Fronteras
El esperado proceso de regularización extraordinaria comienza tras su aprobación en el Consejo de Ministros

El día ha llegado, después de semanas de expectativas desde que el de 26 enero se anunciara que la regularización extraordinaria de personas migrantes iba por fin a concretarse tras un acuerdo de Podemos y PSOE, por fin el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto en la mañana del 14 de abril. Así lo anunciaba la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz quien ha comunicado al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo, la aprobación del Real Decreto que modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

La ministra ha calificado la aprobación del Decreto Ley como “uno de los grandes hitos” de esta legislatura, permitiendo el acceso a derechos de “personas que conviven entre nosotros con hijos e hijas que van al colegio con nuestros hijos que dan vida a nuestros pueblos y nuestras ciudades”. Saiz ha argumentado que el decreto goza de una triple legitimidad: social, por el masivo apoyo de la ILP, política, pues en su momento la admisión a debate en el Congreso de la ILP fue respaldado por 302 votos, y económica, pues cuenta con el apoyo de sindicatos y patronal.

En la rueda de prensa, la ministra ha afirmado que el Decreto Ley, que se publicará mañana 15 de abril en el BOE, aplicándose desde el día siguiente a su publicación, cuenta con todas las garantías legales, y el aval del dictamen del Consejo de Estado. La solicitud se podrá presentar a partir de este jueves de manera telemática en la plataforma web del ministerio, y desde el lunes 20 de manera presencial con cita previa.

Saiz ha defendido lo que considera “un operativo muy meditado, pero también muy organizado”, en el que estarán involucradas 150 entidades colaboradoras en un registro que aún sigue creciendo, así como oficinas de seguridad social y oficinas de correo, y algunas oficinas de extranjería en horario de tarde. Ha invitado a asegurarse de qué oficinas estarán disponibles: “informaremos adecuadamente y no queremos que nadie se frustre”. También ha mostrado su confianza en que la formación del personal que se encargará de los trámites, la implicación del UTEX y la plataforma Mercurio servirán para que el proceso llegue a buen puerto. “Queremos que salga bien”. 

Así, tras la publicación en el BOE el día de mañana, el 16 de abril dará inicio un proceso de admisión de solicitudes que terminará el próximo 30 de junio. Se calcula que entre 500.000 y un millón de personas podrían intentar acogerse a la regularización que dará paso a un permiso temporal de un año, personas que llevan desde inicios de abril, cuando se había anunciado inicialmente que empezaría el plazo, expectantes ante la posibilidad de regularizar su situación en el país.

Quienes llevan seis años luchando porque se concrete esta demanda, celebran hoy que por fin empiece el proceso de regularización, en un comunicado de prensa lanzado esta mañana, en el que recuerdan, que “el texto es el resultado de un arduo periodo de lucha y negociaciones para que este proceso ciudadano impulsado por nuestras propias comunidades abarcara a la mayor cantidad posible de personas en situación administrativa irregular”. 

Unas negociaciones que se han dado en un marco de oposición férrea de la derecha —que llegó a votar en el Congreso contra la regularización en una demostración de fuerza— y en plena difusión de bulos y desinformación para generar un clima contrario a la regularización. “Estamos celebrando un gran logro con voz propia del Movimiento Regularización ya y la resiliencia de quienes nos quedamos luchando hasta el final para conseguir la aprobación de este Real Decreto en una jugada política sin precedentes de las personas migrantes que formamos parte de esta lucha”, celebra Victoria Columba de Regularización Ya Barcelona en conversación con El Salto Diario.

Coincide desde Regularización Ya Madrid, Edith Espínola: “Estamos viviendo este momento con muchísima alegría, con muchísima emoción por saber que muchas personas en este momento están dando gracias a toda esta insistencia de seis años porque van a poder regularizar su situación administrativa”. En el comunicado difundido por Regularización Ya, se explica detalladamente cómo queda el texto definitivo, con las demandas que han logrado incluir y algunas cuestiones que no han podido ser conquistadas. La activista explica que para ellas era fundamental dejar claro que se han luchado por puntos de la agenda que eran fundamentales, pero hay otros en los que se les ha dicho que no. “Creemos que también es importante que las compañeras sepan que en esta lucha hemos ganado, pero también hemos perdido algunos puntos”.

 “Nosotras siempre creemos en el ejercicio de la transparencia”, explica Espínola, quien aclara que durante estos meses no han podido hacer públicas al hallarse en pleno momento de negociación, “como que la gente recién se enteró en el 26 de enero de que iba a salir la regularización extraordinaria a través de un Real Decreto”, algo que pilló de sorpresa a muchas personas, “era un trabajo de todo el año 2025 que impulsamos al ver que la Iniciativa Legislativa Popular seguía dormida en el Congreso tomamos otra acción”.

Empieza por fin la regularización

El primer logro de este proceso es en sí misma la conquista de un proyecto que se inició en la pandemia: regularizar a las personas migrantes que viven en el país. Mañana mismo y hasta el 30 de junio, quienes hayan llegado al Estado antes del 1 de enero de este año y puedan acreditar una estancia de al menos cinco meses podrán regularizar su situación. Pero los logros del movimiento por la regularización tienen que ver también con su inclusividad.

