Guadalajara
Temporeros de los incendios: el desmantelamiento estructural que quema a los retenes en Guadalajara

En la provincia de Guadalajara operan 16 retenes, tres brigadas helitransportadas y múltiples torres de vigilancia. Detrás de este despliegue operativo, a menudo reducido a cifras y mapas de despachos automáticos en los centros de coordinación, hay trabajadores y trabajadoras que llevan décadas enfrentándose a unas condiciones laborales casi tan hostiles como las propias llamas. El miedo a hablar con la prensa suele ser la norma en un sector sujeto a fuertes presiones institucionales, pero la situación ha llegado a un punto de no retorno. Varios bomberos y bomberas forestales han decidido romper el silencio en El Salto para visibilizar una realidad sistemáticamente ignorada por la empresa pública Geacam y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“Según se va precarizando el dispositivo, las trabajadoras tienen más miedo a hablar públicamente”, asegura David Alcázar, bombero forestal helitransportado de la base de Villares-Las Minas con 20 años de experiencia. Al otro lado del operativo está la vigilancia fija, donde trabaja Sonia López. Acumula 18 años de experiencia en el dispositivo, aunque no siempre en el mismo puesto: tras nueve años como bombera forestal de tierra, una lesión la obligó a pasar a la denominada “segunda actividad”, desde donde ahora pasa diez horas ininterrumpidas escudriñando el horizonte en una torre. A estas voces se suma la de Pablo Alonso, bombero forestal desde hace once años, quien advierte de que las altísimas exigencias de acceso chocan con una inestabilidad crónica. “Te exigen pasar un examen teórico, otro práctico y una prueba física. Demasiados requisitos para un trabajo que luego resulta ser temporal e inestable durante muchos años”, señala.

A pesar de los constantes discursos políticos sobre la lucha contra la despoblación, el personal asiste a un desmantelamiento progresivo que fragmenta los equipos, precariza sus vidas y merma drásticamente su capacidad de respuesta ante el fuego.

El vaciamiento del monte y la trampa de la jubilación

Quienes acceden ahora al dispositivo se enfrentan a un escenario laboral desolador. “Actualmente pasan más de cuatro años como interinos y tras ellos solo consiguen fijeza discontinua, de manera que trabajan menos de cuatro meses al año y a la calle”, explica Alonso, quien compara la actual deriva del dispositivo con “una especie de modelo ETT con personal de quita y pon”. Una visión que comparte José Ramón de Juanas Berlinches, delegado sindical de la sección de CNT en Guadalajara: “Nos hemos convertido en una suerte de temporeros de los incendios”.

Esta intermitencia esconde una trampa a largo plazo. López detalla que la teórica reducción de la edad de jubilación contemplada en el estatuto básico es un espejismo para las nuevas incorporaciones. “Solo están en activo tres o cuatro meses y deben tener cotizados al final de su vida laboral 38 años y medio. No llegan ni de coña”, advierte. A la inestabilidad se suma la dureza extrema del trabajo físico. En una brigada helitransportada, el personal marcha campo a través sin más agua que los 20 kilos que cargan a la espalda en la mochila extintora, superando desniveles y abriéndose paso a golpe de azada y hacha bajo temperaturas extremas. “Son condiciones cuyos niveles de penosidad cuesta imaginar a quienes tienen trabajos normales”, subraya Alonso. La fatiga se multiplica con los turnos abusivos. Un “día malo” implica encadenar la jornada normal de diez horas con otras 12 horas de extinción nocturna. “Tras 22 horas de trabajo cierras base. Las siguientes 12 horas no eres persona y tras ellas vuelves a entrar al incendio. Así pasas cuatro días en los que pierdes la noción del tiempo. El impacto en nuestras vidas personales no está calculado, es gratis”, denuncia.

Un “día malo” implica encadenar la jornada normal de diez horas con otras 12 horas de extinción nocturna. “Tras 22 horas de trabajo cierras base. Las siguientes 12 horas no eres persona y tras ellas vuelves a entrar al incendio

La precariedad también se mide en el vaciamiento sistemático de las plantillas. López recuerda que, cuando empezó en 2008, su turno contaba con once personas repartidas entre el retén, la autobomba y la patrulla. Hoy, ese mismo equipo dispone de cinco miembros en total y la patrulla ha desaparecido. A pesar de que el presupuesto de prevención y extinción en Guadalajara ronda los 23 millones de euros para este año, en mitad de la campaña faltan manos, hay torres de vigilancia cerradas y retenes que acuden a los avisos sin camión autobomba porque los vehículos averiados tardan plazos absurdos en ser reparados.

Equipos tóxicos, caos operativo y militarización

El riesgo directo para la salud por la falta de equipos básicos y el mal estado de las infraestructuras es otra de las grandes brechas institucionales. Mientras algunas torres metálicas de vigilancia son descritas por Alonso como verdaderas ”jaulas de castigo“ que podrían mejorarse fácilmente si hubiera voluntad política, el personal de tierra se enfrenta a la toxicidad. Este año, gran parte de la plantilla comenzó la campaña con un solo Equipo de Protección Individual (EPI) ignífugo en lugar de los dos reglamentarios. ”La mayoría de compañeros han estado con uno solo hasta hace cuatro días a pesar de que los sindicatos lo denunciamos, con el riesgo que ello entraña para nuestra salud por los componentes cancerígenos“, expone De Juanas.

