Análisis
‘Midterms’ 2026: ¿se encamina la segunda Administración Trump hacia un Estado dual?

Desde que Donald Trump asumiera su segundo mandato, la política mundial se ha adentrado en una nueva fase de turbulencias. En política exterior, estas van desde los guiños a una posible anexión de Panamá hasta el muy real secuestro de Maduro, pasando por el acuerdo establecido con Dinamarca para una mayor presencia militar estadounidense en Groenlandia, la guerra discontinua emprendida contra Irán o el apoyo total al Estado de Israel en su genocidio contra el pueblo palestino y su ofensiva contra el Líbano. A nivel doméstico, la segunda Administración Trump está siendo prolífica en el desmantelamiento de diferentes aspectos del Estado de Derecho. A diferencia del primer mandato, no tiene tantos escollos para desplegar su agenda autoritaria: mayor experiencia gubernamental, más unidad interna en el Partido Republicano o el apoyo incondicional del movimiento MAGA (Make America Great Again). Pero también un contexto de crisis capitalista, donde el estancamiento económico encrudece las tensiones imperialistas. 

En este artículo trataremos de argumentar que las reformas autoritarias emprendidas por la segunda Administración Trump pueden interpretarse como un proyecto de construcción de un Estado dual. Además, consideramos que la construcción de esta forma de Estado tiene un importante reto ante el contexto electoral que afronta Estados Unidos con las midterms que se celebran hoy, 3 de noviembre, y que elegirán al conjunto de la Cámara de Representantes, así como a 35 de los 100 senadores estadounidenses. 

Durante esta segunda Administración, Trump se ha apoyado en buena medida en las mayorías republicanas en las diferentes instituciones representativas. Sin embargo, prácticamente todas las encuestas apuntan a una derrota republicana ante los demócratas. 

La pérdida de popularidad de los republicanos estaría motivada no solo por la activación política de las bases demócratas, sino también por la participación norteamericana en la guerra de Irán. Por un lado, es percibida por un sector del movimiento MAGA como una traición a la “promesa” de no meter los Estados Unidos en guerras extranjeras para centrarse en los asuntos domésticos del país. Por otro lado, la espiral inflacionaria, especialmente visible en el alza del precio de los combustibles, está erosionando el poder adquisitivo de las clases populares y, consecuentemente, también la legitimidad de Trump.

Con una victoria en la Cámara de los Representantes, los demócratas podrían bloquear leyes federales, reformas fiscales, presupuestos o la declaración de guerra. Y con una victoria en el Senado, también podrían frenar nombramientos de cargos ejecutivos y judiciales por parte del ejecutivo, además de abrir comisiones de investigación y, en última instancia, la posibilidad de un impeachment de Trump. Dicho con otras palabras, una derrota del trumpismo en las midterms supondría una reducción en su capacidad para transformar los Estados Unidos en un estado autoritario pleno. Aun así, el peligro estaría lejos de desaparecer, con consecuencias significativas para las clases trabajadoras de todo el mundo.

El Estado dual trumpista

Antes de examinar las particularidades del contexto electoral, profundicemos sobre la idea de Estado dual y el proyecto trumpista en un sentido más general. Este concepto fue acuñado por Ernst Fraenkel para describir la arquitectura jurídico-institucional de la dictadura nazi. Según argumentaba, la forma de Estado desarrollada por el nazismo se caracterizaría por la coexistencia de un “Estado normativo” (que actuaría sobre la base de normas de derecho generales y previsibles) y un “Estado prerrogativo” (bajo la discrecionalidad del Partido Nazi, sujeto a las medidas discrecionales, arbitrarias y de una violencia ilimitada).

El “Estado prerrogativo” ampliaría el poder policial del régimen con el objetivo de destruir a sus enemigos políticos, especialmente al pujante movimiento obrero alemán, a la población judía y a otras minorías étnicas. Las formas de representación parlamentarias serían sustituidas por otras de tipo corporativista y sus derechos políticos y civiles quedarían anulados. Finalmente, la institucionalidad situada bajo el amparo del “Estado prerrogativo” serviría para otorgar cargos y prebendas a los militantes nazis. En este sentido, sus poderes, ejercidos a través de las agencias policiaco-militares dependientes del partido, resultarían aparentemente omnipotentes. 

