Fronteras
Un sistema de acogida a la deriva

Falta de personal, desorganización e instalaciones miserables son las dificultades para socorrer a las personas migrantes en Motril.

Refugiados en Motril
Personas solicitantes de asilo llegan a la playa de Motril. Carlos Gil

publicado
2018-08-06 12:10

Miguel recuerda con nitidez la imagen de aquellas primeras pateras que llegaron a las costas de Motril. Eran barcazas de madera, nada que ver con esos sucedáneos neumáticos de hoy. Aquellos viejos cascarones astillados encallaban directamente en las playas y eran los propios vecinos quienes se tiraban a la orilla a socorrerlos, cargados con mantas.

Intentaban, como podían, ofrecer algo de calor a esas decenas de almas desorientadas que, después de atravesar 90 millas a la deriva, de vencer la llamada tramposa del mar, no sabían si habían llegado al paraíso o a un nuevo purgatorio.

“Eran personas absolutamente desvalidas, venían con lo puesto y algunos dírham como mucho. La policía no sabía ni cómo atenderlas, los consideraban delincuentes convencionales”, cuenta Miguel Salinas, hoy miembro de la ONG Motril Acoge.

Entre su recuerdo y las imágenes de los últimos rescates en el Mar de Alborán han pasado 20 años. Entonces, a finales de los años 90, arribaba a la costa de Granada una patera cada tres meses. Ahora, solo en lo que llevamos de año han sido atendidas en el puerto de Motril más de 3.000 personas —entre ellas 373 mujeres y 404 niños—, la mayoría de origen subsahariano. Es el doble de las registradas en 2017. Y todavía las autoridades siguen sin saber cómo darles una acogida digna.

Obviamente, ya no se les atiende en la playa con cuatro mantas. Existe un dispositivo de emergencia con personal cualificado, pero los recursos siguen siendo insuficientes. Falta personal, faltan protocolos y, sobre todo, faltan espacios donde dar cobijo a los migrantes o, al menos, espacios menos miserables que los de ahora.

El aumento de llegadas este verano —algo previsible, después de que Libia bloqueara el acceso a la ruta por mar a Italia— vuelve a transmitir la imagen de un puerto superado por las circunstancias, cuando en realidad solo pone en evidencia un sistema de acogida que de por sí ya era precario e improvisado.

Lo llaman oleada, avalancha, desbordamiento… cuando en realidad quieren decir mala gestión

“Llevamos 20 años viendo cómo las personas llegan a nuestras costas, no es un fenómeno nuevo. La sensación de desbordamiento o falta de recursos tiene más que ver con una falta de voluntad política”, indica Francisco Fernández, delegado de la ONG APDHA en Granada.

Lo llaman oleada, avalancha, desbordamiento… cuando en realidad quieren decir mala gestión.

Del mar al calabozo

Desde el comienzo del verano, ocurre casi todas las semanas. Salvamento Marítimo recibe un aviso y pone en alerta a los equipos de respuesta inmediata (ERIE) de Cruz Roja. Lo integran unas 15 personas, entre enfermeros, trabajadores sociales y personal de logística. A ellos se suman unos 60 voluntarios. Una vez que el buque llega a puerto con los rescatados, todo se mueve como un solo organismo vivo.

Desembarcan en grupos de diez. Mujeres y niños primero. Se les da comida, bebida, ropa seca. Se atiende a los heridos: cortes en los pies descalzos, mareos, hipotermias, quemaduras. Se les coloca una pulsera. Roja o verde, según el nivel de gravedad. Se les pregunta nombre, edad, origen. Si se detecta una nueva patera, el mecanismo vuelve a empezar.

Los servicios de Cruz Roja son los primeros en recibir a los migrantes en suelo español. De ellos depende lo más difícil: conseguir que estas personas se sientan a salvo. Llevan tres años viendo cómo se duplica el número de personas que llegan a Motril, por eso este verano han pedido voluntarios de otras ciudades. Aun así, se manejan bien. En cuanto llega el barco, organizan filas, entregan mantas, dan las primeras palabras de consuelo.

Hasta aquí, la imagen que solemos ver en las noticias. El problema viene después. Allí no llegan las cámaras ni los periodistas. Empieza en una nave blanca y con ventanas ciegas ubicada en el mismo puerto.

