Fondos buitre
Fidere: el fondo buitre que especula con Viviendas de Protección Oficial

A pesar de las vacaciones y de la canícula estival, en este agosto asistimos a intensa movilización de los vecinos de la “Asociación Las 1.000 Viviendas de Tres Cantos”. Se trata de una promoción que formó parte del Plan de Vivienda 2005 -2008, surgido de un convenio entre el Ayuntamiento de esa ciudad y la Comunidad de Madrid. Se presentó como una iniciativa de apoyo a los jóvenes menores de 35 años, para la adquisición de la primera vivienda, amparada bajo la figura jurídica de vivienda de protección pública, con arrendamiento inicial y posterior opción a compra, al cabo de 7 años de alquiler continuado.

Los pretendientes debían cumplir una serie de requisitos: ser mayor de edad, o menor emancipado, estar capacitado para asumir obligaciones contractuales, con ingresos familiares que no excediesen 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Y ninguno de los miembros de la unidad familiar podría ser titular del pleno dominio de otra vivienda de protección, o libre, en la Comunidad de Madrid. Se presentaron 4.000 candidatos al sorteo de las 1.000 viviendas.

El convenio se implementó cediendo toda la construcción y promoción a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que ya era propietario del suelo, mediante expropiación convenida, por haberse cedido todos los derechos como agente urbanizador del Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos. Además, se modificó la calificación de unas parcelas terciarias (oficinas e industria) junto a las vías del AVE, para transformarlas en residenciales.

A poco de andar, se percibió la fragilidad e inconsistencia que padece la figura de “protección oficial” en nuestro país, en perjuicio, no de las empresas precisamente, sino de los ciudadanos.

Los pisos, en vez de 70m2 tenían 55, el alquiler era más alto y el precio final un 50% más caro

Según nos relata Eva A., de la Asociación Las 1.000 Viviendas de Tres Cantos, “cuando realizaron la campaña de promoción, anunciaron pisos de unos 70m2 por un alquiler de 441€ y un precio de compra algo inferior a los 120.000€. Y, por imperativo legal, en el momento de la opción a compra –al llegar el séptimo año-, se deduciría del precio el 50% de lo abonado en concepto de alquileres. La realidad cambió tras el sorteo. Los pisos, en vez de 70m2 tenían 55, el alquiler era más alto y el precio final un 50% más caro”. Todo esto con la aquiescencia del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, por supuesto.

Después la cosa empeoró. En diciembre de 2013 los inquilinos recibieron una carta de FCC en la que se les informaba que los apartamentos habían sido vendidos al fondo de inversión FIDERE (filial española de Blackstone). Ante la natural alarma que causó la noticia, la Asociación de Vecinos de Tres Cantos intervino y sugirió al consistorio que adquiriese los inmuebles o que –en su defecto- mediase para que los inquilinos pudiesen optar por la compra en las mismas –o parecidas- condiciones de que gozó el fondo buitre; “el ayuntamiento hizo caso omiso, argumentando que eran negocios privados en los que no debía intervenir”, aclara Eva A.

Fidere, que adquirió los inmuebles a FCC por una media de 72.000 euros en 2013, pretende vendérselos a 180.000