Todo esto exceptuando el ámbito de las relaciones comerciales y el de la propiedad privada de los ciudadanos de “raza aria”. El “Estado normativo”, al regir los aspectos fundamentales de la política económica, permanecería prácticamente intacto con respecto al ordenamiento jurídico de Weimar: desde los principios de libertad empresarial hasta la exigibilidad de cumplimiento de los contratos, pasando por la potestad directiva de los empresarios en los centros de trabajo, la regulación de la competencia o la fiscalidad. Es decir, aspectos fundamentales del Estado de Derecho sin los cuales se haría imposible la actividad empresarial. El concepto de Estado dual, en suma, es útil porque permite captar una combinación específica de legalidad, arbitrariedad y selectividad coercitiva. Por ello, no es reducible al estudio de los fascismos, sino que también se aplica a dictaduras militares o bonapartistas. Y de ahí que un análisis de la segunda Administración Trump como un proyecto de construcción de un Estado dual no implique que esta sea equivalente al fascismo histórico.

La segunda Administración Trump está construyendo un cuerpo paramilitar leal, alimentando, además, los deseos del movimiento MAGA de perseguir, detener y deportar inmigrantes

Con todo, es necesario señalar una cuestión que Fraenkel no contempla: la forma liberal del Estado ya prefigura la dualidad entre el “Estado normativo” y el “Estado prerrogativo”. De hecho, los “poderes prerrogativos” (seguridad interna, defensa, diplomacia, etc), a menudo vinculados a la razón de Estado, son inseparables de la gobernanza cotidiana de cualquier Estado capitalista. Igualmente, es necesario recordar que las garantías constitucionales de los Estados de Derecho se incumplen de manera constante, por poner un ejemplo común, en el funcionamiento de sus intervenciones policiales. Más si cabe en Estados Unidos, país marcado por una larga historia de esclavismo, segregacionismo y represión policial contra la población afroamericana y otras minorías étnicas o de “caza de brujas” anticomunista. Por no hablar del dominio imperial sobre América Latina, Asia u Oriente Medio. Tampoco implica que exista una tendencia inmanente en el capitalismo hacia la democracia liberal. Que esta fuera predominante en los países occidentales en la segunda mitad del pasado siglo es una excepción irrepetible en términos históricos fruto del poder de la clase trabajadora organizada, de la amenaza que suponía el bloque soviético para las clases dominantes y de la posición geopolítica de Estados Unidos y Europa occidental, además de las espectaculares tasas de rentabilidad de la “treintena dorada” del capitalismo occidental. 

Muchos son los autores que han señalado el vínculo entre el imperialismo y el fascismo clásico. En este sentido, a la hora de analizar el Estado dual trumpista —sin ser un proyecto estrictamente fascista— debemos partir de la siguiente constatación: el objetivo fundamental del trumpismo es evitar el declive hegemónico estadounidense. De ahí que sus esfuerzos se centren en la lucha contra China, en tanto potencia que amenaza con alcanzar la primacía mundial. Ello implica variaciones en sus alianzas con otras regiones, como la Unión Europea. También a esta cuestión responde la agresividad imperialista demostrada por Estados Unidos en América Latina, buscando reducir la influencia china en ella. En última instancia, toda ello trata de reafirmar el poder nacional estadounidense en el actual juego de suma cero que constituye la economía mundial, marcado por el declive de las tasas de rentabilidad del capital. Y para lo cual el nacionalismo económico en forma de guerra arancelaria ha demostrado un rol clave.

El análisis de la segunda Administración Trump debe comenzar por la exacerbación de políticas neoliberales, buscando reducir el tamaño de la administración pública y de las regulaciones en materia de medioambiente o privacidad de datos en favor del gran capital fósil y tecnológico. Destaca aquí la aprobación de la One Big Beautiful Bill Act, la cual, sin embargo, es en muchos aspectos deudora de la Inflation Reduction Act de Biden. Por otro lado, la agenda de Trump ha incluido el ataque a los derechos colectivos de los trabajadores, como muestra la prohibición a amplios sectores de trabajadores públicos de sindicalizarse y de negociar colectivamente sus condiciones laborales.

Pero donde más destaca la Administración Trump, por su mediatización deliberada, es en la política de deportaciones masivas. Esto no debe hacernos olvidar que el número de deportaciones de Trump durante su primer año de mandato no ha superado las de Biden u Obama, si bien la cifra de deportados sin antecedentes se ha disparado. Para ello ha rescatado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, autorizando la deportación de inmigrantes en caliente so pretexto de “pertenecer a una nación enemiga”. Es aquí donde se sitúa el ICE como principal “poder prerrogativo” del trumpismo, el cual, además se ha convertido en la agencia pública mejor financiada del gobierno federal. De este modo, la segunda Administración Trump está construyendo un cuerpo paramilitar leal, alimentando, además, los deseos del movimiento MAGA de perseguir, detener y deportar inmigrantes, ofreciéndoles un espacio para ejercer libremente la violencia. 

