tirada en fotocopias, tales como El general no mola (MOC de Cáceres, dos números) , Aikrana (colectivo libertario de Cáceres, 12 números entre 1989 y 1992), Hojas por la paz (Plataforma cacereña por la paz), El boletín del MOC, Martes de carnaval (ambas del MOC de Cáceres), La bellota mekánika (Badajoz) y otras muchas de estilo fanzine.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien al ser preguntado en una entrevista de Televisión Española sobre qué pensaba acerca de los insumisos, dijo que éramos unos “insolidarios” que no queríamos prestar ningún servicio a la sociedad

El gobierno disponía continuas medidas que trataban de acabar con la desobediencia y restar el apoyo social que aumentaba para la insumisión. Los juicios pasaron de la jurisdicción militar a la civil, y los condenados dejaron de cumplir condena en cárceles militares para pasar a cumplirlas en cárceles civiles. La represión y la intimidación, de carácter muy selectivo, fue aumentando conforme crecía la desobediencia. Como botón de muestra, cabe decir que a menudo salíamos de casa y encontrábamos un coche de vigilancia de la policía nacional cuya matrícula ya conocíamos, y nos solía seguir hasta donde fuéramos, o pasábamos horas retenidos en dependencias de la policía de las estaciones de autobuses y trenes, con la excusa de que estaban comprobando nuestra documentación, después de registrar nuestro equipaje. En ocasiones íbamos a institutos u otros centros a dar charlas de difusión y cuando salíamos nos encontrábamos en la puerta del mismo al siempre triste inspector que nos pedía nuestro carnet. Incluso el CSID, hoy día Centro Nacional de Inteligencia, llegó a hacer informes sobre la insumisión y cómo desmantelarla.

Para la presentación y defensa en los juicios contábamos con la colaboración altruista y comprometida de algunos abogados y abogadas. En la provincia de Cáceres el abogado más implicado fue Juan María Expósito (ya activista en su momento con el movimiento anti-OTAN), y en la de Badajoz José Manuel Corbacho. A la defensa jurídica se unía una muy lograda campaña de apoyo que comenzaba con las autoinculpaciones (un documento-denuncia presentado ante el juez o jueza por personas allegadas al insumiso o significativas en el que declarábamos que le habíamos convencido para que desobedeciera y que, en consecuencia, queríamos ser condenados a la misma pena), hasta ocupaciones de sedes del PSOE, oficinas de la Administración Pública, concentraciones, manifestaciones, huelgas de hambre, etc.

Pertenecíamos a distintas formaciones políticas y más de uno o una no venía de ninguna, pero todos y todas trabajábamos por un mismo interés común, en asambleas donde se tomaban decisiones de modo colectivo y muy reflexionadas. Esta diversidad de procedencia, descentralización, suponía un problema para el Estado o autoridad del momento, empeñada en encasillarnos en una determinada corriente política o ideológica. Como decía un estribillo de una canción de La Polla Records, “Quieres identificarnos y tienes un problema” (No somos nada).

Incluso el CSID, hoy día Centro Nacional de Inteligencia, llegó a hacer informes sobre la insumisión y cómo desmantelarla

Ácratas, troskos, comunistones, okupas, punkis, heavies, trajeados, cristianos de base, simpatizantes de diversas causas, gente que ya había hecho la mili, gente que había sido declarada inútil por “no dar la talla”, gente que estaba haciendo, había hecho o iba a hacer la PSS, gente que simplemente pasaba por allí, gente insumisa, discutíamos sobre la estrategia a desarrollar y no había asamblea que no acabara compartiendo una “maceta” (un litro de cerveza en unos vasos de plástico) en los bares parroquianos, que en Cáceres eran el Ríoverde, El Poppy, La Luna, El Chikito, la Torre de Babel, el Cali…

Aunque fue un movimiento de protagonismo masculino, también contó con una gran participación de mujeres. El colectivo Maduras , integrado por personas de Madrid y Extremadura, realizó en 2012 con el título de Mirar a la ventana, La voz de 12 mujeres sobre los tiempos de la insumisión, un documental que expresa los sentimientos, emociones y vivencias de un conjunto de mujeres ligadas, de una u otra forma, a la desobediencia civil y militar en la región extremeña. Porque aparte de la represión tan visible con la que el Estado trató siempre de frenar el movimiento, hubo otra más silenciosa y desconocida, pero igual de perjudicial, la dirigida contra aquellas personas que, por diversas afinidades -ya sentimentales ya ideológicas- apoyaron la insumisión y a los insumisos. Natalia, Micaela, Natividad, Beatriz, Agustina, Elena, Inma, María del Carmen, Montaña, Mari Carmen, María y Susana son las mujeres que aparecen en un documental donde se muestran las hondas cicatrices que dejaron unas heridas difíciles de curar.

