Fronteras
Italia hace de la emergencia la regla con el pretexto de “gestionar los flujos migratorios”

“Se trata de una situación de absoluta emergencia [...] Es un problema destinado a no resolverse por lo menos en los próximos diez años. Una situación que daña las estructuras del Estado de forma inevitable, porque estamos hablando de seres humanos que tienen derechos y hacia los que hemos de tener un enfoque responsable. [...] Hablamos de un fenómeno jamás conocido en el pasado”. Con estas tan ambiguas como alarmistas declaraciones, el ministro italiano para la Protección Civil y las Políticas del Mar, Nello Musumeci, anunciaba el martes por la tarde la decisión del gobierno italiano de decretar el estado de emergencia “para gestionar los flujos migratorios procedentes del mar Mediterráneo”.

La “emergencia” de los flujos migratorios

“Hemos acogido favorablemente la petición del ministro de Interior, conscientes de la gravedad de un fenómeno que ha sufrido un aumento del 300%” respecto al mismo periodo del año pasado, declaraba el ministro Musumeci en referencia al número de personas migrantes que han llegado de forma irregular en lo que va de año: casi 32.000 personas, de las que aproximadamente 7.200 son menores. Cifras descontextualizadas que todos los grandes partidos italianos —incluidos aquellos de corte socialdemócrata— utilizan desde hace años para reforzar la narración de una supuesta “invasión” que hay que combatir, evitando realizar comparaciones que ofrecen perspectivas mucho menos abrumadoras.

Uno de los datos que la propaganda antiinmigración se cuida de incluir en sus soflamas es que el número de personas extranjeras en Italia es más o menos constante —en torno a los cinco millones de personas— desde hace 10 años, incluso en los periodos de mayor desembarco de migrantes. Otro ejemplo: solo en los tres primeros meses desde que iniciara la invasión de Ucrania llegaron a Italia casi 130.000 personas escapando de ese país, las cuales fueron acogidas en su totalidad, gracias a una financiación específica de más de 750 millones de euros. Una realidad que demuestra tanto el potencial de acogida del país transalpino como la profunda hipocresía de su clase dirigente, que discrimina a las personas migrantes en función de su origen.

El pasado diciembre el gobierno italiano aprobó un decreto que limita significativamente las operaciones de rescate en el Mediterráneo por parte de las diversas ONG activas en ese campo

En esa línea, los escasos 20 millones de euros que el gobierno italiano ha declarado que dedicará al estado de emergencia aprobado el martes tendrán objetivos menos nobles. Si bien se prevé la construcción de nuevas estructuras destinadas al asilo –para reemplazar parcialmente las que se han perdido como consecuencia de los “decretos Salvini” de 2018–, fuentes gubernamentales han indicado que se reforzará el sistema de identificación y expulsión de personas “sin derecho al asilo”, a través, entre otras cosas, de un aumento en número y tamaño de los CPRs existentes (Centros de Permanencia para la Repatriación, homólogos a los CIEs españoles).

Aunque en las declaraciones de los ministros ambos objetivos han sido colocados sobre el mismo plano —la acogida y la expulsión—, el currículum de los ministros y partidos que conforman el actual gobierno italiano dejan pocas dudas sobre qué elemento tendrá más peso en su gestión de los flujos migratorios.

Ya el pasado diciembre el gobierno italiano aprobó un decreto que limita significativamente las operaciones de rescate en el Mediterráneo por parte de las diversas ONG activas en ese campo, imponiéndoles un “código de conducta”, además de asignándoles puertos de desembarco lejanos respecto al punto del rescate y prohibiendo los denominados “rescates múltiples”. Por otro lado, el “decreto Cutro”, aprobado por el gobierno de Giorgia Meloni tras la muerte de casi 100 personas en un solo naufragio el pasado 26 de febrero, introdujo penas más severas para los llamados “pateristas”, pero pocas o ninguna novedad respecto a la apertura de corredores regulares de inmigración.

Sin duda estas medidas han dificultado aún más las acciones solidarias y hecho aún más duros los viajes a través de la ruta del Mediterráneo central, pero no han provocado una disminución del número de personas que alcanzan territorio italiano. Tras ese fracaso —teniendo en cuenta las promesas electorales de la presidenta italiana—, el gobierno intenta ahora, con la declaración de estado de emergencia, lubricar y potenciar el sistema de expulsión de personas migrantes.

Voces antifascistas italianas analizan la victoria de Giorgia Meloni

Jose Ángel Sánchez Rocamora Alona Malakhaeva

El Salto Radio

Italia Voces antifascistas italianas analizan la victoria de Giorgia Meloni

Jose Ángel Sánchez Rocamora ,  Alona Malakhaeva

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Una decisión política, no técnica

Aunque desde el anuncio del martes la voz cantante la haya llevado el ministro Musumeci, el auténtico “padre” de esta medida es el leguista Matteo Piantedosi, actual ministro de Interior, que sugirió la propuesta a su compañero de gobierno durante una llamada telefónica. Una apropiación indirecta de competencias de Exteriores que trae recuerdos del 2018, cuando su homólogo de entonces —y aún jefe de partido—, Matteo Salvini, siguió el ejemplo de otros ministros europeos y utilizó su cartera ministerial para imponer una visión nacionalista en la gestión de los flujos migratorios. En línea con esa dinámica, ayer fue anunciado que el comisario especial para la emergencia será el brazo derecho de Piantedosi, Valerio Valenti.