En este sentido, el texto definitivo incluye la posibilidad de establecer una prórroga de cuatro años, sin requisitos adicionales, para personas en edad de jubilación, o afectadas por enfermedades graves o discapacidad (o con cónyuges e hijas o hijos afectados).  Para Espínola este logro pone en primera línea el lema “querían brazos llegamos personas”. Así, frente a narrativas que consideran a las migraciones desde el punto de vista de la mano de obra, incidir en esto implica la mirada de las personas migrantes. “No somos una cifra, no somos solamente producción”. Con esta prórroga, explica Espínola, se garantiza que estas personas “puedan realmente no estar con el cuello de botella constantemente apretado y saber que durante cuatro años, por ser personas vulnerables, pueden seguir manteniendo esa tarjeta de residencia”.

Junto a esta prórroga para quienes se hallan en estas casuísticas especiales, el decreto incluye finalmente que la vulnerabilidad por estar en situación de irregularidad será otra vía para acceder a la regularización, frente a la presentación de una oferta de trabajo o realización de una formación, que se exigen en los procedimientos de arraigos sociolaboral y socioformativo respectivamente. En la misma línea, “se flexibilizan los requisitos para poder regularizar a los menores acompañados por sus progenitores”, aportan. 

Otra demanda central ha sido la validez de pasaportes caducados para iniciar el trámite. Columba explica que esta medida es un gran logro pues permite ganar tiempo a las personas solicitantes. Respecto a otro posible obstáculo en la documentación necesaria como es el requisito de entregar antecedentes penales de los países donde se haya residido los últimos cinco años, si bien no se ha conseguido que el Gobierno aceptase una declaración responsable en su lugar, en los casos en los que no se reciba contestación del país tercero, será el propio Gobierno de España quien deba solicitarlos. 

Asimismo, será la admisión a trámite la que permita acceder a una autorización provisional de trabajo, sin necesidad de esperar a la resolución favorable. Otra de las demandas que se incorporan definitivamente es que el padrón —al que muchas personas no logran acceder— no sea el único medio para acreditar la permanencia a la hora solicitar la regularización, ni tampoco para acreditar la residencia cuando se proceda a la toma de huellas. La regularización incluirá además las solicitudes de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales que ya se encuentren en trámite, que se resolverán favorablemente si se cumplen con los requisitos establecidos en esta regularización, sin necesidad de realizar más trámites. 

Por su parte, las personas solicitantes de protección internacional podrán iniciar los trámites sin desistir de su proceso, sin embargo, no se ha conseguido que puedan continuar con la solicitud de asilo una vez se les conceda el permiso de residencia por vía de la regularización. “Eso nos ha parecido súper injusto, porque una persona que ha solicitado la protección internacional es por una circunstancia específica en su país puede venir de una zona de guerra, una zona de conflicto, puede haber una persecución policial o una persecución por bandas criminales, pueden ser perseguidos por su disidencia sexual”, enumera Espínola, quien califica como “penoso que no se comprenda hasta qué punto esta persona lo ha solicitado porque se siente vulnerable y necesita la protección del Estado español”. Además, alerta, a estas personas se les puede complicar renovar su regularización ante las dificultades para obtener documentación de los mismos países de los que se han visto obligadas a marchar. 

Algunos límites

Hay otros puntos que pese a los esfuerzos en la negociación no han conseguido salir adelante: por un lado, las personas apátridas han sido excluidas “a pesar de lo relevante de su inclusión y de una serie de alternativas viables propuestas por el Movimiento Regularización Ya para alcanzar un acuerdo”, lamentan en el comunicado. 

Otra de las limitaciones que lamentan es que no se llegara a un acuerdo para eliminar el requisito del informe de vulnerabilidad. “En su lugar, hemos logrado que se simplifique el trámite a través de un modelo específico sencillo”, explican desde Regularización Ya. Así el foco se desplaza hacia las entidades colaboradoras que podrán emitir estos informes, algo imprescindible, explica Columba “porque en algunos Ayuntamientos Servicios Sociales dice no tener citas y en otros no atiende a personas migrantes que no estén empadronadas en el Municipio”.

Respecto a lo ajustado de los tiempos, Regularización Ya denuncia que se haya usado como excusa  la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, el próximo  de julio,  para no ampliar la vigencia del decreto hasta finales de año, como demandaba el movimiento. En todo caso, en el contexto de una Europa cada vez más securitaria, en pleno avance de políticas de vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes, como la Directiva de Retorno actualmente en discusión en Europa, Columba reivindica este logro: “Conseguimos colar una regularización con perspectiva de derechos en un momento de avance global de las políticas de odio anti migración. Este es un día histórico y un precedente para las futuras generaciones migrantes que continuarán con esta lucha”.

Espínola, por su parte, invita a la sociedad a acompañar y vigilar el proceso, orientando a las personas en situación irregular hacia las entidades colaboradoras en cada población, cuya lista será inminentemente publicada. “Que se informen en estos lugares específicos para que puedan tener la información de primera mano y saber cómo, dónde y cuándo presentar su expediente y, sobre todo, qué requisitos deben cumplimentar. Yo creo que eso lo podemos hacer todas”.

Desde Regularización Ya están trabajando en un mapa de entidades colaboradoras, y también han llamado a que las organizaciones sin fines de lucro se apunten “y sea más fácil que nuestras comunidades se enteren de quién te va a atender en árabe, quién te va a atender en francés, quién te va a tener en pueblos”. Para esta activista el acceso a información será fundamental, por lo que este apoyo puede cambiar la vida de mucha gente. Y anima también a permanecer vigilantes del proceso en las próximas semanas “el mes de junio va a ser el más duro, porque va a haber muchos expedientes que subir y esperamos que la plataforma que tiene el Gobierno realmente pueda afrontarlo”.