Fronteras
La propuesta de Bruselas de reforzar Frontex despierta las alarmas de las organizaciones de derechos

Proteger las fronteras, potenciar los deportaciones y ser más eficaces. Bajo estos tres paradigmas la Comisión Europea presentaba el pasado martes su propuesta de reforma de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), organismo de polémica trayectoria que opera de manera desencentralizada desde 2005, y al que el ejecutivo comunitario quiere convertir en “el actor principal de la UE en materia de retorno”, explicaba Bruselas en un comunicado que apuntaba a la crisis de Ceuta como un elemento clave para justificar y diseñar este refuerzo de la agencia.

El nuevo reglamento vendría a sustituir al actual, en vigor desde 2019. Durante estos años el crecimiento de la agencia ha sido exponencial, llegando a superar los mil millones de euros su presupuesto para 2026, y siendo objeto de numerosas denuncias por parte de personas migrantes y de organizaciones de la sociedad civil. Su ex director, Fabrice Leggeri, se vio obligado a dimitir en 2022 tras una gestión salpicada de escándalos referentes a expulsiones ilegales y múltiples violaciones de los derechos humanos. Lejos de aludir a esta problemática trayectoria, en su documento, la Comisión apunta a la lucha contra “la delincuencia transfronteriza”, y defiende que “el pleno respeto de los derechos fundamentales y la dignidad humana, (...) forman parte integrante del mandato y las operaciones de Frontex”.

En el texto, la Comisión Europea sacaba pecho de los logros de las políticas migratorias comunitarias, afirmando que en solo dos años los cruces se han reducido a la mitad y el 30% de las personas que llegan son retornadas. Sin entrar a analizar la contracara de estas cifras, la Comisión también daba cuenta de de un marco geopolítico cada vez más complejo, por lo que, apuntaba la respuesta de la UE debería de ser “más firme” en cuanto al movimiento humano.

Esta firmeza pasaría por ampliar las funciones de uno de los organismos más financiados de la estructura comunitaria,  a través de nuevas normas que agilizarían su accionar: para “la protección del espacio Schengen”, frente a las personas que migran. La reforma implica un “cuerpo permanente reforzado”, que contaría con una “Reserva Europea de Fronteras y Retornos”.  Además se crearía, “una fuerza de reacción rápida para intervenir en situaciones de crisis”, así como un “Centro de Vigilancia en línea” que tendría por finalidad detectar posibles amenazas.  Junto a estas novedades se destaca una que tiene que ver con la coordinación de las deportaciones, creándose un centro a tal fin. Dicho mecanismo, además, podría intervenir también en deportaciones realizadas desde terceros países.

Frontex también estaría presente en dos procesos que han sido objeto de controversia: tanto los llamados retornos voluntarios, como el apoyo financiero a la reintegración en el país de origen 

La reforma anunciada va en la línea de la mirada actual europea sobre las migraciones, una mirada que, en palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene que ver con “la protección” de las fronteras, y la defensa de que es Europa quien decide quién y cómo entra en el territorio. La presidenta de la Comisión apuntaba además a una “nueva realidad” entre los motivos para potenciar este marco que pone a Frontex en el centro de las deportaciones. 

En este sentido, la Comisión propone realizar otro nuevo reglamento que agilice la gestión de las deportaciones, integrando la digitalización de cada fase de los procedimientos: retorno, readmisión y reintegración.  Una propuesta que, continua el comunicado, reduciría “la carga administrativa” al contar con “una interfaz digital única para todo el proceso”.

30.000 agentes para blindar las fronteras

En la comunicación publicada el martes se señala a los estados miembros como responsables principales de proteger las fronteras y retornar a quienes no tienen derecho a estar en el territorio, presentando el nuevo reglamento Frontex como un mecanismo de apoyo a los países en esta misión. 

Se trata, explica el documento, de compartir “recursos y capacidades operativas” aumentando el número de efectivos del llamado “cuerpo permanente” hasta los 30.000, a través de la creación de la mencionada “reserva europea de fronteras y retornos” con una fuerza de intervención rápida de 17.000 agentes que pueden ser movilizados en cualquier momento a petición de los estados. La propuesta también agiliza la adquisición por parte de la agencia, ya sea de manera autónoma, ya sea de manera conjunta con los estados, de instalaciones, herramientas digitales y del ámbito de la Inteligencia Artificial. 

La Comisión Europea apuesta asimismo por un Frontex con mayor liderazgo a la hora de retornar a las personas a nivel comunitario, integrando el centro de Coordinación de Retornos, con la implicación de la Agencia en cada una de las fases del proceso de devolución. Frontex también estaría presente en dos procesos que han sido objeto de controversia: tanto los retornos voluntarios, como el apoyo financiero a la reintegración en el país de origen.

Otra cuestión en el centro de la polémica, la deportación a terceros países, estará entre las prioridades de la agencia que podrá colaborar en la ejecución de este tipo de acciones cuando exista un acuerdo con este tercer país “respetando los derechos fundamentales y las normas internacionales” apunta la Comisión como coletilla, obviando los múltiples cuestionamientos a estas políticas sobre la base de constantes vulneraciones de derechos humanos en los países con los que los estados miembros tienen este tipo de acuerdos, como Libia, Turquía, Argelia o Túnez, donde se han acredito todo tipo de torturas y malos tratos a las personas migrantes. 

