Honduras
Ordenan el desalojo de la comunidad garífuna donde se graba el reality show ‘Supervivientes’ de Telecinco

Los espectadores que este jueves estaban gozando del morbo y emoción de la gala de Supervivientes All Stars en Telecinco, poco se imaginan las vulneraciones de derechos humanos y territoriales que hay detrás de la grabación de ese reality show. El Juzgado de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Honduras emitió la mañana de este 17 de septiembre una orden de desalojo para la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, la isla caribeña situada encima del segundo arrecife más grande del mundo, donde se graba Supervivientes. “Esto nos muestra que vivimos en un escenario de despojo y genocidio, pero vamos a ir masivamente a los Cayos a defender nuestro territorio”, afirmó la reconocida lideresa garífuna Miriam Miranda, desde el Campamento Por la Vida del Pueblo Garífuna en Tegucigalpa.

Las comunidades de Cayos Cochinos, en protesta contra la presencia de la producción del reality español, resistieron a lo largo del día 17 de septiembre ante un contingente de más de 200 antimotines de la policía hondureña que llegaron en lanchas a la playa donde tenía que grabarse la gala del programa, que cambió a última hora de localización. Esa noche, algunos efectivos de la policía se habían ido, sin embargo, Kaleb Navarro, abogado de la Organización Fraterna Negra Hondureña (OFRANEH), defensora de los derechos del pueblo garífuna, no descarta “una acción tipo militar” contra las personas que mantienen la protesta en el campamento de la playa. “Nos mantenemos en alerta total”, asegura 

“Nuestras armas son el tabaco, el sahumerio y los tambores, y frente a eso la policía a veces se echa para atrás”, asegura la lideresa garífuna Yessica Trinidad, también desde la capital hondureña. “El pueblo garífuna va a resistir, estamos en movilización: distintas comunidades han ido a acuerpar allá, porque esto es una cuestión de pueblo”, continúa.

‘Supervivientes’ se salta la Justicia

“Estamos en plantón en contra de la grabación del reality show Supervivientes, que se iba a dar a pesar de que el estado de Honduras fue sentenciado por violentar el derecho a consulta previa que tenemos sobre nuestro territorio”, asegura desde la playa de Cayos Cochinos Mabel Robledo, lideresa garífuna originaria de este territorio paradisíaco. Se refiere a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida en marzo de este 2026 en la que se condena al Estado de Honduras por violar los derechos humanos, territoriales y de identidad cultural de las comunidades garífunas de los Cayos Cochinos. El fallo obliga al Estado hondureño a implementar procesos de consulta previa vinculantes antes de otorgar cualquier concesión turística, medioambiental o contratos para producciones de televisión en su territorio. Hay tres sentencias más del mismo tipo, en otras tres comunidades, entre ellas la de San Juan, donde hace un mes y medio se vivió una situación parecida.

De hecho, este desalojo en la costa del norte de Honduras se da mientras en la capital resiste desde el 10 de agosto el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, delante de la Corte Suprema de Justicia, un espacio de reivindicación surgido después de un intento de desalojo de la comunidad de San Juan en el que acabaron criminalizados cinco miembros de la comunidad. “Estamos acá, en el que también ha sido el Campamento Berta Vive, para exigir que se cumplan las cuatro sentencias de la CIDH a favor del pueblo garífuna y para denunciar la judicialización de nuestros compañeros de la comunidad de San Juan”, asegura Miriam Miranda.

Se trata de un conflicto territorial histórico entre los intereses del programa español Supervivientes y las comunidades que han habitado ancestralmente el territorio donde se graba desde hace 19 años

La CIDH dictaminó que la explotación turística y televisiva de Cayos Cochinos se realizó sin el consentimiento del pueblo garífuna, vulnerando sus derechos de subsistencia. La sentencia ordena reconocer su propiedad colectiva marina, garantizar su participación en la administración del área protegida y cesar los actos de hostigamiento en su contra. El agravante es que Cayos Cochinos es un territorio considerado Patrimonio Natural: Monumento Natural Marino y Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco).

Se trata de un conflicto territorial histórico entre los intereses del programa español Supervivientes y las comunidades que han habitado ancestralmente el territorio donde se graba desde hace 19 años. Supervivientes, un programa con 14 protagonistas blancos que tienen que “sobrevivir” en la selva hondureña, es un formato propiedad del gigante audiovisual francés Banijay, producido en España por su filial local Cuarzo Producciones. “Un Informe de la OIT aseguró en 2021 que Honduras, no solo no tiene mecanismos, sino que existe un desconocimiento brutal por parte del Estado hondureño de lo que es y cómo se ejerce el derecho a consulta previa e informada”, asegura el abogado de la OFRANEH.

Judicialización y persecución

Aparte de la productora, existen otras tres responsabilidades: la sociedad privada que interpuso la denuncia que ha acabado con la orden de desalojo, la Sociedad de Inversiones Ecológicas S.A —entidad mercantil que reclama los derechos de propiedad sobre la zona en disputa—, la Fundación Cayos Cochinos o Honduras Coral Reef Fund (HCRF), que dice proteger ambientalmente el lugar y finalmente, el mismo Estado hondureño. El mayor accionista de la Fundación Cayo Cochinos es el empresario Ricardo Salinas, uno de los magnates más ricos y controversiales de México.

En la orden del Juzgado especializado en crimen organizado, estratégicamente seleccionado para seguir con la campaña de odio racista contra el pueblo garífuna, nombran el desalojo como una “medida neutralizadora”. Lo que preocupa entre las lideresas de la OFRANEH es no solo “que se pueda ejecutar el desalojo, sino que puedan detener a compañeros que están en ese territorio”, asegura Navarro. El riesgo es de judicialización. “Cualquier garífuna que encuentren lo van a meter preso”, continúa.

La judicialización viene acompañada de atentados y persecución a lideresas como Mabel Robledo, quien fue una testigo clave en el caso que esta comunidad elevó hasta la Corte Interamericana de DDHH

La judicialización viene acompañada de atentados y persecución a lideresas como Mabel Robledo, quien fue una testigo clave en el caso que esta comunidad elevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Robledo ha sido víctima de diversos atentados por parte de la fuerza pública hondureña viéndose obligada, con toda la contradicción, a ir acompañada de un esquema de seguridad formado por cinco soldados del ejército.

Para acompañar y visibilizar la situación de vulneración de los derechos del pueblo garífuna, el 17, 18 y 19 de septiembre ha llegado al Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna una delegación internacional cuyo principal objetivo es la solidaridad y la presión ante instituciones públicas y embajadas. No ha sido posible, sin embargo, obtener encuentro alguno con ninguna instancia del Estado hondureño, lo que evidencia la nula voluntad de dialogar y empezar a caminar hacia el cumplimiento de las sentencias de la CIDH. Ante la negativa estatal, la OFRANEH construye alianzas con otros pueblos y organizaciones y sigue organizada, desde la resistencia pacífica, para continuar reivindicando una vida digna en su territorio.