Extremadura
El movimiento memorialista extremeño rechaza la Ley de Concordia de PP y Vox

Cerca de una treintena de asociaciones de memoria histórica y democrática extremeñas han suscrito un Manifiesto por la dignidad y la memoria en Extremadura y en recuerdo de las víctimas del golpe y de la dictadura franquista.  Lo hacen en respuesta a la derogación el pasado jueves 9 de octubre de 2025 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, el “último pago” según se expresa en el manifiesto, del Gobierno de Guardiola a VOX a cambio de su apoyo parlamentario. Según han declarado miembros de esta asociación consultados por El Salto Extremadura, “la nueva ley nace muerta. Con ella o sin ella, seguiremos a poyando a los familiares de las víctimas y denunciando al franquismo como lo que fue: una cruel y larga dictadura que algunos, todavía hoy día, pretenden blanquear”.

“La nueva Ley de Concordia es el pago del Gobierno Guardiola a sus socios de VOX”

La ley que ha sido derogada establecía como objetivo, en su primer artículo, “recuperar la memoria histórica en relación con las personas extremeñas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de creencia religiosa, de género o identidad y de orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura, restituyendo, reconociendo y rehabilitando la memoria de las que fueron represaliadas en nuestra región”.

La nueva Ley de Concordia, según el manifiesto, es rechazada de pleno por diversos motivos, entre los que se encuentran la omisión de la condena del golpe de Estado, la dictadura y la equiparación de las víctimas con sus verdugos, el intento de diluir la responsabilidad de los golpistas y la de quienes apoyaron a la dictadura, equiparando a un régimen democrático con un régimen de corte fascista, dado que amplía el marco temporal desde 1931 hasta la actualidad, la imposición de trabas a las exhumaciones, mediante la creación de una “comisión técnica”, nombrada a dedo y que se reunirá cada tres meses a modo de tribunal inquisidor y la obtención de permisos para la apertura de fosas, que retrasará el proceso durante meses.

Aparte de ello, según el manifiesto, la enseñanza de la memoria histórica sale de las aulas, omitiendo toda referencia al estudio, conocimiento y reparación a las víctimas de la represión franquista,  invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos, se suprimen los censos de víctimas, lugares y rutas de memoria democrática, centros de investigación y de difusión de la memoria, así como se olvidan los asesinatos, desapariciones, condenas, bebes robados, torturas, multas o prisión cometidas durante el franquismo. Así mismo, la nueva ley elimina la perspectiva de género y la represión específica ejercida contra las mujeres, lo que supone un retroceso en el reconocimiento de la persecución o violencia por razones de género, por identidad u orientación sexual y se erradica la visibilidad de las víctimas LGTBI duramente reprimidas durante la dictadura.

Por último, las asociaciones critican que el gobierno de Guardiola y su aliado de ultraderecha incluyan en la nueva ley a las víctimas de terrorismo en general, cuando ya existe otra ley específica para su consideración, “una artimaña”, según han declarado algunos miembros de estas asociaciones, “para camuflar la intención de acabar con el derecho de los familiares a saber dónde están sus desaparecidos y a recuperar sus restos”. Se da la circunstancia, además, que la nueva ley excluye tanto en su elaboración como en su desarrollo a las asociaciones memorialistas, “que es lo mismo que excluir y ningunear a los miles de familias extremeñas que desde hace ya décadas apoyan a este movimiento y reclaman saber qué les pasó y dónde están sus familiares”.

Las asociaciones de memoria histórica son excluidas de la comisión técnica que se pretende crear con la nueva ley

El Movimiento por la Memoria histórica y Democrática reitera que “la concordia se promueve cerrando heridas, no dejándolas abiertas, y que la reivindicación de quienes lucharon por la democracia solo busca su reconocimiento y reparación”.

Estas asociaciones fijan su compromiso firme de seguir haciendo memoria y dignificando a las víctimas, por lo que no colaborarán en la aplicación de la mal llamada “Ley de Concordia” del PP/VOX y hacen un llamamiento a toda la sociedad extremeña para resistir frente a este intento de imponer el revisionismo franquista.

El manifiesto finaliza con un párrafo ya expresado en otro anterior publicado hace ya casi dos años, cuando el PP extremeño manifestó su voluntad de rendirse a las exigencias de VOX en esta materia, sacrificando el derecho de las familias, en el que dice “que a ninguna persona demócrata debería hacer falta recordarle que la memoria de las víctimas de cualquier conflicto o represión tiene que ver con los derechos humanos y que los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición son esenciales y, según la ONU y el derecho internacional, rigen toda resolución de un asunto así en un Estado de Derecho”.

El listado de adhesiones a este manifiesto seguirá abierto al apoyo de quien desee sumarse a este rechazo.