El 85% de las personas que llegaron a Italia procedentes de Libia entre 2014 y 2017 sufrieron torturas durante su estancia en el país norteafricano

La aplicación del estado de emergencia, regulada por la ley 225 de 1992, contempla su utilización para la gestión de “calamidades naturales o ligadas a actividades humanas que, por su intensidad y extensión, hayan de ser afrontadas con una intervención inmediata a través de medios y poderes extraordinarios”. Se trataría, pues, de una medida puntual a tomar en casos excepcionales. Nada más lejos de la realidad. Como ya denunciara Walter Benjamin a mediados del siglo pasado, en los estados modernos de estructura capitalista, la Emergencia no es una forma de gobierno excepcional, sino la regla. En Italia lo demuestran los datos: desde 2013 hasta hoy, los distintos gobiernos han declarado el estado de emergencia en 128 ocasiones, casi siempre para la gestión de desastres meteorológicos, pero no solo. Esa suspensión temporal de la legalidad democrática fue aplicada durante la gestión de la pandemia de SARS-CoV-2, permitiendo al gobierno limitar las libertades individuales sin necesidad de la aprobación del parlamento. La misma medida, aunque aplicada en zonas geográficas limitadas, ha sido utilizada para la organización de macroeventos como la regata Louis Vuitton, la reunión del G8 en 2009 o la beatificación de Teresa de Calcuta.

El gobierno de Meloni usa las raves como excusa para limitar la protesta

Pedro Castrillo

Italia

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Pedro Castrillo

El primer decreto de la era de los Hermanos de Italia en el Gobierno es una modificación del artículo 434 del Código Penal añadida al calor de una polémica rave y que amenaza con limitar el derecho a la desobediencia no violenta.

Otro indicador de la naturaleza esencialmente política del estado de emergencia lo demuestran algunas situaciones en las que no ha sido aplicado. Durante el periodo de máximo apogeo de las Brigadas Rojas (que culminó con el secuestro del presidente de la Democracia Cristiana, Aldo Moro), el gobierno italiano justificó la no aplicación de esta medida “para no legitimarles [a los secuestradores], desde un punto de vista jurídico”. Siguiendo ese razonamiento, se puede interpretar la declaración del estado de emergencia por parte del gobierno de Giorgia Meloni como un intento de legitimar la existencia de esa imaginaria “invasión de inmigrantes” con la que los grandes medios martillean cotidianamente a la opinión pública italiana.

“Objetivos alineados” entre Italia y España

La declaración por decreto del estado de emergencia —que por lo explicado anteriormente se puede colocar en el contexto de una auténtica guerra a las personas migrantes (y pobres)— tiene lugar exactamente una semana después de la reunión entre Giorgia Meloni y Pedro Sánchez. Un encuentro en el que, cómo recalcaron los medios españoles mainstream, ambos gobernantes se concentraron en “reforzar sus afinidades más que en destacar sus diferencias”. Un auténtico espaldarazo del líder socialdemócrata español a la postfascista italiana, no solo en el plano general, sino también respecto al tema específico de los flujos migratorios. Tras la reunión, Pedro Sánchez declaraba: “Creo que se ha dado un paso importante a la hora de reconocer, por parte de algunos países, que la migración irregular es un problema europeo […] que exige una respuesta europea. Italia y España compartimos que lo que tenemos que hacer es hablar menos de la dimensión interior de la migración y hablar más de la dimensión exterior de la migración. Es decir, hablar de colaboración, de cooperación con los países de origen y con los países de tránsito”.

Una sintonía preocupante, aunque no sorprendente, considerando episodios como la defensa cerrada del presidente socialista tras la masacre de Melilla. No obstante, resulta especialmente sangrante la alusión del presidente español a la “cooperación con los países de tránsito”, considerando que —como sin duda sabe Pedro Sánchez— desde hace años la Unión Europea en general e Italia en particular financian a la Libia post-Gadafi.

Concretamente, las ayudas europeas en el país magrebí han permitido el desarrollo de los denominados “campos de detención para migrantes” —lugares que la ONG Human Rights Watch ha definido como “un infierno sin escapatoria”—, así como de la supuesta Guardia Costera Libia, cuya acción ha limitado el paso de migrantes por la vía de aumentar el número de personas ahogadas. Según la organización Medici per i Diritti Umani [Médicos por los Derechos Humanos], el 85% de las personas que llegaron a Italia procedentes de Libia entre 2014 y 2017 sufrieron torturas durante su estancia en el país norteafricano.

Pedro Sánchez no puede no estar al corriente de que las atrocidades cometidas en Libia contra las personas migrantes, con el beneplácito de la Unión Europea y de todos los gobiernos italianos, empezaron en 2017, cuando Marco Minniti, por entonces ministro de Interior por el Partido Democrático —socio del PSOE en Europa— firmó en Trípoli un acuerdo con el “gobierno de unidad nacional” encabezado por Fayez al Sarraj.