La imaginación y creatividad caracterizaba todas las acciones, de carácter siempre no-violento, como cuando apenas 20 personas nos manifestábamos con una pancarta frente a la salida de miles de familiares que asistían a la jura de bandera de los reclutas en el CIR de Cáceres (hoy CEFOT), pidiendo la abolición de los ejércitos al grito de “Os tienen engañaos y al novio secuestrao”, vigilados por la Policía Militar, que nos empujaba al arcén de la carretera, o se organizaban conciertos musicales de apoyo, con grupos como A Palo Seko (de Cáceres), Tirando Millas, Mitad Norte, Ano Pazao, Amigos del prínzipe y otros. Algunos Ayuntamientos, como el de Montijo, declararon mediante acuerdo de pleno municipal su apoyo a los insumisos. Amnistía Internacional reconocía como presos de conciencia a algunos objetores.

A la presentación de José Antonio y José María en Cáceres le siguieron muchas otras, y todas recibieron un adecuado apoyo, si bien el desarrollo del movimiento por la insumisión fue adoptando diversas estrategias de desobediencia. Al pasar los juicios a la jurisdicción civil (una patata caliente que no quería nadie) los jueces comienzan a aplicar sentencias muy diversas. Aunque lo establecido eran dos años, cuatro meses y un día, en algunos casos se aplica la absolución o se buscan subterfugios por parte de la magistratura para retrasar el juicio, anularlo, etc. Aún así numerosos jóvenes fueron a la cárcel por su negativa expresa a realizar el SMO o la PSS.

Algunos Ayuntamientos, como el de Montijo, declararon mediante acuerdo de pleno municipal su apoyo a los insumisos

Gente en las cárceles y gente fuera de ella supuso un hándicap a la hora de decidir la estrategia a seguir. Surgieron diversas posturas, todas ellas muy respetables y apoyadas por el conjunto del movimiento: los plantes ante la concesión del tercer grado a quienes estaban en prisión (con la negativa a aceptarlo o quebrantamiento de los permisos con el fin de ser de nuevo detenidos en presentaciones públicas), la conocida como insumisión total (negativa a reconocer al Tribunal que hubiera de juzgar al insumiso y paso a la clandestinidad en busca y captura, escondidos en casas de compañeros), la insumisión a los cuarteles (incorporación a filas para luego desertar), la muerte civil (adopción de la insumisión cuando el Estado suprimió las penas de prisión para los objetores y estableció una retirada de derechos administrativos, como poder aspirar a plazas públicas), y otras que evidenciaban la dificultad del Estado para controlar y acabar con tan variada desobediencia civil y militar que desprestigiaba tanto al Ejército como institución como a un Gobierno que se consideraba democrático pero que tenía en sus cárceles a presos por motivos de conciencia.

Aquel movimiento fue posible gracias a la implicación de numerosos colectivos y mucha gente que guarda aún un grato recuerdo de la solidaridad demostrada, a pesar del coste emocional que supuso para los implicados y sus familias. En Extremadura, aparte de los ya mencionados como iniciales y sin menoscabar otros cuyos nombres aquí no aparecen, pero cuya historia está por escribir, fueron muy significativas las presentaciones y juicios de los insumisos Pedro Enrique Polo (Montijo-Madrid, significado activista contra la OTAN), Miguel Ángel Tarrero (Jaraíz de la Vera), Francisco Nieto (Miajadas), José Antonio González Frutos (Pai, de Guareña-Cáceres), Pedro de la Flor (Villanueva de la Serena), Javier Esquivias y José María López (Sevilla), Paco Castellón Arjona (Casar de Cáceres, declarado insumiso total), Diego Pedrera (Malpartida de Cáceres, condenado a la muerte civil), Raúl Valerio (Badajoz), José Antonio García García (Montijo), Íñigo del Hoyo (Cáceres), Andrés Gutiérrez (La Haba) y Miguel Ángel Felipe (Piornal).

Íñigo del Hoyo y Andrés Gutiérrez ingresaron en la prisión de Cáceres I, la antigua Cárcel Vieja, hoy día abandonada. Miguel Ángel Felipe desertó de la base militar de Bótoa de Badajoz en noviembre de 1999 y fue detenido el 18 de febrero del 2000 en Cáceres por la Guardia Civil, tras romper su cartilla militar frente al Gobierno Militar de Cáceres y realizar un striptease simbólico quitándose su ropa de militroncho.

El 23 de mayo de 2002, un jueves de primavera, se publicó en el BOE la Ley Orgánica 3/2002 por la que se modificaban el Código Penal y el Código Penal Militar en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria. La insumisión, en sus diversas manifestaciones, dejaba de ser delito y se dictaba una amnistía para cerca de 4.000 insumisos procesados y unos 20 insumisos en los cuarteles, muchos de ellos encarcelados en prisiones civiles o militares. El extremeño Miguel Ángel Felipe fue uno de los últimos insumisos presos de nuestro país.

El MOC calculó que, desde la presentación de aquellos primeros insumisos el 20 de febrero de 1989 hasta el 25 de mayo de 2002, en que salieron los últimos cuatro objetores presos del penal militar de Alcalá de Henares, hubo más de 50.000 insumisos al servicio militar obligatorio, la odiada mili.
A todos ellos, por las difíciles horas que pasaron y por lo que consiguieron, que fue mucho y aún pervive, muchas gracias. Por siempre.

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