Galicia
Moaña deberá volver a tramitar la caducidad de las licencias del mayor ‘pelotazo’ de las Rías Baixas

La batalla legal por los chalés fantasma de Domaio y uno de los mayores pelotazos urbanísticos de Galicia da un nuevo giro. En marzo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra dictó tres sentencias que anulan el expediente municipal que declaraba caducadas las licencias de 2001 y 2003. Con esas licencias estaba prevista la construcción de un total de 102 viviendas en la ladera del monte de Domaio, junto al campo de golf que Manuel Fraga inauguró en 1993.

El colectivo ecologista Luita Verde, que lleva treinta años siguiendo el caso, acaba de registrar una denuncia en el Ayuntamiento de Moaña para forzar la apertura inmediata de un nuevo expediente.

Una victoria anulada por plazos

La ley exige que la construcción de viviendas vaya siempre acompañada de la urbanización del terreno, es decir, de la instalación del agua, la luz, el saneamiento y los viales de acceso. Eso nunca llegó a hacerse en este sector de Domaio, por lo que el Ayuntamiento de Moaña resolvió este año que las licencias de 2001 y 2003 estaban caducadas. La empresa Cervecería Joaquín SL, que se presenta como titular actual de las licencias, recurrió esa decisión ante los tribunales.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra le dio la razón a la empresa recurrente en las tres sentencias, pero lo hizo por una cuestión estrictamente formal, sin entrar a valorar si las viviendas cumplen o no la legalidad urbanística. El Ayuntamiento superó el plazo legal de seis meses para resolver el expediente que él mismo había abierto, lo que, según la ley, hace caducar automáticamente el procedimiento administrativo, por mucho que el problema de fondo —las licencias y su eventual ilegalidad— siga sin resolverse.

Las sentencias indican expresamente que nada impide al Ayuntamiento abrir un nuevo expediente aprovechando toda la instrucción técnica ya realizada, incluidos los informes municipales de 2008 y 2024 que constatan la paralización de las obras.

El mismo fallo procedimental ya se produjo en 2008

Según los documentos a los que tuvo acceso este periódico, el revés de marzo no es un caso aislado: en 2008, el Ayuntamiento ya había intentado declarar caducadas estas mismas licencias, y ese primer intento también caducó por no resolverse en plazo. A raíz de un informe técnico municipal, Alcaldía ya había incoado los expedientes en enero de 2008, pero la resolución final —que declaraba la caducidad de ese propio expediente administrativo por no haber sido tramitado a tiempo— no llegó hasta enero de 2010.

El Ayuntamiento de Moaña ya tenía, por tanto, un precedente de fracaso procedimental idéntico cuando en 2024 volvió a incoar los expedientes que ahora también han tumbado los tribunales. Dos décadas después de haberse otorgado las licencias y con un aviso previo de que el plazo de tramitación era la parte más delicada del proceso, la Administración local repitió el mismo error.

Por otra parte, la denuncia presentada por Luita Verde añade un dato que no figuraba en la cobertura anterior del caso: la promotora original, Construcciones Mirón y Agarvi SL, está desde 2024 en concurso de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, tras el fallecimiento de su administrador único en 2011. Según el colectivo, cualquier notificación que el Ayuntamiento dirija a esa sociedad o a Cervecería Joaquín SL —y no al administrador concursal designado— podría ser nula de pleno derecho.

Luita Verde sostiene, además, que Cervecería Joaquín SL carece de legitimidad sobre las licencias, dado que la empresa alega haber adquirido su titularidad mediante una comunicación de cambio de titular presentada en 2021, pero que el Ayuntamiento, según el colectivo, nunca llegó a resolver ni aprobar de forma expresa.

Consultado por este medio, el Ayuntamiento de Moaña confirma que tiene previsto iniciar «en los próximos días» un nuevo expediente de caducidad de las licencias, al constatar que las obras «siguen sin ejecutarse, ni dar visos de voluntad de ejecutar» más de 25 años después de haberse otorgado. La alcaldesa, Leticia Santos, defiende que la Administración local «siempre siguió los procedimientos establecidos y así va a continuar haciéndolo».

El Ayuntamiento, en todo caso, elude los demás puntos planteados por este periódico. No aclara si reconoce a Cervecería Joaquín SL como titular de las licencias ni si tenía conocimiento del concurso de acreedores de la promotora original. Tampoco avanza qué futuro prevé para las viviendas, que siguen sin licencia de primera ocupación ni servicios básicos casi tres décadas después.