Galicia
Tres décadas del ‘pelotazo’ que llenó la ría de Vigo de chalets fantasma y un campo de golf inaugurado por Fraga

La portada de La Voz de Galicia de aquel 30 de mayo de 1993 lo celebró como un hito nacional aunque el sujeto era un clásico de las informaciones en positivo del diario: “El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, fue el invitado de honor en el acto inaugural del campo de Golf Domaio, uno de los mejores del territorio nacional”. La cita, embarrada en Moaña (Pontevedra) por una tormenta de aspiraciones poéticas, pero sostenida por 200 invitados de las clases altas gallegas, fue un golpe en la mesa de los poderes fácticos contra un grupo de vecinos afectados y ecologistas que se oponían tanto a ese proyecto como al de la creación de una urbanización de lujo alrededor de los hoyos. A ellos y ellas, por supuesto, nunca se les concedió una portada en más de tres décadas.

Después de 35 años de lucha, el 2025, el colectivo ahora llamado Luita Verde celebra su mayor victoria: las licencias irregulares que se concedieron para los 132 chalets adosados que asolaron el monte de Domaio, colgado entre la ría de Vigo y O Morrazo, comienzan su expediente de caducidad. Más de tres décadas de mirada hacia otro lado de los tres grandes partidos de Galicia, que pasaron por la Xunta de Galicia, la Deputación de Pontevedra y el Concello de Moaña, en palabras de los vecinos, “omitiendo sus responsabilidades”. El pasado abril, el gobierno de Moaña (BNG) dio finalmente carpetazo a las licencias de viviendas con la aprobación de los tres expedientes de caducidad para 132 viviendas y el rechazo de las tres alegaciones presentadas. Luita Verde exige ahora su demolición inmediata y que “se restablezca la legalidad urbanística”.

La historia comenzó mucho antes de que los vecinos escucharan hablar de bunkers o de greens. A principios de los noventa, el Concello de Moaña modificó sus normas subsidiarias para permitir que unos terrenos rústicos en la ladera del monte de Domaio se transformaran en un “complejo residencial y deportivo de interés turístico”. Lo que se prometía como desarrollo sostenible y empleo terminó convertido en una operación inmobiliaria de manual: recalificación masiva, especulación y licencias a medida.

La burbuja gallega antes de la burbuja

El plan inicial, aprobado en 1990, preveía 462 viviendas divididas en cuatro zonas: chalés adosados, unifamiliares, bloques plurifamiliares y un hotel. Para el Concello de aquel entonces —del PSdeG-PSOE—, aquello era el salto al progreso. Para los promotores, una mina de oro. Para los vecinos afectados, una amenaza. “A los vecinos que les compraron el monte les decían que era para plantar kiwis, pero enseguida vimos los planos con un campo de golf y cientos de casas”, recuerdan hoy miembros del colectivo Luita Verde, el grupo que desde entonces lidera la resistencia vecinal y ecologista, especialmente, Ricardo Sánchez.

En 2001 y 2003 el Concello concedió dos licencias para construir un total de 102 viviendas en la llamada Zona B. Era el comienzo de una década de licencias irregulares, modificaciones urbanísticas y recursos administrativos. Las obras nunca se ejecutaron como exigía la ley: no se urbanizó simultáneamente, no se avaló el coste de las infraestructuras, y muchas construcciones quedaron abandonadas. “Era un proyecto de lujo sin urbanización, sin calles, sin agua ni luz, pero con permiso político. Hubo una connivencia total entre los promotores y todas las administraciones con capacidad de decisión”, recuerda Ricardo Sánchez. 

La resistencia vecinal y el silencio institucional

Desde 2001, Luita Verde y vecinos afectados comenzaron una batalla administrativa que se prolongó durante más de tres décadas. Presentaron recursos, solicitudes de caducidad, denuncias ante la Valedora do Pobo y hasta peticiones a la Fiscalía de Medio Ambiente. En cada respuesta oficial, el mismo silencio burocrático.

En 2008, cuando la crisis inmobiliaria ya se había llevado por delante decenas de promotoras, la urbanización de Domaio seguía igual: esqueletos de hormigón, casas sin terminar, una avenida principal convertida en pista de tierra. De las 462 viviendas previstas, apenas una veintena estaban habitadas. Las demás, ruinas modernas.

El campo de golf, sin embargo, siguió funcionando. Durante años fue gestionado por distintas empresas, incluso una panameña que había adquirido los terrenos en subasta judicial. En 2021, la Agencia Tributaria intervino parte del complejo por impagos y deudas millonarias. El contraste entre el césped cuidado y las urbanizaciones abandonadas se volvió el símbolo perfecto del ‘pelotazo’: beneficios privados, costes públicos y un paisaje destrozado.

El giro de 2024: una victoria con sabor a justicia

La historia dio un vuelco en julio de 2024. Tras años de presión social, el Concello de Moaña notificó por fin el inicio de los expedientes de caducidad de las licencias de 2001 y 2003. Luita Verde presentó alegaciones y en abril de 2025 llegó la resolución definitiva: las licencias caducaban oficialmente. El ayuntamiento reconocía que nunca se había cumplido la obligación de urbanizar simultáneamente ni de mantener las condiciones originales de concesión.

La decisión supone un triunfo histórico para los colectivos ciudadanos que llevaban años denunciando lo que llamaban “la estafa de Domaio”. Es, también, una derrota simbólica para quienes se beneficiaron de la recalificación. “No es una victoria total, pero al menos se ha reconocido lo que llevamos denunciando treinta años: que aquello fue una barbaridad urbanística y ambiental”, celebran desde Luita Verde.

Poco después, la empresa promotora —ahora, Cervecería Joaquín S.L.— presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución municipal, buscando frenar el efecto dominó: la posible demolición de las estructuras ilegales y la restitución del terreno a su estado original.

Un caso que retrata a toda una época

El ‘pelotazo’ de Domaio no fue una excepción. Fue un síntoma. Galicia entera vivió durante los noventa y los 2000 un proceso de urbanismo salvaje, alimentado por una legislación ambigua y una cultura política basada en el cemento. Las montañas se llenaron de urbanizaciones, los concellos de licencias y las costas de muros. La diferencia es que en Domaio la resistencia vecinal no se rindió.

“Llevamos treinta y cinco años pidiendo algo tan simple como que se cumpla la ley”, dice Ricardo en nombre de Luita Verde y añade: “Aquí hubo intereses políticos y económicos que se protegieron durante décadas. Ahora, lo mínimo es que se restaure la legalidad”

El caso ha puesto sobre la mesa una cuestión: ¿quién paga por el daño causado? Hay propietarios que compraron casas sobre plano y hoy tienen ruinas imposibles de vender. Otros, que habitan chalés terminados pero sin licencia de primera ocupación. Y está el propio Concello, que durante años miró hacia otro lado. Desde Luita Verde abogan porque Moaña se haga cargo de las demoliciones como responsable civil subsidiario, pero el horizonte a ese respecto es difuso.

La resolución de caducidad abre la puerta a la demolición de las estructuras ilegales, pero también a reclamaciones patrimoniales y nuevos litigios. La justicia administrativa tarda, pero parece que acabará llegando. Aunque en Moaña el hormigón llegó antes que los expedientes.