Formación Profesional
Formación Profesional: el negocio del futuro

El pasado 22 de julio, en la víspera de las elecciones generales, se publicaba en el BOE el Real Decreto 659/2023, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.Un documento que viene a reglamentar la Ley Orgánica de marzo de 2022 sobre FP.  El evento no alcanzó ningún eco ni apareció en campaña. La evolución de la FP hacia un universo de miles de titulaciones diversas, junto a la consolidación del modelo dual, que da un mayor protagonismo a la empresa, cuenta con un amplio apoyo por parte de los partidos y la patronal. Por otro lado, a diferencia de lo que pasó en cursos anteriores, este año las comunidades autónomas tuvieron un desfase mucho menor entre la demanda de plazas públicas y su oferta, tras darse una gran inversión por parte del gobierno para crear nuevas vacantes.

Sin embargo, a pesar del silencio informativo, sí fue posible encontrar algunas noticias que hablaban de la FP. Una en La Vanguardia, procedía a enumerar con tono triunfal los cambios introducidos por este nuevo marco para terminar “informando” sobre dos cursos específicos en ofertados por CCC y la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) dos instituciones privadas. Otra, en El Diario de Cádiz, anunciaba la apertura de un nuevo centro de FP de prestigio en la Sanlúcar. Tras dedicar algunos párrafos a las bondades del Victoria institute of technology, el medio aportaba directamente la web para que quien quisiera pudiera investigar. Por último, la propia Europa Press informaba de que la universidad privada CEU Andalucía “apuesta por una Formación Profesional ‘orientada a llevar la empresa al aula de manera constante’”.

La Junta no cuenta con el profesorado en su proyecto para impulsar la FP dual

Aurora Báez Boza

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Educación

Andalucía La Junta no cuenta con el profesorado en su proyecto para impulsar la FP dual

Aurora Báez Boza

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La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha puesto en marcha las Mesas Andaluzas por la FP Dual junto a las organizaciones empresariales sin contar con la comunidad educativa.

La privatización de la FP madrileña

Ninguna de las tres piezas periodísticas se anunciaba como publirreportaje, aunque la de La Vanguardia sí se publica en una sección que tiene el diario digital con la plataforma Emagister. Ya fuera de la prensa, en la página web del ayuntamiento de San Roque, también en Cádiz, se encontraba otra noticia relativa a la FP: el alcalde demanda desde hace años que se homologue al centro de Formación Profesional “La Pólvora”, construido con presupuesto municipal, y que la Junta no habría dotado de profesorado, maquinaria, ni nada de los necesario para que el centro pueda ofrecer titulaciones adaptadas a las necesidades de la industria local. La proliferación de centros privados, que incluyen desde empresas de formación a domicilio, a universidades privadas, junto a la no priorización de lo público, marca este boom de la FP en lo que supone un cambio de percepción de este ciclo formativo, que la vuelve interesante para el alumnado, y aún más para el mercado.

Todo el mundo quiere a la FP

El cantante Pablo López sonríe confiado al futuro desde una marquesina de bus en el barrio de Carabanchel. “Si te gusta, hazlo”, sugiere a quien le vea. La frase podría anunciar cualquier cosa, pero la empresa que en esta ocasión ha elegido al artista para transmitir confianza es Cesur, tu centro oficial de FP, según expresa la publicidad. El Centro Superior de Formación Europa Sur, líder estatal en Formación Profesional, dispone de 30 centros por todo el estado, y por sus aulas han pasado 350.000 personas, cuantifica en su página web para ofrecer aún más confianza.

Es junio, fin de curso, y para miles de adolescentes se abre un tiempo de incertidumbre. Han acabado la ESO o Bachillerato, o se han dado cuenta de que su camino no va por ahí, y deben encontrar una alternativa. Junto a sus familias, han de tomar una decisión que parece crucial para el porvenir. En sus tribulaciones confluyen diversas variables: las notas que se han obtenido, sus intereses, las expectativas familiares, la orientación recibida en los institutos. A todos esos inputs se añade otro, una oferta de Formación Profesional cada vez más amplia y seductora, como la sonrisa de Pablo López. Pero no al alcance de todo el mundo.