La Comisión alude al marco de las crisis como la de Ceuta para crear “un Centro de Vigilancia y Respuesta en línea” que supervise la redes sociales para valorar posibles acciones colectivas que tengan como fin acceder a territorio europeo, teniendo la capacidad de actuar contra los contenidos que considere que ponen en peligro “la seguridad de las fronteras”, y una “fuerza de reacción rápida” que se movilice inmediatamente en situaciones de emergencia. Este despliegue deberá solicitarlo el Estado miembro, mientras que correspondería al director ejecutivo de la agencia la potestad de activarlo. La propuesta también obliga a los estados miembros a comunicar, en un plazo de 24 horas, cualquier incidente que pueda afectar a las fronteras comunitarias. Para ello se anuncia una red de intercambio de información llamada EUROSUR.

La propuesta anunciada el martes, sigue a la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Retorno, y apunta a su vez, al nuevo reglamento sobre la digitalización de cada fase del proceso. La Comisión anuncia la agilización de los trámites centralizando los datos para la deportación de las personas migrantes, mediante la creación de “una nueva arquitectura digital de la UE para los Estados miembros”, un sistema, explica, que respetará “las normas de protección de datos y los derechos fundamentales”.

Esta propuesta “debe de ser rechazada en pleno”

Mientras llega el turno del Parlamento Europeo y el Consejo de pronunciarse sobre la iniciativa de la Comisión, nuevas alarmas se han despertado entre las organizaciones de derechos humanos respecto a lo que implica este refuerzo de Frontex, anunciado por la presidenta de la Comisión, Ursula Von Der Leyen como un mecanismo necesario para ejecutar lo que la política conservadora considera un mandato prioritario de la UE: “Europa siempre defenderá la protección de sus fronteras”, declaraba la mandataria.

Por su parte, el comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, tras felicitarse por la reducción de la llegada de personas migrantes a territorio europeo, situaba el nuevo reglamento en el marco de la defensa ante “las amenazas a la seguridad de las fronteras” y la apuesta por los retornos, un paradigma para el que reivindica que el papel de un Frontex reforzado con el nuevo Reglamento es central.

“Esta propuesta refleja una obsesión política con las deportaciones e ignora las realidades de las migraciones y a las propias economías europeas”

Frente a la agenda de la Comisión Europea las críticas no han tardado en llegar. Desde PICUM se ha acusado a la propuesta de “expandir masivamente los poderes del Frontex para rastrear, controlar y deportar a las personas en situación de irregularidad administrativa, desde dentro de la Unión Europea a terceros países y entre terceros países, sin introducir salvaguardias más fuertes de los derechos humanos”, denunciaba Chiara Catelli, responsable de incidencia de la Plataforma, recordando el amplio historial de complicidad con vulneraciones de derechos humanos de la agencia. 

“Esta propuesta refleja una obsesión política con las deportaciones e ignora las realidades de las migraciones y a las propias economías europeas”, señalaba Catelli, recordando que las deportaciones y los centros destinados a tal fin, ya presentan un marco propicio a los abusos, abusos que “el fortalecimiento de Frontex profundizará y llevará aún más allá de las fronteras comunitarias”. 

Amnistía Internacional, por su parte, ha alertado contra el refuerzo de la agencia que se producirá en todos los aspectos, en términos financieros, pero también en cuanto personal, facultades y mandato, todo ello sin que se prevea una mejora proporcional en cuenta a transparencia y salvaguardias de derechos humanos. 

“Esta reforma incluye otorgar a Frontex nuevos poderes para llevar a cabo devoluciones forzosas entre países no pertenecientes a la UE, lo que allana el camino a un papel más amplio en los ‘centros de retorno’ en terceros países”, alertaba ayer Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas. 

La portavoz de la organización de derechos humanos, advertía ante las implicaciones del reglamento en materia de derechos humanos, y enmarcaba la iniciativa en la agenda de una “Europa Fortaleza” que se refuerza al margen de mecanismos de rendición de cuentas, otorgando un papel central a una “agencia que ha facilitado que haya gente que se vea atrapada en abusos contra los derechos humanos”. Así, mostraban su oposición frontal hacia una propuesta que “debe ser rechazada de plano”.

Amnistía Internacional considera que, lejos de “corregir las deficiencias estructurales” de Frontex, y aquellas políticas que motivan permanentemente vulneraciones de las personas que migran, la iniciativa de la Comisión Europea “intensificará aún más este enfoque fallido en los países que no pertenecen a la UE”.

Además la organización cuestiona que la Comisión Europea vuelva a situar las migraciones como “un problema existencial del continente” dedicando ingentes recursos al control y la deportación de las personas en movimiento, mientras que lo que está reclamando la ciudadanía europea en las calles es el derecho a la vivienda y a servicios públicos de calidad.

“Esta Comisión quiere transformar Frontex en la agencia europea de las deportaciones en el marco de una política de expulsión cada vez más feroz”

La respuesta ha llegado también desde las propias estructuras comunitarias, la Europarlamentaria italiana Cecilia Strada alertaba en un comunicado contra “un ICE europeo”. “Respecto a las migraciones esta Comisión continua dando lo peor de sí”, declaraba la integrante del Partido Democrático, denunciando que este reglamento profundiza en cuestiones tan problemáticas como los acuerdos bilaterales con terceros países introduciendo “un nivel de discrecionalidad sin precedentes” frente al discurso de la eficiencia.

“Esta Comisión quiere transformar Frontex en la agencia europea de las deportaciones en el marco de una política de expulsión cada vez más feroz”, argumentaba la eurodiputada, quien considera que la reforma anunciada es un paso más en un proceso de externalización que se habría convertido en “la obsesión” de las políticas migratorias europeas.