Este panorama de dejadez choca con la opacidad en la toma de decisiones. Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), las directrices a menudo resultan incomprensibles para quienes están a pie de llama. “Ellos se lo guisan, nosotros nos comemos los marrones”, ilustra Alonso. “Un ejemplo: te das una paliza de tres horas picando una línea cortafuegos a mano. Acto seguido aparece un bulldozer de la nada y arrasa en diez minutos todo ese trabajo. Otras veces nos toca ser dirigidos por agentes que apenas saben en qué provincia están. La sensación de ser muñecos numerados en un cubrir el expediente político es generalizada”. Al terminar un gran incendio, el dispositivo jamás recibe información de vuelta ni se analiza qué falló operativamente.

El caos interno contrasta con los discursos mediáticos. Cada vez que un fuego se descontrola y alcanza el nivel 2, la presión política reclama pasar al Nivel 3 y desplegar a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Para los bomberos forestales, este movimiento responde más al ruido que a la eficacia operativa. Pasar a Nivel 3 implica que el Estado toma el control, apartando a quienes realmente conocen el territorio. “La UME aparece enseguida. Son proveedores de imágenes para todas las televisiones”, reflexiona Alonso. “Su despliegue aporta mucho al espectáculo de la extinción, pero no se atienen a planes de operaciones ajenos. Siguen los suyos propios y no deben explicaciones a nadie. Estaría bien probar qué puede hacer un dispositivo civil con el presupuesto de la UME”.

“Su despliegue aporta mucho al espectáculo de la extinción, pero no se atienen a planes de operaciones ajenos. Siguen los suyos propios y no deben explicaciones a nadie. Estaría bien probar qué puede hacer un dispositivo civil con el presupuesto de la UME”

López ratifica esta disfunción: “Como solo responden a órdenes de sus superiores directos, en ocasiones, si un jefe de extinción o un agente medioambiental requiere su ayuda inmediata, no responden”.

Falsa prevención, heridas invisibles y machismo

La gestión del territorio es el último eslabón de una cadena de despropósitos que desmiente el mantra de que “los fuegos se apagan en invierno”. Las labores preventivas que realiza el mermado personal invernal se limitan, a menudo, a limpiar bandas de 50 metros a los lados de las pistas, una medida “claramente insuficiente” que no crea un mosaico real capaz de frenar las llamas. El dispositivo exige priorizar las zonas de interfaz urbano-forestal y los alrededores de los pueblos, hoy sumidos en un abandono peligroso.

El reciente incendio originado en La Mierla, en la Sierra Norte, demostró las consecuencias de este modelo. “Lo que ha ardido básicamente es una masa continua de pino que avanzaba sin control impulsada por los fuertes vientos, pero que al llegar a los encinares y robledales se extinguía”, explica De Juanas. La plantilla reclama sustituir los extensos monocultivos —herencia de las políticas madereras del antiguo Icona— por especies autóctonas que actúen como cortafuegos naturales.

El abandono institucional genera un profundo impacto psicológico y físico. En los duros trabajos de invierno con maquinaria pesada abundan las lesiones, pero las mutuas aplican un patrón estándar: “Tómate antiinflamatorios y a ver qué pasa”, relata Alonso. Si la dolencia persiste, la persona trabajadora coge la baja por la Seguridad Social y el monte pierde a otro activo. Los riesgos psicosociales y el síndrome del trabajador quemado asolan a una plantilla que todavía guarda luto por los once fallecidos hace 21 años en La Riba de Saelices. Aunque tras aquel accidente hubo mejoras, el colectivo siente que los gestores actuales han vuelto a las andadas. “Precarizar el dispositivo es una buena manera de desprotegernos”, sentencian.

El sector también arrastra problemas logísticos derivados de su fuerte masculinización. Un machismo que, como matiza certeramente De Juanas, es un claro reflejo de esta sociedad en general, ya que resulta injusto estigmatizar y presuponer que todo el mundo en el entorno rural piensa de la misma manera. Aunque las plantillas son cada vez más diversas, las trabajadoras han sufrido durante años la falta de uniformes adaptados y todavía faltan vestuarios femeninos en algunas bases. “La masculinización del sector responde a una visión errónea donde se prima la fuerza física por encima de valores como la visión estratégica o la empatía”, reflexiona Alcázar.

“La masculinización del sector responde a una visión errónea donde se prima la fuerza física por encima de valores como la visión estratégica o la empatía”

Frente a la inoperancia política, las secciones sindicales y las asambleas exigen recuperar las plantillas completas todo el año, profesionalizar el servicio y priorizar la contratación fija frente a los contratos basura. “No somos héroes ni queremos serlo”, concluye Alonso. “Somos sencillamente personas trabajando en defensa del patrimonio natural y rural en un escenario de crisis climática. Necesitamos una conciencia social que impida desmantelar un servicio público de emergencias y consiga todo lo contrario: protegerlo y mejorarlo”.