Ante este manifiesto “lavarse las manos” de la institución municipal, algunos vecinos intentaron directamente ante FIDERE ejercer el derecho de compra antes de que se cumplieran los 7 años que prescribe el contrato. De la empresa recibieron una rotunda negativa por respuesta. Y ahora, que se verifica ese plazo, después de haber estado pagando alquileres que oscilan entre 580 y 650 euros, los vecinos presentan ante FIDERE la propuesta de compra a que les habilita el contrato. La empresa que en 2013 adquirió los inmuebles a FCC por una media de 72.000 euros, pretende vendérselos a 180.000. O sea, con una rentabilidad del 150% en 5 años. Aparte de lo escandaloso de semejante rendimiento del capital, ese importe –según afirman los vecinos- está manifiestamente por encima hasta de los valores de mercado, “nuestras viviendas al día de hoy muestran un deterioro que evidencia su baja calidad constructiva, como para pretender semejante precio”, afirma otra vecina de la Asociación. Con el agravio agregado de que, según prescribe la actual normativa de la CM, aquellos vecinos que no quieran –o no puedan- afrontar la compra de su vivienda, verán automáticamente alterada la condición legal del inmueble, que pasará a ser considerada “vivienda libre” y, como tal, con alquiler al arbitrio del propietario. FIDERE argumenta que ellos no especulan, porque se trata del mismo precio fijado por la Comunidad de Madrid, que les permite aplicar un coeficiente de actualización para incrementar en un 50% el precio de la calificación definitiva que ellos mismo otorgaron. Ocultan –claro- que pretenden venderlos por el 250% del importe que pagaron por su adquisición. O sea, con un 150% de beneficio sobre el capital invertido.

La contrapropuesta de los vecinos, pasa por valorar en 120.000 euros el precio real de los inmuebles, para aquellos que tengan condiciones –y quieran- adquirirlos. Afirman que así FIDERE ganaría algo menos, pero en cualquier caso obtendría un beneficio elevado. Y para los que continúen bajo el régimen de alquiler, solicitan que se mantengan los valores actuales mediante una adenda –en vez de un nuevo contrato-, para que no se pierdan ayudas que estaban siendo concedidas (y que han sido eliminadas). Y, para aquellas familias en condiciones de mayor precariedad que se implementen ayudas reales para un alquiler social. 

El caso de Las 1.000 Viviendas de Tres Cantos, lleva a cuestionar la existencia real de la categoría de VPO en nuestro país 

Por si no bastase la manifiesta indefensión –en perjuicio de los vecinos- del modelo local de VPO, en junio pasado PP y Cs bloquearon la proposición de Ley de Regulación Transitoria de Tipologías de Viviendas con Protección Pública con Arrendamiento con Opción de Compra, presentada por PSOE y Podemos. Con ella se pretendía garantizar que las familias que hace años viven en promociones adquiridas por fondos de inversión, como es el caso de las Mil Viviendas de Tres Cantos o La Maquinilla de Colmenar Viejo, pudieran adquirir sus pisos a un precio razonable. El informe negativo utilizado por PP y Cs para el bloqueo hacía objeciones de orden jurídico según las cuales la norma propuesta podría acarrear perjuicio económico para las empresas y derivar en responsabilidad patrimonial para la Comuniad de Madrid.

El caso de Las 1.000 Viviendas de Tres Cantos, lleva a cuestionar la existencia real de la categoría de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en nuestro país. Al decir de Vicente Pérez, representante de la FRAVM: “…tal figura no existe en España. Se trata sólo de vivienda libre con algunas condiciones, que la hacen finalmente accesible sólo a capas de ingresos medios altos…” En efecto, de “protección pública” tiene poco, ya que el precio podrá oscilar de acuerdo a los índices de mercado y, además, las cláusulas ofrecen todas las garantías jurídicas a los constructores y promotores y casi ninguna a los ciudadanos.

Ante el manifiesto abandono institucional y condenados a tratar directamente con FIDERE, los vecinos –además de promover una reunión conjunta con el ayuntamiento y el fondo buitre- han decidido protagonizar un “verano caliente” para poder negociar en mejores condiciones. En julio realizaron un vídeo reivindicativo y acaban de lanzar una campaña en Twitter solicitando a familiares, amigos y a quien quiera apoyarlos que envíen bajo el hashtag #FidereNegocia, carteles y fotografías exigiendo a FIDERE que se siente a negociar. En menos de una semana han recopilado más de 200 imágenes, muchas vienen de otras ciudades del Estado, algunas incluso desde el exterior. El vídeo que han subido a las redes ha tenido miles de reproducciones en sus primeras horas de publicación.