Fronteras
Deportar a más gente y más rápido: la UE prepara una respuesta contra la migración tras la crisis de Ceuta

“Siempre respetaremos nuestros valores y los derechos fundamentales, pero nunca renunciaremos a proteger nuestras fronteras”. Al tiempo que decía esto durante su discurso sobre el estado de la Unión celebrado este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, anunciaba la creación de un Marco Europeo de Respuesta de Emergencia. Entre otras cosas, ese marco busca agilizar los trámites para denegar peticiones de asilo, acelerar los procedimientos para deportar migrantes y refugiados, regar con financiación y efectivos a Frontex (la policía fronteriza de la UE), y explotar la vía de los llamados “terceros países seguros”.

Von der Leyen no ha dado ningún detalle sobre cómo se aplicará la medida, que deberá ser redactada como ley y aprobada por el Parlamento Europeo, únicamente la ha justificado argumentando que se trata de una herramienta para responder a episodios de “presión migratoria extraordinaria” como el ocurrido en Ceuta a finales de julio, que será temporal, y que solo se activaría cuando se cumpla “un conjunto de criterios estrictamente definidos”.

“Es una nueva vuelta de tuerca a la política migratoria”, afirma Mauricio Valiente, director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). A falta del texto final de la ley, Valiente se muestra convencido de que “la orientación del discurso va en la línea de restringir garantías como el derecho de asilo, que tendrían que ser seña de identidad de la UE”.

En los mismos términos se expresa Julie Lejeune, directora del European Council on Refugees and Exiles (ECRE), que explica que la UE ya cuenta con normas que permiten a los Estados miembros adaptar sus políticas en situaciones excepcionales. “Se denomina Reglamento de Crisis y forma parte del Pacto sobre Migración y Asilo”, aclara.

Ceuta como detonante

Aunque la migración no era el tema central de su discurso, la presidenta ha hablado de lo ocurrido en Ceuta como uno de los sucesos más recientes que han puesto a prueba las fronteras exteriores de la Unión, que, a su juicio, están amenazadas por “traficantes y contrabandistas sin escrúpulos”.

A finales de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez solicitó a la UE prolongar la operación Minerva de Frontex, que incluye los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta, mientras continuaba gestionando la crisis. En respuesta, la semana pasada Bruselas anunció una ayuda de emergencia para España de 115 millones de euros destinada principalmente a vigilancia y protección fronteriza, equipos tecnológicos, personal adicional y apoyo a la devolución de migrantes desde Ceuta.

Por eso, la ciudad autónoma se ha convertido en el ejemplo utilizado por Von der Leyen en su discurso para justificar ese nuevo marco de respuesta de emergencia, vertebrando una narrativa en la que asegura que el marco europeo necesita herramientas adicionales para responder a unos movimientos migratorios que, según ella, están vinculados a redes de tráfico y contrabando —la presidenta ha evitado en tono momento señalar a Marruecos como responsable—.

“Lo ocurrido en Ceuta debería haber sido una llamada de atención para Europa”, comenta Chiara Catelli, responsable de defensa de derechos en la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes sin papeles (PICUM). “Cuando Europa se niega a abrir vías seguras para llegar al continente, las personas se ven obligadas a emprender viajes peligrosos, pero en lugar de abordar esta realidad, la Comisión insiste en tratar la migración como una amenaza que hay que contener”, prosigue.

Varias organizaciones humanitarias han denunciado en repetidas ocasiones la complicidad y participación de Frontex con devoluciones en caliente masivas en las fronteras exteriores de la UE

Para Mauricio Valiente, la UE también está haciendo dejadez de funciones por no revisar sus acuerdos con esos terceros países que considera seguros, como es el caso de Marruecos: “Bruselas tiene que revisar sus políticas y someter a evaluación sus decisiones. Está claro que las políticas de extranjería que se vienen aplicando desde los años 90 son un auténtico fracaso. Con ellas sufren los migrantes, aumentan las muertes en las rutas, y se ve la incapacidad de crear un marco migratorio razonable”.

