El Gobierno retoma el centro de internamiento que el PP no pudo abrir en Motril

El anuncio el pasado 5 de octubre de la construcción de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros en Motril ha generado una polémica entre el Gobierno de Pedro Sánchez, la subdelegación de Gobierno en Granada y el Ayuntamiento de Motril, todos del PSOE. Además, organizaciones de esta ciudad granadina salieron a la calle ayer, 7 de octubre, para protestar ante los planes que expuso la ministra portavoz, Isabel Celaá, respecto a la adecuación del pabellón militar EVA-9 para su conversión en un CIE.

La obra, para la que el Consejo de Ministros ha aprobado una partida de 3.300.000 euros, se llevará a cabo en una instalación militar destinado a la vigilancia aérea. El ejecutivo anterior declaró su intención de transformarlo en un “albergue temporal” para inmigrantes, y negó que se fuera a construir un CIE.

Ese mes de abril se anunció una obra de dos millones de presupuesto y cuatro meses de ejecución. Pero la obra no comenzó. El desarrollo del proyecto anunciado el pasado viernes no aparecía en el Boletín Oficial del Estado del 6 de octubre, aunque ya ha levantado sorpresa e indignación entre el tejido político y social de Motril.

Si bien la ministra portavoz utilizó la palabra CIE para enmarcar la decisión, la referencia del Consejo de Ministros se refiere a un “alojamiento de inmigrantes” en el acuartelamiento, sea como sea, el uso de este emplazamiento para este fin ha sido rechazado en repetidas ocasiones por organizaciones como CIEs NO de Motril, CIEs No de Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

En declaraciones a El Salto, Natalia García Caballos, de APDHA y CIEs No de Granada, califica como una “auténtica barbaridad” el anuncio del Consejo de Ministros. Una decisión que profundiza, según García Caballos, una “política racista criminalizadora hacia la población migrante”. Esta activista recuerda que, en el caso de Motril, “toda la ciudadanía se levantó contra la construcción de un centro internamiento extranjeros en ese espacio específico”.

Esa movilización conllevó que el gobierno local, gobernado por la socialista Flor Amón, se comprometiera a no permitir que abrieran ahí la instalación, sin embargo, como explica Natalia García, el Ejecutivo ha soslayado la posición del Ayuntamiento: “no se escucha la ciudadanía, no se escucha el movimientos sociales, no se hace caso a la denuncia que existen en cuanto a los derechos humanos y todo se centra en política de represión hacia a las personas migrantes”, denuncia. En medio de la polémica, la subdelegada de Gobierno aumentó la confusión al asegurar que las obras anunciadas el viernes seguirán paradas.

conexión Europa

La federación Andalucía Acoge ha publicado este fin de semana un comunicado en el que muestra su temor ante el hecho de que este anuncio, “salvo que se trate de un error, sea una forma de contentar a la Unión Europea que recientemente recomendaba a España el aumento del tiempo de privación de libertad para las personas que llegan a nuestras costas”.

En este contexto, los tres millones largos de euros destinados a EVA 9 serían parte de las ayudas impulsadas por la Comisión Europea, cuyo responsable de Migración Dimitris Avramópulos, se reunió a principios de agosto con la vicepresidenta, Carmen Calvo y los ministros Josep Borrell (Exteriores), Fernando Grande Marlaska (Interior) y Magdalena Valerio (Empleo).

Precisamente, a finales de agosto, se abría un campamento en Motril bajo las siglas de Centros de Atención Temporal de Extranjeros. Al contrario que los CIE, que dependen de Interior, nunca ha sido explicitado de que Ministerio depende la asignación de los CATE que funcionan, según la APDHA, como extensiones de las comisarías, para la estancia durante tres días de personas llegados a los —a día de hoy— únicos en activo, los del Campo de Gibraltar y Motril. De abrirse, el CIE de Motril sería el primero en una provincia andaluza fuera de Cádiz.

Las protestas de la ciudadanía motrilense, que tuvieron un nuevo episodio este domingo en forma de concentración en la Plaza de la Aurora, se basan en un rechazo a las política de acogida del Gobierno, que García Caballos califica de “fracaso”. “Esta Frontera Sur que las políticas migratorias del gobierno está construyendo no encaja en nuestra idea de una Andalucía como tierra acogedora, como crisol de culturas. Todas las personas son bienvenidas y todos los que llegan aquí son tan andaluces como nosotros”, concluye esta activista.