Guerra a las mujeres: el frente italiano

En los últimos treinta años, los derechos civiles ligados a la autodeterminación de las mujeres han sido un tema minoritario en el debate político y parlamentario italiano. A excepción de las reformas sobre la custodia de menores (2006) y de la ley sobre el divorcio (1987 y 2015), ninguna otra gran conquista feminista ha vuelto a entrar en las campañas electorales o en el Parlamento desde los años 70.

A pesar de existir una legislación que tutela en parte a las mujeres, tanto en la realidad social como en la práctica legal se ha producido una erosión progresiva de los derechos conquistado a través de aquellas luchas: el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) ha sido carcomido por la llamada ‘objeción de conciencia’, explotada más allá de los límites establecidos por la ley; mientras que el derecho al divorcio se ha visto limitado por el coste del trámite, en un contexto de precarización progresiva del mercado de trabajo.

Mientras tanto, el activismo LGBT ha llevado el debate sobre los derechos civiles a las salas del Parlamento, cristalizándose en la Ley Cirinnà de 2015 [que estableció la unión civil —de menor rango que el matrimonio— entre parejas del mismo sexo, N. del T.], resultado insatisfactorio de la batalla por el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Si las luchas feministas llevaron en su momento las reivindicaciones de la libertad al divorcio y al aborto de forma segura al debate institucional, las reivindicaciones de autodeterminación del movimiento LGBT en el siglo XXI se han centrado en el derecho a casarse y a tener hijos.

Pero estos últimos años de casi silencio sobre la libertad al aborto y al divorcio, así como a vivir fuera del modelo de familia con hijos e hijas, han dejado al descubierto el flanco de los movimientos feministas y de las asociaciones de mujeres, en un momento en que los católicos extremistas y reaccionarios anti-elección han sido catapultados a lo más alto de algunos ministerios estratégicos [como, por ejemplo, el actual ministro de la Familia, Lorenzo Fontana, N. del T].

Mientras tanto, el ascenso de las derechas racistas, sexistas y homófobas —favorecida por la crisis — ha atestiguado que “una vez más, el capital, en su versión liberal, no convive durante mucho tiempo con las libertades liberales”

Hoy, la violenta oposición parlamentaria (y no solo) a la Ley Cirinnà (“De frente a la transformación del sinsentido en ley, habría que tomar los fusiles”, escribía el ex-democristiano Mario Adinolfi) se lanza con esa misma virulencia reaccionaria sobre aquellos derechos para la autodeterminación de las mujeres que creíamos sólidos a nivel legal, aunque estuviesen menoscabados en su praxis. La falta de un espacio que se ocupe de estos temas, dentro de los partidos con representación parlamentaria, ha dejado libertad de acción a los movimientos católicos, extremistas y reaccionarios, que en los últimos años han llevado adelante una campaña de opinión y de lobbying minoritaria pero constante.

Esos movimientos, en una magistral construcción de hegemonía, han llegado a ocupar el espacio libre abandonado por otros, especialmente en los partidos del gobierno, que históricamente no se han interesado en esos temas. Mientras tanto, el ascenso de las derechas racistas, sexistas y homófobas —favorecida por la crisis económica que dura desde hace más de 10 años— ha atestiguado que “una vez más, el capital, en su versión liberal, no convive durante mucho tiempo con las libertades liberales”.

El proyecto de ley ‘Pillon’

El primer frente del ataque es el derecho de familia, y ha tomado la forma del proyecto de Ley 735, presentado por Simone Pillon, senador de la Lega, junto con otros firmantes de su propio partido y del Movimiento 5 Estrellas. El proyecto de ley Pillon prevé “modificaciones normativas relevantes capaces de acompañar el delicado tema del derecho de familia hacia una progresiva ‘desjurisdiccionalización’”. El proyecto de ley se basa en el presupuesto ideológico de la preexistencia (y de la autonomía) de la familia “natural” respecto a las leyes del Estado y, no obstante, se materializa en un aumento del control del Estado sobre las vidas de quienes se divorcian y de los menores implicados. Además, “poniendo de nuevo en el centro a la familia y a los padres”, pasa por encima del “interés superior del menor”, es decir, el principio informador de toda la normativa que tutela a los y las menores de edad.

