Fronteras
Solicitantes de asilo señalan a Cruz Roja y denuncian condiciones indignas en el programa de acogida

Llegar a España en busca de protección no debería implicar dormir en la calle ni enfrentar la indiferencia de quienes velan por garantizar derechos. Sin embargo, para muchas personas refugiadas el sistema de acogida se traduce en retrasos y desprotección.

En este contexto llegó a Barcelona Sasha Voldamn, refugiada rusa de 19 años, junto a su marido, Andrei, el 17 de mayo de 2025. Sasha huyó de Rusia tras sufrir una agresión sexual y persecución policial. Tras dos meses en la calle, la pareja fue atendida en un Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), y después fue derivada a un centro de acogida gestionado por Cruz Roja en Vilanova i la Geltrú.

Sasha y Andrei fueron alojados en el hotel Gatell de esa localidad catalana, donde, según denuncian junto a otros solicitantes de asilo, las condiciones distaban de ser dignas: allí encontraron alimentos en mal estado, falta de productos básicos de higiene y escasa información, entre otros problemas. Esta investigación tuvo acceso a imágenes y otras evidencias que sostienen estas quejas. No se trata de un caso aislado.

En 2025, España registró más de 160.000 solicitudes de asilo y solo el 11,2% fueron favorables, según datos de CEAR. Actualmente hay más de 30.000 personas en el sistema de acogida español. El programa de acogida tiene tres fases en las que el Estado afirma cubrir alojamiento, alimentación, atención sanitaria y psicológica, asesoramiento jurídico y social, y formación para que la persona alcance autonomía en 18 meses. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones gestiona diversos recursos de acogida y subcontrata a entes del tercer sector para cumplir estos objetivos. Una de esas organizaciones es Cruz Roja, que a menudo deriva a los solicitantes a hoteles o pisos temporales según disponibilidad y perfil. Cruz Roja actúa en coordinación con ese ministerio y, en el caso de Vilanova i la Geltrú, también con la Generalitat catalana y el ayuntamiento de esa localidad. En Vilanova, existen 81 plazas repartidas en los hoteles Gatell y Solvi.

“Todas las personas que son trasladadas a la primera fase del programa enfrentan un empeoramiento significativo de las condiciones de vida y un trato negligente”, asegura Sasha, que ha presentado una queja a título personal y otra colectiva denunciando su  situación ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Migraciones. Esta investigación ha recabado el testimonio de otras cuatro personas que afirman haber sufrido de esta dinámica en el mismo programa de acogida gestionado por Cruz Roja. Todas son solicitantes de asilo, pertenecen a la comunidad LGTB, tienen entre 20 y 27 años y, salvo un ciudadano ucraniano, proceden de Rusia.

Incluso en Google pueden encontrarse reseñas públicas de personas que han pasado por este mismo programa y que describen problemas similares. “Llevo viviendo de pasta y productos caducados durante meses (...) No te dan ropa, así que voy a buscar la que pueda en la basura. Me he humillado por pasta de dientes y champú (...) [desde Cruz Roja] siempre mienten: ‘mañana’, ‘la próxima semana’, ‘tus documentos están casi listos’. Nada de esto pasa. Nunca. No es ayuda ni integración, es un chiste”, denuncia una de las reseñas.

En respuesta escrita, Cruz Roja niega los problemas denunciados y menciona que cualquier incidencia se habría subsanado de inmediato. Aclara que todos los servicios se prestan según la normativa del programa, con seguimiento y protocolos de control.

Estos testimonios revelan una brecha entre las condiciones que supuestamente rigen el sistema de acogida y la experiencia real de quienes dependen de él. La historia de las personas entrevistadas pone de manifiesto que, pese a las promesas de protección y autonomía, la realidad diaria puede ser muy distinta.

Sin recursos ni apoyo en trámites clave

La legislación que regula estos programas tiene como objetivo garantizar que las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional puedan cubrir sus necesidades básicas “en condiciones de dignidad”. 

El itinerario de acogida se adapta a la situación personal, familiar y económica de cada persona para garantizar alimentos adecuados, ropa y atención a necesidades especiales, como restricciones alimentarias o condiciones médicas, con el fin de facilitar su integración y autonomía progresiva. En la práctica, esto no siempre se cumple.

