La inteligencia artificial ya está en las fronteras de Ceuta, Melilla y las Canarias: estos son sus riesgos

La fundación PorCausa y el Centre Delàs radiografían el negocio de la frontera 3.0 en un informe que incide en los peligros en materia de derechos humanos que tiene el uso de sistemas que incluyen sesgos racistas y son un gran negocio para las empresas privadas.
Calais 2025 - 1
Joanna Chichelnitzky Las concertinas son unos de los mecanismos que más influyen en la creación de un ambiente hostil para las personas migrantes. Reflejan el rechazo que no solo se manifiesta a nivel social y legal, sino también en la propia configuración del espacio urbano.
20 ene 2026 05:44

La valla de Melilla, que hace solo cuarenta años no existía, es hoy el emblema de la llamada “Europa fortaleza”, un espacio de 12 kilómetros de longitud en el que se combina la contención física extrema con la vigilancia digital. Pero Melilla, el escenario de la peor tragedia en frontera terrestre de la historia de la Unión Europea, no es una excepción en el salto cualitativo que el Estado español ha llevado a cabo en términos de modernización de sus estructuras de represión contra la población migrante.

El informe Fronteras “inteligentes”, democracias negligenteselaborado por la Fundación PorCausa y el Centré Delàs, detalla esa evolución hacia lo que los investigadores de PorCausa llaman la frontera “desmaterializada”; una frontera que acompaña a las personas que migran en todo momento, desde el origen hasta el destino, pasando por los países de tránsito.

Si la primera generación de tecnología fronteriza estaba destinada a construir muros y vallas físicas para cortar el paso a las personas en proceso de migración y la frontera 2.0 la han conformado sensores, drones y tecnología en el vallado, el tercer paso de la deriva industrial de la política de fronteras añade la gestión masiva de datos (big data) a través de algoritmo, y su envoltorio dentro del concepto de inteligencia artificial, a un proceso que se inicia en los puntos de origen y no se termina nunca, tampoco en los lugares de destino, donde bajo el paraguas de la seguridad se amparan violaciones de derechos fundamentales.

Los gadgets incorporados en los últimos años incluyen de este modo radares, drones, sensores térmicos, cámaras de reconocimiento facial y bases de datos biométricas capaces de almacenar la identidad de millones de personas. También programas de acceso a la información de teléfonos móviles como Cellebrite, un software de tecnología israelí que, el Ministerio de Interior habría comprado para el control migratorio en las Islas Canarias, según denuncia el informe.

El anuncio de la adquisición en la Plataforma de Contratación Pública, por un monto de 1.7 millones muestra que la firma se realizó con la empresa española OnRetrieval Group, sin embargo, el detalle de la memoria del concurso especifica que se trata de Cellebrite. El acuerdo fue formalizado en agosto de 2025, solo un mes antes del anuncio del decreto de embargo de armas formalizado en octubre por el Congreso. El mejor reclamo de Cellebrite es la tecnología de clonado de móviles para controlar a la población migrante sin autorización judicial previa, denuncian desde PorCausa. Su atractivo comercial, como es habitual en la Marca Israel, haber sido “probado en combate”. Es decir, sobre los cuerpos de la población palestina.

Los controles biométricos y de huellas dactilares ya funcionan en Ceuta y Melilla

Este software forma parte de una serie de dispositivos que son “la correa de transmisión de un cambio de paradigma político y legal que amenaza con reconsiderar parte de los principios y normas establecidos por la comunidad internacional tras la II Guerra Mundial”. Es una “frontera omnipresente”, defienden los autores del informe, que obedece a la misma lógica de represión que estos días se ve en Estados Unidos con la agencia de fronteras ICE como mascarón de proa.

Los países de la UE han contratado hasta diez sistemas distintos para apuntalar ese nuevo concepto de frontera. La Comisión Europea y agencias especializadas como eu-LISA y Frontex han dirigido contribuciones millonarias al desarrollo de estos programas. SIS, VIS y Eurodac formaron parte de la Frontera 2.0, consistente en la recopilación de datos. La tercera generación, no obstante no requiere “la presencia humana ni el contacto físico”, como señalan los autores del informe. Se prevé que 400 millones de personas procedentes de terceros países formen parte del Shared Biometric Matching System (sBMS, sistema compartido de correspondencia biométrica) coordinado por eu-LISA.

