Infancia
Varias expertas avisan de que la Ley de Infancia olvida el abuso sexual intrafamiliar y choca con la Ley de Violencia de Género

El texto del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia aprobado en el Consejo de Ministros de este martes 9 de junio olvida los abusos sexuales que se producen contra la infancia y adolescencia en el seno familiar. No solo eso, sino que varios aspectos de esta ley dificultan la protección de las víctimas de este tipo de abuso. 

Es la crítica que comparten varias expertas en abuso sexual intrafamiliar. La valoración que hace Estrela Gómez Viñas, mediadora social y coordinadora de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme), es demoledora. Para las víctimas de esta violencia “se va a crear un contexto de vulnerabilidad tremendo”, asegura. 

Son varias las medidas concretas que señala Agamme como contrarias a los niños y niñas que sufren abusos sexuales intrafamiliares. Pero, en primer lugar, Gómez Viñas señala el mismo espíritu de una ley que “entiende que proteger la familia es proteger el interés del niño o de la niña”. Con ese punto de partida, este anteproyecto olvida que la principal victimización sucede en el ámbito más cercano: la familia.

Gómez Viñas es muy crítica con el desarrollo de una de las medidas más relevantes del anteproyecto: la generalización de la prueba preconstituida, con el objetivo de que la persona menor de edad realice una única narración de los hechos, como piden organismos como Save the Children, para evitar la revictimización. 

Sin embargo, Agamme cree que el desarrollo de esta medida en el texto incurre en varias contradicciones y deja cabos sueltos. De este modo, recoge que “la autoridad judicial podrá acordar que la exploración se practique a través de personas expertas”, cuando debería ser una obligación. Más adelante se asegura que la víctima no tendrá que declarar en la vista, pero no lo establece de forma tajante, explica. Además, “pese a que el Estatuto de la Víctima dice que hay que evitar el contacto con el denunciado, se deja un fleco al establecer que en caso de que esté presente el acusado habrá que evitar la confrontación visual”, sigue. 

También preocupa a Agamme la referencia a una figura que ya existe en algunos territorios y que despierta la desconfianza de especialistas en violencia de género. El texto aprobado este martes, aunque no hace referencia explícita al “coordinador parental”, sí contiene en su artículo 27 la referencia al “acompañamiento profesional especializado a los progenitores, o en su caso, a las personas tutoras o guardadoras o acogedoras, durante el proceso de ruptura y en el ejercicio de sus responsabilidades parentales”.

Estrela Gómez, de Agamme, señala que el texto entra en contradicciones en cuanto a la prueba preconstituida y sospecha de la figura análoga al coordinador parental que recoge el anteproyecto

Tal y como funciona ahora, mantiene Gómez Viñas, esta figura —que no tiene anclaje legislativo— funciona en la práctica como un elemento de coacción en casos “que se quieren llamar de alta conflictividad pero están escondiendo situaciones de violencia”. De nuevo, la ley parece no tener en cuenta casos como los que conoce de cerca la asociación gallega: los de madres que denuncian a los padres por abusos contra sus propios hijos y se encuentran con una justicia que las desampara. En estos casos, el coordinador parental “es un instrumento que sirve como medida de presión cuando un niño o niña dice que no quiere ver a un progenitor”.

Este aspecto del anteproyecto cierra el círculo con el cambio que propone el texto del delito de sustracción de menores. El texto aprobado en el Consejo de Ministros, que tiene aún recorrido hasta llegar a su aprobación en el Congreso, recoge que se modifica “permitiendo que puedan ser sujeto activo del mismo tanto el progenitor que conviva habitualmente con la persona menor de edad como el progenitor que únicamente lo tenga en su compañía en un régimen de estancias”. De este modo, “si la madre decide no entregar a su hijo a una situación que considera de riesgo, no se enfrenta a ser juzgada por desobediencia, sino por sustracción”.

la mirada rhodes

Para Fátima Urzanqui, psicóloga experta en abusos contra la infancia e integrante de la asociación Nosotras en el Mundo, la ley es bienintencionada pero incurre en el error de partida de no nombrar ni contemplar el abuso intrafamiliar. La palabra “intrafamiliar”, de hecho, no está en el documento. Tampoco “incesto”, un delito que no aparece como tal en el Código Penal.

Urzanqui cree que el caso de James Rhodes, pianista que sufrió agresiones sexuales en su infancia por parte de un profesor, se toma como referencia de lo que son los abusos sexuales contra la infancia y esto cala en el texto presentado. Rhodes fue fichado por Unidas Podemos en febrero de este año como asesor de esta ley que, de hecho se conoce como Ley Rhodes. La ley, sin embargo, viene de antes: primero trató de impulsarla el PP en 2016, el PSOE recogió el guante y llegó a aprobar un anteproyecto en el Consejo de Ministros, y ahora retoma el proyecto el ministerio de Derechos Sociales, recogiendo buena parte de las medidas que ya se anunciaron en el anteproyecto de 2018. 

