Estados Unidos
La izquierda de EEUU declara la guerra al ICE tras el asesinato de Renee Nicole Good

El asesinato extrajudicial de Renee Nicole Good en Minneapolis, cuando trataba de evadir una parada policial en el contexto de la guerra contra los migrantes en EEUU, ha sido el último episodio de la controvertida agencia de fronteras de EEUU, ICE, que se halla en su momento más bajo de valoración. Los hechos han servido para agrandar la brecha entre el Trumpismo y la derecha Maga con el liberalismo estadounidense.

Una encuesta Civiqs muestra que el 42% de los votantes registrados apoyan la supresión del ICE. El 49% sigue rechazando la eliminación del ICE, pero el descenso en ese segmento ha sido notable: en agosto solo uno de cada cinco estadounidenses quería la eliminación del ICE, en ese momento, el 66% de la población creía en esta agencia.

Otra pregunta, hecha por Yougov, muestra que el 53% de la población estadounidense dice que el tiroteo en el que fue asesinada Good no fue justificado y apenas el 28% dice que lo fue. Más de la mitad de la muestra cree que Jonathan Ross, presunto asesino de Good, debe ser procesado por la acción que terminó con la vida de Good.

El 13 de enero, el Gobierno confirmó que en los primeros diez días de 2026 cuatro inmigrantes murieron mientras estaban bajo custodia de las autoridades de inmigración

Las imágenes del asesinato de Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, ha abierto un frente interno en EEUU contra esta agencia y contra el conjunto del Gobierno. JD Vance, vicepresidente bajo la administración Trump, garantizó que agentes como Jonathan Ross gozará de “inmunidad absoluta” frente a cualquier proceso judicial. Pese a esas palabras, no existe, sobre el papel, nada que pueda garantizar dicha inmunidad.

“La muerte de esta mujer es una tragedia, aunque es una tragedia que ella misma provocó”, escribió Vance. El propio presidente ha fomentado la idea de que Good fue culpable de mostrar una actitud “irrespetuosa” ante el agente que le ordenó parar y ha evitado cualquier condena del asesinato. 

El comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino quien, con su estética inspirada en la moda del III Reich alemán, se ha convertido en la cara visible del ICE, declaró el martes 13: “Me quito el sombrero ante ese agente de ICE, me alegro de que haya salido con vida, me alegro de que esté con su familia”.

La extrema derecha ha recaudado medio millón de dólares para Ross a través de Gofundme, en una campaña promovida desde la extrema derecha supremacista. Uno de los donantes ha sido el millonario Bill Ackman, firme seguidor de Trump.

Como señala el portal Truth Out, el cambio de 27 puntos en la valoración de la agencia en un año ha estado provocado por la política de Trump de usar la agencia para “aterrorizar a las comunidades inmigrantes e invadir ciudades estadounidenses en nombre de su campaña de deportación masiva, a menudo usando tácticas que no sólo son dañinas sino también ilegales”. El propio Trump se encuentra en su peor momento de valoración entre los votantes: el 56% del electorado desaprueba su gestión; es la cifra más alta desde su regreso a la Casa Blanca.

Demandas federales en Illinois y Minnesota

Los Estados de Illinois y Minnesota, a través de la Fiscalía de este último territorio, han presentado demandas federales contra el ICE, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) para tratar de expulsar a las agencias de Fronteras de estas ciudades: “El despliegue ilegal de miles de agentes federales armados, enmascarados y mal entrenados está perjudicando a Minnesota”, afirmó el fiscal del Estado de ese Estado de la región del Medio Oeste.

Los dos Estados, que comparten un solo área metropolitana en las llamadas ciudades gemelas de Mineápolis y Saint Paul, han sido objeto de la campaña de acoso del ICE a través de la “Operación Metro Surge”. Según la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, “ahora hay más agentes del ICE en Minnesota que los que tienen las fuerzas policiales de Minneapolis y St. Paul juntas”. “Interrogan a los residentes de forma aleatoria, y a menudo violenta. Sin órdenes judiciales ni causa probable, detienen brutalmente a ciudadanos y no ciudadanos por igual”, explicaron los fiscales de los Estados afectados durante la rueda de prensa en la que anunciaron la demanda.