“Las rutas se encarecen, se alargan, se encanallan, pero en último término, la gente que quiere llegar, que intenta llegar, trata de acceder por vías todavía más peligrosas”, denuncia Gonzalo Fanjul

En el capítulo de lo que los investigadores llaman “fronteras externalizadas”, la UE ha gastado más de 340 millones en una red de comunicación llamada Eurosur, que permite a los Estados compartir datos e imágenes en tiempo real sobre fronteras. Entry/Exit System es otro de los sistemas financiados por la UE, en este caso con 444 millones de euros. Se trata de un sistema que registra a los nacionales de terceros países en estancias cortas para seguirles el paso por las distintas fronteras de la UE. Este software puede ser utilizado para la perfilación de viajeros, con la consiguiente amenaza sobre los derechos fundamentales que acarrea una asignación algorítmica de riesgos.

Hay más programas. Entre ellos el polémico IborderCtrl, un programa piloto experimentado en Hungría, Grecia y Letonia que se usa para detectar “mentiras” en el testimonio de las personas que migran de manera irregular.

Como señalan los autores del informe, España ha sido pionera en la aplicación de estos programas. Desde el otoño de 2025, Ceuta y Melilla han comenzado a operar con el sistema Entry-Exit System de reconocimiento biométrico facial y de huellas dactilares.

“La inteligencia artificial y la biometría prometen objetividad, pero lo que ofrecen es automatización del sesgo, privatización de la soberanía y erosión de la rendición de cuentas”, denuncia el informe Fronteras “inteligentes”, democracias negligentes. Gonzalo Fanjul, uno de los autores junto a Jose Bautista, Martyna A. Wierzbicka, Luisa Forjaz de Lacerda y Noemí Mena, explicaba durante la presentación del texto que los algoritmos “heredan todos los sesgos, de inequidad, de racismo, de xenofobia” de los operadores humanos y las instancias políticas que han puesto en marcha las políticas de fronteras.

Como consecuencia, apunta el informe “los Estados adoptan sistemas automáticos que sustituyen decisiones políticas complejas por resultados computacionales alarmantemente simplificadores”. Como ocurre con su uso en la industria militar, los expertos advierten de que, en la práctica, el uso de la IA no está suponiendo la penalización del error a la hora de seguir contratando a las compañías de la industria de la cibervigilancia y la industria armamentística que proporciona el software, y está clausurando las posibilidades de rendición de cuentas de los actores políticos que se confían a estos sistemas de gestión.

Un negocio enormemente lucrativo que no corrige sus errores

Las claves del proceso, explican, son la externalización y la subcontratación. Eso ha convertido el negocio en extremadamente lucrativo, con lo cual los incentivos para transformarlo son escasos. Entre las multinacionales con sede social en España que están inmersos en este negocio se encuentran Telefónica, Indra y Escribano, que proveen infraestructura física y tecnológica. Juntas suman el 45,97% del total invertido por el Estado. Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de octubre de 2025, el Reino de España ha destinado al menos 541 millones de euros en estas herramientas de control fronterizo, según la investigación.

Como subraya Jose Bautista, la externalización ha llevado a que países como España estén proporcionando estas tecnologías a países de tránsito como Mauritania. Las investigaciones de Bautista han mostrado cómo los sistemas proporcionados a países autoritarios han ido a parar también a organizaciones paramilitares; algo que no es descartable que suceda de nuevo en el futuro. En el caso de los datos biométricos recopilados, los primeros destinatarios son empresas privadas: “Es una cuestión también de soberanía del Estado”, sintetiza Bautista, “el Gobierno o el Estado están dando ese tipo de avisos a empresas privadas, a menudo corporaciones de sectores de la industria, industria armamentística y, de nuevo, no tenemos ni idea de cómo se está gestionando”.


Fanjul explicaba en la presentación del documento el lunes 19 de enero que el despliegue de esta tecnología no está teniendo como consecuencia la detención de los flujos migratorios: “Es decir, no cumple el propósito principal para el que fue diseñado; y esto es algo que hemos visto en generaciones anteriores del control migratorio. Las rutas se encarecen, se alargan, se encanallan, pero en último término, la gente que quiere llegar, que intenta llegar, trata de acceder por vías todavía más peligrosas”.

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