Es el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Un lugar de reclusión donde los migrantes —hombres, mujeres, bebés, niños no acompañados— permanecen encerrados durante sus primeras 72 horas en España. El plazo que, según marca la ley, deben estar bajo custodia policial a la espera de saber si son o no deportados. Una cárcel para migrantes, con sus barrotes y todo, donde se les recluye aún con el agua y el miedo pegado al cuerpo.

“Presenciar a madres con bebés en calabozos, a menores no acompañados encerrados en celdas, a hombres durmiendo en el suelo nos debería sonrojar”, denunció en febrero el Defensor del Pueblo en referencia al CATE de Motril.

Ya en 2014, había advertido de que este centro no reunía las condiciones mínimas. Ahora en 2018, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, pide expresamente que se cierre. Porque, si bien es cierto que estas personas han cruzado la frontera de manera irregular, lo han hecho en condiciones de dureza extrema, jugándose la vida. Privarles de libertad, hacinarles en celdas donde ni siquiera llega la luz del sol no parece lo más humanitario.

“La primera acogida de migrantes en Motril es insostenible, no hay infraestructuras ni recursos. Lo que llaman centro de primera acogida es en realidad un centro de detención masiva”, critica Maribel Mora, senadora de Podemos, después de visitar las instalaciones.

Lo define como “un calabozo infecto e indigno”, con suelos cubiertos de colchonetas, sin espacio para caminar, duchas sin puertas que dejan las celdas anegadas de agua. Desde luego, un lugar más parecido al purgatorio que al paraíso.

Con ella coinciden el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), Human Rights Watch y los propios sindicatos de policía. El SUP lleva años quejándose de la falta de personal y la terrible situación del CATE: problemas de plomería, temperaturas gélidas en invierno, mosquitos en verano, hedor por falta de ventilación. “Carece de las mínimas condiciones de salubridad tanto para los compañeros que allí prestan servicio como para los propios inmigrantes”, asegura el sindicato policial.

En medio de este panorama, los migrantes también reciben asistencia legal. Hasta hace muy poco, las visitas con los abogados se hacían de manera colectiva. “Metían a 15 o 20 migrantes en una misma habitación, el abogado daba una charla y punto”, explica Eduardo Torres, decano del Colegio de Abogados de Granada. “Así no se hacen las cosas. Nuestra obligación es hacer entrevistas individuales, secretas y tranquilas”.

Ahora los abogados han conseguido que les permitan reunirse uno por uno, pero disponen de una sola habitación para hacerlo. Cuando se juntan 120 o 150 personas en un mismo desembarco, la atención se complica. Faltan el tiempo y la tranquilidad para identificar, por ejemplo, a posibles solicitantes de asilo, a menores, a víctimas de trata. Al final, casi todos los casos se resuelven con órdenes de expulsión. Hay razones suficientes para que este Centro de Atención Temporal de Motril no exista y aun así, sigue acogiendo a decenas, centenares de personas. A veces hasta 160 en un mismo día. A pesar de que solo tiene capacidad para 80.

Abandonados a su suerte

Hay días que hasta el CATE llega a su límite. Entonces toca improvisar. Este año las autoridades ya han tenido que recurrir varias veces a pabellones deportivos, e incluso a un espacio que normalmente se usa para actividades culturales, para alojar a los rescatados en las pateras. Se limitan a buscar meros “contenedores de personas”, sin estudiar primero si están o no correctamente acondicionados.
“Todo es muy improvisado, a base de prueba y error. No hay un protocolo riguroso sobre cómo actuar”, señala Miguel Salinas, de Motril Acoge. Por esa misma razón, a veces tampoco hay intérpretes suficientes y son los voluntarios de las ONG quienes tienen que prestarse a traducir.

Una vez pasadas las primeras 72 horas, aquellos que no han sido deportados de manera inmediata son conducidos a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) —otro centro de reclusión más—, como el de Aluche en Madrid. Si ya están llenos, la policía deja entonces a los migrantes en manos de las ONG, que los alojan temporalmente en sus centros de acogida o en habitaciones concertadas con hostales de la ciudad.

A partir de ese momento son oficialmente inmigrantes irregulares. Son “libres”, pero siguen teniendo una orden de expulsión en la mano. No pueden trabajar, ni alquilar una vivienda, entran a formar parte de esa enorme bolsa de personas que sobrevive en la clandestinidad. Por eso la mayoría prefiere continuar su viaje, ir a Madrid, a Barcelona, a París. Ciudades donde les esperan amigos y familiares.
Cruz Roja les ayuda a ponerse en contacto con ellos y a comprar los billetes de tren o autobús. Sin embargo, demasiadas veces ha ocurrido que cuando llegan a la estación de destino nadie les espera. Vuelven a estar solos, se les pierde la pista.