“La modernización de la FP es una de las reformas estructurales de mayor impacto socioeconómico para el futuro de nuestro país”, decía la ministra Pilar Alegría el pasado 23 de abril. Pese a registrarse unas tasas de ocupación históricas con “solo” un 12,4% de desempleo, el paro juvenil aumentó en 2023, alcanzando a un 32’3% de los menores de 25 años según Eurostat, consolidando a España a la cabeza de esta incómoda estadística en Europa. Ante este panorama, las posibilidades de hacerse con un espacio en un mercado laboral hipercompetitivo, no son para desdeñar ni para las personas directamente afectadas ni para las instituciones que esperan dar una respuesta a lo que se considera un mal endémico en el país.

Europa en principio acompaña: el pasado 5 de mayo era el mismo Pedro Sánchez quien anunciaba una última inversión de 1.307 millones de euros para FP que transferiría a las comunidades autónomas. Con esta última partida, el gobierno habría destinado entre los años 2020 y 2023 un total de 6.041 millones de euros con el fin de transformar este ciclo formativo. 2.185 del total, proceden de los fondos Next Generation. El presidente del Gobierno explicitó su apuesta por la modernización de la FP “para seguir la estela de los países europeos más avanzados”, en un anuncio que se relacionó con la cercanía electoral. Y es que la modernización de la FP y el compromiso con la Formación dual ha sido una bandera cómoda de ondear: no ha generado disensos a nivel partidista, ni provoca resistencia en las empresas.

“CC OO considera que se deben crear aún 300.000 plazas públicas presenciales. En total, mil millones de euros de inversión que eviten que sea el sector privado el que siga copando la demanda”

Más allá de los anuncios, en un informe de Comisiones Obreras publicado el pasado 17 de junio, el sindicato considera que se deben crear aún 300.000 plazas públicas presenciales —y esto sin contar el coste de nuevas edificaciones o el mantenimiento de las instalaciones existentes—. En total, mil millones de euros de inversión que eviten que sea el sector privado el que siga copando la demanda.

Haciendo sitio a la iniciativa privada

Los orígenes de la Formación Profesional en España se remontarían a los gremios de la Edad Media, pasando por la revolución industrial con su demanda de formación técnica especializada, y siendo regulada por primera vez en 1928, a través del Estatuto de Formación Profesional. En 1955 el franquismo deroga el Estatuto, y la FP se desliga de las instituciones educativas hasta que en 1970 se reintegra como formación reglada con la Ley General de Educación de 1970. Fue la LOGSE, a mitad de los 90, la que sienta las bases de la FP actual. Este breve panorama de los orígenes de la FP se puede leer en un artículo online bien posicionado en el buscador, bajo el epígrafe: “breve historia de la FP”. “Red historia”, se llama la web, y junto a los mencionados datos extraídos de la Wikipedia, ofrece dos párrafos significativos: “Hoy en día, cualquier persona tiene la posibilidad de estudiar ciclos formativos de estas familias profesionales, entre muchas otras, en Ilerna.es, el centro referente en Formación Profesional online y presencial a nivel nacional”. El texto concluye con una alegoría sobre las grandes salidas profesionales de esta opción, y una mención a que cada vez más gente se inscribe en la modalidad a distancia. Ilerna, que sigue a Cesur en el ranking de grandes de la FP, está implantada principalmente en la Comunidad de Madrid, Catalunya y Andalucía, comunidades marcadas por la falta de plazas públicas o la desinversión. 

El pasado curso, más de la mitad de personas que solicitaron plaza en la FP se quedaron sin poder acudir a un centro público en la Comunidad de Madrid, más de 33.000 personas que se vieron abocadas, en caso de poder permitírselo, a buscar un centro privado para continuar con sus estudios. No era la primera vez que esto sucedía, el año anterior eran 30.000 quienes se quedaron fuera. Durante el verano de 2021 y 2022, Madrid no estuvo sola en los titulares en los que se denunciaba que la administración no ofertaba plazas públicas suficientes. Catalunya acompañó a la comunidad gobernada por Ayuso en esta polémica, aunque con cifras menos abultadas. Ambas comunidades autónomas comparten otro rasgo en común: son las únicas que siguen cobrando matrícula en los ciclos superiores. En torno a 400 euros es lo que cuesta optar por la FP al terminar el Bachillerato en estos territorios.