Esta agenda autoritaria puede seguirse con el ataque a los derechos civiles y políticos, como la declaración de “Antifa” como organización terrorista, que funciona como cortina de humo para perseguir a cualquier grupo de izquierda radical; la detención y deportación de estudiantes extranjeros que hayan demostrado simpatías por la causa palestina, violando el habeas corpus; el progresivo recorte de la libertad de expresión, como su restricción de acceso a la Casa Blanca a periodistas afines; sus ataques a los derechos del colectivo LGTBI, especialmente de las personas trans; o sus medidas para dificultar a las mujeres el ejercicio de sus derechos reproductivos, retirando financiación o indultando a antiabortistas.

¿Se encamina la segunda Administración Trump a un Estado dual? A nuestro juicio, sí. Durante el último año y medio ha comenzado a erigirse un “Estado prerrogativo” yuxtapuesto al “Estado normativo”, el cual continúa funcionando para las cuestiones de política económica. Pueden rastrearse ejemplos de ello en la suspensión temporal de las deportaciones masivas después de las quejas de empresarios agrícolas y hoteleros, sectores que necesitaban desesperadamente mano de obra devaluada para mantenerse a flote. También en la pugna entre el trumpismo y la Reserva Federal: ni aun habiendo colocado a Kevin Warsh como presidente, el trumpismo está consiguiendo manipular a esta agencia de la manera que hace con otras, dado el interés común de los grandes capitalistas en una gestión “técnica” e “independiente” de la misma. De hecho, a mes y medio de las midterms, y pese a las crecientes presiones desde la Casa Blanca por bajar los tipos de interés, la Reserva Federal ha continuado subiéndolos en aras de moderar la inflación. Y es que el “Estado normativo” no puede ser suprimido sin causar importantes daños al poder de clase capitalista. 

Pese a ello, el trumpismo está configurando un espacio de arbitrariedad creciente correspondiente al poder ejecutivo. Los despidos y contrataciones de funcionarios por criterios políticos, la persecución de oponentes a partir de órdenes ejecutivas o las acciones de guerra contra Venezuela o Irán sin pasar por el Senado son claras muestras de esto. También las insinuaciones del propio Trump sobre la posibilidad de extender su gobierno hacia un tercer mandato, contraviniendo la Constitución norteamericana. Estas dinámicas deben alertarnos de un nuevo Estado autoritario en ciernes, y que sin duda tendrá su impacto sobre los partidos ultraderechistas europeos, pero que no ha emergido de la nada: su forma de ejercicio del poder llevaba tiempo fraguándose en el devenir de la democracia liberal norteamericana.

La importancia de las midterms

El trumpismo, consciente de su debilidad ante la opinión pública (el índice de aprobación de Trump a octubre de 2026 se situaba en el 34% y no ha dejado de caer en picado desde el inicio de su segundo mandato, siendo uno de los presidentes más impopulares de la historia de Estados Unidos), lleva meses activando toda su maquinaria para evitar la derrota electoral en las próximas midterms. 

En primer lugar, ha recurrido la alteración artificial de las circunscripciones electorales para favorecer mayorías concretas, en este caso republicanas. Esto es, se han servido del famoso gerrymandering, práctica habitual en la tan celebrada por los liberales “democracia estadounidense”, pero con un nivel de descaro obsceno incluso para un público acostumbrado a la manipulación de baja intensidad. 

Si el trumpismo consigue completar su intento de manipulación electoral estaríamos ante el momento preciso de nacimiento de esta nueva forma de Estado

En segundo lugar, Trump ha logrado pasar por la Cámara de Representantes la SAVE America Act, la cual tiene como objetivo restringir el voto por distintos medios: restringe el voto por correo, exige una revisión de los censos para excluir a posibles no ciudadanos y demanda pruebas documentales de ciudadanía en un país donde está mucho menos extendida que en Estados como el español, especialmente entre las mujeres y las minorías étnicas. Esta ley, de todas formas, está pendiente de aprobación por el Senado, al cual Trump presiona para sacar adelante cuanto antes. 

En tercer lugar, algunas voces destacadas del trumpismo han sugerido soluciones menos sofisticadas que estas para asegurarse una victoria en noviembre. Este es el caso de Steve Bannon, que lleva meses señalando la importancia de ganar estas elecciones Para ello, ha propuesto recuperar otra vieja tradición yankee vinculada a los procesos electorales: la intimidación de los votantes y de los trabajadores de los colegios electorales. Esta práctica profundamente reaccionaria consiste en que grupos armados se acerquen a los colegios electorales para vigilar, presionar, amenazar y potencialmente agredir a votantes para que no ejerzan su derecho al sufragio. Su historia se puede rastrear hasta los tiempos del primer Ku Klux Klan tras la guerra civil estadounidense de la segunda mitad del siglo XIX y ha tenido un peso importante durante la época de la segregación.