Por mucho que la Liga y el Movimiento 5 Estrellas no hayan hecho nunca de los derechos reproductivos una reivindicación política, el proyecto de ley Pillon se encontraba ya esbozado en el contrato de gobierno [acuerdo fundacional firmado por los vicepresidentes Matteo Salvini y Luigi Di Maio, N. del T.]. Así, a excepción del tema estrictamente ideológico de la ‘alienación parental’, los puntos del proyecto de ley estaban ya presentes en el programa electoral de la Liga, en la sección ‘Familia’, donde se hacía referencia explícitamente al “grave problema social de hombres con hijos llevados a la pobreza tras la separación”, y (¡sobre todo!) en el programa del Movimiento 5 estrellas, en el capítulo relativo a la Justicia.

El proyecto de ley Pillon acaba aumentando y legitimando una desigualdad material: la manutención directa se convierte en instrumento de chantaje y de condena a las madres desempleadas y subempleadas

Si el principio de “adoptar una legislación que asegure la efectiva igualdad entre padre y madre respecto a los propios hijos” en sí mismo, podríamos llegar a compartirlo desde la óptica de un reequilibrio en los deberes entre los progenitores, el proyecto de ley Pillon elige instrumentalmente no tomar en consideración las características propias de la sociedad y del mercado de trabajo italianos, donde el empleo femenino es del 48%, y donde una mujer de cada tres deja su puesto de trabajo a causa de la maternidad.

Pretendiendo certificar formalmente una paridad que no existe, el proyecto de ley Pillon acaba aumentando y legitimando una desigualdad material: la manutención directa se convierte así en un instrumento de chantaje y de condena a las madres desempleadas y subempleadas, o como poco con sueldos generalmente más bajos que sus excónyuges. El proyecto de ley priva a esas mujeres de la posibilidad de una pensión de manutención, en un contexto en que soportan una carga excesiva de trabajo reproductivo y de cuidados, además de poseer un menor poder adquisitivo.

La institución del principio de “equilibrio entre ambos progenitores” (la llamada ‘biprogenitorialidad perfecta’) no considera ni la realidad social en la que se delegan las responsabilidades de los padres sobre todo en la madre, ni el equilibrio psíquico del o la menor, que se encuentra obligado/a una repartición forzosa, que pueda no reflejar sus hábitos y sus deseos.

Paradójicamente, mientras se basa ideológicamente en un modelo familiar “tradicional” —que delega en la madre el trabajo doméstico y reproductivo, y en el padre el papel de llevar el pan a casa—, el proyecto de ley Pillon pone entre paréntesis ese mismo modelo, estructurándose como si los cónyuges tuvieran siempre la misma estabilidad económica y/o laboral, así como un papel equiparable (matemáticamente, al 50%) en el cuidado de los hijos. Así, el cónyuge con menor poder adquisitivo y mayor responsabilidad en los cuidados —generalmente la madre— pierde las tutelas que la ley y la praxis jurídica le otorgaban hasta ahora, y será además doblemente penalizada por la mediación familiar de pago y por la legitimidad jurídica otorgada a la alienación parental.

Además, el proyecto de ley Pillon no tiene en consideración los casos de violencia: el progenitor que la ha sufrido (en casi la totalidad de los casos, la madre) debe someterse a la mediación familiar junto con la expareja violenta y, de este modo, los menores deberán frecuentar —en la óptica de la ‘biprogenitorialidad perfecta’— al progenitor violento durante al menos el 30% de su tiempo.