Por ejemplo, Sasha es vegana y, por motivos religiosos, tiene restricciones alimentarias, pero el hotel Gatell donde se hospedó no respetó sus necesidades dietéticas. Otros tres solicitantes entrevistados para este reportaje afirman igualmente que estas condiciones no se cumplen. Todos los testimonios recabados también denuncian que el hotel Gatell suministra alimentos caducados, llegando a encontrar insectos o restos de objetos en los platos, y sin respetar dietas médicas o religiosas. Sasha relata que la escasez de comida afectó su salud, le provocó intoxicaciones y la obligó a buscar alimentos en contenedores de basura. “No podía ni levantarme de la cama para recoger la comida”, revela.

Los responsables del hotel Gatell no responden a las preguntas formuladas al respecto. Cruz Roja asegura que todos los servicios prestados, alimentación, higiene, atención psicológica y jurídica, se realizan conforme a la normativa del programa, con seguimiento continuo y protocolos para garantizar dietas y asistencia psicológica según la fase de acogida en la que se encuentren las personas.

Los entrevistados también afirman que los kits de higiene tardaron más de cinco meses en llegar, que nunca se les entregaron ropa y calzado, y que el alojamiento estaba sucio. En un caso, una pareja asegura que encontró la habitación con basura y comida en descomposición. Además, explican que la asistencia psicológica se interrumpe cuando los profesionales son trasladados a otros centros, como ocurrió con Sasha, diagnosticada con TEA, estrés postraumático y episodios psicóticos. Esta carencia agravó los problemas de salud de varios participantes del programa.

La vida de cualquier solicitante de asilo se complica aún más con la incertidumbre que puede provocar la espera de una respuesta a sus trámites administrativos. Los meses, incluso años, transcurren y sus vidas se vuelven un limbo constante, al ser catalogados como “En trámite” por un periodo de tiempo que parece ser interminable para muchos, más aún viviendo en este tipo de espacios y centros.

Los cuatro testimonios recabados afirman que no se les explicó cómo solicitar asilo y que tuvieron que informarse por su cuenta. En el caso de Sasha y su marido Andrei, obtuvieron la protección internacional gracias a un abogado externo a Cruz Roja. El personal repetidamente afirmó “no saber cómo realizar dichos trámites” y comunicó plazos que nunca se cumplieron. Cruz Roja responde que “el programa de acogida cuenta con personal especializado en la atención jurídica a personas solicitantes, asesoría que se presta también en todos los recursos de la fase de Valoración Inicial y Derivación”.

Los entrevistados denuncian retrasos de hasta nueve meses en la tarjeta sanitaria. Sasha afirma que intentó quitarse la vida por estrés y ausencia de apoyo. Una persona transgénero y discapacitada asevera que, tras esperar seis meses, finalmente tuvo que comprar una silla de ruedas para poder moverse. Las entidades que participan del sistema de acogida saben que “las tarjetas sanitarias son una de las primeras cosas que se tramitan”, explica Raquel Santos, trabajadora social y directora de Programas de CEAR. Cuando existe demora, “se entrega un resguardo con el que puede acceder a la atención sanitaria”, dice Santos. Los testimonios recabados coinciden en que nunca obtuvieron un resguardo de este tipo por parte de Cruz Roja.  Según esta última, la gestión de la tarjeta sanitaria no es su competencia, pero ofrecen colaboración a las personas que lo puedan necesitar. El Ministerio de Migraciones no responde a las preguntas relativas a la tarjeta sanitaria.

Otro aspecto clave es el bono de transporte. Un solicitante ucraniano de 53 años asegura que Cruz Roja tardó tres meses en entregárselo, obligándolo a desplazarse a pie, incluso entre ciudades. Khadija Amin, voluntaria de la asociación Netwomaning, afirma que “nadie te explica bien cómo funciona el sistema y cada ONG hace lo que quiere”.

Sin dinero en el bolsillo

La normativa del sistema de acogida contempla ayudas económicas para cubrir gastos básicos diarios, conocidas como “asignación de bolsillo”. Según el Ministerio de Migraciones, su concesión y cuantía se determinan de forma individualizada, en función de la fase del itinerario, las necesidades personales y la existencia o no de ingresos propios.