Desde entonces, es cierto que se ha reducido, pero en los últimos años está repuntando de nuevo con la proliferación de milicias de extrema derecha en todo el país. La propuesta de Bannon, concretamente, consiste en enviar a los oficiales de ICE (la cara más siniestra del poder prerrogativo trumpista) a, literalmente, “rodear los colegios electorales”, algo que afirmaba en febrero que pasaría. La razón, de acuerdo al propio Bannon, es sencilla: “no nos vamos quedar aquí sentados a permitiros robar el país otra vez”, en clara referencia al discurso sobre el supuesto fraude de las elecciones presidenciales de 2020 que dieron la victoria a Biden y se ha constituido en una suerte de mito movilizador para el movimiento MAGA.

¿Es inevitable, por tanto, que Estados Unidos se transforme en un Estado dual? La respuesta inmediata a esta pregunta pasa por prestar atención al proceso electoral de las midterms. Si el trumpismo consigue completar su intento de manipulación electoral estaríamos ante el momento preciso de nacimiento de esta nueva forma de Estado, lo que “constitucionalizaría” (sin necesidad de alterar el texto constitucional, como Hitler) una nueva correlación de fuerzas todavía más desfavorable para la clase trabajadora. 

Si, por el contrario, el trumpismo no consigue materializar el fraude y se cumplen las predicciones de las encuestas, el proyecto autoritario de Trump sufriría una derrota capital que, desde el plano institucional, supondría ciertas trabas para el despliegue de su agenda, pero no la bloquearía completamente. Una pérdida de la Cámara de los Representantes sería un problema para las iniciativas legislativas de los republicanos, pero hay que recordar que Trump ha gobernado a base de decretos, ignorando esta institución incluso para declarar guerras. Por otro lado, el escenario más probable —control por parte de los demócratas de la Cámara de los Representantes y del Senado por parte de los republicanos— daría a una situación de impasse que, en términos prácticos, sería una ventana de oportunidad por Trump para gobernar sin el concurso del poder legislativo.

A ello se le deben sumar las resistencias de algunos ayuntamientos demócratas, como la Nueva York de Mamdani, y una cierta reactivación popular en rechazo al autoritarismo trumpista. Por un lado, se está produciendo en Estados Unidos una creciente actividad huelguística, con más de 30 huelgas de más de 1.000 trabajadores implicados cada año en 2023, 2024 y 2025 (la última vez que se habían alcanzado estas cifras fue en 2000 y 2001). Por otro lado, la movilización en torno a las protestas “No King”, llevadas a cabo en junio de 2025, octubre de 2025 y marzo de 2026, reunieron a 5, 7 y 9 millones de personas en miles de municipios a lo largo y ancho del país. 

Todas estas resistencias, aunque importantes, distan mucho de ser definitivas. Ni el autoproclamado “socialismo municipal” de Mamdani, ni una incipiente pero aún escasa conflictividad laboral, ni las protestas “No King”, ni unos cuantos escaños demócratas son garantía contra el proyecto autoritario trumpista. Son importantes en la medida que dificultan que el Estado dual acabe de configurarse y el poder estatal estadounidense siga dependiendo en alguna medida de la voluntad popular. Son insuficientes, en cambio, porque ninguna de ellas, por bienintencionada que sea, está amenazando las bases materiales del giro autoritario del Estado yankee. Ninguna de ellas, por ahora, está consiguiendo constituirse como una opción aglutinadora de masas al mismo tiempo que iniciando un proceso de ruptura socialista de la dependencia de la burocracia demócrata. 

La clase trabajadora estadounidense (y mundial) enfrenta un reto mayúsculo con el proceso de configuración de un Estado dual por parte del trumpismo. El 3 de noviembre, con las midterms, este proceso puede dar un salto cualitativo. Pero incluso si no lo hace, el autoritarismo trumpista tampoco se desvanecerá. La urgencia del reto para los trabajadores del mundo exige la máxima claridad: solamente reconstituyendo el proyecto comunista como una fuerza real se podrá salir de una fase orientada a meramente resistir las embestidas autoritarias del trumpismo para, progresivamente, lanzar una ofensiva contra el poder capitalista que las promueve.