El derecho al aborto —progresivamente erosionado por la objeción de conciencia— se encuentra actualmente frente a un peligro aún mayor: los antiabortistas han llegado al gobierno

En general, la ley —que viola la convención de Estambul— ha sido redactada para tutelar a los adultos —a los padres por encima de las madres— en el acto de separarse o divorciarse. Los efectos de este proyecto de ley se han visto reforzados por una acción de desinformación que dura ya varios años y que ha introducido en el imaginario colectivo la figura del padre empobrecido por culpa de la pensión de manutención (cuando las estadísticas demuestran que, si bien es cierto que ambos cónyuges se empobrecen cuando se separan, son las mujeres las que se llevan la peor parte) y que ha llevado al debate temas como las denuncias falsas o la manipulación de los hijos contra el padre por parte de la madre. En los tribunales, esa ideología se ha convertido en cultura operativa: ya hoy día, antes aún de la aprobación del proyecto de ley Pillon, se concede la custodia compartida a sujetos denunciados por violencia doméstica, aprovechando, entre otras cosas, el concepto de ‘alienación parental’.

El derecho al aborto

Al ataque frontal al derecho al divorcio —que con el proyecto de ley Pillon se transforma irrevocablemente en un privilegio de clase— le sigue un ataque oblicuo al derecho al aborto, es decir, a la médula de la autodeterminación de las mujeres y de las luchas feministas. En los últimos años, los movimientos antiabortistas han llevado a cabo una campaña contra la libertad de elección, constante y de baja intensidad, con algunos picos de sobreexposición mediática, entre otras cosas gracias a una tupida red de financiación internacional.

Estos grupos han intentado colonizar el imaginario colectivo a través de dos estrategias: presentar al feto como a un sujeto portador de derechos (“el feto es un ciudadano” o, católicamente, “una vida”) y presentar a la mujer que se autodetermina “como víctima” y al aborto “como trauma”, que cristalizó en los años 90 en el llamado ‘síndrome de postaborto’. Esta retórica ha permeado el discurso sobre el aborto, estableciendo los parámetros del debate y desviando la atención de las plagas de la objeción y de los abortos clandestinos.

Además, esa campaña se está materializando actualmente en una serie de mociones presentadas en los ayuntamientos de algunas ciudades y regiones que exhortan a las instituciones a “informar a las mujeres sobre los peligros del aborto voluntario”, siguiendo el modelo de una petición del movimiento ProVita [ProVida]. El ataque se ha manifestado de forma centrípeta, viajando desde la provincia hacia el centro y, precisamente porque se ha lanzado en lugares donde no se puede legislar sobre la ley 194/1978, ha dejado al descubierto su naturaleza enteramente ideológica.

El último informe del Ministerio de Salud sobre la actuación de la ley 194/78 certifica 80.733 interrupciones voluntarias del embarazo en 2017, confirmando la tendencia a la baja (un 4,9% menos respecto a 2016 y un 65,6% menos respecto a 1982). La objeción de conciencia entre las ginecólogas y los ginecólogos alcanza el 68,4% (96% en la región de Molise, 88% en Basilicata, 85% en la provincia de Bolzano), mientras que los centros sanitarios con servicio de Ginecología donde se realizan interrupciones voluntarias del embarazo representan el 74% en el norte del país, 73% en el centro, 44% en el sur y 58% en las islas [las regiones de Cerdeña y Sicilia, N. del T.]. El derecho al aborto —progresivamente erosionado por la objeción de conciencia— se encuentra actualmente frente a un peligro aún mayor: los antiabortistas han llegado al gobierno.

Gestación subrogada y prostitución

El tercer frente del ataque concierne a la gestación subrogada. A pesar de que la ley 40/2004 la prohibiese en su momento, estableciendo que “cualquiera que, bajo cualquier forma, realice, organice o haga publicidad de la comercialización de gametos o de embriones, o de la subrogación de la maternidad, será castigado con la reclusión por un periodo de entre tres meses y dos años, así como con el pago de una la multa de entre 600.000 y un millón de euros”, el senador Pillon ha propuesto recientemente que se endurezcan esas penas, llevando el periodo de reclusión a seis años y la sanción mínima a 800.000 euros, extendiendo además la pena a quien se desplace al extranjero, práctica que el senador ha bautizado como “turismo reproductivo”.