Un ejemplo de ese abandono ocurrió en Granada el 16 de diciembre de 2017. “Encontramos a un grupo de 30 o 40 personas de origen subsahariano en la estación de autobuses. Decían que la policía los había montado en un autobús en Motril. Cuando llegaron no sabían ni dónde estaban”, explica Miguel García. Él fue uno de los muchos vecinos de Granada que, desinteresadamente, se movilizaron aquel día para ayudarles.

El suceso volvió a repetirse el 30 de mayo de este año. En esa ocasión la policía dejó en la calle a 54 personas, pero para entonces esta red informal de ciudadanos ya estaba preparada. “En media hora estábamos esperándoles. Médicos del Mundo les facilitó atención médica. Una parroquia y una mezquita se ofrecieron a acogerles. Nos organizamos para facilitarles comida, traducción, acompañamiento, para contactar con sus familiares. Dos personas solicitaron protección internacional”.

Tras esta experiencia, Ayuntamiento, vecinos y organizaciones han elaborado un protocolo para saber cómo actuar ante una emergencia como esta. Lo hacen por humanidad, pero dejan claro que la responsabilidad no es suya.

“Esto es una salida de emergencia ante una situación sobrevenida, los responsables son la Subdelegación del Gobierno y la Junta de Andalucía”, insiste Pablo Simón, de Médicos del Mundo. Según ellos, se trata de una “ausencia de previsión deliberada” para que, una vez salgan del puerto, los migrantes simplemente se evaporen, para que desaparezcan como grupo, para que se vuelvan invisibles.

Infractores antes que víctimas

“Tenemos un problema para poder acoger a toda la gente que llega”, reconoce Gerardo Esteva, presidente de Cruz Roja Granada. “Esto no es un tema puntual, esto va a seguir siendo así. Hace falta un planteamiento o vamos a estar improvisando siempre”.

Es la crítica unánime en Motril, donde hoy siguen pidiendo infraestructuras, medios humanos, pero también un organismo de coordinación entre las administraciones local, autonómica y nacional. Un verdadero modelo de acogida que ahora mismo no existe.

Y para eso hace falta voluntad política. “Esto no se gestiona mejor porque no interesa. No hay intención de considerar a las personas recién llegadas como personas con derechos, que merecen una atención del Estado”, denuncia Natalia García, secretaria general de APDHA. Ésta y otras ONG exigen soluciones más a medio plazo. “A la hora de hablar de migraciones tenemos primero que entender por qué vienen así. Si hubiera vías legales y seguras no vendrían en esas embarcaciones tan peligrosas y no estarían falleciendo tantas personas en el camino”, insiste García.

Hasta ahora, la única solución planteada por el Gobierno ha sido abrir otro Centro de Atención Temporal de Extranjeros en unas viejas instalaciones militares de Motril, un edificio del Ejército del Aire llamado EVA-9.

El proyecto, de momento, está parado gracias al rechazo de los propios vecinos y del Ayuntamiento de Motril que votó en pleno denegar la licencia de obras al Ministerio de Interior. “Da igual si les llaman CIE o CATE, son comisarías racistas. Centros de detención de migrantes que no han cometido ningún delito, solo una falta administrativa. No les pueden meter en un calabozo por eso”, defiende Francisco Fernández de APDHA.

En términos parecidos se ha expresado el Defensor del Pueblo: “La llegada irregular a nuestras costas no se va a resolver exclusivamente desde una perspectiva militar o policial (…). España, en atención a su situación geográfica y a su condición de parte del ‘mundo deseado’, debe estar preparada para poder realizar una acogida en condiciones dignas”.

Veinte años después de la llegada de las primeras pateras a Motril, seguimos como entonces, viendo a estas personas como infractoras. Ignorando todos esos años de viaje exhausto, todos los abusos y maltratos. Evitando pensar en esas 292 vidas que se han hundido este año justo ahí, en la parte de mar que nos toca.

Veinte años después, seguimos siendo ese Estado esquizofrénico que lo mismo les salva de la muerte, que luego les encierra y abandona.

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