Mientras, para los centros privados y concertados, hace años que es agosto. A principios de curso, el Sindicat d’Estudiants Catalunya convocaba una huelga. Entre sus denuncias estaba la de no poder elegir la FP de su preferencia. Además, ponían en evidencia los fondos destinados a centros concertados por parte del Govern: “En los últimos cuatro cursos, el Departament d’Educació ha dado 4.887 millones de euros a la escuela concertada. A pesar de la caída de alumnos, ¡desde 2017 el Govern ha aumentado su dotación en 180 millones! 16.000 plazas en la FP privada-concertada subvencionadas con dinero público quedan sin ocupar”, protestaban, calificando estas ayudas como “un regalo a los empresarios que entienden la educación como un negocio”.

Tras aquel verano del 2021 en el que la falta de plazas de FP se hizo un hueco en la agenda mediática, la veterana empresa CCC abrió dos nuevos centros en Madrid. Un año después inauguraba una tercera sede. La entrada con fuerza del gigante de la formación a distancia en el sector, acompañaba a un cambio en su propiedad: tras 83 años al frente de la empresa, la familia Azcárate vendió ese mismo septiembre de 2021 su marca al fondo suizo Crescendo. Formación a distancia, macrocentros y fondos de inversión, el fenómeno CCC mostraba así un patrón de cómo se hace negocio en la FP.

Es ya final de curso de 2023 y, ajena a los fondos de inversión, una chica se corta el pelo en una peluquería en Vallecas. Acaba de terminar Bachillerato y le cuenta a la peluquera que no piensa perder el tiempo, lo primero que va a hacer es estudiar un ciclo superior de Imagen y Sonido, luego, quizás, estudiará Comunicación Audiovisual en la universidad. La narrativa de que la FP tiene una mayor capacidad para penetrar en el mercado de trabajo se ha extendido, y convence tanto a estudiantes que no ven su futuro en el sistema educativo, como a jóvenes que tienen clarísimo que la FP es su mejor opción.

Como la chica de la peluquería de Vallecas, Raid, un estudiante de Secundaria de un instituto de Leganés, ha llegado a una determinación: va a estudiar el ciclo medio de Administración de Empresas y Finanzas. Aunque le está costando, espera aprobar 4º de la ESO e ir acercándose un poco más a un futuro posible. Y es que confía en que le será más fácil encontrar un trabajo así. “Espero que no haya problema para conseguir plaza en un centro público, pero si no es así, no quedará más remedio que ir a una privada”, lamenta este adolescente.

A principios de curso, tras el renovado escándalo de la falta de plazas, la Comunidad de Madrid anunció que ofertaría 10.000 plazas para el 2022-2023. La propuesta intentaba contrarrestar las críticas y al mismo tiempo se embarcaba en el esfuerzo estatal de ampliar las vacantes de FP pública. “Sí se están creando plazas al final con dinero, digamos, del gobierno central, del Plan de Modernización. Así, cuando tú ofertas un nuevo ciclo quizás te den una ayuda a veces más grande y a veces menos, pero no te modifican ni los gastos de funcionamiento ni los gastos de inversión”, explica D., director de un centro público de Madrid que prefiere no dar su nombre por temor a represalias.

D. recuerda que además no se trata solo de ofertar nuevas plazas estirando las ratios y saturando institutos ya repletos,  al contrario, la acción de la Consejería debe centrarse en dos elementos claves: invertir periódicamente en equipos e instalaciones que son costosos y de rápida obsolescencia, lo que genera estrés en los centros ante la necesidad de que el alumnado pueda aprender con softwares y herramientas actualizadas, por otro lado, bajar las ratios, posibilitando desdobles cuando llega la hora de hacer prácticas que son centrales para el aprendizaje de la profesión y que en ocasiones pueden ser hasta peligrosas. En definitiva, el anuncio de grandes cifras de inversión no puede quedar en un vistoso plan de choque, debe de mirar al futuro y partir de la base de que la FP necesita de financiación continua. Por último, D. se pregunta: “¿Por qué no se inauguran centros públicos mientras no paran de abrirse centros privados”.

