Acercamiento de presos: según cada caso particular y sin plazos determinados

Dos meses y siete días. Es el tiempo que ha pasado desde que la Conferencia de Arnaga puso fin, el pasado 4 de mayo, a 60 años de ETA. Con la organización terrorista disuelta, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez comenzó hace dos semanas a poner sobre la mesa el futuro de los 241 presos condenados en relación a la actividad de ETA que siguen dispersos entre más de 60 cárceles de todo el Estado español.

Las primeras declaraciones han señalado a los presos de más de 70 años de edad a los gravemente enfermos como los primeros que podrían ser trasladados a prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Sin embargo, según han confirmado a El Salto desde el gabinete de prensa del Ministerio de Interior, van a ser las Juntas de Tratamiento de los diferentes centros las que propongan a Instituciones Penitenciarias las medidas concretas a llevar a cabo con cada uno de los presos de manera individualizada. En el análisis individual se tendrá en cuenta los años de condena, los años de condena ya cumplidos, la actitud en prisión del preso, su estado de salud y su edad. En cuanto a plazos, señalan que aún no hay fechas previstas ni ningún tipo de calendario.

“Ya veremos cuantos o en qué forma”, señalan desde Interior en referencia a los presos que sean finalmente acercados a prisiones de País Vasco. Desde el gabinete de comunicación destacan que el hecho de que “un preso cumpla condena en un centro o en otro es decisión de Instituciones Penitenciarias, pero no es un beneficio penitenciario” y critican que se confunda el acercamiento con el acceso a beneficios penitenciarios. “Cumplir condena en un centro cercano no es un beneficio penitenciario”, recalcan.

30 años de dispersión

“Se puso en marcha muy rápidamente, pero la solución no llega”, señala sobre la política de dispersión Gloria Recarte, una de las portavoces de Etxerat, organización de familiares de presos. “Han pasado 30 años y afecta a miles de personas que tenemos que continuar viajando a las cárceles, viajes muchos de ellos de más de mil kilómetros”.

Recarte explica que, a pesar de que los miembros de esta asociación son los principales afectados por la política de dispersión, “en ningún momento se ha contado con nosotros” para diseñar el fin del alejamiento de presos. Lo único que saben sobre este tema es lo que leen en la prensa: “Se ha dicho que se acercaría a presos gravemente enfermos y a mayores de 70 años, y nos parece lamentable que, a estas alturas, se esté hablando de acercamiento de unas personas que deberían ser excarceladas. Del resto no sabemos nada”.

Cinco accidentes de coche en lo que llevamos de 2018

En esta semana, son dos los accidentes de tráfico sufridos por familiares de presos bajo política de dispersión que han acudido a visitarles a las cárceles. “En uno de los accidentes había un niño de un año de edad que iba a ver a un familiar a Córdoba, a 800 kilómetros”, continúa Recarte.

En lo que va de año, desde Etxerat tiene registrados ya cinco accidentes de coche en viajes para ver a familiares presos en cárceles de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, aunque por el momento no han tenido que lamentar ningún daño grave, más allá de los materiales.

“Todos somos víctimas potenciales, ponemos en juego nuestra vida cada fin de semana por obligación y nos parece que va excesivamente lento todo lo relativo al final de la política de alejamiento y de la dispersión”, recalca Recarte, quien añade que tienen muchas esperanzas en los acuerdos que se están librando entre fuerzas políticas, sociedad civil, sindicatos, en el Parlamento vasco y en el navarro, pero que “la voluntad del Gobierno español todavía está por verse” y, por lo pronto, no consideran que responda al “nuevo escenario, a las expectativas y a la marcha que debería llevar un proceso de resolución”. “Parece que no les interesa, que no es prioridad el sufrimiento de una parte de la población vasca”, lamenta. 

293 presos dispersos

A día de hoy se cuentan 293 presos condenados en relación a ETA dispersos en más de medio centenar de cárceles. 241 de ellos cumplen condena en cárceles del Estado español, otros 51 en el Estado francés y el restante en Portugal. Son un 26% menos de os que se contaban en 2014, pero, como apuntan desde Etxerat, esta bajada en el número de presos es resultado de que muchos de ellos han salido ya después de haber cumplido condenas íntegras, en muchos casos de hasta 20 años de cárcel.

A principios de año, antes de la disolución de ETA, el Gobierno francés ya había anunciado que acercaría a cárceles próximas al País Vasco a los 59 presos que en ese momento alojaban sus cárceles. Desde Etxerat detallan que, hasta el momento, se han acercado 16 presos y otros dos más estaban de traslado hasta una prisión más cercana en el momento de hablar con El Salto. Son traslados a centros penitenciarios en territorio francés, ya que, según explica, en Iparralde no hay centros con condiciones y por lo pronto no se contempla la extradición a cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca.

“En el Estado francés se están dando pasos, pero más del 50% de los presos de Francia siguen a más de 800 kilómetros”, explica Recarte. Pero en el Estado español, la situación es aún peor, más del 66% de los presos están en prisiones situadas a más de 800 kilómetros. De hecho, son las prisiones de Cádiz, a 1.020 —las más lejanas— , las que suman mayor número de presos condenados en relación a ETA y solo 17 de ellos cumplen actualmente condena en centros a menos de 400 kilómetros. “Y para nosotros, 400 kilómetros son 800, es ida y vuelta. Nos lleva todo un día y económicamente ni hablemos”, apunta Recarte.

Según el último informe de Etxerat, actualmente tres de estos presos tiene más de 70 años de edad y otros 13 sufren enfermedades graves, a los que se sumarían media docena más con dolencias, en su mayoría psíquicas.