Fronteras
El Reglamento de Retorno, moldeado por la agenda de la extrema derecha, se abre paso en el Parlamento Europeo

Durante la tarde del lunes, la Unión Europea dio un paso más hacia la institucionalización de un modelo migratorio que permite la persecución de las personas en movimiento, incluidas niñas y niños, en todo el territorio comunitario, las somete a un régimen de vigilancia, avala su detención durante dos años, permite la separación de familias y pretende gestionar los flujos migratorios usando como principales herramientas la deportación, la suspensión de derechos humanos apelando a situaciones de “emergencia migratoria” o “riesgo para la seguridad nacional”, o el endurecimiento de medidas punitivas para quienes no colaboren con su propia deportación. 

Todas estas medidas, que recuerdan al marco instaurado en Estados Unidos y su policía migratoria —un modelo que ha despertado la indignación en aquel país, y que ha sido ampliamente denunciado a nivel internacional— se encuentran en el borrador del Reglamento de Retorno que los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia, y Asuntos Interiores (LIBE) de la eurocámara votaron ayer, un año después de que la propuesta del regulación empezara a tomar forma, levantando las alarmas de las organizaciones de derechos humanos y las fuerzas progresistas del Parlamento Europeo.

Ya el pasado febrero, más de noventa organizaciones firmaban un comunicado denunciando las vulneraciones de derechos amparadas por el reglamento en discusión. La declaración conjunta, promovida por la Plataforma de Internacional de Cooperación de Personas Inmigrantes Indocumentadas (PICUM) y Médicos Sin Fronteras, alertaba ya de que la propuesta legalizaría “las redadas en edificios, la vigilancia en los servicios públicos, y el perfilamiento racial”. 

En las sesión de ayer, la extrema derecha y la derecha ganaron el pulso obteniendo la aprobación de su borrador frente a la promovida por el relator de los liberales de Renew, Maliz Azmani, después de que fracasaran las negociaciones entre este grupo y la alianza Progresista de socialistas y demócratas (S&D), una propuesta que, en todo caso, según argumentan los críticos, difería muy poco de la presentada el Partido Popular Europeo, respaldado por las tres fuerzas de ultraderecha del parlamento: la Europa de las Naciones Soberanas (ESN), el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y los Patriotas por Europa (PfE).

Mientras el S&D, junto al grupo de La Izquierda y el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea rechazaron ambas propuestas, la mayoría de votos recabados por la iniciativa del PPE confirma los peores temores de quienes vienen denunciando cómo Europa profundiza en prácticas y políticas migratorias ya existentes, que en lugar de ser cuestionadas o erradicadas en cuanto suponen vulneraciones de los derechos humanos, se incorporan al marco normativo como reglamentos comunitarios. 

La UE contra las personas que migran

El borrador del PPE aprobado ayer desarrolla la propuesta que la Comisión Europea presentara en marzo de 2025, la cual redundaba en la tendencia de la institución presidida por Ursula Von Der Leyen hacia la instauración de unas políticas migratorias inspiradas por la agenda ultraderechista. Ya en diciembre de 2025 el Consejo Europeo otorgaba su aval a las medidas que se han incorporado en el borrador. 

Tal y como se votó el lunes, y según denuncia la PICUM, la normativa habilita la instauración de centros de detención en terceros países, que podrán albergar incluso a familias con hijos. En base a la experiencia con terceros países, los críticos señalan que esta política permitirá la normalización de detenciones arbitrarias y masivas en Estados en los que no se garantiza la protección de los derechos humanos, así como favorecerá la impunidad, al obstaculizar el acompañamiento y la atención a las personas en movimiento. 

Además, el documento sella la elección de las deportaciones como principal respuesta ante aquellas personas que se encuentran en situación de irregularidad y no sean consideradas merecedoras de protección internacional, y amplía de 18 a 24 meses el tiempo que podrán estar detenidas, con la posibilidad de imponer medidas restrictivas una vez superado ese límite, mediante el uso de monitoreo electrónico y la obligación de presentar informes. Medidas de libertad vigilada que también afectarán a los menores.  

Junto a la política de detención y deportación a terceros países, el texto obliga a los estados miembros a imponer restricciones de movimiento geográfico, u otras medidas restrictivas de carácter nacional, para todas aquellas personas que entren en el proceso de retorno. También consolida el principio de “emergencia” como coartada para que los estados miembros puedan sortear las medidas de protección de los derechos humanos vigentes: en caso de que consideren que hay una situación de excepcionalidad numérica en las llegadas, los estados podrán limitar a las personas migrantes el derecho a revisar judicialmente sus procesos, también cuando se trate de familias e infancias. 

Además la propuesta abraza un enfoque punitivista, permitiendo a los estados prohibir la entrada en su territorio a las personas de manera incluso permanente aduciendo a criterios de seguridad nacional. El borrador también establece multas, y penaliza a quienes se considere que no han colaborado con las autoridades, con la denegación de apoyo financiero en caso de regreso forzoso, o imponiéndoles incluso sanciones penales. 

Se trata pues, de un texto que difumina la frontera entre la legislación penal y la migratoria, en lo que supone una nueva vuelta de tuerca a la criminalización de las personas migrantes considerándolas un riesgo para la seguridad nacional, y obturando las vías para regularizar la situaciones de las personas por razones de reagrupación familiar, humanitarias o laborales, presentando el asilo cómo la única entrada legítima al territorio. 