“En Andalucía la apuesta por la privatización de la FP fue clara desde el principio y el MEDAC, es el mejor exponente de ello”, explica Iván Menudo de CGT

Si de centros privados se trata, resulta interesante viajar a Andalucía, y en particular a Málaga, emporio de la formación concertada y privada. “Aquí la apuesta por la privatización de la FP fue clara desde el principio y el MEDAC, es el mejor exponente de ello”, explica Iván Menudo de CGT Enseñanza Andalucía. Surgida en Málaga, como el Cesur, esta empresa dedicada a la Formación Profesional se ha extendido por todo el territorio. El MEDAC crecería al calor del apoyo de la Junta de Andalucía —incluyendo la cesión de suelo público o la facilitación de líneas de transporte regular hasta alguno de sus centros—, con el consejero de Educación Javier Imbroda, ya fallecido, vinculado a la empresa hasta 2018. En verano de 2021, el gigante se vendió por 200 millones de euros al fondo estadounidense KKR, recuerda Menudo. La empresa sigue en racha, el próximo curso abrirá un macro centro en Jerez de la Frontera. Por su parte Cesur, tendrá su propio macrocentro en Málaga, el más grande de toda Andalucía, con capacidad para 5.000 alumnos. “En este caso también es bastante significativo que se implanta en una parcela pública cedida por un canon de 75 años”, explica Fernando Cobos, de CGT Enseñanza Huelva. Compañero de Menudo, este especialista en FP recuerda que el centro se ubicará en Teatinos, “una zona de mucha expansión, donde faltan centros públicos”.

María Añover López pertenece a CGT Enseñanza Zaragoza. En pleno apogeo del discurso pro Formación Profesional, hacerse con una plaza en un centro público en Aragón no es fácil, denuncian desde su sindicato, en especial en lo que se refiere a estudios superiores. Además, dada la poca oferta, el acceso requiere de notas de corte a las que no siempre llega el alumnado. “Entonces, ¿qué pasa? Que llega la empresa privada: San Valero, Océano Atlántico, por ejemplo, abren y ahí entra todo el mundo. Sin un corte, tú pagas y entras”.  Desde el sindicato señalan la segregación que esto genera entre quienes cuentan con los recursos para pagar y quienes no, una desigualdad que se puede contrarrestar como se contrarrestan en general las desigualdades sociales: con inversión, apunta Añover, pero la tendencia de la Comunidad Autónoma va justo en la dirección contraria. En Teruel, por ejemplo, los recortes se han producido en 12 de los 15 centros con los que cuenta esta provincia. En cuanto a la situación del medio rural Oscense, CGT la califica como de “desmantelamiento”, mientras que en Zaragoza proliferan los centros privados, en auge ante el abandono de la oferta pública.

Formación Profesional y empresas, un controvertido idilio

Sarah Babiker

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Sarah Babiker

El pasado 7 de septiembre el Gobierno aprobaba el proyecto de Ley de Formación Profesional, que apuesta por el sistema dual. Un modelo que despierta críticas y desconfianza entre la comunidad educativa.

La Formación Profesional, entre la crisis y la esperanza

De empresas y clientes

El hijo de Amparo forma parte de las estadísticas de quienes se quedaron sin plaza para cursar un grado medio en la Comunidad de Madrid. Como la chica de la peluquería, también optó por Imagen y Sonido. Sin plaza en la pública y sin intención de seguir el Bachillerato, la familia se decidió por un plan B, previo pago de 5.000 euros en la privada. En este segundo curso les gustaría poder optar por continuar en el sistema público, pero no pueden ni intentarlo: si querían asegurarse una plaza en su centro debían pagar una reserva semanas antes de que se abriese la matriculación en la oferta pública. Sin esta reserva, incluso si quedaran vacantes, el centro no garantizaba el mismo precio.

“Somos público cautivo”, explica Amparo, a quien el baluarte de la libertad de elección que enarbola el gobierno regional le tiene frita: en su caso es la libertad de pagar 5.000 euros por curso. “Al final es más caro estudiar dos años una formación técnica, que todo un grado y un máster universitario”, lamenta. Es muy consciente de que ella al menos ha tenido el “privilegio” de juntar dinero para ello. “Mucha gente va a ver cómo sus hijos o hijas se quedan solo con el nivel de la ESO porque no pueden permitirse pagar una FP”. Amparo explica que sus amistades en otras comunidades autónomas “lo flipan”, cuando les cuenta lo que viene sucediendo en Madrid.

