Opinión
Ladrones de guante blanco en el Parlamento de Galicia

Hoy, martes 11 de marzo de 2025, desaparece la posibilidad de tener en Galicia unos medios de comunicación públicos, plurales, decentes y al servicio de la ciudadanía para los próximos años.

Los diputados del Partido Popular que, haciendo uso legítimo de su mayoría parlamentaria absoluta, votarán a favor de la nueva Ley de servicios de los medios audiovisuales públicos de Galicia para la sociedad digital, realizarán, a plena luz del día y ante la atenta prensa —en su mayoría bien cuidada y afín—, un perfecto robo de guante blanco.

La radio y televisión públicas gallegas se regirán por una norma legal, la tercera desde su puesta en marcha en 1984, que ya no contempla ningún freno al uso espurio que el poder político de la Xunta lleva haciendo de nuestros medios de comunicación desde hace años. Ningún artículo molesto les impedirá esta vez convertir definitivamente a la CRTVG en el mayor aparato de propaganda de un partido político financiado con dinero público, con el único objetivo de mantener a ese partido en el poder, inoculando cada día, en cada programa, en cada informativo, minuto a minuto de cada una de las veinticuatro horas, una visión o representación del país y una ideología más pequeña que la del conjunto del pueblo gallego, mucho más plural, rica y diversa.

Es una pena que las voces, opiniones, talentos, aportes y energía de tantos y tantas sean silenciados e invisibilizados durante años y años en los medios públicos, donde solo habrá espacio, imágenes y micrófonos para las historias que los que están en el poder consideren útiles para sus propósitos.

No es sólo que la nueva ley permita la elección de la persona que ocupará la dirección general por una mayoría no reforzada, haciendo innecesario el consenso de varias fuerzas políticas; tampoco debería eliminarse el mandato para la creación de figuras como el estatuto profesional o el consejo de prensa que intentarían frenar la manipulación informativa. No es porque la ley abra las puertas al uso de lenguas distintas al gallego en nuestros medios ni porque se elimine la prohibición de externalizar a terceros la producción de servicios informativos, que ya tardan en externalizar y entregar a productoras amigas porque, después de 355 viernes negros, apenas se puede contar con los profesionales de dentro para contar cuentos chinos.

Es un todo tan retrógrado, tan desvergonzado, tan burdo y lamentable que, en un posible futuro mejor, será necesario mucho trabajo y esfuerzo para poner de nuevo en pie todo el patrimonio, material e inmaterial, que el Gobierno de Alfonso Rueda va a tirar por la borda sin escrúpulos: 40 años de Televisión de Galicia y de Radio Galega que están a punto de quedar reducidos a unas cuantas cenizas, borrados del mapa de nuestra memoria colectiva reciente e incluso de nuestra identidad, pues la propia ley va a cambiar el nombre de la Corporación: de CRTVG a CSAG.

Nos encaminamos hacia la enésima travesía por el desierto, los trabajadores y trabajadoras de la CRTVG, que pagaremos con nuestra propia carne los efectos de una ley antidemocrática que nos quita algunas de las pocas herramientas que tenemos para defendernos y exigir respeto a las misiones de servicio público encomendadas a la corporación, y el resto de los ciudadanos, que presenciaremos —si toman conciencia— la burla de ver cómo nos roban un bien que nos pertenece a todos y todas para usarlo con fines partidistas y partidistas, sin siquiera inmutarse, simplemente levantando una pequeña mano en el Parlamento que lleva un guante blanco tras el que se esconde un ladrón.