Dos días después de los hechos de Minneapolis, agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon e hirieron a dos personas en Portland (Oregon). The Marshall Project, un medio sin ánimo de lucro,  señalaba tras el asesinato que, según la información en prensa, oficiales federales han matado a tiros al menos a otras tres personas en los últimos cinco meses: “En septiembre, Silverio Villegas González, un padre originario de México que trabajaba como cocinero, fue asesinado mientras intentaba huir de los oficiales en un suburbio de Chicago (...) En diciembre, un agente de la patrulla fronteriza mató a un ciudadano mexicano de 31 años mientras intentaba detenerlo en Rio Grande City, Texas. Y en la víspera de Año Nuevo, un agente de ICE fuera de servicio usó su arma de servicio para dispararle a un hombre en Los Ángeles, California”.

Malos tratos y violencia salvaje en los arrestos y las prisiones

Los asaltos con armas de fuego han sido frecuentes en las acciones del ICE, que también han sido acusados de palizas y secuestros, tanto de personas migrantes como de ciudadanos estadounidenses. Según The New York Times, en los últimos cuatro meses, agentes federales dispararon contra al menos nueve personas mientras se encontraban en sus vehículos.

El martes 13 de enero, la agencia Propublica publicaba un informe en el que registraba más de 40 casos de llaves de estrangulamiento ilegales y sujeciones carotídeas durante las detenciones y operativos de la agencia. Como recuerda esta agencia, la práctica de estrangulamiento, por medio de brazos o rodillas, fue prohibida o severamente limitada por departamentos de policía y agencias federales tras el asesinato de George Floyd en mayo de 2020.

Tres fiscales de Minessota renunciaron el martes a su cargo porque el Departamento de Justicia les había obligado a investigar a la viuda de Renee Nicole Good

Además, el 13 de enero, el Gobierno confirmó que en los primeros diez días de 2026 cuatro inmigrantes murieron mientras estaban bajo custodia de las autoridades de inmigración. En noviembre, siete personas detenidas por el ICE demandaron a la administración Trump por las condiciones inhumanas en uno de los centros de detención, en California. Entre los abusos que se reflejaban estaban, por ejemplo, impedir a un enfermo de cáncer acceder a su tratamiento.

En julio de 2025, la Casa Blanca aseguró que la nueva ley “Grande y Bella”, en realidad un conjunto de normas de afectación presupuestaria, iba a destinar “casi 150.000 millones de dólares para asegurar nuestra frontera y deportar a inmigrantes ilegales”. Estaba previsto que esto supusiera un refuerzo adicional de 10.000 agentes para ICE, 3.000 agentes de patrulla fronteriza y 5.000 agentes de aduanas, además de 100.000 millones de dólares para construir una nueva serie de “centros de detención”.

La organización ciudadana protagonizó el segundo fin de semana de enero una serie de movilizaciones en 1.200 localidades de 50 Estados, con decenas de miles de asistentes en todo el territorio. Además, organizaciones como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) ha puesto a su disposición un amplio catálogo de recursos para defenderse del ICE desde el punto de vista legal.

Por su parte, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) “para obtener los registros del DHS sobre las personas que graban, transmiten en vivo o publicitan redadas y arrestos de inmigración”. Según denuncian, la agencia elude el derecho a grabar amparado por la Primera Enmienda.

ICE pretende evitar las maniobras de sabotaje a su acción que están proliferando en todo EEUU. Una de ellas, que consiste en alertar de su presencia con silbato, ha sido especialmente señalada por el Gobierno de extrema derecha del país, que amenaza con acusar a los activistas y militantes por bloqueo, algo que puede conllevar penas de prisión. Asimismo, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional ha comparado la grabación de las operaciones de ICE con el “doxing”, o exposición en redes sociales, también perseguida criminalmente. Todo ello pese a que los agentes del servicio de fronteras acostumbras a ir con la cara tapada en todas sus intervenciones.

El contraataque de la Casa Blanca no ha terminado ahí. Ayer martes, The New York Times informaba que tres fiscales de Minessota habían renunciado a su cargo porque el Departamento de Justicia —de competencia federal— les había obligado a investigar a la viuda de Renee Nicole Good, quien grabó el asesinato de su esposa. Al mismo tiempo, los fiscales habrían visto torpedeados sus intentos por investigar al responsable del asesinato.