Los cuatro testimonios recabados apuntan a retrasos y carencias en la entrega de estas ayudas. Por ejemplo, Emma (nombre ficticio por miedo a represalias), una chica joven rusa que vino a España en búsqueda de protección internacional, asegura que no recibió ayuda económica ni ropa. Otro solicitante de asilo, estuvo más de seis semanas sin percibir esta asignación. 

Sobre la gestión de las ayudas económicas, Cruz Roja afirma que “se realiza conforme a los protocolos internos de la entidad y, en cualquier caso, dentro de plazos razonables y conformes a la normativa de gestión del Ministerio”. Esta entidad también dice que “ni los plazos ni los conceptos mencionados se corresponden con la realidad” y destaca que cualquier incidencia se habría subsanado de inmediato.  

“Cada ONG y cada trabajadora social trabaja diferente, no hay una normativa común ni un control real”, sostiene Amin, voluntaria en apoyo a personas refugiadas, quien también vivió el sistema de acogida como solicitante de asilo. Esta mujer afgana advierte que la falta de supervisión y criterios homogéneos genera desigualdades y obliga, en algunos casos, a recurrir a redes informales para cubrir necesidades básicas. Amin actualmente hospeda en su hogar a dos mujeres afganas que fueron expulsadas del centro de acogida donde estaban viviendo.

El idioma, la frontera invisible

Otro obstáculo habitual es la barrera del idioma. Las normas del sistema de acogida contemplan facilitar cursos para aprender el lenguaje, pero los testimonios recabados revelan que esto no siempre se cumple. Emma afirma que solicitó cursos de español y catalán, pero le fueron denegados con el argumento de que “ya conoce el idioma”, sin una evaluación objetiva ni alternativas formativas. Aunque uno de los refugiados actúa como intérprete informal, los testimonios afirman que las barreras lingüísticas persisten. Sasha explica que le pidieron firmar documentos sobre ayudas económicas y tarjeta sanitaria sin traducción ni explicaciones. “Me dicen que firme y si pregunto algo, el trabajador social contesta en español sabiendo que no entiendo”, asegura.

Según Amin, la falta de traductores en los trámites es habitual y, en ocasiones, ha tenido que intervenir para evitar que queden desatendidos. Tras presentar quejas por las condiciones del centro de Vilanova i Geltrú y su gestión, varias mujeres refugiadas afirman que fueron expulsadas del programa. Cruz Roja niega estas acusaciones y sostiene que estas expulsiones no dependen de la entidad, sino del Ministerio. Asimismo, afirma disponer de personal multilingüe y de un servicio profesional de interpretación telefónica para las principales nacionalidades del sistema.

El Ministerio de Migración no confirma si tiene constancia de estas quejas. Tampoco facilita cifras del número de denuncias que recibe ni detalla actuaciones concretas o plazos para garantizar derechos básicos como la atención sanitaria o las ayudas económicas.

Sasha y otros diez refugiados han solicitado una intervención urgente para garantizar condiciones de acogida seguras, presentando quejas ante el Ministerio de Migraciones. A título personal, Sasha envió otro escrito al Defensor del Pueblo. Este último confirma que ha recibido la queja, la ha admitido a trámite y ha solicitado información al Ministerio. Al tratarse de un procedimiento en curso y de carácter confidencial, la institución no ofrece más detalles.

“A mediados de enero todavía no había cambiado nuestra situación en lo absoluto. Tras múltiples reclamaciones, continúaban los engaños y la apropiación de fondos ajenos (…) No tenemos trabajo, ni siquiera autorización para ello, tampoco familia, nadie que nos pueda ayudar. Todas las autoridades nos ignoran”, dijo Sasha en su último día en el centro de acogida de Cruz Roja, del que se tuvo que ir el 17 de enero por la negligencia vivida en el hotel Gatell.

Actualmente, Sasha y su marido se encuentran en Cunit (Tarragona), a la espera de ser enviados a Dublín, un traslado del que les informó Cruz Roja, pero del que aún no han recibido detalles ni confirmación. Sasha afirma encontrarse en un estado grave de salud a causa de su estancia en el hotel, lo que dificulta su traslado fuera de España. Según los datos más recientes, en 2024 Cruz Roja recibió más de 330 millones de euros en financiación pública.