Galicia
La Xunta de Rueda ejecuta su última maniobra para hacerse con el control total de la TVG

Lo que empezó Alberto Núñez Feijóo en mayo de 2009, lo remata esta semana su eterno aprendiz, Alfonso Rueda, hoy al frente de la Xunta de Galicia: tomar el control político total de la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG). La jugada tiene nombre de asignatura de la carrera de Periodismo, pero forma de legislación. Este martes, previsiblemente, el Parlamento de Galicia aprobará, con el rodillo de su mayoría absoluta, la Ley de servicios de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para la sociedad digital. Una normativa que otorga al Gobierno gallego del Partido Popular la capacidad de elegir al director de la cadena sin mayoría cualificada, elimina la fiscalización de contenidos por profesionales independientes y abre la puerta por primera vez al castellano.

Conviene empezar por lo más grave: los cambios en el método de elección del director general de la corporación. La maniobra es, a ojos de Raquel Lema, presidenta del Comité Intercentros de la CRTVG, máximo órgano de representación de los trabajadores y trabajadoras, “burda, lamentable, retrógrada y desvergonzada”. Como mínimo es, a la vista de los hechos, oportunista. Apenas unos meses después de que el actual director, Alfonso Sánchez Izquierdo, anunciase su decisión de abandonar la dirección del ente público, los despachos de la Xunta, coordinados por Alfonso Rueda, se afanaron en crear una ley a la medida del clima político. Es decir, que quedase todo atado y bien atado.

Tras 15 años en el asiento de mando —ocho de ellos de forma transitoria a causa de otra jugada ganadora—, Alfonso Sánchez Izquierdo, escogido por el dedo de un recién estrenado Feijóo en San Caetano y la complicidad de un PSdeG-PSOE hoy intentando despegarse del fondo electoral en el que lleva desde el 18 de febrero de 2024, se va. Tras él, queda un reguero de procesos judiciales —algunos ganados y otros perdidos—, pero sobre todo quedan 15 años de historia de Galicia. Por un lado, la historia oficial no contada por lo incómoda que hubiese resultado para la Xunta y, por otro, una historia en la memoria colectiva de luchas sindicales y sociales, la mayor huelga de la que se tiene registro —con 355 venres negros de paros— y decenas de denuncias de manipulación informativa y hasta de acoso laboral. Esta última, todavía en el juzgado y con la imputación de toda su cúpula.

Sánchez Izquierdo se va, pero el método del Partido Popular de Galicia se queda y hoy está más vivo que nunca. A partir de la aprobación de esta ley, el director general de la Corporación Radio e Televisión de Galicia se elegirá sin mayoría cualificada, aunque para esto también hay maquillaje: “La persona titular de la Dirección General es elegida por el Parlamento de Galicia por mayoría de dos tercios. Si no se consiguiera esta mayoría, en el plazo de un mes se podrá repetir la votación y será suficiente para la elección una mayoría de tres quintos”. Esto quiere decir, en traducción libre, simularemos una votación democrática y plural, simularemos una falta de consenso y simularemos un acuerdo de la cámara solo con los votos garantizados del Partido Popular. Así, los titulares de la prensa —hegemónica y sobrealimentada con dinero público— al día siguiente de la elección del relevo estarán adornados del ornamento de la unidad: “El Parlamento de Galicia aprueba la elección de...”.

El Partido Popular abre las puertas al uso del castellano

Aunque se ha vuelto a poner en el foco desde la izquierda gallega desde que llegó a presidente, la foto de Alfonso Rueda en la manifestación de la ultra y extinta —o más bien en hibernación por falta de utilidad— Galicia Bilingüe, de Gloria Lago, hoy presidenta de la asociación nacionalista matriz Hablamos Español, lo acompañará para siempre. La conspiración de la persecución del castellano en Galicia fue una de las grandes aportaciones al corpus teórico de un movimiento ultra que el PP de Feijóo y Rueda aplaudían en la calle al grito de “TVG bilingüe ya” y que, desde luego, instrumentalizaron, entre otras muchas tácticas de dudosa ética política, para echar al PSdeG y al BNG del Gobierno gallego.

Desde este martes, gracias a la nueva lei del Partido Popular, la CRTVG podría comenzar una andadura hacia su castellanización. Para que no quede espacio a la interpretación, esto es lo que dice el artículo, que ha sido fuertemente criticado —como todo el proyecto de lei— por la práctica totalidad de los agentes sociales y partidos políticos presentes en Galicia: 

“Los medios públicos de comunicación audiovisual de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia producirán sus programas, contenidos y servicios en lengua gallega y garantizarán la edición y difusión en gallego de los programas, contenidos y servicios de producción ajena, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente otras lenguas cuando así lo justifique la finalidad de dar a conocer la identidad cultural de Galicia fuera del territorio de la comunidad autónoma, en cumplimiento de la misión de servicio público definida en esta ley”.

Como colofón, la nueva normativa eliminará para siempre la obligación de contar con órganos profesionales de control periodístico que la corporación de Sánchez Izquierdo no llegó a crear en 15 años desde que se aprobó en el Parlamento. Una de las demandas históricas tanto del comité de empresa como del movimiento Defende a Galega.

Quince años de lucha por una CRTVG plural

Desde 2009, la Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) ha sido escenario de diversos conflictos laborales que han marcado la relación entre la dirección y su plantilla. Las denuncias por precarización, censura informativa y vulneración de derechos han sido constantes, en un clima de tensión que se ha prolongado hasta la actualidad.

Uno de los principales puntos de fricción ha sido la contratación de trabajadores a través de productoras externas y la subcontratación de contenidos informativos. Esta práctica, denunciada desde hace años por los sindicatos, ha sido interpretada como un intento de precarizar el empleo y reducir costes a expensas de los derechos laborales y también como un modo de rehuir la fiscalización periodística.

Años más tarde, en 2015, el Comité Interempresas de la CRTVG presentó una demanda de conflicto colectivo contra la dirección, alegando que la normativa de uso de sistemas de información restringía derechos laborales. Esta medida reflejaba el creciente malestar de los trabajadores, que percibían un intento de control excesivo sobre sus actividades.

Sin embargo, el mayor estallido de descontento se produjo en 2018 con el nacimiento de los Venres Negros, una serie de protestas semanales en las que periodistas y empleados denuncian la manipulación informativa dentro del ente público. Vestidos de negro, reclaman una información plural e independiente y denuncian presiones por parte de la dirección para favorecer los intereses del Gobierno autonómico. Estas movilizaciones se prolongaron en el tiempo hasta hoy y han llevado acarreadas represalias contra algunos trabajadores, lo que derivó en un hito judicial en 2022. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenó a la CRTVG por vulnerar la libertad de expresión de un empleado vinculado a las protestas, obligándola a anular una sanción disciplinaria e indemnizarlo.

Los conflictos laborales en la CRTVG han puesto de manifiesto la tensión permanente entre la dirección y su plantilla. Las denuncias por precarización y censura han generado un clima de protesta sostenida, en el que los trabajadores han mantenido su lucha por unas condiciones dignas y una información pública libre de injerencias políticas. Desde hoy, y quién sabe hasta cuando, todo apunta a que esa lucha se recrudecerá.