Extremadura
AMECECA acusa al alcalde de Cáceres de faltar a la verdad para justificar su defensa de la Cruz de los Caídos

La pugna política y social por la democratización del espacio público en Cáceres ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. El trasfondo de este conflicto radica en el choque frontal entre las declaraciones del alcalde de la ciudad, Rafael Mateos Pizarro, y los colectivos de memoria histórica tras la orden ministerial de retirada de la Cruz de los Caídos ubicada en la Plaza de América. Mientras el regidor del Partido Popular trata de enmarcar la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como una injerencia arbitraria y ajena a la voluntad local —llegando a asegurar que no le consta que ningún cacereño apoye la medida—, el tejido social de la ciudad ha respondido de forma contundente para desmentir lo que califican como una estrategia basada en la falsedad.

A través de un reciente comunicado, la Asociación Memorialista en el Centro y el Suroeste de Extremadura (AMECECA) ha mostrado su indignación ante el relato institucional. Para el colectivo, las palabras del primer edil en su comparecencia del pasado 15 de junio intentan invisibilizar deliberadamente más de una década de movilización y trabajo vecinal en la propia ciudad. Lejos de ser una decisión improvisada o una “cortina de humo” del Gobierno central, la resolución estatal es el desenlace de una persistente estrategia jurídica e institucional activada por la propia ciudadanía extremeña ante la sistemática pasividad de los gobiernos locales anteriores.

La cronología

Para contrarrestar la narrativa de la “imposición externa” aireada por el Ayuntamiento, AMECECA ha puesto sobre la mesa una cronología detallada que evidencia que el alcalde era plenamente consciente de la demanda social. La campaña para la retirada del vestigio franquista se remonta a 2015, y desde entonces se han sucedido solicitudes formales dirigidas a las distintas administraciones extremeñas, independientemente de sus siglas políticas. Ante el inmovilismo de las instituciones regionales y locales, el colectivo elevó la reclamación a nivel estatal en 2021. Este camino administrativo se consolidó con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022, momento en el cual la asociación aportó los informes técnicos requeridos para que el monumento fuese inscrito formalmente en el inventario de símbolos contrarios a la memoria democrática en febrero de 2023.

El colectivo memorialista incide en que Rafael Mateos conoce de primera mano esta realidad, no solo por haber recibido las peticiones en sus etapas previas como concejal de Seguridad, portavoz o líder de la oposición, sino también por una reunión mantenida en el propio Ayuntamiento el 24 de febrero de 2024. En dicho encuentro, la junta directiva de la asociación le entregó un documento donde se especificaba claramente la exigencia de retirar los símbolos de exaltación dictatorial de competencia municipal, con mención explícita al monumento de la Plaza de América.

Un pulso judicial y el fantasma de la agitación callejera

El debate inunda diariamente la opinión pública cacereña y divide los posicionamientos políticos. AMECECA denuncia el doble juego de un regidor que, por un lado, se aferra a la vía judicial utilizando los propios mecanismos que la resolución del Gobierno le otorga —como el recurso de reposición o la futura impugnación ante la Audiencia Nacional— y, por otro, recurre a la agitación social sugiriendo movilizaciones ciudadanas en favor de la permanencia del símbolo.

El colectivo lamenta que la máxima autoridad municipal adopte consignas inmovilistas del tipo “la cruz no se toca” e intente patrimonializar el sentir de toda la población. Desde el plano memorialista se insiste en que la persistencia de este hito franquista en pleno corazón de la ciudad sigue provocando vergüenza e indignación en una parte considerable de la población vecina y en quienes visitan Cáceres, por lo que exigen que se proceda al cumplimiento efectivo de la legalidad democrática para cerrar este episodio de impunidad simbólica.