Mientras tanto, el ministro de Interior propone reformar la ley Merlin, a través de la reapertura de las casas de citas, haciendo propia una batalla histórica de la Liga Norte

Este ensañamiento asume una vez más las características de la prepotencia: se trata de una actitud cuyo objetivo es normalizar y neutralizar cualquier tipo de oposición al modelo familiarista, patriarcal y heteronormativo. Incluso en el supuesto que las propuestas estilo Family Day [nombre de diversos eventos organizados en los últimos años por grupos ultracatólicos italianos en oposición a los derechos de las parejas homosexuales, N. del T.] no se convirtieran en ley, la difusión de esos mensajes puede llegar a incidir sobre la mentalidad y sobre los imaginarios, haciendo creer que no hay espacio para alternativas al modelo de familia tradicional.

“Aunque el 80% de las personas que lo realiza son heterosexuales, en el imaginario colectivo la gestación subrogada es la técnica de reproducción destinada a dar niños a lesbianas y maricones”: en otras palabras, si bien el nacimiento a través de la gestación subrogada es utilizada solo residualmente por parejas homosexuales, aquella se convierte en pretexto para realizar un ataque homófobo, que pretende consolidar imaginarios conservadores, en el intento de bloquear la presunta “decadencia moral” de la sociedad europea, causada por el aborto, la contracepción, el divorcio, la homosexualidad. Sociedad que, naturalmente, recurre a la gestación subrogada.

Mientras tanto, el ministro de Interior propone reformar la ley Merlin, a través de la reapertura de las casas de citas, haciendo propia una batalla histórica de la Liga Norte que vuelve a aparecer ahora mediante la retórica del decoro y de la seguridad. Evidentemente, esta propuesta no es fruto de una reflexión acerca del sexo como trabajo, ni tampoco acerca de la (parcial) autodeterminación en la elección del propio trabajo dentro de un régimen capitalista, sino más bien de la voluntad de mantener a una parte de las trabajadoras y de los trabajadores bajo el control del Estado y del fisco, así como la voluntad de abolir una ley que Indro Montanelli [histórico periodista del periódico conservador El Corriere de la Sera, N. del T.] definió en su momento como “un golpe de pico que derrumba un edificio entero cuyos los pilares son dios, patria y familia”. La cuestión como mucho consumará la por ahora solo posible discrepancia entre la Liga y los ultracatólicos o, con más probabilidad, provocará el autosilenciamiento de los senadores y de esa parte de la opinión pública que se reconoce en Pillon.

Un intento de análisis

Frente a un ataque sobre varios frentes, además de sistemático, a los derechos reproductivos y en particular a los derechos de las mujeres, se hace necesario un análisis de las razones políticas que subyacen a esas decisiones gubernamentales, bajo la premisa de que no parece que el Gobierno esté haciendo de ellas su bandera y que, más aún, la atención mediática hacia el proyecto de ley Pillon parece ser mérito exclusivo del grito de alarma transversal —eco que se ha transmitido desde la red de los centros antiviolencia hasta el movimiento feminista—.

El ataque a las mujeres (y a sus hijas e hijos) asume las características del ataque a una minoría, a un cuerpo electoral de segundo orden, pero —tratándose de la única minoría no numéricamente minoritaria— tiende a camuflarse y a no adquirir las características, peligrosas en términos de consenso, de la guerra abierta. Existen, en nuestra opinión, tres cuestiones a través de las cuales leer este contraataque patriarcal: la primera, económica; la segunda, ideológica y la tercera, política —los hilos de las cuales están estrechamente entrelazados entre sí—.