La Comunidad de Madrid, la que más ha dejado de invertir en mejorar la FP

Redacción El Salto

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Redacción El Salto

Comisiones Obreras señala que la Comunidad de Madrid es la que más ha devuelto sin ejecutar las partidas presupuestarias destinadas a mejorar la calidad de la Formación Profesional.

Y es que la secuencia es poco discreta en la Comunidad de Madrid: primero se abre la matrícula en la privada, después empieza el plazo para solicitar becas, y por último, se ofertan las plazas en la pública. Isabel Galvín, portavoz de la Federación de Enseñanza de CC OO en esta región, recuerda además que estas becas no son sino una forma de copago: derivan financiación pública a la FP privada, no cubren la totalidad de la matrícula por lo que mucha gente se sigue quedando afuera, y contribuyen a que los precios sigan siendo elevados, enumera. Con todo, se alienta a las familias para que acaben optando por lo privado. No es baladí, apunta Galvín, que la disyuntiva sobre qué centro escoger sucede en momentos de máximo estrés en los hogares, que temen que sus hijos e hijas se queden sin oportunidades.

“Elegir un centro de FP concertado-privado es garantía de futuro”, promete una campaña del sindicato de la privada FIES Madrid aprovechando la apertura de la matrícula en estos tipos de centros. Navegando por sus atractivas web donde se muestran instalaciones nuevas y centros relucientes, es difícil vislumbrar alguna sombra en sus planteamientos, más allá de los precios no asequibles para todos. Sin embargo, una búsqueda más paciente puede llevar al caso de la empresa con sede en Zaragoza Implika, señalada por maniobras fraudulentas tanto en esta ciudad como en Madrid, o también puede acceder a otra perspectiva del gigante CCC, a través de las numerosas quejas de estudiantes que reclaman ante la OCU los incumplimientos en materia de prácticas.

A vueltas con las prácticas

No solo de todo tipo de propuestas formativas están llenas las web de los centros de enseñanza privada. Uno de sus mayores atractivos son las empresas con las que tienen convenio. Volviendo al gigante Cesur, en su web se puede ver que cuenta con “más de 4.000 empresas TOP”. Amazon, Ikea, Accenture, HM Hospitales están en ese “top”, donde el alumnado se garantiza, en principio, hacer prácticas.

Las prácticas son elementales en la FP. Sin embargo los centros públicos no compiten en igualdad de condiciones que los privados: No disponen de recursos económicos para ello y no pueden firmar convenios. “Lo que la gente no sabe es que el profesorado al que se le asigna la tutorización de las prácticas se encarga de buscar empresas e intentar garantizar su permanencia a lo largo de los cursos”, explica Sergio López, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (Stem). Se trata de un profesorado que no cuenta con recursos técnicos para realizar este trabajo, ni nada parecido a una base de datos con empresas que le aporte la administración.

Es más, desde los recortes del 2011, estos docentes, que antes disponían de seis horas semanales para la labor de acordar estas prácticas, ahora cuentan con solo tres horas. Y es que, explica López, no es tan evidente que a las empresas les convenga destinar parte de su personal al seguimiento de estudiantes. Algunas incluso apuestan por hacer caja, como denunciaba el sindicato el pasado mayo, difundiendo un documento en el que el grupo Vithas, una empresa del sector sanitario, cifraba entre 100 y 400€ el coste por alumno que realizara su FCT (Formación en Centro de Trabajo) en sus instalaciones. Desde Stem creen que para evitar estas disfunciones se deberían favorecer los convenios con la administración –citan un acuerdo que se estaría gestando con el CSIC– e introducir cláusulas en los contratos públicos que incluyan la obligación de aceptar estudiantes. 

Sandra estudia Marketing y Publicidad en un centro privado en Madrid. Ella, que empezó una carrera universitaria la cual tuvo que abandonar al enfermar, está muy satisfecha con el cambio. Streamer y curranta, esta riojana de 21 años tuvo que pagar unos 5.000 euros de matrícula por el primer curso, pues no llegó a tiempo para becas. Espera que este año al menos pueda acceder a la ayuda. Considera que está aprendiendo mucho donde está, no solo más que en la universidad: un amigo, Javier, estudia lo mismo que ella en un centro público y le ha contado que los programas que usan están desactualizados. Además, los convenios de su instituto privado con empresas son alentadores.