La crisis fronteriza en Ceuta se produjo, además, con el Pacto de Migración y Asilo recién aprobado entre duras críticas por parte de varias organizaciones humanitarias, que denuncian graves vulneraciones de derechos. El Pacto ya contempla procedimientos acelerados para deportar y encerrar migrantes en centros de detención en terceros países hasta que se resuelva su petición de asilo. De hecho, la Comisión defiende que el mecanismo de emergencia no sustituiría al Pacto, sino que funcionaría dentro de sus límites.

“Después de la entrada en vigor del Pacto, la prioridad de la Comisión Europea debería ser garantizar que se aplique en toda Europa, y no dar cabida a iniciativas que pretenden destruir uno de los principios fundamentales del Derecho internacional y europeo”, manifiesta Lejeune, de ECRE, que considera que la medida de emergencia “allana el terreno para que algunos Estados miembros y grupos políticos del Parlamento Europeo promuevan su objetivo final de eliminar el derecho de asilo en Europa”.

Con todo, la Comisión no ha detallado qué procedimientos podrán modificarse, cuánto tiempo podrán mantenerse las medidas excepcionales, quién decidirá su activación ni qué controles jurídicos se aplicarán en cada caso. Tampoco ha precisado en qué consistirá el refuerzo de Frontex ni qué características tendrá el sistema de alerta temprana.

Más presupuesto para seguridad y más violaciones de derechos

En este escenario, Frontex juega un papel todavía más importante. Ya participa en las operaciones de retorno, y se estudia la posibilidad de ampliar su actuación en países fuera de la Unión, principalmente en los Balcanes, donde la UE lleva varios años cerrando acuerdos de cooperación aprovechando que varios de estos países, como Serbia o Bosnia, pretenden convertirse en Estados miembros.

“Estos terceros países colaboradores no tienen ningún tipo de consideración con respecto a proteger a los migrantes ni cumplir con el derecho internacional y los derechos humanos”, agrega Valiente, que explica cómo en varios de estos países se producen graves vejaciones mientras “Europa se lava las manos mirando a otra dirección”.

El presupuesto de Frontex ha crecido exponencialmente en la última década. Mientras que en 2016 apenas superaba los 250 millones de euros, el plan económico 2028-2034 le asigna casi 12.000 millones de euros, en una estrategia que triplica el dinero destinado a control de fronteras, contención de la migración y seguridad interior.

Al mismo tiempo, varias organizaciones humanitarias han denunciado en repetidas ocasiones la complicidad y participación de Frontex con devoluciones en caliente masivas en las fronteras exteriores de la UE, y a finales de 2025 el propio Tribunal de Justicia de la UE declaró a la agencia responsable de estas prácticas que violan los derechos humanos y las leyes internacionales.

Von der Leyen también ha sacado pecho de la reducción del número de llegadas de migrantes a suelo europeo. “Vamos por el buen camino”, ha remarcado la presidenta. “Hemos registrado una reducción del 55% de las llegadas irregulares en los últimos dos años. Y este año se ha producido una nueva caída del 35%”. Sin embargo, no ha mencionado que el endurecimiento de las políticas migratorias y el refuerzo de las fronteras físicas han acarreado, por ejemplo, más de mil muertes de personas en lo que va de 2026 solo en el Mediterráneo, o que durante todo el año pasado se dejaron la vida más de 3.000 en las rutas marítimas y terrestres hacia España.

“Estamos hablando de enviar a las personas a países en los que nunca han estado, de reforzar una agencia como Frontex a pesar de las evidencias de su participación en las violaciones de los derechos humanos, y de restringir la capacidad de las personas para solicitar asilo”, incide Catelli, que critica que la UE empuje primero a miles de migrantes a transitar rutas peligrosas y luego presente las consecuencias como prueba de que se necesitan endurecer los controles aún más estrictos.

Ahora, Bruselas también pretende que las operaciones de la agencia fronteriza traspasen las fronteras comunitarias, algo excepcional en la legislación internacional. Hasta ahora, los agentes de Frontex apoyaban las operaciones de las policías de países como Hungría, Grecia o Croacia, en la frontera oriental, pero la idea es que comiencen a llevarse a cabo operaciones en países fuera de la Unión, principalmente Serbia y Bosnia, territorios donde ya se están construyendo centros de detención para migrantes.