El campo semántico de la madre resulta central en la creación de un imaginario nacional, antes ligado al Resurgimiento y ahora “soberanista”

Respecto a la cuestión económica, no se trata solo de los ingresos que se obtendrían a través de mediación familiar (cuyas estimaciones alcanzan los 77 millones de euros anuales), de la eliminación de la pensión de manutención (batalla fundamental de las asociaciones de hombres con hijos separados) o de las financiaciones de los lobbies antiabortistas. Se trata más bien de una cierta visión socio-económica: esa operación se origina en una idea de sociedad fundada sobre la familia tradicional, en la cual ambos progenitores, de género distinto, desarrollan sus papeles de ama de casa y de trabajador, y en la que a la mujer se le asigna la totalidad del trabajo de cuidados. Sobre esa misma visión de las relaciones familiares se basa una organización del Estado de bienestar estrictamente familiarista, que legitima la desfinanciación de los servicios dedicados a los niños, empezando por las guarderías, y la explotación del trabajo gratuito de las mujeres.

El cuadro ideológico de referencia es el de la degeneración de la sociedad occidental: según el ministro de la familia Lorenzo Fontana, la sociedad italiana es vieja, los y las jóvenes emigran, y nos enfrentamos a una inmigración cuyas dimensiones son percibidas como mucho mayores de lo que son en realidad.

El ansia por la decadencia —causada por la desnatalidad, los abortos y la “sustitución étnica”— resulta un potente mecanismo productor de significado, y la familia tradicional, en la que la mujer desarrolla el papel de madre, representa una perspectiva tranquilizadora para quienes se sienten (y son narrados como) privados de su propia identidad y de sus certezas.

El campo semántico de la madre resulta central en la creación de un imaginario nacional, antes ligado al Resurgimiento y ahora “soberanista”. Esa impronta ideológica —tradicionalmente conservadora y reaccionaria— estaba ya presente en el programa electoral de la Liga, que hablaba de la “sociedad natural basada en la unión entre hombre y mujer [...] núcleo primario de la comunidad, y cuna de nueva vida”, pero es completamente asumida —con total subalternidad ideológica— por el Movimiento 5 Estrellas, y en especial por las cuatro firmantes y el firmante del proyecto de ley Pillon.

Existe, por otro lado, una cuestión más estrictamente política. La cruzada legislativa solo puede leerse como un reflujo del poder patriarcal, en un momento en que sus cimientos están temblando. Igual que el Decreto Salvini ataca a las personas migrantes —y en especial a aquellas que luchan y a quienes se solidarizan con ellas—, el proyecto de ley Pillon y las mociones antiabortistas atacan a las mujeres y al movimiento feminista, intentando obligarlo a una lucha a la defensiva, justo en un momento en el que aquel se presenta, en Italia y el resto del mundo, como un espacio de resistencia que genera nuevos significados, mientras intenta mantener unidas las luchas de las y los migrantes, las de las trabajadores y trabajadores, las luchas contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, contra la represión y contra la violencia de género.

Si el movimiento feminista italiano hasta el año pasado intentaba repensar la Constitución, deconstruyendo su matriz sexista y pedía #moltopiùdi194 [#muchomásde194], en referencia a los fuertes límites intrínsecos de la ley 194 que legalizó en 1978 el aborto, este año se encuentra en la situación de tener que defender los derechos mínimos que la Constitución garantiza, y de tener que oponerse a una reforma del derecho de familia, que también habría que reformar de forma estructural. No obstante, frente a un ataque tan estructurado, la única alternativa es doblar la apuesta.

Así, si Italia fue elegida como sede del XIII Congreso Mundial de las Familias, encuentro internacional de los movimientos antiabortistas que anteriormente se producía en Hungría, Non Una Di Meno [Ni Una Menos] ha respondido con una movilización de tres días en Verona. Con “Verona: ciudad transfeminista”, el movimiento feminista vuelve a las barricadas y organiza un momento de agitación nacional e internacional contra el proyecto gubernamental para limitar de las libertades individuales y colectivas.

Tal y como escriben las zapatistas a las mujeres de todo el mundo, “aunque esos malditos capitalistas y sus nuevos malos gobiernos se salgan con la suya y nos aniquilen, pues tú tienes que seguir luchando en tu mundo”.