Estados Unidos
La guerra de Trump contra “antifa” se cobra 450 años de cárcel para nueve acusados de “terrorismo”

Cuando no se ha cumplido un año de la promulgación del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 (NSPM-7) ya se han producido las primeras condenas de cárcel acogidas a ese texto, establecido por la presidencia de Donald Trump para reprimir la disidencia de la izquierda. El 23 de julio, un juez de Fort Worth (Texas) imponía durísimas condenas, que suman 450 años de cárcel, contra activistas que participaron en la protesta del 4 de julio de 2025 frente a la cárcel de personas migrantes de Prairieland, en Alvarado, en el Estado de Texas. Otras ocho personas, que aceptaron cargos de culpabilidad, recibirán sus sentencias mañana, 1 de julio.

Ocho personas han sido condenadas a entre 30 y 100 años de prisión por acciones relacionadas con la protesta del 4 de julio. Como es tradición ese día en EEUU, en el que se celebra la independencia de Gran Bretaña, los manifestantes llevaron fuegos artificiales. Pero en la protesta resultó herido de levedad un policía que, según el testimonio de las fuentes presenciales, estaba apuntando a unos manifestantes que corrían. Un disparo dirigido al suelo hizo que, aparentemente, una esquirla de bala alcanzara al policía que apuntaba a los manifestantes. “Como demuestran las pruebas, no quería lastimar a nadie. Nunca tuve la intención de lastimar a nadie”, declaró después de la condena Benjamin Hanil Song, el condenado por intento de asesinato. En base a esa herida se ha orquestado un caso cuya pena más alta es de cien años.

Song ha sido condenado a un siglo de prisión por “intento de asesinato”. Otra de las manifestantes, Maricela Rueda, ha sido condenada a 70 años y cinco más a 50 años. El caso del dibujante Daniel Rolando Sánchez-Estrada —conocido como “Des”— ha llamado especialmente la atención: se le condena a 30 años de prisión pese a que no participó en la manifestación ni estaba en el lugar de los hechos. Su delito, según el juez de Fort Worth, consistió en trasladar una caja de fanzines, diarios, poesía, revistas y tebeos. Este caso choca con las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que protege las libertades de expresión y de prensa.

Según la Justicia estadounidense se trataba de un incento por esconder documentación que pudiera incriminar a Maricela Rueda, su esposa. Rueda, por su parte, fue condenada oficialmente por disturbios, brindar apoyo material a terroristas, conspiración para usar y usar explosivos, y conspiración para ocultar documentos. En su caso, no se le relaciona con el disparo que derivó en la herida del agente de policía por el que el caso ha alcanzado el estatus de “terrorismo”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), celebró que la sentencia de los nueve de Prairieland es el primer fallo “contra acusados ​​afiliados a Antifa” desde la orden con la que Trump estableció la existencia de esa supuesta organización terrorista nacional. A pesar de que los documentos del Departamento de Justicia demuestran que ninguno de los acusados ​​se identificaba como miembro de Antifa, a los condenados de Prairieland se les ha considerado “miembros de una célula de Antifa del norte de Texas”, informa Common Dreams.

El grupo de apoyo Support the Prairieland Defendants ha calificado el fallo judicial como “cruel, insensible y desproporcionado”. Los condenados y sus equipos legales han denunciado las irregularidades de un proceso “saturado de pruebas diseñadas para provocar miedo, sesgo político y culpabilidad por asociación”, en el que las evidencias han quedado marginadas a favor de un juicio en el que la Fiscalía ha determinado que compartir la ideología política del tirador implicaba que Rueda y sus coacusados ​​eran culpables de las acciones del tirador, y que, al intentar supuestamente impedir que los agentes descubrieran la ideología de Rueda, Sánchez también era responsable, explican desde The Intercept. 

En el proceso no se presentó el supuesto plan para la coordinación de un ataque terrorista, y las pruebas de la coordinación de los manifestantes se limitaron a mensajes en los que quedaban para ir a la demostración en los alrededores de esta prisión del servicio de fronteras, ICE. “Ahora cualquiera que se movilice por cuestiones básicas, con las creencias políticas 'equivocadas', puede ser etiquetado como terrorista doméstico, aún cuando no tenga una intención violenta, no cometa ningún acto de violencia, ni esté interesado en ejercer ningún tipo de violencia”, explicó en Democracy Now! Sufia Khalid, subdirectora del centro jurídico National Security Criminal Defense Center.

Las condenas marcan un antes y un después en EEUU, como evidencia el hecho de que son más altas que cualquiera de las aplicadas a los acusados de violentar el sistema democrático con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En enero de 2025, en uno de sus primeros actos como presidente de EEUU, Trump estableció un indulto para más de 1.500 participantes en ese asalto. En los hechos de 2021 murieron cuatro manifestantes y un policía, otros cuatro agentes se quitaron la vida en las semanas posteriores.

“Estas sentencias son una farsa y totalmente injustificadas, pero ese es el objetivo“, manifestó la congresista demócrata Rashida Tlaib, electa por Michigan, otro Estado en el que varios manifestantes contra el genocidio israelí de Gaza esperan un juicio basado en el mismo memorando NSPM-7. En Minnesota, 15 personas de los de los grupos Direct Action Minnesota y Black Cat Workers Collective se encuentran en una situación similar por las protestas contra el ICE del pasado invierno.