Según la psicóloga Fátima Urzanqui, la aproximación a la ley olvida que el 80% de los abusos sexuales provienen de familiares y personas conocidas

Esta aproximación, dice Urzanqui, obvia que el abuso intrafamiliar tiene unas características muy específicas. “El 80% de los abusos sexuales provienen de familiares y personas conocidas, pero esto es un tabú, también en esta ley”, explica. Estos abusos, sigue Urzanqui, provocan sentimientos ambivalentes en los niños, que hacen muy difícil que lo verbalicen.

Para esta psicóloga, algunas medidas de la ley que sí valora positivamente quedan en papel mojado si no se cambian las estructuras que a día de hoy invisibilizan los abusos. Así, por ejemplo, la obligatoriedad de cualquier ciudadano de denunciar indicios de violencia contra un niño, niña o adolescente, sirve de poco si esta denuncia llega a un sistema que no escucha o no cree sus testimonios.

“Hay cosas que solo puedes ver si tienes formación y te has puesto las gafas para verlo, pero es que si las tienes y acabas en un centro especializado donde los propios equipos sociales no están formados esa denuncia no sirve para nada”, dice en referencia a los CIASI madrileños, con los que es muy crítica. 

PUERTA ABIERTA AL SAP

Tanto Gómez Viñas como Urzanqui coinciden en apuntar que el anteproyecto de ley, tal y como está planteado en este momento, facilita la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), el supuesto síndrome que describe una situación en la que un progenitor aliena a su hijo o hija contra el otro alegando con falsas acusaciones de agresión sexual o malos tratos. Una figura sin respaldo de la comunidad científica y desaconsejada por el propio Consejo General del Poder Judicial que, pese a apellidarse “parental”, se aplica en la práctica en contra de las mujeres. 

La psicóloga Sonia Vaccaro es una experta reconocida en este ámbito, coautora junto a Consuelo Barea de El pretendido Síndrome de Alienación Parental: Un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia. Vaccaro comparte buena parte de las objeciones al texto que plantean Gómez Viñas y Urzanqui, aunque su argumentario concreta aún más el sentido de estas críticas: “Esta ley es contraria al espíritu de la Ley Integral de Violencia de género”, explica a El Salto.

El primer aspecto sobre el que llama la atención esta psicóloga es el apartado del texto que concreta los indicadores de riesgo para la infancia y adolescencia, un listado que considera un riesgo “la identificación de las madres como víctimas de trata”. También refleja como un riesgo el estar en una situación de violencia de género.

Para Vaccaro, ambas situaciones no son indicadores de riesgo, sino situaciones de violencia en sí mismas. Contemplarlo de esta manera en la ley, argumenta, es el paso previo al desamparo: al considerar que los menores están en una situación de riesgo, se abre la puerta a la intervención de los Servicios Sociales y “la madre víctima de trata o de violencia de género termina siendo culpable también: eso es SAP”. 

Para Sonia Vaccaro, la ley es contraria al espíritu de la Ley Integral de Violencia de género y además olvida considerar de forma específica a las niñas 

Vaccaro recuerda el caso de Irune Costumero, la madre a quien la Diputación Foral arrancó a su hija sin mediación judicial después de que el padre la denunciara ante la Diputación por influir en la niña para que no pasara tiempo con él. “Casos como este se pueden multiplicar con esta ley tal y como está planteada ahora”, advierte Vaccaro, que cree que el anteproyecto concede una autoridad excesiva a los Servicios Sociales al tiempo que obvia a los psicólogos.

La propuesta actual de Ley de Infancia obvia que la violencia contra las mujeres deriva en ocasiones en violencia vicaria contra los niños, y no solo no protege a estas madres y a sus hijos, sino que pone aun más trabas a las madres protectoras, algo que Vaccaro explica por el sesgo que han podido introducir en la ley las organizaciones consultadas. “Quisiera creer que en el proceso que se inicia ahora y se consulte a las asociaciones de madres que defienden a sus hijas e hijos”, asegura.

Además, Vaccaro no comprende que el texto no haga referencia a las psicología evolutiva, haciendo así tabula rasa con todos los menores de 14 años. “Me asusta que el niño esté considerado cuantitativamente como adulto en miniatura, cuando una criatura tiene determinadas necesidades dependiendo de su edad”, argumenta.

Por último, señala que la niñas no aparecen específicamente en la ley, pese a que cifras en todo el mundo apuntan a que son las principales víctimas de la violencia sexual, y que además sufren violencias específicas como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzosos, violencias a las que sí hace alusión el anteproyecto.