Más allá de cómo el sector privado ha encontrado en la Formación Profesional una oportunidad de negocio como pocas, en los sindicatos preocupa que una visión excesivamente centrada en la empresa devalúe la labor formadora de los centros, y supedite al alumnado y futuro trabajador a los intereses de las compañías, una amenaza que consideran se consolida con la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, el 23 de marzo de 2022, normativa que apuesta por la FP dual, alargando las prácticas en la empresa de tres meses del modelo anterior, hasta ocupar la mitad del ciclo formativo, con prácticas que llegan al año.

“La Ley de FP está hecha por y para la empresa”, afirma Luis del Saz, recordando que dado el entendimiento entre partidos que se ha producido en este tema, en las manifestaciones, las gentes de su sindicato suelen cantar: “Esta FP, parece del PP”

Luis del Saz, también de Stem, ha realizado una lectura atenta a algunos documentos previos a esta legislación, localizando ciertas pistas: “Ya en el Primer Plan Estratégico del sistema educativo (2019), y en el Plan de Modernización de la FP hay toda una declaración de intenciones”, explica. En el caso del primer texto, ha llegado a localizar la palabra empresa 80 veces y la palabra trabajador solo 7, en el segundo texto se usa la palabra empresa 92 veces y trabajador aparece 16. “Esta ley está hecha por y para la empresa”, concluye el sindicalista, quien recuerda, irónico, que dado el entendimiento entre partidos que se ha producido en este tema, en las manifestaciones, las gentes de su sindicato suelen cantar: “Esta FP, parece del PP”.

En Andalucía, la mirada de Cobos está atravesada por una crítica similar ante una Formación Profesional que cuenta con el beneplácito de la CEOE (que no protesta ante la eventual injerencia de tener que dedicar recursos a la formación de trabajadores) y que ha recibido el impulso de mastodontes económicos como la Fundación Bertelsman o el think tank proveniente de la banca Caixa Bank Dualiza, convirtiendo este modelo experimental en hegemónico en menos de una década. La figura del tutor de empresa, al que no se le requiere una formación en particular, y que tendrá entre sus funciones evaluar el desempeño del alumnado, genera desconfianza en los sindicatos. Añover, desde CGT enseñanza Zaragoza, considera además que este marco favorece la precarización laboral del alumnado. 

Javier, el amigo de Sandra que estudia en la pública, espera a que le digan dónde realizará las prácticas. Este madrileño ha catado ambas variantes de FP: primero hizo un ciclo medio en Administración y de ahí pasó al ciclo superior en Publicidad y marketing. En ambos casos tuvo la suerte de conseguir plaza pública. El primer ciclo que hizo no era dual, tuvo su formación y sus tres meses de prácticas como administrativo en el hospital de Valdemoro. Guarda buen recuerdo de esa experiencia, en la que las compañeras le iban enseñando, aunque no le dieron tareas de más responsabilidad hasta el final. Con un año de prácticas espera ser ya un trabajador eficiente a los pocos meses y poder optar a permanecer en la empresa.

Ante el aciago panorama laboral, retoma Cobos de CGT Andalucía, la promesa de un eventual contrato justifica altas matrículas, o meses trabajando a cambio de nada o casi nada. Mientras, los centros de FP privados pueden asociarse con empresas en consorcio y “ofrecer la garantía de un contrato posterior”. Un nuevo eje de desigualdad ante la incertidumbre.

“Los y las jóvenes se sienten inseguros ante su futuro”, recogía un informe del Instituto de la Juventud en 2020. Una situación que “afecta a su salud física y mental”. En el documento, el Injuve da fe de que “una de cada tres personas jóvenes en búsqueda activa de empleo no cree que vaya a encontrarlo”. En semejante páramo marcado por “un alto grado de inseguridad laboral”, para una juventud “acorralada por la temporalidad y el empleo a tiempo parcial”, la promesa de la sonrisa de Pablo López no es poca cosa. Y eso, quienes están en el negocio lo saben.