El texto difumina la frontera entre la legislación penal y la migratoria, en lo que supone una nueva vuelta de tuerca a la criminalización de las personas migrantes

Consternación en la sociedad civil

“Una alianza tóxica entre las fuerzas de centro-derecha y de extrema derecha”, así definía la Responsable de Campañas de la PICUM, Silvia Carta, la votación de la jornada de ayer.  Desde la Plataforma denuncian que el borrador acaba con las últimas garantías de protección de los derechos de las personas migrantes. “Esto sitúa a miles de personas, infancia incluida, en riesgo de detención en toda Europa, y permite a los estados miembros separar familias, enviándolos a centros de detención en países que jamás habían pisado antes”. Así expresaba Carta una de las principales preocupaciones de las organizaciones, que señalan la contradicción entre denunciar la crueldad de las operaciones del ICE e implementar en Europa las mismas prácticas.

Por su parte, Sarah Chander, Directora de la Iniciativa Equinox por la Justicia Racial denunciaba cómo la Comisión Europea en marzo, el Consejo de Europa, en diciembre y ahora el Parlamento Europeo, han asumido las tesis de la extrema derecha en materia migratoria. “De ser adoptada íntegramente, esta legislación permitirá las redadas, detenciones y deportaciones de familias, independientemente de sus circunstancias personales o su lugar de origen. La Unión Europea está legislando para que el dinero de los contribuyentes se gaste en militarismo —tanto en el extranjero como en territorio comunitario”. 

Preocupa especialmente cómo se materializa en la propuesta un estado de vigilancia digital. En este sentido, la consejera política de European Digital Rights (EDRI), Aljosa Ajanovic, alertaba de un “ecosistema” que “tendrá por objetivo a miles de personas con prácticas inaceptables e ilegales como la recopilación masiva de datos y su intercambio ilegal, el rastreo por GPS, la incautación de teléfonos móviles, el intercambio de datos con terceros países sin garantías o la elaboración de perfiles raciales mediante tecnologías”. Un panorama “distópico”, basado en la “criminalización de las personas migrantes”, concluía. 

Mientras, desde organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja, se denunciaba anoche cómo el texto elegido representaba el “peor escenario”, entre dos propuestas que comprendían la vulneración de los derechos humanos, “contribuyendo a una erosión alarmante de la protección a las personas refugiadas a nivel global”, mientras que la dirección de Médecins du Monde, en Suecia denunciaba las consecuencias que algunas de las prácticas contenidas en el borrador, ya implementadas en el país escandinavo, empujan a un descenso en  el número de las personas que buscan atención médica: “En los hospitales, una nueva ley llevará a que los recién nacidos y sus madres sean denunciados ante las autoridades. En casos extremos esto puede significar que las madres no busquen los cuidados sanitarios que precisan”. 

Para Melissa Camara de Los Verdes/Alianza Libre Europea, y relatora sombra del Reglamento de Retorno, el texto adoptado por la comisión LIBE “refleja una ideología populista y racista, y pondrá en peligro a las personas, vulnerando su dignidad”. La eurodiputada advierte de que los esfuerzos dentro del europarlamento continuarán “para preservar la dignidad y los derechos de las personas”.  

Se espera que el mandato de negociación de la comisión se anuncie durante esta semana, quizás durante el plenario que tendrá lugar el mismo martes 10 de marzo. En este sentido, el bloque que se ha opuesto al borrador podrá impugnarlo. Si esto sucede, la reapertura del mandato podría darse esta misma semana durante la sesión plenaria del jueves, o ya a finales del mes de marzo. 

Negociaciones opacas y poco democráticas

Según vienen denunciando las organizaciones y representantes políticos que están intentando evitar que la Unión Europea adopte un reglamento que podría traducirse en allanamientos de domicilio sin orden judicial, o redadas en escuelas o parques en busca de personas migrantes  —prácticas que en todo caso no son nuevas en el panorama migratorio europeo pero que están siendo afianzadas como políticas migratorias oficiales para el conjunto de estados miembros— el recrudecimiento del ataque contra los derechos de las personas migrantes se da en un contexto de opacidad en las negociaciones que hurtan decisiones de gran trascendencia de los mecanismos democráticos previstos. 

En este sentido, días antes de la votación de la Comisión, Silvia Carta de la PICUM señalaba: “Lo que estamos presenciando son acuerdos secretos en los que las fuerzas de derecha están chantajeando a los progresistas para que reduzcan los derechos, amenazándoles con unirse a la extrema derecha si no se salen con la suya. Las vidas de millones de personas en toda Europa no pueden ser tratadas como un juego político”. En esta línea abundaba la responsable de migración y asilo para la Unión Europea de Amnistía Internacional, Olivia Sundberg Diez, quien consideraba alarmante que un reglamento en torno a una cuestión tan relevante y potencialmente grave para las vidas de las personas como la deportación, se haya negociado en un escenario de “prisas y de caos” y pedía a los parlamentarios que no se dejaran embaucar por una supuesta urgencia aceptando una propuesta que “ha suscitado preocupaciones casi unánimes, no solo por parte de la sociedad civil, sino también de 16 expertos de las Naciones Unidas, del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y de organismos nacionales de derechos humanos”.

La ausencia de debate era también señalada previa a la votación por la eurodiputada Estrella Galán, de Sumar, relatora de La Izquierda para el Reglamento de Retorno, quien acusaba al Partido Popular Europeo de ser “rehén de la extrema derecha”, poniendo la expulsión en “el centro de las políticas migratorias de la UE”. Afeaba además al grupo conservador, que con el fin de evitar los focos “se están hurtando al debate parlamentario y obligándonos a votar”, en la Comisión. La ya mencionada  relatora sombra del Reglamento, manifestaba asimismo su frustración porque la Comisión no haya admitido posponer la votación, como demandaban varios grupos parlamentarios.